Susana Flores Alonso
Expediente 1441/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1441/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Susana Flores Alonso
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado que rinde el Subdirector de Amparos, así como representante legal de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y por la Subprocuradora Fiscal Federal de Amparos contra actos administrativos, en representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en el que precisan que es cierto el acto reclamado, con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga.
- Principal
De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el veinticuatro de agosto del dos mil veintidós, se dictó sentencia definitiva, en la cual se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal, para que el Director General del Hospital Central "Doctor Ignacio Morones Prieto", realizara lo siguiente: "1. Provean de forma oportuna, permanente y constante al quejoso, mientras sea derechohabiente, sin interrupciones, los medicamentos para su tratamiento de las enfermedades de diabetes y enfermedad renal crónica, que padece, esto de conformidad con su estado de salud, así como sus requerimientos médicos y clínicos; entregándole los medicamentos adecuados, ya sean originales o genéricos que conserven la biodisponibilidad y bioequivalencia para su efectividad; asimismo, le sea practicado el tratamiento de hemodiálisis dos veces por semana que requiere. Debiendo precisar a las autoridades responsables que atendiendo a los conocimientos médicos con los que cuentan, podrán determinar si los medicamentos mencionados son de mayor eficacia terapéutica, seguridad y eficiencia para los padecimientos de la quejosa, comparado con otras alternativas que estén incluidas en el cuadro básico o compendio nacional de insumos para la salud o en sus propios catálogos institucionales; en caso que no sea así, deberán informarlo al quejoso para que éste decida de manera informada sobre su tratamiento. En el entendido de que, de carecer de los recursos necesarios para su entrega, deben de demostrar que han utilizado todos los recursos que están a su disposición para lograr dicho abastecimiento. 2. Garanticen con carácter prioritario el derecho humano a la salud de la quejosa, de tal manera que se cumpla con la secuencia continua de prevención, tratamiento, atención y apoyo en función de sus padecimientos (diabetes y enfermedad renal crónica) justificando, en todo momento, haber agotado todos los recursos de los que dispone para lograr su efectividad. En el entendido de que el suministro de los medicamentos deberá ser hasta en tanto que, derivado de la valoración periódica a la que se encuentra sujeto conforme a su enfermedad, un especialista del Hospital Central "Doctor Ignacio Morones Prieto", bajo su más estricta responsabilidad, disponga lo opuesto, esto es, que ya no persiste el estado de enfermedad [.]". En proveído de trece de octubre del presente año, se tuvo al apoderado del Hospital Central "Doctor Ignacio Morones Prieto", informando que la quejosa acudió el veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, a la especialidad de nefrología, donde fue revisada y valorada por su médico tratante, refiriendo hipotensión durante su sesión de hemodiálisis, manteniendo un pronóstico de salud reservado. Además, informó que la quejosa continuaba recibiendo sus sesiones de hemodiálisis semanalmente, siendo su última sesión el nueve de octubre de este año. Por otra parte, en proveído de diez de noviembre del presente año, se requirió al Director General del Hospital Central "Doctor Ignacio Morones Prieto", para que dentro del plazo de tres días, informara el cumplimiento al fallo protector. Dicha determinación fue notificada el trece de noviembre del presente año. Sin embargo, a la fecha la autoridad responsable ya no ha informado lo conducente en cuanto al cumplimiento a la sentencia definitiva.
- Principal
Téngase por recibido el escrito que vía electrónica de la parte quejosa Sofía de Robina Castro, Secretaria Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos de la Dirección General del Instituto Federal de Defensoría Pública, con sede en la Ciudad de México; en atención a su contenido se provee: Solicitud de copia de audio y video. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele la copia que indica en el escrito de cuenta, autorizando para recibirla a la persona que precisa, previa identificación y toma de razón que por su recibo se deje en autos. En la inteligencia que cuando la parte interesada comparezca por la copia solicitada deberá exhibir el medio de almacenamiento correspondiente para tal efecto; asimismo, la copia que se expedirá no será certificada por existir impedimento para que el secretario certifique a través de los medios aceptables la copia en disco flexible, tales como el cotejo material del documento original con las copias y la imposición de sellos y firma o rúbrica del funcionario de que se trata, ya que el objeto de tal actuación es precisamente dar fe de que las copias son coincidentes plenamente con los documentos de donde se obtuvieron. Finalmente, no ha lugar acordar de conformidad la solicitud relativa a que se le conceda una prórroga para el desahogo de la vista otorgada en proveído de nueve de noviembre de dos mil veintitrés, toda vez que dichas constancias no forman parte del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, sino que fueron requeridas a petición de la parte quejosa.
- Principal
Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado rendido por la apoderada legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en el que precisa que son ciertos los actos reclamados; con su contenido dese vista a las partes, para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de que se relacione en la audiencia respectiva. Admisión de prueba. Con fundamento en la interpretación sistemática de los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada la documental que adjunta la responsable, así como, la instrumental de actuaciones, presuncional legal y humana, en razón de su propia y especial naturaleza, las cuales se relacionarán en la audiencia constitucional.
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