Susana Castro Gonzalez

Expediente 482/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
482/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
17/02/2023

Partes del expediente

  • Susana Castro Gonzalez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Juzgado Primero de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey; en atención a su contenido, dígasele que mediante proveído de ocho de octubre de dos mil veinte se desechó la demanda de amparo, declarándola firme en diverso de diez de marzo de dos mil veintiuno y ordenando su archivo. Notifíquese; por oficio al juez indicado. MESA*II

  2. Principal

    Se declara que ha quedado firme el auto en el que se desechó la demanda. Se informa que este expediente no cumple con los lineamientos para ser considerado de relevancia documental. Por tanto, el presente asunto es susceptible de destrucción. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese como asunto concluido. El presente acuerdo deberá notificarse por lista a las partes, aun cuando el procedimiento se encontraba suspendido por causa de fuerza mayor. Notifíquese. Mesa I.

  3. Principal

    Se recibe el comunicado signado por el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil y de Trabajo en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, mediante el cual devuelve el exhorto 133/20020-I, orden 133/2020-I, del índice de este juzgado, sin diligenciar, debido a la imposibilidad con la que contó la actuaria de ese juzgado para notificar el auto de ocho de octubre pasado, por el que se desecha la demanda de amparo y se le requiere para que señale domicilio en ésta Ciudad de México, en el domicilio señalado en el escrito inicial de demanda; por tanto, realícese por medio de lista, así como la presente determinación y las subsecuentes, hasta en tanto designe nuevo domicilio para tales efectos. Notifíquese por lista al quejoso el auto de ocho de octubre pasado. Mesa I.

