Susana Berenice Fierros López

Expediente 2439/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2439/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
13/12/2022

Partes del expediente

  • Susana Berenice Fierros López

Actuaciones

  1. Principal

    Autoridad solicita autos originales del juicio de origen. Téngase por recibido el comunicado que signa el Juez Décimo Tercero de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, mediante el cual, informa la imposibilidad material que tiene para dar cumplimiento al fallo protector, en razón de que no cuenta con las actuaciones del juicio de origen por los motivos que expone, por lo tanto, como lo solicita devuélvanse los nueve legajos certificados de las actuaciones del procedimiento administrativo ********************; en consecuencia, se le tiene en vías de cumplimiento. Plazo para cumplir En el entendido de que el plazo de cinco días otorgado en el auto de treinta de noviembre de dos mil veintidós, contará a partir del día siguiente al en que se reciba el comunicado que derive del presente proveído. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que para ello tenga, conforme disciplina el arábigo 192 del ordenamiento en cita, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, según valor publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintidós, vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós; ello con fundamento en los artículos 26 apartado B último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4 y 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, y 23 fracción XX Bis del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ya que corresponde a dicho Instituto calcular el valor de la Unidad de Medida y Actualización y publicar el mismo en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, previos los trámites correspondientes, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la Ley de Amparo. Lo anterior, merced de que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público y obligación de este órgano judicial que las sentencias se acaten sin demora y cabalmente, atento a lo dispuesto en el canon 17 de la Carta Magna que establece entre otras cosas que la justicia deberá ser pronta. En el entendido que se considera incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo.

