Susana de la Paz Campos Velez
Expediente 1587/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 14 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1587/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 17/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Susana de la Paz Campos Velez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a diecisiete de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, del que se advierte que mediante proveído de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes con el signado por el Presidente de la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad al que adjuntó copia certificada de la resolución de liquidación emitida el once de agosto del año en curso, dentro del expediente laboral 21/E08/2015. Tal acuerdo se notificó al tercero interesado Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud en Tamaulipas el diecinueve de agosto de dos mil veintiuno y a la quejosa Susana de la Paz Capos Vélez, el veinticinco del mismo mes y año, al no haber comparecido a este órgano de control constitucional en el plazo de dos días, que se le otorgara en el respectivo citatorio; sin que hubiesen desahogado la vista concedida. Consecuentemente, en términos del párrafo segundo del artículo 196 de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver, si de acuerdo a las constancias de autos, el fallo protector se encuentra cumplido. Al respecto, debe decirse lo siguiente: En auxilio de las labores de este juzgado, la Jueza Jueza Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, el cinco de abril de dos mil veintiuno, concedió la protección constitucional a la parte quejosa, en la que medularmente estableció: "1. Deje insubsistente la resolución reclamada; y, 2. Dicte otra, en la que con base a lo considerado en esta sentencia, se pronuncie de manera completa sobre todas las cuestiones deducidas por las partes durante la tramitación del incidente de liquidación, y resuelva en consecuencia lo que en derecho corresponda.". Los motivos de la concesión del amparo fueron los siguientes: "En efecto, en su resolución, la junta responsable no expresó ningún razonamiento respecto de la objeción de pruebas que hizo valer la actora incidentista respecto del periodo comprendido del 21 (veintiuno) de enero de 2015 (dos mil quince) al 2 (dos) de septiembre de 2019 (dos mil diecinueve), con lo cual la dejó en estado de indefensión. Asimismo se observa que la autoridad responsable violentó el principio de exhaustividad que está relacionado con el examen que debe efectuar respecto de todas las cuestiones o puntos litigiosos, sin omitir ninguno de ellos; principio que implica la obligación del juzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento, tomando en cuenta los argumentos aducidos por la actora y el demandado, en la audiencia de pruebas y alegatos, de tal forma que se condene o absuelva, resolviendo sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate, puesto que con su proceder omitió el examen y pronunciamiento de una cuestión controvertida que oportunamente la actora incidentista le planteó, consistente en la objeción del alcance y valor probatorio de los documentos que se encuentran certificados por el propio demandado, y los recibos de pago que en copia fotostática simple sin firma o huella de la actora aportó el demandado incidentista (parte patronal), mismos que la responsable tomó en cuenta para cuantificar el pago de las prestaciones de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y quinquenio del periodo comprendido del 21 (veintiuno) de enero de 2015 (dos mil quince) al 2 (dos) de septiembre de 2019 (dos mil diecinueve); lo que permite entonces, establecer que se está en presencia de una resolución incompleta y falta de exhaustividad, precisamente porque no se ocupó de todos los puntos discutidos oportunamente por las partes, incurriendo en consecuencia en infracción al artículo 14 constitucional." La sentencia de referencia causó ejecutoria el veintiocho de julio de dos mil veintiuno. En cumplimiento a la ejecutoria de mérito, la responsable emitió nueva resolución incidental el once de agosto de dos mil veintiuno, dentro del expediente laboral 21/E08/2015, por el cual dejó insubsistente la resolución de liquidación de diecinueve de octubre de dos mil veinte, en los siguientes términos: "PRIMERO.- En acatamiento al oficio número 26002/2021 de fecha 28 de Julio de 1021 relativo al juicio de amparo 1587/2020, signado por el JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO se deja sin efectos la RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA DE LIQUIDACIÓN de fecha 19 de Octubre de 2020. SEGUNDO.