Susana Castillo Soto
Expediente 75/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 75/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/03/2021
Partes del expediente
- Susana Castillo Soto
- Director General de Recursos Humanos de la Guardia Nacional
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, once de marzo de dos mil veintiuno. Estado procesal Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal de autos, se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de veinticuatro de febrero del año en curso, a través del cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Archivo del expediente Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el expediente como concluido. Devolución de documentos De la certificación de cuenta, se advierte que en el expediente en que se actúa, no existen documentos originales e importantes pendientes de devolver a las partes. Destino del expediente principal En otro orden de ideas, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se hace la indicación que el expediente es susceptible de destrucción; ya que se desechó la demanda de amparo, ello con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, por lo que una vez que trascurra el termino de cinco años de archivado el expediente procederá a su destrucción Clasificación del asunto Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, de conformidad con el Decreto por el que se reforman los artículos 11, fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal; y como se mencionó una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se agrega oficio Finalmente, con fundamento en el artículo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, agréguese únicamente para que obre como corresponda el oficio con terminación 2624/2021 del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, en razón de que no es parte en el presente juicio de amparo indirecto. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México, veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. Recepción de la demanda de amparo Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Susana Castillo Soto, por propio derecho, contra las autoridades y acto reclamado que enseguida se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE 1. Director General de Recursos Humanos de la Guardia Nacional; y 2. Los Integrantes del Pleno del Consejo de Carrera de la Guardia Nacional en la Octava Sesión Extraordinaria, realizada el trece de noviembre de dos mil veinte. ACTO RECLAMADO 1. El oficio GN/CAF/DGRH/9483/2021, firmado por el Director General de Recurso Humanos de la Guardia Nacional, mediante el cual se le informan que no se consideró como potencial para la promoción de general en la Guardia Nacional. Radicación de demanda Se registra este asunto en el libro de gobierno correspondiente con el número de juicio de amparo 75/2021-I y constriñe formar los expedientes físicos y electrónicos, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo. Desechamiento Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito examinará el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, numeral cuyo tenor literal es el siguiente: "ARTICULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del dispositivo transcrito se obtiene que el juzgador debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia, a fin de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas cuya tramitación a la postre resulte ociosa. En la inteligencia que, por manifiesto se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va apoyar para que, de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías; y por indudable se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. Es aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, septiembre de dos mil cuatro, en la página mil seiscientos treinta y uno, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Por lo tanto, este juzgado considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia de falta de interés jurídico, en virtud de que el quejoso carece de una afectación real y actual en su esfera jurídica. La Ley de Amparo, en el precepto 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, conforme a las razones que a continuación se expondrán. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]". De las normas transcritas se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo y, además, cumpla las condiciones formales que contiene el propio precepto y que se traducen en que el interesado alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución Federal y se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por tanto, es claro que el juicio es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso ya que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de las autoridades que se sigue siempre a instancia de parte agraviada. Entonces, el interés jurídico para promover el juicio de amparo debe derivar directamente de los efectos que produce en la esfera jurídica del gobernado, la emisión del acto reclamado, porque sólo la existencia de una afectación directa e inmediata en los derechos del quejoso, lo faculta a combatir las violaciones que a su criterio genera el mencionado acto así como, en su caso, el proceso que le dio origen; de manera tal que no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa cuestión se cumpla. Dicho principio es reglamentado por el artículo 5º, fracción I, de la ley de la materia, al disponer, en lo conducente, que son partes en el juicio de amparo el quejoso, es decir, la persona que aduzca ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de tal legislación y produce una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Como se ve, al tenor de las disposiciones aplicables, el juicio de amparo puede ser promovido tanto por la persona que alegue tener interés jurídico, como por aquella que afirme le asiste un interés legítimo en el asunto, sin que éste último concepto jurídico se traduzca en una apertura absoluta para que cualquier persona acuda al juicio de amparo, por cualquier motivo, sustentándose en un interés simple. Para comprender el tipo de interés que requiere un ciudadano para encontrarse legitimado para solicitar el amparo de la justicia federal, conviene precisar en qué consiste el interés jurídico, el legítimo y, por ende, el simple. Robustece lo anterior, la tesis 1a. XLIII/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE: La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Ahora bien, el interés jurídico, que tiene como presupuesto indispensable que se cuente con un derecho que haya sido infringido por actos de la autoridad. Lo anterior significa que son dos los supuestos que generan el interés jurídico: la existencia y