SUSANA ALEJANDRA CARRILLO PEÑA y Otros.

Expediente 425/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 12 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
425/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
09/02/2022

Partes del expediente

  • SUSANA ALEJANDRA CARRILLO PEÑA y Otros.
  • Susana Alejandra Carrillo Peña
  • Luz Adriana Itzel Bolaños Santoyo
  • LUZ ADRIANA ITZEL BOLAÑOS SANTOYO y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Irapuato, Guanajuato, nueve de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa mediante proveído de diecisiete de enero del presente año, para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto de las constancias aportadas en cumplimiento al fallo protector por la autoridad responsable, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 26/2000. "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Al respecto, debe destacarse que el nueve de diciembre de dos mil veintiuno este órgano jurisdiccional emitió la sentencia definitiva, en la cual, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a *** y ***, para que la autoridad responsable, la Oficial del Registro Civil 03 Miguel Hidalgo de Irapuato, Guanajuato, realizara lo siguiente: "A. Deje insubsistente el acto reclamado, consistente en la determinación contenida en el oficio ***. B. Emita otro en el que, bajo los lineamientos del presente fallo, prescinda de considerar que existe impedimento legal para atender la solicitud de modificación de acta de nacimiento de la menor de edad cuyas iniciales actualmente son ***, por el hecho de que son personas del mismo sexo. C. Hecho lo anterior, se pronuncie sobre la solicitud enderezada por las quejosas." En ese sentido, en proveído de treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, se declaró que la sentencia dicta en el presente juicio causó ejecutoria y se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. Mediante oficio registrado con el número de orden 811/2022, la Oficial Comisionada del Registro Civil de Irapuato, Guanajuato, entre otras cosas, remitió copia certificada del acta de nacimiento de la menor registrada de iniciales ***. Constancias que de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, tienen valor probatorio pleno dado su carácter de documentos públicos, de las que se advierte que: Emitió una nueva acta de nacimiento de la que se aprecia el registro de la menor de iniciales ****, anteriormente ****; asimismo, se ven plasmados en el apartado de datos de filiación los nombres de las aquí quejosas *** y ***. Por ende, la sentencia de amparo, emitida en el presente sumario, se declara que ha quedado debidamente cumplida. Lo anterior sin que obste que la autoridad responsable no hubiera remitido la constancia de la cual se aprecie que expresamente dejó sin efectos el acto reclamado, consistente en la determinación contenida en el oficio ***, pues lo cierto es que la expedición del acta de nacimiento que se realizó y de la cual sí envió copia certificada, pone de manifiesto el cumplimiento dado al fallo protector. Luego, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental. DESTINO: Expediente principal. ES DEPURABLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. DOCUMENTOS: La parte quejosa allegó documentos catalogados como no originales. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 12, 15, interpretado a contrario sentido, 18, párrafo primero, fracción I, inciso b), del Acuerdo en cita. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física de los cuadernos y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). No se omite señalar que, como se precisó en certificación de esta fecha, los documentos que exhibió la parte quejosa no están catalogados como originales, por lo que su devolución se autoriza desde este momento; en el entendido que, de no presentarse a recibirlos, conforme al Acuerdo General del Consejo en mención, se destruirán junto con el expediente principal en el plazo señalado. Para tal efecto, el interesado deberá agendar cita; lo cual deberán realizar a través del sistema "Agenda OJ", en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx., respecto de lo que se le informa que este juzgado brinda servicio al público de lunes a viernes, en un horario de las doce treinta a las dieciocho treinta horas, así como que el sistema solo permite generar dos citas cada media hora por corresponder a un juzgado de Distrito, y que su duración no puede rebasar de veinticinco minutos. Luego de obtenerse la cita, deberá comunicarse de inmediato al teléfono 462 123 9428, en el que deberá indicar el número del presente expediente, la fecha y hora de su cita, así como el motivo de la diligencia, a fin de realizar las acciones necesarias para prepararla con anticipación; en el entendido de que cualquier error en la cita del expediente, dará lugar a que no pueda llevarse a cabo el trámite, ante el tiempo que requiere su preparación y la duración de las citas. Finalmente, se requiere a las autoridades responsables para que se abstengan de acusar recibo del oficio que este Juzgado les remite, salvo en aquellos casos en los que de manera expresa le sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    ...Téngase por recibidos los oficios de cuenta, signados por el Director General del Registro Civil del Estado de Guanajuato y el Oficial Comisionado del Registro Civil 03 con residencia en esta ciudad, mediante los cuales informan sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y remiten copia certificada de las constancias con las que aducen demostrarlo. En tales condiciones, con copia autorizada de los oficios de cuenta y sus anexos, córrase traslado a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, manifieste lo que a su interés legal convenga, respecto del cumplimiento que informó la referida autoridad; apercibiéndole que en caso de omisión, en su oportunidad este órgano jurisdiccional dictará la resolución correspondiente con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable...