- Se Tramito legalmente el incidente de liquidación respectivo en los té establecidos en los artículos 616 fracción l y 618 fracción ll, 76, 765, 837 fracción ll y 843 de la Ley Federal del Trabajo. TERCERO.- Se declara PROCEDENTE el incidente de liquidación presentado por la parte actora, pero no la plantilla por la cantidad que solicita, por las consideraciones hechas valer en el considerando SEGUNDO de la presente reclusión, resultando. CUARTO.- Se determina que la cantidad de $423,019.45 (CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MIL DIECINUEVE PESOS 45/100 M.N.) es la que deberá ser cubierta a la parte actora por el ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO "SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS", en la forma y términos asentados en el laudo de fecha 18 de Junio de 2018.". Así el punto "1" de la concesión del amparo está cumplido. Ahora, en el punto "2" de los efectos de la ejecutoria, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Susana de la Paz Capos Vélez, para que, la responsable dejara insubsistente la resolución interlocutoria de liquidación de diecinueve de octubre de dos mil veinte y dictara otra, en la que, se pronunciara de manera completa sobre todas las cuestiones deducidas por las partes durante la tramitación del incidente de liquidación, y resuelva en consecuencia lo que en derecho corresponda, dentro del expediente laboral 21/E08/2015. Lo que así aconteció, pues, de las documentales remitidas por el Presidente de la Junta responsable, se advierte que al emitir la nueva resolución consideró: "RESULTANDO. (.) SEGUNDO (.) DOCUMENTALES consistentes en copias de recibos de pagos de 01 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2019, formatos de solicitud de vacaciones de los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 201, historial de asistencias del 01 de enero de 2015 al 01 de enero 2020 y las cuales fueron objetadas por la apoderado legal de la parte actora, estas carecen de valor probatorio toda vez que se tratan de copias simples además de ser n documento unilateral ya que los mismos no cuentan con la firma de ala actora, lo anterior con fundamento en el artículo 797 y 798 de la ley de la materia". (Lo subrayado es propio de este Juzgado). De ahí que el punto "2" este cumplido. Por consiguiente, el que suscribe considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos humanos transgredidos, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la sentencia protectora de amparo. Asimismo, se determina que no existió exceso o defecto en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, pues por lo que hace a lo primero, la responsable no se extralimitó en su cumplimiento, al ir más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo, sino que dio cumplimiento tal y como se le indicó en el fallo protector dictado por este Juzgado, en los términos ya relatados; tampoco se aprecia defecto, porque la responsable cumplió cabalmente con lo ordenado en la ejecutoria; esto es, no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo. Lo anterior se ilustra con la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Primera Parte, julio a diciembre de 1988, Octava Época, Materia Común, página 217, cuyo rubro es el siguiente: "EJECUCIÓN, DEFECTO DE. NATURALEZA." Por lo tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto de la Ley de Amparo, SE ORDENA EL ARCHIVO DEL PRESENTE ASUNTO, como totalmente concluido; sin perjuicio de que las partes estén en condiciones de interponer el recurso procedente, si así conviene a sus intereses. Tómese nota que el presente asunto no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de DEPURACIÓN, debiendo destruirse las constancias respectivas, con excepción de la demanda y sentencia constitucional, de conformidad en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; entonces, una vez que transcurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, hágase lo conducente. Finalmente, como lo establece el artículo 35 del citado Acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se tiene por cumplida la sentencia de amparo dictada en el presente asunto. SEGUNDO. Se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. NOTIFÍQUESE; y personalmente a la parte quejosa y por oficio al tercero interesado. Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con la licenciada Astrid Alicia Ortiz Sánchez, Secretaria que autoriza y DA FE.