titularidad de un derecho legalmente tutelado, así como el resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa a ese derecho, proveniente de un acto de autoridad. En otras palabras, el interés jurídico para combatir un acto de autoridad mediante el juicio de amparo, resulta del perjuicio que ocasione en uno o varios derechos legalmente reconocidos, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en consideración para la procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a las anteriores afirmaciones la jurisprudencia I. 1o.A. J/17 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO: El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia". Por su parte, el interés legítimo es definido por la doctrina como una institución que faculta a todas aquellas personas, que sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad, es decir, sin ser titulares de un derecho subjetivo protegido por una norma objetiva, tienen interés en que la violación al derecho o libertad sea reparado. Esto es, el interés legítimo implica el reconocimiento de la legitimación del ciudadano, cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por la normatividad, sino en un interés cualificado, que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad. De lo hasta aquí expuesto conviene destacar que un requisito indispensable para acreditar la titularidad del interés legítimo es la existencia de una afectación real y actual en la esfera jurídica del individuo, directa o indirecta. En suma, la causa de improcedencia en estudio se actualiza cuando el acto de autoridad que se impugna en el juicio de amparo no incide en forma alguna en la esfera jurídica del promovente, ya sea porque no le impone obligación alguna, porque no tiene un derecho subjetivo específico o un interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso. Como se ve, el juicio de amparo se seguirá a instancia de parte agraviada, quien, además de satisfacer los requisitos formales que el propio precepto prevé, debe ser titular de un derecho, o bien, tener interés legítimo, ya sea individual o colectivo. Es decir, el juicio de amparo puede ser promovido tanto por la persona que diga tener interés jurídico como por aquella que afirme le asiste un interés legítimo en el asunto, y para establecer su procedencia es indispensable examinar el caso concreto a efecto de establecer qué tipo de interés le es exigible. Una vez plasmado lo anterior, en el presente amparo la promovente Susana Castillo Soto reclama el oficio GN/CAF/DGRH/9483/2021, firmado por el Director General de Recurso Humanos de la Guardia Nacional, mediante el cual se le informan que no se le consideró como potencial para la promoción de general en la Guardia Nacional. Este juzgado advierte que el citado acto reclamado no existe una afectación real y actual en la esfera jurídica de manera directa o indirecta, en razón de que no cuenta con un derecho subjetivo, es decir, no existe una norma jurídica que le otorgue la facultad de exigir que sea considerada como potencial para la promoción de general en la citada dependencia. Por tanto, con sustento en los artículos 112, párrafo primero, y 113 de la Ley de Amparo, al existir causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo. Información pública Con fundamento en los artículos 1 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación a los diversos 1 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación; se hace del conocimiento de las partes que en todo tratamiento de datos personales en el presente asunto deberá de ponderar la existencia o no del consentimiento inequívoco de su titular para su publicación, otorgado por escrito, en forma libre, expresa e informada, con las excepciones previstas en los numerales en cita, en el entendido que de no hacerlo, se publicará la resolución que se dicte con la supresión de datos conforme a los lineamientos mencionados. Consulta de medios electrónicos Se faculta a las partes emplear para la consulta del expediente los medios electrónicos a que alude la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Domicilio procesal Conforme lo establecido por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso las listas que se publican en los estrados de este juzgado. Autorizados En relación a Gabriela Heyde Hernández Quezada, Giselle Hernández Ramírez y Erwin Enrique Hernández Quezada no se advierte que cuenten con registro de cedula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en consecuencia, se les tiene como autorizados, en términos de la última parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 24 del propio ordenamiento legal, es decir para oír notificaciones aun las de carácter personal e imponerse de autos; sin perjuicio que con posterioridad, acredite tal extremo, mediante promoción subsecuente. Digitalización En términos de lo establecido por el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la firma electrónica para el seguimiento de expedientes (FESE); y en el Acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el seguimiento de expedientes (FESE), procédase en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. Habilitación de días y horas inhábiles Con la finalidad de evitar dilaciones innecesarias en la substanciación de este juicio, con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, en concomitancia con los numerales 282 y 313 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se habilitan en todo momento días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones encomendadas y se autoriza a los actuarios adscritos para que, en caso de enterarse de un domicilio diverso en donde puedan realizarlas, se constituyan en éste y las lleven a cabo, sin necesidad de nueva determinación judicial que lo ordene, para lo cual deberán indagar con los vecinos del lugar y asentar pormenorizadamente la razón correspondiente. Gratuidad del servicio Se recuerda a las partes que, de conformidad con lo que dispone el artículo 17 constitucional, todos los servicios que presta este juzgado de distrito son gratuitos. Transparencia Con fundamento en los artículos 1 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación; se hace del conocimiento de las partes que en todo tratamiento de datos personales en el presente asunto deberá de ponderar la existencia o no del consentimiento inequívoco de su titular para su publicación, otorgado por escrito, en forma libre, expresa e informada, con las excepciones previstas en los numerales en cita, en el entendido que de no hacerlo, se publicará la resolución que se dicte con la supresión de datos conforme a los lineamientos mencionados. Notifíquese por lista.
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