Susana Briseida Caldera Muciño
Expediente 277/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 277/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 11/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Susana Briseida Caldera Muciño
- Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación Y Arbitraje En el Estado de Michoacán, Con Sede En Esta Ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Uruapan, Michoacán, once de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que no se interpuso recurso de revisión dentro del término de diez días que contempla el artículo 81 fracción d) de la Ley de Amparo, en contra del auto de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó fuera de audiencia la demanda que dio origen al juicio de amparo que nos ocupa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otro lado, visto lo actuado dentro del presente sumario, del que se advierte que a la fecha se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. Con la precisión de que el presente asunto: * No es de relevancia documental, conforme a lo establecido en el artículo 15 del citado acuerdo. * Es destruible, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 20 del citado Acuerdo General, razón por la que, trascurrido el plazo de tres años ahí establecido, deberá destruirse y remitirse el acta de baja documental que acredite dicha circunstancia a la Dirección General de Archivo y Documentación. Lo anterior, hágase constar en la carátula del presente expediente, en términos de lo dispuesto por el primer párrafo del numeral 34 del citado acuerdo. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
EN RAZÓN DE QUE JORGE AHUIZOTL NÚÑEZ AGUILAR EN CUANTO APODERADO LEGAL DE SUSANA BRISEIDA CALDERA MUCINO (EN SU CARÁCTER DE PARTE QUEJOSA) o sus autorizados, no comparecieron dentro de los dos días hábiles siguientes, en términos del aviso que se le dejó en el domicilio señalado en autos el uno de julio del año en curso; se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, y la notificación del proveído de veintisiete de junio del año en curso, queda hecha mediante su publicación en la lista de la fecha indicada al inicio de la presente que se fija en los estrados de este juzgado y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, MISMO PROVEÍDO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Uruapan, Michoacán, veintisiete de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio J-VII-419/2023 signado por la Presidenta de la Junta Especial número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, por medio del cual remite copias certificadas de las constancias que acreditan que la autoridad responsable el quince de junio de dos mil veintitrés dictó el laudo correspondiente respecto del expediente ordinario********************, así mismo acredita que la parte quejosa Susana Briseida Caldera Muciño fue debidamente notificada del mismo, el pasado veintitrés de junio de dos mil veintitrés, a través de su apoderado legal el Licenciado Jorge Ahuizotl Nuñez Aguilar. Ahora bien, cabe destacar que el acto reclamado en el presente asunto es: "La OMISIÓN de la autoridad responsable de emitir los acuerdos correspondientes en los plazos previstos por la Ley Federal del Trabajo" "La OMISIÓN de la autoridad de prever el impulso procesal correspondiente en los plazos y términos de la Ley Federal del Trabajo"" Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. E*** Actualización de una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia. Cabe señalar que el estudio de las causales de sobreseimiento, al ser de orden público, son de estudio preferente, por lo que es obligación del juez de amparo, que tan pronto tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que haga improcedente el juicio de amparo, entrar a su estudio, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis I.7º.P.13 K, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, mayo de 2010, página 1947, cuyo rubro y texto dicen: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE.***** Sobreseimiento Fuera de Audiencia Constitucional. Así, de párrafos que anteceden, se advierte que la autoridad responsable Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta Ciudad, informó que dentro de los autos del expediente ordinario laboral número******************** se dio la siguiente relación de hechos: Que mediante escrito presentado el día 16 dieciséis de enero de 2018 dos mil dieciocho, la quejosa por propio derecho promovió demanda laboral en contra de Ramón Galván Robledo y/o Iris Yuriana Jiménez Mendoza. Que en data veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, se llevó a cabo, prueba testimonial a cargo de Paulina Pimentel Castillo, Arturo Tonatiuh Alejandre Caballero y Ámerica Vianey Espinoza Barriga. Que en data treinta de mayo de dos mil diecinueve, se llevó a cabo, inspección ocular en los domicilios de los demandados, prueba que fuera desahogada conforme a derecho. Que en fecha veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, se llevó a cabo, prueba confesional a cargo de Susana Briseida Caldera Muciño. Que en fecha quince de junio de dos mil veintitrés, se dictó laudo correspondiente al juicio ordinario********************, del cual se advierte se absolvió a los demandados Ramón Galván Robledo e Iris Yuriana Jiménez Mendoza de todas y cada una de las prestaciones laborales reclamadas por la parte quejosa, dada la inexistencia laboral. Finalmente se advierte que la parte quejosa fue debidamente notificada