- Principal
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a diecisiete de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, del que se advierte que mediante proveído de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes con el signado por el Presidente de la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad al que adjuntó copia certificada de la resolución de liquidación emitida el once de agosto del año en curso, dentro del expediente laboral 21/E08/2015. Tal acuerdo se notificó al tercero interesado Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud en Tamaulipas el diecinueve de agosto de dos mil veintiuno y a la quejosa Susana de la Paz Capos Vélez, el veinticinco del mismo mes y año, al no haber comparecido a este órgano de control constitucional en el plazo de dos días, que se le otorgara en el respectivo citatorio; sin que hubiesen desahogado la vista concedida. Consecuentemente, en términos del párrafo segundo del artículo 196 de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver, si de acuerdo a las constancias de autos, el fallo protector se encuentra cumplido. Al respecto, debe decirse lo siguiente: En auxilio de las labores de este juzgado, la Jueza Jueza Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, el cinco de abril de dos mil veintiuno, concedió la protección constitucional a la parte quejosa, en la que medularmente estableció:"1. Deje insubsistente la resolución reclamada; y,2. Dicte otra, en la que con base a lo considerado en esta sentencia, se pronuncie de manera completa sobre todas las cuestiones deducidas por las partes durante la tramitación del incidente de liquidación, y resuelva en consecuencia lo que en derecho corresponda.". Los motivos de la concesión del amparo fueron los siguientes: "En efecto, en su resolución, la junta responsable no expresó ningún razonamiento respecto de la objeción de pruebas que hizo valer la actora incidentista respecto del periodo comprendido del 21 (veintiuno) de enero de 2015 (dos mil quince) al 2 (dos) de septiembre de 2019 (dos mil diecinueve), con lo cual la dejó en estado de indefensión.Asimismo se observa que la autoridad responsable violentó el principio de exhaustividad que está relacionado con el examen que debe efectuar respecto de todas las cuestiones o puntos litigiosos, sin omitir ninguno de ellos; principio que implica la obligación del juzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento, tomando en cuenta los argumentos aducidos por la actora y el demandado, en la audiencia de pruebas y alegatos, de tal forma que se condene o absuelva, resolviendo sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate, puesto que con su proceder omitió el examen y pronunciamiento de una cuestión controvertida que oportunamente la actora incidentista le planteó, consistente en la objeción del alcance y valor probatorio de los documentos que se encuentran certificados por el propio demandado, y los recibos de pago que en copia fotostática simple sin firma o huella de la actora aportó el demandado incidentista (parte patronal), mismos que la responsable tomó en cuenta para cuantificar el pago de las prestaciones de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y quinquenio del periodo comprendido del 21 (veintiuno) de enero de 2015 (dos mil quince) al 2 (dos) de septiembre de 2019 (dos mil diecinueve); lo que permite entonces, establecer que se está en presencia de una resolución incompleta y falta de exhaustividad, precisamente porque no se ocupó de todos los puntos discutidos oportunamente por las partes, incurriendo en consecuencia en infracción al artículo 14 constitucional." La sentencia de referencia causó ejecutoria el veintiocho de julio de dos mil veintiuno. En cumplimiento a la ejecutoria de mérito, la responsable emitió nueva resolución incidental el once de agosto de dos mil veintiuno, dentro del expediente laboral 21/E08/2015, por el cual dejó insubsistente la resolución de liquidación de diecinueve de octubre de dos mil veinte, en los siguientes términos: "PRIMERO.- En acatamiento al oficio número 26002/2021 de fecha 28 de Julio de 1021 relativo al juicio de amparo 1587/2020, signado por el JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO se deja sin efectos la RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA DE LIQUIDACIÓN de fecha 19 de Octubre de 2020. SEGUNDO.- Se Tramito legalmente el incidente de liquidación respectivo en los té establecidos en los artículos 616 fracción l y 618 fracción ll, 76, 765, 837 fracción ll y 843 de la Ley Federal del Trabajo. TERCERO.- Se declara PROCEDENTE el incidente de liquidación presentado por la parte actora, pero no la plantilla por la cantidad que solicita, por las consideraciones hechas valer en el considerando SEGUNDO de la presente reclusión, resultando. CUARTO.