Susana Bello Gutiérrez

Expediente 985/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
985/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
08/12/2020

Partes del expediente

  • Susana Bello Gutiérrez

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, ocho de diciembre de dos mil veinte. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, agréguese a los presentes autos el oficio del Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, por medio del cual acusa recibo del oficio 33457/2020, signado por la Secretaria adscrita a este juzgado de Distrito, a través del cual en cumplimiento a lo ordenado en proveído de diecinueve de octubre de dos mil veinte, remitió el expediente original del juicio de amparo 985/2020 y tres copias del escrito de demanda; e, informa el contenido del auto de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, dictado en el juicio de amparo 698/2020-I, de su índice, mediante el cual aceptó la competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por Susana Bello Gutiérrez, contra actos de la Segunda Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; y por ende, se avocó al conocimiento del presente asunto, cuya competencia este Juzgado de Distrito planteó mediante auto de diecinueve de octubre de dos mil veinte en el expediente 985/2020, del índice de este Juzgado. En tales condiciones, previas las anotaciones que se hagan en el libro respectivo de este juzgado, archívese el presente expedientillo de antecedentes, como asunto total y definitivamente concluido. .....

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de noviembre de dos mil veinte. De las certificaciones de cuenta se advierte que de conformidad con los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 13/2020 relacionado con el 12/2020, 15/2020 y 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determinó -entre otras cosas- la suspensión de actividades jurisdiccionales del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte; que en el artículos 1, fracción III, del Acuerdo General 13/2020 referido, se estableció que se podía actuar en los asuntos que se hubiesen tramitado mediante el "juicio en línea", salvo aquellos que tuvieran pendientes notificaciones personales y cualquier diligencia o audiencia que involucrara la presencia física de las partes; y, que el presente asunto no reunió los supuestos ahí previstos. Asimismo, que el término de seis meses concedido a las partes mediante proveído de ocho de enero de dos mil veinte, ha transcurrido. En tales condiciones, dese vista a las partes por el término de tres días, computados legalmente a efecto de que manifieste lo que a sus intereses convenga, en relación al trámite que contempla el artículo 156 de la ley de Amparo, bajo el apercibimiento que de no hacerlo en el término concedido para ello, se procederá de conformidad con lo previsto en el numeral 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación. Notifíquese personalmente a las partes. Así lo acordó y firma Adriana Matzayani Sánchez Romo, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Ingrid Jordana Arteaga Hughes, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de octubre de dos mil veinte. De la certificación de cuenta se advierte que en atención al Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, de veintiocho de julio de dos mil veinte, se levantó la suspensión de los plazos y términos procesales y se ordenó la continuación de las actividades presenciales. Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, téngase por recibido el oficio con anexo de cuenta suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito por medio del cual remite la resolución dictada el trece de marzo de dos mil veinte dentro del recurso de queja ****de la que se advierte que el citado tribunal resolvió: "PRIMERO. Se declara fundado el presente recurso de queja.- SEGUNDO. Se revoca el acuerdo recurrido dictado el diez de diciembre de dos mil diecinueve por la Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla en el juicio de amparo indirecto 1768/2019.