en fecha veintitrés de junio de dos mil veintitrés respecto del laudo de fecha quince de junio de dos mil veintitrés. Atenta a lo anterior; se advierte que el acto reclamado ha cesado, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido los actos reclamados que originaron el presente juicio de amparo, y con ello la afectación al citado quejoso. Por tanto, en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia de cesación de efectos del acto reclamado, que ocurre cuando la autoridad responsable deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación u omisión; lo que implica, no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, lo que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia establecida en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad del acto ya que no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, al haberse restituido al quejoso en el goce de su derecho humano violado establecido para su protección. De ahí que, resulta dable concluir que han cesado los efectos del acto reclamado, pues la materia del juicio de amparo, era precisamente La OMISIÓN de la autoridad responsable de emitir los acuerdos correspondientes en los plazos previstos por la Ley Federal del Trabajo, habida cuenta que, como ya se dijo, el quince de junio de dos mil veintitrés, la autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial número siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, proveyó sobre el Laudo respectivo del juicio ordinario********************; así, pues la causal de improcedencia citada se justifica ante la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos ni dejó huella en la esfera jurídica de la parte quejosa. Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia 2ª./J.59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. *****. Así como, la jurisprudencia número P.CL/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. *** Y la jurisprudencia número 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo epígrafe es: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario qu*** A mayor abundamiento, la razón que justifica la improcedencia del juicio de amparo por la cesación de efectos del acto reclamado, no es la simple destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos en la esfera jurídica de la parte quejosa, no los surtirá más y no dejó huella que amerite el otorgamiento del amparo para ser borrada. En esa tesitura, el sobreseimiento en el juicio constitucional impide realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por la peticionaria del amparo, para demostrar la inconstitucionalidad de los actos reclamados, que en esta vía combate, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. *** Por lo antes expuesto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la ley en cita, lo procedente es decretar fuera de audiencia el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Encuentra sustento lo anterior, en la jurisprudencia 1a./J. 3/99, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.- *** Por lo expuesto, se deja insubsistente la audiencia constitucional fijada para las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL TRES DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Háganse las capturas correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO.
- Principal
Uruapan, Michoacán, veintisiete de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio J-VII-419/2023 signado por la Presidenta de la Junta Especial número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, por medio del cual remite copias certificadas de las constancias que acreditan que la autoridad responsable el quince de junio de dos mil veintitrés dictó el laudo correspondiente respecto del expediente ordinario********************, así mismo acredita que la parte quejosa Susana Briseida Caldera Muciño fue debidamente notificada del mismo, el pasado veintitrés de junio de dos mil veintitrés, a través de su apoderado legal el Licenciado Jorge Ahuizotl Nuñez Aguilar. Ahora bien, cabe destacar que el acto reclamado en el presente asunto es: "La OMISIÓN de la autoridad responsable de emitir los acuerdos correspondientes en los plazos previstos por la Ley Federal del Trabajo" "La OMISIÓN de la autoridad de prever el impulso procesal correspondiente en los plazos y términos de la Ley Federal del Trabajo"" Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. E*** Actualización de una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia. Cabe señalar que el estudio de las causales de sobreseimiento, al ser de orden público, son de estudio preferente, por lo que es obligación del juez de amparo, que tan pronto tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que haga improcedente el juicio de amparo, entrar a su estudio, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis I.7º.P.13 K, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, mayo de 2010, página 1947, cuyo rubro y texto dicen: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE.***** Sobreseimiento Fuera de Audiencia Constitucional. Así, de párrafos que anteceden, se advierte que la autoridad responsable Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta Ciudad, informó que dentro de los autos del expediente ordinario laboral número******************** se dio la siguiente relación de hechos: Que mediante escrito presentado el día 16 dieciséis de enero de 2018 dos mil dieciocho, la quejosa por propio derecho promovió demanda laboral en contra de Ramón Galván Robledo y/o Iris Yuriana Jiménez Mendoza. Que en data veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, se llevó a cabo, prueba testimonial a cargo de Paulina Pimentel Castillo, Arturo Tonatiuh Alejandre Caballero y Ámerica Vianey Espinoza Barriga. Que en data treinta de mayo de dos mil diecinueve, se llevó a cabo, inspección ocular en los domicilios de los demandados, prueba que fuera desahogada conforme a derecho. Que en fecha veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, se llevó a cabo, prueba confesional a cargo de Susana Briseida Caldera Muciño. Que en fecha quince de junio de dos mil veintitrés, se dictó laudo correspondiente al juicio ordinario********************, del cual se advierte se absolvió a los demandados Ramón Galván Robledo e Iris Yuriana Jiménez Mendoza de todas y cada una de las prestaciones laborales reclamadas por la parte quejosa, dada la inexistencia laboral. Finalmente se advierte que la parte quejosa fue debidamente notificada en fecha veintitrés de junio de dos mil veintitrés respecto del laudo de fecha quince de junio de dos mil veintitrés. Atenta a lo anterior; se advierte que el acto reclamado ha cesado, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido los actos reclamados que originaron el presente juicio de amparo, y con ello la afectación al citado quejoso. Por tanto, en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia de cesación de efectos del acto reclamado, que ocurre cuando la autoridad responsable deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación u omisión; lo que implica, no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, lo que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia establecida en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad del acto ya que no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, al haberse restituido al quejoso en el goce de su derecho humano violado establecido para su protección. De ahí que, resulta dable concluir que han cesado los efectos del acto reclamado, pues la materia del juicio de amparo, era precisamente La OMISIÓN de la autoridad responsable de emitir los acuerdos correspondientes en los plazos previstos por la Ley Federal del Trabajo, habida cuenta que, como ya se dijo, el quince de junio de dos mil veintitrés, la autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial número siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, proveyó sobre el Laudo respectivo del juicio ordinario********************; así, pues la causal de improcedencia citada se justifica ante la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos ni dejó huella en la esfera jurídica de la parte quejosa. Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia 2ª./J.59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. *****. Así como, la jurisprudencia número P.CL/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. *** Y la jurisprudencia número 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo epígrafe es: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario qu*** A mayor abundamiento, la razón que justifica la improcedencia del juicio de amparo por la cesación de efectos del acto reclamado, no es la simple destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos en la esfera jurídica de la parte quejosa, no los surtirá más y no dejó huella que amerite el otorgamiento del amparo para ser borrada. En esa tesitura, el sobreseimiento en el juicio constitucional impide realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por la peticionaria del amparo, para demostrar la inconstitucionalidad de los actos reclamados, que en esta vía combate, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. *** Por lo antes expuesto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la ley en cita, lo procedente es decretar fuera de audiencia el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Encuentra sustento lo anterior, en la jurisprudencia 1a./J. 3/99, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.- *** Por lo expuesto, se deja insubsistente la audiencia constitucional fijada para las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL TRES DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Háganse las capturas correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO.
- Principal
Uruapan, Michoacán, seis de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como legalmente le correspondan el oficio número J-VII-373/2023 de cuenta, signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, ténganse por rendido el informe justificado de la autoridad responsable antes descrita. Ahora bien, tal y como se desprende de las constancias, existe un proyecto de laudo emitido por parte de la autoridad responsable, por tanto, se le solicita a la misma, una vez emitido el laudo final correspondiente, lo remita e informe a la brevedad posible a este órgano jurisdiccional. Con el informe de referencia y anexos, dese vista a las partes, por el término de ocho días, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga, sin perjuicio de hacerlo en la audiencia constitucional. Diferimiento anticipado de audiencia A fin de dar margen a lo anterior, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional señalada para las diez horas del siete de Junio de dos mil veintitrés. y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL TRES DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS para que tenga verificativo la misma. NOTIFÍQUESE.
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