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA DE CITATORIO: Se notifica por medio de lista de acuerdo que se publica en la página electrónica del Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación, y se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, a la PARTE QUEJOSA, el auto de DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS, por el cual se acordó lo siguiente: Vista la certificación de cuenta se advierte que mediante oficio SEADS/684/2022 suscrito electrónicamente por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se hizo del conocimiento que, en sesión ordinaria de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó la adscripción de la Jueza Alva Miranda Ramírez, a este Juzgado de Distrito, con efectos a partir del dieciséis de noviembre siguiente. Lo anterior, hágase de conocimiento a las partes con el objeto de que se encuentren en aptitud legal de formular, en su caso, justa causa de recusación de conformidad con los artículos 51 de la Ley de Amparo y 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, a veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. Cambio de titular. Vista la certificación de cuenta se advierte que mediante oficio SEADS/684/2022 suscrito electrónicamente por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se hizo del conocimiento que, en sesión ordinaria de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó la adscripción de la Jueza Alva Miranda Ramírez, a este Juzgado de Distrito, con efectos a partir del dieciséis de noviembre siguiente. Lo anterior, hágase de conocimiento a las partes con el objeto de que se encuentren en aptitud legal de formular, en su caso, justa causa de recusación de conformidad con los artículos 51 de la Ley de Amparo y 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Se realiza pronunciamiento en relación con el cumplimiento. Se procede a calificar la conducta asumida por la responsable para lograr su debido acatamiento, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, con fundamento en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo. Efectos de la sentencia ejecutoria. De autos se advierte que en sentencia dictada el veinticinco de mayo de dos mil veintidós, este juzgado de Distrito concedió el amparo a la aquí parte quejosa, en los siguientes términos: SEXTO. Efectos de la sentencia de amparo. A fin de restituir al quejoso en el pleno goce de sus derechos constitucionales violados, el amparo y la protección de la justicia federal, respecto a la norma reclamada, la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, autoridad vinculada al cumplimiento, deberá: Abstenerse de aplicar a la parte quejosa la obligación de calcular el impuesto predial conforme a las disposiciones reclamadas -artículo 22, fracción I, penúltimo párrafo- sin que lo anterior implique que se le exima de enterar el impuesto a su cargo por concepto de predial. Devolver la cantidad enterada en exceso y que se pagó por concepto del impuesto predial respecto a los predios no edificados materia de la concesión, esto es, lo relativo a los recibos oficiales ******************** y ********************. En su lugar, para cuantificar el monto respectivo, le sea aplicado el cálculo según corresponda al predio de la quejosa, y prescindir de aplicar la sobre tasa del cien por ciento y deberá efectuarse la devolución del numerario que proceda, a la contribuyente respectiva, por conducto de la autoridad hacendaria que corresponda; para así respetar el derecho constitucional violado en los términos aquí apuntados. Devolver dicha suma debidamente actualizada, como si se tratara de un pago de lo indebido. Lo anterior tiene fundamento en la jurisprudencia en materias común y administrativa 2a./J. 9/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, libro V, febrero de 2012, tomo 2, página 1123, registro 2000230, que establece: "IMPUESTO PREDIAL. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS QUE DECLAREN VIOLATORIO DEL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA TASA SUPERIOR PARA LOS PREDIOS URBANOS NO EDIFICADOS (LEGISLACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO). El artículo 21 de las Leyes de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para los ejercicios fiscales de 2010 y 2011, establece, entre otros supuestos, que el impuesto predial se causará y pagará acorde con lo que resulte de aplicar la tasa del 0.23 sobre el valor real de los predios urbanos edificados, y del 0.81 sobre el valor real de los no edificados. Ahora, aun cuando a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación no le ha correspondido examinar la constitucionalidad de tales ordenamientos, la sola existencia de ejecutorias de Tribunales Colegiados de Circuito que han declarado violatorio del principio de equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el establecimiento de una tasa superior para los predios no edificados respecto a los que sí lo estén, señalando distintas formas de cumplir con dichas sentencias, obliga a fijar sus alcances, a fin de proporcionar seguridad jurídica. Para este propósito se determina que, por regla general, la concesión del amparo contra una ley fiscal tiene por efecto que no se aplique al quejoso el precepto declarado inconstitucional y que se le restituyan las cantidades enteradas con apoyo en él, tomándose en cuenta que el Tribunal en Pleno en la jurisprudencia P./J. 18/2003, de rubro: "EXENCIÓN PARCIAL DE UN TRIBUTO. LOS EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO CONTRA UNA NORMA TRIBUTARIA INEQUITATIVA POR NO INCLUIR EL SUPUESTO EN QUE SE HALLA EL QUEJOSO DENTRO DE AQUÉLLA, SÓLO LO LIBERA PARCIALMENTE DEL PAGO.", sostuvo que cuando la protección se otorga exclusivamente por el trato fiscal injustificadamente diferenciado, la sentencia no tiene por efecto liberar al quejoso del pago de la totalidad del tributo, sino únicamente de hacer extensivo el beneficio otorgado por la ley a determinados contribuyentes que se encontraban en su misma situación, porque la concesión del amparo no recayó sobre los elementos esenciales del impuesto y, por tanto, no existe obstáculo alguno que impida su posterior aplicación, a condición de que se le brinde el mismo trato que a aquellos sujetos a los que la ley situó en una posición más favorable que a otros. De manera que, en los casos en que se haya estimado que la tasa del 0.81 sobre el valor real de los predios urbanos no edificados es contraria al principio de equidad tributaria, la restitución al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada consistirá, por un lado, en hacerle extensiva en un futuro la tasa del 0.23 sobre el valor real de los predios urbanos edificados y, por otro, en devolverle, en su caso, las cantidades que hubiere pagado correspondientes al diferencial entre ambas cantidades, el cual es del orden de 0.58 puntos, ya que la concesión del amparo no impide a la autoridad fiscal cobrar el impuesto predial, siempre y cuando lo haga conforme a la tasa aplicable a