Susana Bravo Porras
Expediente 1300/2021 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1300/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/12/2021
Partes del expediente
- Susana Bravo Porras
Actuaciones
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, diez de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, especialmente con el contenido de la certificación con que se da cuenta, se advierte que ninguna de las partes interpuso el recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo, en contra del auto de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, dentro del juicio de amparo 1300/2021-VIII; en tal razón, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que dicho acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales. En consecuencia, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo, debiendo hacer las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. En otro orden, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los Esta foja corresponde a la culminación del acuerdo dictado el diez de diciembre de dos mil veintiuno, dentro del juicio de amparo 1300/2021-VIII. Conste. Secretaria expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Finalmente, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada María Dolores Camacho Díaz, Secretaria que actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, téngase por recibido el telegrama enviado por el Director de lo Contencioso de la Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con sede en la Ciudad de México, por medio del cual remite la información que se le requirió mediante proveído de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno; en tal razón, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda, sin que resulte necesario ponerlo a la vista de las partes en virtud de las consideraciones que enseguida se expondrán. Ahora bien, de dicho informe remitido por la autoridad de cuenta, se aprecia que mediante oficio CNDH/CGSRAJ/C2/1410/2021, personal de la Quinta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, estableció comunicación con la parte quejosa Ma. Elvia Aguilar Manríquez, quien les informó que Juan de Dios Ramírez García, fue deportado el diez de noviembre de dos mil veinte, por los que sus pretensiones habían quedado satisfechas y que no deseaba continuar con el trámite de su queja; motivo por el cual, se emitió el oficio QVG/OFRT/1746/2020, de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, dirigido a la citada agraviada, por el cual se le comunicó que se dio por concluido el expediente de queja CNDH/5/2020/8887/OD. En ese sentido, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, el sobreseimiento del juicio de amparo se debe decretar cuando sobrevenga una causa de improcedencia, lo cual se puede dar en cualquier momento del juicio; pues bien, en el presente caso, este Juzgado de Distrito estima que referente al acto reclamado por la parte quejosa Ma. Elvia Aguilar Manríquez, sobreviene la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de ley de la materia, que a la letra dice: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo." Dicha causal de improcedencia cobra vida jurídica, cuando el acto reclamado dentro de un juicio constitucional como el que nos ocupa, ya no pueda surtir efecto legal o materia alguna, por la simple razón de haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo, que a diferencia de la causa de improcedencia prevista por el artículo 62, fracción XXI, de la ley reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (cesación de los efectos del actos reclamados), no requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la causal que se analizará, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad. En el caso, lo que se reclama a través del juicio constitucional que nos ocupa, es: La omisión de asesorar y representar jurídicamente tanto a la suscrita como a mi esposo, para lograr la expulsión o deportación inmediata, urgente o agilizada a México; respecto de, entre otros, mi llamada telefónica del 27 de octubre de 2020 al Consulado. La omisión de ordenar al Consulado, que gestione las acciones necesarias para lograr la expulsión o deportación inmediata, urgente o agilizada a México de mi esposo; al Presidente de la República y al Secretario de Relaciones Exteriores. La omisión de contestar nuestras peticiones; entre ellas, la recibida por el Consulado el 9 de septiembre de 2020, así como la recibida por el Presidente de la República y el Secretario de Relaciones Exteriores el 2 de septiembre de 2020. La omisión de dar seguimiento a la queja presentada el 29 de octubre de 2020, en relación con la deportación inmediata; a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Empero, como ya se vio, mediante oficio CNDH/CGSRAJ/C2/1410/2021, personal de la Quinta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, estableció comunicación con la parte quejosa Ma. Elvia Aguilar Manríquez, quien les informó que Juan de Dios Ramírez García, fue deportado el diez de noviembre de dos mil veinte, por los que sus pretensiones habían quedado satisfechas y que no deseaba continuar con el trámite de su queja; motivo por el cual, se emitió el oficio QVG/OFRT/1746/2020, de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, dirigido a la citada agraviada, por el cual se le comunicó que se dio por concluido el expediente de queja CNDH/5/2020/8887/OD. Además, dicha información se complementa con la manifestación realizada por la quejosa Ma. Elvia Aguilar Manríquez, por medio de su escrito recibido en auto de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, en el que expresó que su esposo fue repatriado durante la tramitación del juicio de amparo que ahora nos ocupa, por lo que invocó una causal de sobreseimiento. Por ende, aún y cuando subsiste el acto reclamado, lo cierto es que el mismo ya no surte efectos legales o materiales alguno en la persona del directamente agraviado Juan de Dios Ramírez García, por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, resultando inconcuso analizar si los mismos son inconstitucionales, porque jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria si, en el caso, se tiene constancia de que el directamente quejoso, ya fue deportado; y el expediente de queja CNDH/5/2020/8887/OD, fue concluido, debido a la manifestación de la promovente de ya no desear continuar con el trámite de la queja interpuesta; de ahí que aún y cuando subsiste la determinación reclamada, sus efectos ya no irrogan perjuicio al quejoso. Luego entonces, se sostiene que concurre en el presente caso, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo; y siendo esto así, con apoyo en el numeral 63, fracción IV, del mismo ordenamiento legal, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio de garantías, respecto del acto reclamado a la autoridad señalada como responsable. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia número 181/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 189, Tomo: XXIV, Diciembre de 2006, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." No constituye obstáculo para arribar a la conclusión que antecede, el hecho de que se haya decretado el sobreseimiento de este juicio de garantías sin que preceda audiencia constitucional, pues la causal de improcedencia de que se habla es notoria, y a nada práctico conduciría esperar hasta el desahogo de la audiencia para tal determinación, si el resultado del fallo sería en el mismo sentido, lo cual es acorde con la garantía establecida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que la administración de justicia tiene que ser pronta y expedita. Tiene aplicación al respecto, la tesis de jurisprudencia, 2a./J. 10/2003, emitida por la Segundad Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, del mes de marzo de 2003, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Novena Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Finalmente, en virtud de lo antes expuesto, se ordena dejar sin efectos la audiencia constitucional que se encuentra programada para las once horas con dieciocho minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente.
- Principal
De conformidad con el artículo 27, fracción I, incisos b) y c) de la Ley de Amparo, notifico a la parte quejosa, el auto de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, por medio de lista, al no haber acudido a este Juzgado de Distrito a recibir la notificación respectiva de manera personal.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, quince de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación con la inexistencia de las autoridades responsables que denominó como Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Xalisco, Nayarit y al Actuario Judicial adscrito al mismo, sin que haya realizado expresión alguna al respecto; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con que fue conminado en el citado auto y se tienen por inexistentes a las referidas autoridades responsables. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Armando González Urbina, Secretario que actúa y da fe.
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