Susana Barrios Mendoza

Expediente 647/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
647/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
15/06/2023

Partes del expediente

  • Susana Barrios Mendoza

Actuaciones

  1. Principal

    Dada la cuenta que antecede, agréguese a los autos la razón asentada por el actuario de este juzgado federal, por medio de la cual, informa que acudió al domicilio procesal señalado por la quejosa, ********************; sin embargo, la persona que le atendió se negó a recibirla, pues le manifestó que los abogados que ocupaban en ese lugar, se fueron desde hace tres años sin saber el lugar en el que pueden ser localizados. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) y 29 de la Ley de Amparo, pasen los presentes autos al fedatario judicial que corresponda, para que realice la notificación de la determinación indicada por medio de lista, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal; hasta en tanto la citada quejosa señale nuevo domicilio para tal efecto. Notifíquese por lista y por ese mismo medio a la quejosa, el proveído de seis de junio de dos mil veintitrés. (JUN.06/2023). Requiérase a la promovente -dentro del plazo de cinco días- para que complete la demanda como se indica. Apercibida que de no dar cumplimiento a la prevención, su demanda se tendrá por NO PRESENTADA de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, párrafo segundo de la ley de la materia.

  2. Principal

    Dada la cuenta que antecede, visto el estado procesal de autos y la certificación respectiva, se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días que se concedió a la parte quejosa y a las terceras interesadas para que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento dado por las autoridades responsables a la ejecutoria pronunciada en el presente asunto; respecto de lo cual, no hicieron valer dicha prerrogativa. Ahora, se procede a decidir sobre el acatamiento de la sentencia protectora, pues ello es de orden público y el tribunal de amparo tiene la facultad de resolver con base en los elementos que obran en el expediente, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 196 de la legislación de la materia. Lo anterior es así, toda vez que de las constancias remitidas, a las que se le concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su dispositivo 2°, se aprecia que el Juez Quincuagésimo Segundo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, dejó insubsistentes todas las actuaciones del juicio especial hipotecario, expediente ********************, de su índice, a partir de la diligencia de emplazamiento, hasta su más reciente actuación y ordenó realizar el llamamiento del enjuiciado, ******************** -aquí quejoso-. Por su parte, la actuaria adscrita al Juzgado Quincuagésimo Segundo de lo Civil de esta entidad federativa, así como el titular y la notificadora, ambos del Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, manifestaron adherirse al cumplimiento dado al fallo protector Por lo tanto, este órgano de control constitucional considera que las autoridades responsables, con los oficios citados, acreditaron haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, con lo cual se restituyó a la parte quejosa en el goce de su derecho violado. En consecuencia, se concluye que el fallo protector ha quedado cumplido, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que las autoridades responsables incurrieran en exceso o defecto. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de amparo, archívese el presente como asunto concluido. Por otra parte, es de señalarse que el cuaderno principal en que se actúa, es susceptible de depuración, toda vez que se ubica dentro de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, cuenta habida que en el presente asunto, se concedió la protección constitucional; aunado a que no constituye un asunto de relevancia documental ni es un expediente conservable; lo anterior en términos de los numerales 15 y 17 del referido Acuerdo General, por lo que en su momento, sólo quedará para su conservación, la demanda; las resoluciones recurridas; la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el presente proveído y se destruirá el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental para su conservación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno, como lo dispone el artículo 35 del Acuerdo General referido. En atención a que en el caso en particular, se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, el cuaderno original del incidente de suspensión debe depurarse en términos del artículo 18, fracción I, inciso a) del Acuerdo General plurimencionado, por lo que en su momento, sólo quedará para su conservación, las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar, o en su caso, las inherentes a su violación y se destruirá el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental para su conservación. Así, una vez cumplido el plazo de tres años de conservación, se procederá a la depuración del expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión y una vez acontecido lo anterior, se transferirá el mismo a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. En relación con el duplicado del cuaderno incidental, el mismo es destruible en términos del arábigo 20, fracción II, inciso a) del mutireferido Acuerdo General; por lo que una vez cumplido el plazo de seis meses contados a partir de notificación de este acuerdo, se procederá de inmediato a su destrucción, ello en términos de lo dispuesto en el numeral en cita. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes.

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