- TERCERO. Se ordena admitir la ampliación de demanda formulada por ***mediante escrito que presentó el nueve de diciembre de dos mil diecinueve". En consecuencia, se acusa el recibo de estilo acostumbrado a la citada autoridad vía electrónica, ...... Se reanuda el procedimiento en el presente juicio de amparo, y se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y NUEVE MINUTOS DEL CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para llevar a cabo la audiencia constitucional. Ahora bien, en estricto acatamiento a lo resuelto por el Tribunal Colegiado de mérito, y del estado de autos se advierte que mediante acuerdo de diez de diciembre de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido el escrito del quejoso ***, a través del cual ampliaba su demanda de amparo. Atento a lo anterior, se provee respecto de dicha ampliación y con apoyo en el artículo 111 de la ley de la materia, se tiene al quejoso ampliando la demanda de amparo y señalando como nuevos actos reclamados los que hace valer en el escrito que se provee. En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 y 117 de la Ley de Amparo, con copia simple del escrito recibido en la oficialía de partes de este juzgado el nueve de diciembre de dos mil diecinueve, se requiere a las autoridades responsables al Juez y Diligenciario ambos adscritos al Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de San Juan de los Llanos, Puebla para que dentro del término de quince días contados a partir de aquél en que reciban el oficio notificatorio de este proveído, rindan el informe justificado que les corresponde, en el que expondrán las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucional o legalidad del acto reclamado, al que acompañarán, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo; haciéndoles de su conocimiento que se encuentran señaladas las nueve horas con treinta y nueve minutos del cuatro de noviembre de dos mil veinte nueve para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Apercíbase a las referidas autoridades responsables que la omisión a rendir su informe justificado presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo de la parte quejosa acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos a que se refiere el artículo 1º de la Ley de Amparo. En el entendido que de conformidad en el artículo 2°, fracción X, del referido Acuerdo General 21/2020, se tomará en consideración la fecha de la reanudación de las funciones de las autoridades responsables para que estén en aptitud de cumplir con los requerimientos y solicitudes que realice este órgano de control constitucional. Hágase del conocimiento a las autoridades responsables que, con fundamento en el acuerdo general 21/2020 precitado podrán presentar físicamente los informes justificados y oficios respectivos a través de la Oficialía de Partes Común del bloque al que pertenece este órgano jurisdiccional, en los términos indicados en el artículo 12 del acuerdo de mérito. Asimismo, en caso de tener signado un convenio de interconexión o intercomunicación con el Consejo de la Judicatura Federal, podrá remitir los informes y oficios aludidos a través de dicho sistema, en términos de los artículos 21 y 53 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Con igual fundamento, hágaseles saber a las autoridades que podrán rendir sus informes vía el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a través de la FIREL o e.firma (FIEL). En el entendido, de que de remitirlo por el sistema de interconexión o a través del portal aludido, ya no será necesario enviarlo vía ordinaria, en caso de no tener pruebas que ofrecer para acreditar el acto reclamado o alguna causa de sobreseimiento. En términos de lo dispuesto por el artículo 26, fracción I, inciso k) de la ley de la materia, córrase traslado con copia simple del escrito de ampliación de la demanda recibido en la oficialía de partes de este juzgado el nueve de diciembre de dos mil diecinueve, a la Fiscal Ejecutivo Asistente adscrita a este juzgado en materia de amparos, a efecto de darle la intervención que por derecho le corresponde en el presente asunto. Notifíquese personalmente. ....