  4. Principal

    Téngase por recibido el comunicado enviado electrónicamente por el Juez Cuarto de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, mediante el cual devuelve sin diligenciar el exhorto 133/2020-I, orden 133/2020-I, de este índice, derivado del juicio en que se actúa, el cual fue librado a fin de notificar a la quejosa ***, el auto de ocho y veintiséis de octubre del año en curso, por los motivos que indica; lo que se toma conocimiento para los efectos conducentes. Acúsese el recibo correspondiente. Consecuentemente, hágase la notificación de los citados autos; esta determinación, así como las subsecuentes, incluso las de carácter personal, por medio de lista. Ciudad de México, ocho de octubre de dos mil veinte. I. Recepción del oficio. Agréguese el comunicado signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, mediante el cual remite la demanda de amparo 431/2020, promovida por Susana Castro González, por derecho propio, contra actos del Juez Décimo Noveno de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en virtud de que en auto de once de agosto pasado, declaró carecer de competencia legal. Acúsese el recibo de estilo. Atento a lo anterior, este órgano de control se avoca al conocimiento del asunto, consecuentemente, se provee: II. Radicación. Fórmese expediente impreso y electrónico de conformidad con lo previsto en el numeral 3° de la ley de la materia, y regístrese en el libro de gobierno con el número 482/2020-I y NEUN 27082324. III. Desechamiento. De acuerdo con el artículo 113 del ordenamiento legal invocado, el juez de distrito está obligado a examinar la demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, si se toma como punto de partida que lo manifiesto se da cuando dicha causa se advierte en forma patente y clara de la lectura del escrito relativo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable a lo señalado la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 448, Tomo XVI, julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 186605, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por 'manifiesto' lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por 'indudable', que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada". ??????????????? De la lectura a la demanda de amparo se desprende que los actos reclamados consisten en: ? La sentencia interlocutoria de cinco de agosto de dos mil dieciocho, dictada por el Juez Décimo Noveno de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el juicio ejecutivo mercantil 1065/20012, en la que aprobó el remate en primera almoneda y una vez que el adjudicatario cumpla con lo ordenado en el resolutivo dos (2), se le previno para que designara Notario Público a efecto de que se tirara la escritura de adjudicación respecto del bien inmueble rematado, y una vez señalado, se requirió a la demandada para que una vez que fuera notificada la parte demandada, compareciera ante dicho notario a firmar la escritura, apercibido que de no hacerlo se firmaría en su rebeldía. Asimismo, de la narración de la demanda se advierte que el juicio de origen se encuentra en etapa de ejecución. Partiendo de esa base, se advierte que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios, o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior". De la interpretación de los preceptos transcritos, se desprende que tratándose de los actos de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto únicamente puede promoverse contra la última resolución dictada en él, y que deberán reclamarse en la misma demanda las demás violaciones que se consideren cometidas durante ese procedimiento de ejecución, siempre que hubieran dejado sin defensa a la quejosa; entendiéndose como última resolución aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que manda el archivo del expediente, y que en el caso específico del remate, la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la entrega de los bienes rematados. Expuesto lo anterior, el presente juicio es improcedente, en razón que la solicitante de amparo acude a reclamar la sentencia interlocutoria de cinco de agosto de dos???????????? mil dieciocho, dictada por el Juez Décimo Noveno de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el juicio ejecutivo mercantil 1065/20012, en la que se aprobó el remate en primera almoneda y se determinó que una vez que el adjudicatario cumpliera con lo ordenado en el resolutivo dos (2) de ésta, se le prevendría a efecto de que designara Notario Público con el fin de que éste tirara la escritura de adjudicación respecto del bien inmueble rematado, por lo que, una vez señalado el fedatario público correspondiente, debía requerírsele a la demandada para que una vez que fuera notificada, compareciera ante dicho notario a firmar el instrumento notarial, apercibiéndose de no hacerlo dicho funcionario público lo haría en su rebeldía; pues dicho acto no constituye la última resolución en el procedimiento de remate. En ese sentido, el agravio no se actualiza ni consuma en este caso, sino hasta que se emita la resolución definitiva en la que se ordene la escrituración o bien, la entrega del inmueble rematado, pues incluso se expresó que primero la parte actora debía designar uno, para proceder a dicha escrituración por tal motivo, el acto que se reclama, llevado a cabo dentro del período de remate, no se adecua a la hipótesis prevista por el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1066, Tomo II, Libro 29, Abril de 2016, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2011474, de rubro y texto: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial". No es óbice a lo que antecede, que la promovente manifieste ostentarse como tercera extraña por equiparación en el procedimiento de origen, pues inclusive ella misma narra que dio contestación a la demanda instaurada en su contra, lo cual pone en evidencia que se integró debidamente a la relación procesal, y con ello tienen que cumplir con las obligación que acarrea.?????????????? Por lo anterior, al advertirse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en lo previsto en los artículos artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción IV, del artículo 107, así como del 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA. La decisión que se asume, de modo alguno trasciende a la idoneidad y eficacia del juicio de amparo y de los medios de defensa que en el procedimiento respectivo surgen, pues el acceso del gobernado a un recurso efectivo, no implica necesariamente que se le libere de cumplir con los requisitos cuya procedencia, normativamente reglada impone, ni que en el caso haya de emitirse un pronunciamiento sobre la litis. Es así, porque en la resolución de los juicios para la protección de derechos fundamentales, deben tenerse presentes las particularidades que se implican en la emisión de las sentencias respectivas; esto es, el acatamiento de todas las reglas que definen y delimitan el hacer y modo de actuar de los tribunales federales al ejercer sus funciones propias, de manera que, so pretexto de un nuevo paradigma en la protección de los derechos humanos, el órgano de control no puede separarse de su propio ámbito de competencias, pues sólo dentro de éstas es que puede aplicar el control de legalidad, constitucionalidad y de convencionalidad que le corresponde; siempre que sea viable el instar del gobernado conforme a