Susana del Socorro Ojeda Peña

Expediente 504/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 18 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
504/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
18/06/2018

Partes del expediente

  • Susana del Socorro Ojeda Peña

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    MESA VI. Visto el estado que guardan los presentes autos y lo de cuenta, se acuerda: habiendo transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de revisión en contra de la resolución de fecha veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que la expresada resolución, que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo, notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, así como que carece de documentos originales, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del Primer Párrafo del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo antes citado. De conformidad con lo establecido en el punto Undécimo del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Finalmente, en cuanto al valor jurídico, no lo tiene el presente juicio de amparo.

  2. Principal

    MESA VI. Vista la cuenta que antecede, se acuerda: Vista la constancia levantada el día veinticinco de mayo de la presente anualidad, por el actuario judicial adscrito a este juzgado, mediante la cual informa las razones por las que no le fue posible notificar a la quejosa Susana del Socorro Ojeda Peña, el contenido de la resolución de veinticuatro de mayo del presente año, toda vez que el domicilio que señaló la quejosa en autos para oír y recibir notificaciones no pudo ser localizado puesto que no se encontró la numeración indicada en su demanda, esto es, el Actuario se constituyó en la calle cincuenta y nueve por noventa y dos y noventa y cuatro del fraccionamiento Las Américas sin embargo al recorrer dicha calle no localizó el predio en cuestión (setecientos setenta y tres) pues la numeración impar de los predios comprende del setecientos treinta y siete al setecientos cincuenta y nueve, razón por la cual no le fue posible realizar la diligencia encomendada en dicho proveído. Atento a lo anterior, dada la imposibilidad manifiesta para notificar a la referida quejosa, la resolución de veinticuatro de mayo del año en curso, en el domicilio que señaló para tal efecto por las razones antes citadas; en consecuencia, ya que este órgano jurisdiccional tiene la encomienda de dar a conocer a las partes el contenido de las actuaciones realizadas en los autos del índice de este juzgado, correspondiendo también a dichas partes estar atentos a ser notificados; por ende, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena se realice la notificación aludida, así como las subsecuentes, por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, hasta en tanto proporcione el domicilio correcto.

  3. Principal

    MESA VI. Vista la cuenta que antecede, se acuerda: Agréguense a estos autos el oficio signado por la Juez Séptimo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, así como las constancias que acompañó al mismo, del que se advierte que el nueve de mayo pasado, dictó un acuerdo en el cual proveyó lo conducente sobre el escrito de la quejosa de veintiuno de marzo del presente año, presentada ante la responsable el veintidós siguiente, así como también ordenó la notificación personal de la contraparte en el juicio de origen. Ahora bien, se trae a colación que el acto que la parte quejosa Susana del Socorro Ojeda Peña, reclamó en su demanda de amparo, consistió en la omisión de la responsable de acordar lo conducente a su escrito de veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, en el cual cumplio con la prevención realizada por la responsable el doce de marzo del mismo año, todo ello en autos del expediente 79/2018 del índice de la responsable. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reclama la omisión de la responsable de acordar lo conducente al escrito de la parte quejosa de veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, en el cual cumplió con la prevención realizada por la responsable el doce de marzo del mismo año, todo ello en autos del expediente 79/2018 del índice de la responsable. Sin embargo, como se mencionó, de las constancias que la Juez Séptimo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, adjuntó a su informe con justificación se desprende que el nueve de mayo pasado, dictó un acuerdo en el cual proveyó lo conducente sobre el escrito de la quejosa de veintiuno de marzo del presente año, presentado ante la responsable el veintidós siguiente, así como también ordenó la notificación personal de la contraparte en el juicio de origen, todo ello en autos del expediente 79/2018 de su índice. Dichas documentales, por su naturaleza pública, gozan de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que la responsable emitió el acuerdo correspondiente, que recayó a lo solicitado de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la inactividad de la autoridad responsable que no emitió el acuerdo relativo al juicio de origen dentro del plazo que la ley establece, lo que en el caso se subsana con el dictado del mismo pronunciado por tal autoridad. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON NUEVE MINUTOS DEL TRECE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Finalmente, agréguese a estos autos únicamente para que obre como legalmente corresponda el alegato ministerial número 313/2018, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, lo anterior, en virtud de que como se aprecia en párrafos precedentes se ha decretado el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto.

  4. Principal

    MESA VI. Vista la cuenta que antecede, se acuerda: Agréguense a estos autos el oficio signado por la Juez Séptimo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, así como las constancias que acompañó al mismo, del que se advierte que el nueve de mayo pasado, dictó un acuerdo en el cual proveyó lo conducente sobre el escrito de la quejosa de veintiuno de marzo del presente año, presentada ante la responsable el veintidós siguiente, así como también ordenó la notificación personal de la contraparte en el juicio de origen. Ahora bien, se trae a colación que el acto que la parte quejosa Susana del Socorro Ojeda Peña, reclamó en su demanda de amparo, consistió en la omisión de la responsable de acordar lo conducente a su escrito de veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, en el cual cumplio con la prevención realizada por la responsable el doce de marzo del mismo año, todo ello en autos del expediente 79/2018 del índice de la responsable. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reclama la omisión de la responsable de acordar lo conducente al escrito de la parte quejosa de veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, en el cual cumplió con la prevención realizada por la responsable el doce de marzo del mismo año, todo ello en autos del expediente 79/2018 del índice de la responsable. Sin embargo, como se mencionó, de las constancias que la Juez Séptimo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, adjuntó a su informe con justificación se desprende que el nueve de mayo pasado, dictó un acuerdo en el cual proveyó lo conducente sobre el escrito de la quejosa de veintiuno de marzo del presente año, presentado ante la responsable el veintidós siguiente, así como también ordenó la notificación personal de la contraparte en el juicio de origen, todo ello en autos del expediente 79/2018 de su índice. Dichas documentales, por su naturaleza pública, gozan de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que la responsable emitió el acuerdo correspondiente, que recayó a lo solicitado de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la inactividad de la autoridad responsable que no emitió el acuerdo relativo al juicio de origen dentro del plazo que la ley establece, lo que en el caso se subsana con el dictado del mismo pronunciado por tal autoridad. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON NUEVE MINUTOS DEL TRECE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Finalmente, agréguese a estos autos únicamente para que obre como legalmente corresponda el alegato ministerial número 313/2018, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, lo anterior, en virtud de que como se aprecia en párrafos precedentes se ha decretado el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto.

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