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de octubre de dos mil veinte. Expediente y registro Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado, con el número 985/2020. Radicación Vista la demanda de amparo promovida por ****, en contra de los actos de la Segunda Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por violación de los artículos 14, 16, 17 y 123 Constitucionales, se provee: Exhortación a las partes para transitar al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Además, con apoyo en los artículos 22, fracción I y 28 a 31 del acuerdo en cita, se exhorta a las partes para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. En ese tenor, se exhorta para que soliciten la consulta y práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 29 a 31 del acuerdo general 21/2020, de referencia, para lo cual deberán contar y proporcionar un usuario vigente registrado en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación (firma electrónica que produce los mismos efectos jurídicos que la autógrafa); en el entendido de que la actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. En el entendido de que la solicitud de consulta electrónica no implica la notificación por esa vía, sino que debe solicitarse expresamente para transitar hacia la actuación plena desde el Portal de Servicios en Línea. Domicilio para recibir notificaciones y autorizados Con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo se tiene como domicilio para recibir notificaciones el que se indica en la demanda de amparo. Se tienen como autorizados en términos de lo dispuesto por el artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo a Bertha Orozco Gutiérrez, Levi Méndez Rojas y Jaqueline Amador Bonilla por tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales. Número de teléfono móvil y correo electrónico. En términos de lo establecido en el artículo 22, fracción II, del acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a la parte quejosa para que proporcione número de teléfono móvil y cuenta de correo electrónico, para establecer contacto en el momento que se estime necesario. Análisis de la demanda respecto a la competencia de este juzgado para conocer de la misma En principio, es importante señalar que la cuestión relativa a la competencia de los órganos jurisdiccionales es un presupuesto procesal de orden público, por tanto, tal circunstancia debe ser analizada de manera previa a cualquier otra cuestión planteada, por lo que a fin de no infringir las normas de carácter procedimental que rigen en el juicio de amparo, se procede al análisis correspondiente. En ese sentido, cabe mencionar que la competencia, entendida como la facultad del órgano jurisdiccional para conocer y resolver determinado asunto, en términos generales, puede ser en razón de materia, territorio, grado, e inclusive, cuantía. El tema atinente a la figura jurídica procesal de la competencia por razón de territorio, no concierne a las partes en el juicio constitucional, por constituir aspecto litigioso, sino es de índole intraprocesal, que, por ende, atañe exclusivamente a los órganos de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad, por vía de acción; por lo cual, el legislador no legitima procesalmente a las partes para que la puedan controvertir. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia número I.2o.P. J/40, emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 36, tomo 56, Agosto de mil novecientos noventa y dos, Octava Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA." Así, los artículos 107, fracciones I, y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, 37 de la Ley de Amparo, que a la letra dicen: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.] IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución;" Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. "Artículo 49. Cuando se establezcan en un mismo lugar varios juzgados de distrito que no tengan competencia especial o que deban conocer de la misma materia, tendrán una o varias oficinas de correspondencia común, las cuales recibirán las promociones, las registrarán por orden numérico riguroso y las turnarán inmediatamente al órgano que corresponda de acuerdo con las disposiciones que dicte el Consejo de la Judicatura Federal." Ley de Amparo. "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De lo anterior, se advierte -en lo que interesa- el establecimiento de tres reglas para fijar la competencia por territorio de los Jueces de Distrito, a saber: 1) será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito judicial y siga su ejecución en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. Lo que distingue a las dos primeras reglas competenciales, que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, no es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, esté en vías de ejecución o deba ejecutarse, sino el que ello ocurra en la jurisdicción de uno o de varios Jueces de Distrito, pues la primera regla se refiere a todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se efectúe en una jurisdicción. En cambio, la segunda se refiere a la ejecución en dos distritos diferentes al precisar que el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue en vías de ejecución en otro. Por su parte, la tercera regla prevé el caso en el que el acto o resolución reclamada no requiera ejecución material, lo que da competencia al Juez de Distrito donde se presente la demanda. En el caso concreto, de la lectura integra de la demanda de amparo, se advierte que la promovente Susana Bello Gutiérrez promovió juicio de amparo indirecto contra de la autoridad y acto siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES.- COMO ORDENADORA señalo: A la SEGUNDA SALA REGIONAL DE ORIENTE DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, con domicilio en Avenida Osa Mayor numero ochenta y cuatro Reserva Territorial Atlixcayotl ciudad Judicial Siglo XXI Municipio de San Andrés Cholula, Puebla. .. ACTO RECLAMADO.- De la Autoridad señalada como Responsable Ordenadora, se reclama: 1.- La resolución de veinticuatro de agosto del año dos mil veinte, dictada dentro del expediente 18938/14-12-02-9, de los radicados ante la SEGUNDA SALA REGIONAL DE ORIENTE DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA señalada como responsable, mediante la cual considera que el recurso de Queja que hago valer en contra de la resolución contenida en el oficio número SP/DPSH-205/2019, de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, dictada por el Instituto demandado según dice en cumplimiento a la sentencia definitiva dictada el treinta y uno de agosto del año dos mil quince, dentro del juicio de nulidad de resolución administrativa contenida en el oficio número SP/21-01811/14 de dos de abril del año dos mil catorce, es improcedente, la que en lo conducente dice: "I.