la normatividad aplicable. Al respecto, son aplicables, en lo conducente, los criterios sustentados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis publicadas en las páginas 530 y 525, respectivamente, del Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registros 2002359 y 2005917, de rubro y texto: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo". "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté????????????? previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano." Esto es, en términos de lo que dispone el artículo 1° de la Ley Fundamental, los órganos competentes del Poder Judicial de la Federación para efectuar el control de los actos de autoridad que normativamente les corresponde en la instancia respectiva, y a través de esa función tutelar en su máxima expresión los derechos humanos, sólo pueden actuar en el ámbito de sus propias competencias, por lo que no deben apartarse de la regulación propia que el derecho positivo interno (constitucional, legal y jurisprudencial) les impone, y desde ahí, a partir de una competencia reglada, ser operadores jurídicos vigorosos para darle eficacia a esa protección de los derechos fundamentales, pero siempre atendiendo a la forma y términos en que se ha dispuesto el despliegue de sus atribuciones. En ese orden de ideas, partiendo del ámbito de las competencias que corresponden a este juzgador federal, es que se analizó el juicio de amparo, en los términos que se han desarrollado, sin que con ello se pueda atribuir infracción alguna al derecho de acceso a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. IV. Domicilio para oír y recibir notificaciones. De conformidad con los arábigos 27, fracción I, de la normatividad de la materia y 305 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se tiene como tal el ubicado en. En consecuencia, al advertirse que el lugar se encuentra fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional; en obvio de mayores dilaciones, con fundamento en el artículo 298 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, gírese atento exhorto, con número 113, orden 113 al***, a fin de que ordene a quien corresponda se constituya en los sitios mencionados y con copia de la demanda y del presente proveído, la llame al presente sumario. Y, la requiera para que en el plazo de tres días hábiles, computado legalmente, señale dirección para oír y recibir notificaciones dentro de la residencia de este juzgado de distrito; de omitir lo anterior, las subsecuentes, aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista en concordancia con los numerales 26, fracción III, y 29 de la ley de la materia. En caso de dejar citatorio o aviso, el actuario judicial deberá comunicarle que tiene el lapso de dos días hábiles para acudir al local de ese juzgado federal, a darse por emplazado mediante comparecencia, pues de no hacerlo, el citado llamamiento se practicará conforme a lo dispuesto en el arábigo 27, fracción I, inciso b), de la ley reglamentaria. Se le informa a la autoridad exhortada que de no localizar al tercero interesado, el fedatario público deberá dar cumplimiento a lo previsto en el precepto 27, fracción I, incisos b) y c), del ordenamiento legal invocado. Se faculta al juez exhortado para que de ser necesario habilite horas y días inhábiles para que el actuario judicial de su adscripción lleve a cabo el emplazamiento encomendado, y acuerde lo necesario para la pronta y eficaz diligencia de mérito. Sin que haya lugar a solicitar el acuse de recibo, toda vez que éste se genera de manera automática en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). V. Autorizados. Se faculta en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que cuenten con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. VI. Exhortación a tramitar asuntos "en línea". Por otra parte, con base en lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus Covid-19, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea (juicio en línea). Asimismo, para mejorar la comunicación con las partes se les exhorta a que proporcionen alguna modalidad a través de la cual se pueda tener un contacto expedito, es decir, a que señalen un número telefónico en el que puedan recibir mensajería instantánea (verbigracia WhatsApp), así como un correo electrónico. VII. Habilitación de horas y días inhábiles. Las notificaciones que se ordenen en forma personal en este expediente, practíquense de conformidad con el dispositivo 21, tercer párrafo, de la propia ley. VIII. Transparencia. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V, y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo atendiendo a lo previsto en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la????????????? Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, por lo que deberán manifestarlo expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en el entendido que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se emitan se aplique sin supresión de datos, conforme a lo dispuesto en el numeral 21 de la última ley en cita. Notifíquese por exhorto a la promovente. Ciudad de México, veintiséis de octubre de dos mil veinte. Se tiene por recibido el escrito enviado electrónicamente por la actuaria del Juzgado Quinto de Distrito en Materias Civil y de Trabajo, en el Estado de Nuevo León, mediante el cual devuelve sin diligenciar ordenado en proveído de ocho de octubre anterior, de lo que se toma conocimiento. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 298 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, gírese atento exhorto, con número 113, orden 113 al JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, CON RESIDENCIA EN MONTERREY, a fin de que ordene a quien corresponda se constituya en el domicilio ubicado en * y notifique al quejoso el acuerdo de ocho de octubre anterior, así como el contenido de este proveído. Y, lo requiera para que en el plazo de tres días hábiles, computado legalmente, señale dirección para oír y recibir notificaciones dentro de la residencia de este juzgado de distrito; de omitir lo anterior, las subsecuentes, aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista en concordancia con los numerales 26, fracción III, y 29 de la ley de la materia. En caso de dejar citatorio o aviso, el actuario judicial deberá comunicarle que tiene el lapso de dos días hábiles para acudir al local de ese juzgado federal, a darse por emplazado mediante comparecencia, pues de no hacerlo, el citado llamamiento se practicará conforme a lo dispuesto en el arábigo 27, fracción I, inciso b), de la ley reglamentaria. Se le informa a la autoridad exhortada que de no localizar al tercero interesado, el fedatario público deberá dar cumplimiento a lo previsto en el precepto 27, fracción I, incisos b) y c), del ordenamiento legal invocado. Se faculta al juez exhortado para que de ser necesario habilite horas y días inhábiles para que el actuario judicial de su adscripción lleve a cabo el emplazamiento encomendado, y acuerde lo necesario para la pronta y eficaz diligencia de mérito. Sin que haya lugar a solicitar el acuse de recibo, toda vez que éste se genera de manera automática en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese por exhorto a la promovente. Notifíquese por medio de lista de acuerdos a la quejosa, y por oficio a la autoridad referida. Mesa I.

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