- Se determina que la cantidad de $423,019.45 (CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MIL DIECINUEVE PESOS 45/100 M.N.) es la que deberá ser cubierta a la parte actora por el ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO "SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS", en la forma y términos asentados en el laudo de fecha 18 de Junio de 2018.". Así el punto "1" de la concesión del amparo está cumplido. Ahora, en el punto "2" de los efectos de la ejecutoria, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Susana de la Paz Capos Vélez, para que, la responsable dejara insubsistente la resolución interlocutoria de liquidación de diecinueve de octubre de dos mil veinte y dictara otra, en la que, se pronunciara de manera completa sobre todas las cuestiones deducidas por las partes durante la tramitación del incidente de liquidación, y resuelva en consecuencia lo que en derecho corresponda, dentro del expediente laboral 21/E08/2015. Lo que así aconteció, pues, de las documentales remitidas por el Presidente de la Junta responsable, se advierte que al emitir la nueva resolución consideró: "RESULTANDO. (.) SEGUNDO (.) DOCUMENTALES consistentes en copias de recibos de pagos de 01 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2019, formatos de solicitud de vacaciones de los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 201, historial de asistencias del 01 de enero de 2015 al 01 de enero 2020 y las cuales fueron objetadas por la apoderado legal de la parte actora, estas carecen de valor probatorio toda vez que se tratan de copias simples además de ser n documento unilateral ya que los mismos no cuentan con la firma de ala actora, lo anterior con fundamento en el artículo 797 y 798 de la ley de la materia". (Lo subrayado es propio de este Juzgado).De ahí que el punto "2" este cumplido. Por consiguiente, el que suscribe considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos humanos transgredidos, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la sentencia protectora de amparo. Asimismo, se determina que no existió exceso o defecto en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, pues por lo que hace a lo primero, la responsable no se extralimitó en su cumplimiento, al ir más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo, sino que dio cumplimiento tal y como se le indicó en el fallo protector dictado por este Juzgado, en los términos ya relatados; tampoco se aprecia defecto, porque la responsable cumplió cabalmente con lo ordenado en la ejecutoria; esto es, no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo. Lo anterior se ilustra con la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Primera Parte, julio a diciembre de 1988, Octava Época, Materia Común, página 217, cuyo rubro es el siguiente: "EJECUCIÓN, DEFECTO DE. NATURALEZA." Por lo tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto de la Ley de Amparo, SE ORDENA EL ARCHIVO DEL PRESENTE ASUNTO, como totalmente concluido; sin perjuicio de que las partes estén en condiciones de interponer el recurso procedente, si así conviene a sus intereses. Tómese nota que el presente asunto no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de DEPURACIÓN, debiendo destruirse las constancias respectivas, con excepción de la demanda y sentencia constitucional, de conformidad en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; entonces, una vez que transcurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, hágase lo conducente. Finalmente, como lo establece el artículo 35 del citado Acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se tiene por cumplida la sentencia de amparo dictada en el presente asunto. SEGUNDO. Se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. NOTIFÍQUESE; y personalmente a la parte quejosa y por oficio al tercero interesado. Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con la licenciada Astrid Alicia Ortiz Sánchez, Secretaria que autoriza y DA FE.
- Principal
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el escrito signado ******************** autorizada de la parte quejosa, mediante el cual hace diversas manifestaciones en relación al cumplimiento al fallo protector; en tal virtud, dígasele a la promovente que de estimarse necesarias las mismas serán tomadas en consideración al momento que este Órgano de Control Constitucional se pronuncie respecto al cumplimiento de la sentencia de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, quien actúa con el licenciado Edgar Iván Cruz Lerma, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Visto el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad; agréguese a los autos sin mayor pronunciamiento, toda vez que por auto de dieciocho de agosto de la presente anualidad, se acordó lo conducente en cuanto a su contenido. NOTIFÍQUESE.
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