quienes, según la ejecutoria a cumplimentar, se encontraban en la misma situación que el quejoso frente a la ley tributaria." Es así, pues esta sentencia no tiene por efecto liberar a la disconforme del pago de la totalidad del tributo, sino únicamente de hacer extensivo el beneficio otorgado por la norma a determinados contribuyentes que se encontraban en su misma situación, porque la concesión del amparo no recayó sobre los elementos esenciales del impuesto y, por tanto, no existe obstáculo alguno que impida su posterior aplicación, a condición de que se le brinde el mismo trato que a aquellos sujetos a los que la ley situó en una posición más favorable que a otros. En el entendido de que dicha devolución deberá comprender -en su caso- la actualización de la diferencia erogada, de acuerdo con los numerales aplicables del Código Fiscal del Estado de Jalisco. Cabe precisar que la devolución de las cantidades enteradas por la parte quejosa no comprende el pago de intereses que se hayan generado, porque la sentencia de amparo que declara la inconstitucionalidad de las normas que prevén un tributo, tiene como efecto desincorporar de la esfera jurídica del contribuyente la obligación tributaria respectiva, lo cual se colma con la devolución de la cantidad pagada por concepto del tributo declarado inconstitucional y su actualización, pero no comprende el pago de intereses, pues éstos participan de una naturaleza indemnizatoria, que no constituye un efecto del fallo protector. Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 137/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 163321, de rubro: "LEYES TRIBUTARIAS. LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS, DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS, COMO EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, NO COMPRENDE EL PAGO DE INTERESES INDEMNIZATORIOS (CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL ABROGADO)". Actos realizados por la autoridad responsable respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Mediante proveído de seis de octubre de dos mil veintidós, se recibió el oficio TES/LGS/********************46/2022, del Tesorero Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, Jalisco, por el que remitió el acuerdo de tres de octubre del año en curso, en el cual se ordenó abstenerse de aplicar a la parte quejosa la obligación de calcular el impuesto predial conforme a las disposiciones reclamadas -artículo 22, fracción I, penúltimo párrafo- y como consecuencia, expedir cheque a favor del quejoso ********************, valioso por la cantidad de $******************** (********************pesos********************/100 moneda nacional) de acuerdo a la liquidación que refiere. Por auto de veintiuno de octubre del año en curso, el Tesorero Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, Jalisco, remitió el original del trámite administrativo consistente en "TRÁMITE MANUAL DE PAGO", generado en el Sistema de Amortización Contable, emitido el siete de octubre de dos mil veintidós, con folio ********************, con lo que acredita la orden de devolución a favor del quejoso ********************, la cantidad $******************** (********************pesos********************/100 moneda nacional), misma que se encuentra en las oficinas que ocupan las instalaciones de la Tesorería Municipal en horario laborable de la responsable. Luego, en acuerdo de catorce de noviembre pasado, el Tesorero Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, Jalisco, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitió copia certificada de la póliza de cheque de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, que ampara la expedición del título de crédito ********************, de la institución bancaria denominada ******************** valioso por la cantidad de $******************** (********************pesos********************/100 moneda nacional), a favor del quejoso ********************, cantidad actualizada, el cual puede recoger en las oficinas que ocupan las instalaciones de la Tesorería Municipal en horario laborable y de atención al público de la responsable. Con lo anterior, se ordenó dar vista a la parte quejosa, con fundamento en lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que hubiere realizado manifestación alguna, como se aprecia en la certificación de cuenta. Constancias, que de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, quien ahora resuelve, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tiene valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedidos por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Pronunciamiento sobre el cumplimiento al fallo protector. Precisado lo anterior, se advierte que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, toda vez que la autoridad responsable obligada al cumplimiento del fallo protector, atendió los efectos para los cuales se concedió el amparo; pues se demostró que emitió una determinación en la cual se ordenó abstenerse de aplicar a la parte quejosa la obligación de calcular el impuesto predial conforme a las disposiciones reclamadas -artículo 22, fracción I, penúltimo párrafo- y como consecuencia, expedir cheque a favor del quejoso ********************, valioso por la cantidad de $******************** (********************pesos********************/100 moneda nacional) cantidad actualizada, de acuerdo a la liquidación que de la cantidad enterada en exceso y que se pagó por concepto del impuesto predial respecto a los predios no edificados materia de la concesión, esto es, lo relativo a los recibos oficiales ******************** y ********************. En tales condiciones, se concluye que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Anotaciones y orden de archivo. En ese contexto, háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno y electrónico, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), archívese el presente expediente como asunto concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Valoración del expediente. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, el expediente será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que únicamente deberá conservarse la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia respectiva, el proveído en el que se ordena el archivo como asunto concluido y las demás constancias que se consideren necesarias. Relevancia documental. Del análisis del presente expediente se advierte que este asunto no entra en ningún supuesto previsto por el artículo Décimo Quinto del referido Acuerdo, atento a lo precisado en el manual para la organización de los archivos judiciales y resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por ende, no se considera de relevancia documental. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Alva Miranda Ramírez, Jueza Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, ante Diana Ulloa Hernández, secretaria que autoriza y da fe. AMR/DUH/hmre

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