- Ha resultado improcedente la queja interpuesta por la parte actora, de conformidad con lo expresado en el segundo considerando de esta resolución; III.- Se previene a la quejosa para que presente su demanda dentro de los treinta días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación de esta sentencia, reuniendo los requisitos legales, en la vía correspondiente, ante esta misma Sala Regional, la cual será turnada al mismo Magistrado Instructor.... III.-" Aunado a lo anterior, de la lectura del capítulo de antecedentes del escrito de demanda, se advierte que la resolución contenida en el oficio SP/DPSH-205/2019 de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, contra la cual la promovente interpuso recurso de queja, fue dictada por el Subdelegado de Prestaciones de la Delegación en el Estado de Tlaxcala; y, esencialmente se duele de la diferencias en los conceptos de previsión social múltiple y de bono de despensa derivado de los oficios circulares número 307-A-4064, 307-a-3796 y 307-a-2468 emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, este juzgado de Distrito estima carecer de competencia legal, en razón de territorio, para conocer de la demanda que se estudia. De manera tal, que el acto reclamado por la promovente implica la afectación al concepto de previsión social múltiple y de bono de despensa a los que tiene derecho por ser afiliada y jubilada del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Tlaxcala; lo que a su vez está ligado con el lugar donde cobra y disfruta dichos beneficios, por lo que, si la autoridad que emite tal acto radica en el Estado de Tlaxcala -en donde tiene jurisdicción- será donde resienta la ejecución de las consecuencia materiales del acto reclamado. Bajo ese tenor, la resolución que declara improcedente el pago de diferencias que solicitó Susana Bello Gutiérrez por los conceptos de previsión social múltiple y bono de despensa, por su forma de expresión, constituye un acto negativo, a través del cual, la autoridad rechaza la pretensión ejercida en la queja, pero cuyos efectos son positivos; por ende, ejecutables, pues de manera directa deja firme en la instancia jurisdiccional ordinaria. Consecuentemente, la resolución de veinticuatro de agosto de dos mil veinte, dictada en el expediente 18938/14-12-02-9, del índice de la Segunda Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al dejar firme la diversa resolución de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve dictada por el Subdelegado de Prestaciones de la Delegación en el Estado de Tlaxcala, se traduce en la ejecución de ésta última, por lo que la fijación de los conceptos de previsión social múltiple y bono de despensa se precisó de forma diversa, pues su cargo no se comprendió en la categoría de personal operativo que realiza labores de apoyo técnicas o administrativas, como lo establece el artículo 31, fracción I, inciso a), del Reglamento de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el inciso a), fracción I, del numeral 10, del Manual de Percepciones de los Servidores Públicos, que se materializa en el ámbito privado de la promoverte. Asimismo, si la quejosa Susana Bello Gutiérrez tiene su domicilio particular en calle La Huerta número veintiuno de Santa María Acuitlapilco, Tlaxcala -tal y como lo manifestó en la demanda de amparo- y esencialmente se duele de la indebida cuantificación de la pensión por no aplicarse los incrementos y bonos correspondientes, la ejecución de tal resolución tendrá ejecución en el lugar donde radica y que corresponde al domicilio del Instituto ante el que se encuentra afiliada. Lo anterior, porque como el acto reclamado por la promovente implica diferencias faltantes en los conceptos de previsión social múltiple y de bono de despensa correspondientes a sus derechos de jubilada, es inconcuso que el lugar en donde radica y se realizara el pago de las prestaciones será el lugar en el que se resienta la ejecución de las consecuencias materiales del acto reclamado. En ese sentido, cuando en el juicio constitucional se reclama aquella resolución, se actualiza la regla de competencia establecida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, conforme a la cual, la competencia por territorio para conocer del juicio corresponde al juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el lugar en donde el acto reclamado deba tener ejecución, con ello respeta el derecho de acceso a la jurisdicción. Bajo ese contexto legal, si la parte tercero interesado Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Tlaxcala, en donde laboró la promovente, ejecutará el acto reclamado dentro del territorio de Tlaxcala, por lo que, este juzgado de Distrito estima carecer de competencia legal, en razón de territorio, para conocer de la demanda que se estudia. ..... En tal sentido, se estima que este órgano de control constitucional carece de competencia en razón de territorio, para conocer de la demanda, pues el acto de que se duele la promovente tiene ejecución en el referido Estado, que se encuentra fuera de la jurisdicción de este tribunal; y, conforme al punto cuarto del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, corresponde conocer del asunto al Juzgado de Distrito en turno del Estado de Tlaxcala. En ese orden de ideas y atento a lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, en cuanto a garantizar la eficacia y rapidez en la tramitación y fallo de los juicios, en concordancia con los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, y al aludido acuerdo 3/2013, previa formación del cuaderno de antecedentes, remítase la demanda promovida por la quejosa ***z, con sus respectivas copias a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Estado de Tlaxcala, para que por su conducto se sirva remitirla al Juez de Distrito en el Estado de Tlaxcala, a quien se estima competente para conocer del acto reclamado, para que si así lo considera procedente, se avoque al conocimiento del asunto, solicitando el acuse de recibo. Expedientillo de antecedentes En consecuencia, se ordena formar con copia certificada de la papeleta de turno y de la demanda de amparo, el cuaderno de antecedentes respectivo para constancia legal. ...

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