  3. Principal

    ...Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86, en relación con el diverso 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión contra la sentencia definitiva terminada de engrosar el nueve de diciembre de dos mil veintiuno, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales. En ese tenor, este órgano de control constitucional procede a precisar los alcances del fallo protector y determinar qué autoridad se encuentra vinculada y en qué medida para cumplirla; ello con el objeto de conseguir el eficaz y pleno cumplimiento de la sentencia de amparo, de conformidad con los artículos 192 a 198 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 47/98, cuyo rubro y texto son los siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. PARA LOGRAR SU EFICAZ CUMPLIMIENTO, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA TIENE FACULTADES PARA PRECISAR SU ALCANCE, SEÑALAR LAS AUTORIDADES VINCULADAS A CUMPLIRLAS Y LA MEDIDA EN QUE CADA UNA DE ELLAS DEBE PARTICIPAR. El artículo 17, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, dispone que "Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones."; por su parte, los artículos 104 al 113 de la Ley de Amparo, establecen diversos procedimientos tendientes a obtener el cumplimiento eficaz de las sentencias que conceden el amparo e, inclusive, el último de estos preceptos dispone que no podrá archivarse ningún expediente sin que esté enteramente cumplida la sentencia de amparo. La interpretación congruente de tales disposiciones constituye el sustento en que se apoya toda determinación encaminada a conseguir el cumplimiento pleno de las resoluciones jurisdiccionales, máxime si lo que se pretende es ejecutar un fallo emitido por los tribunales de la Federación en un juicio de amparo, ya que éste tiene por objeto, precisamente, tutelar a los gobernados contra los actos de autoridad que infrinjan sus garantías individuales. De esto se sigue que si la causa del retardo para la ejecución de la sentencia de amparo consiste en la confusión respecto de la manera correcta en la que procede cumplimentarla, para estar en posibilidad de dar solución a la situación descrita, la Suprema Corte tiene facultades para establecer los alcances del fallo protector, determinar qué autoridades se encuentran vinculadas a cumplirlo y en qué medida, con el objeto de conseguir el eficaz y pleno cumplimiento de la sentencia de amparo." Al respecto, es de precisarse que el fallo protector se concedió a las quejosas Susana Alejandra Carrillo Peña y Luz Adriana Itzel Bolaños Santoyo, para que la autoridad responsable, la Oficial del Registro Civil 03 Miguel Hidalgo de Irapuato, Guanajuato: Deje insubsistente el acto reclamado, consistente en la determinación contenida en el oficio *** Emita otro en el que, bajo los lineamientos del presente fallo, prescinda de considerar que existe impedimento legal para atender la solicitud de modificación de acta de nacimiento de la menor de edad cuyas iniciales actualmente son *** por el hecho de que son personas del mismo sexo. Hecho lo anterior, se pronuncie sobre la solicitud enderezada por las quejosas. En consecuencia, en términos del segundo párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la Oficial del Registro Civil 03 Miguel Hidalgo de Irapuato, Guanajuato, para que dentro del término que impone el precepto legal en cita, es decir, tres días, dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Asimismo, se requiere al Director General del Registro Civil del Estado de Guanajuato, residente en la capital, en su carácter de superior jerárquico del Oficial aludido, a fin de que lo conmine a cumplir el fallo protector en el plazo indicado. Lo anterior, con el apercibimiento que de no cumplir en los términos antes indicados, se les impondrá una multa equivalente a cien veces la Unidad de Medida y Actualización diaria al día que se imponga; ello, conforme al Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, conforme al artículo 26, penúltimo párrafo, apartado B, de la Constitución Federal de este país, con apoyo en el artículo 258 de la Ley de Amparo, asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Decimosexto Circuito en Materia Administrativa en turno, con residencia en la capital, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, se requiere a las autoridades responsables para que se abstengan de acusar recibo de los oficios que este juzgado les remita, salvo en aquellos casos en los que de manera expresa les sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional...

  4. Principal

    SE DICTÓ SENTENCIA EN LA QUE SE DETERMINÓ: ...TERCERO. Certeza de los actos reclamados. La responsable, al rendir su informe justificado manifestó que es cierto el acto que se reclama en esta instancia. Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo que además se corrobora con el original del oficio *****; documental a la que se le otorga valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Establecida la existencia del acto en el considerando tercero, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, se tiene que la autoridad responsable, al rendir su informe justificado, sostiene que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, al considerar que no se actualiza ningún perjuicio a los derechos humanos de las quejosas, pues con la respuesta contenida en el oficio ***** no se vulneró los principios de igualdad y no discriminación e identidad. A fin de estar en aptitud de estudiar la causa de improcedencia invocada por la responsable, es pertinente destacar que del contenido del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo4, se advierte que existen dos reglas para acudir al juicio de amparo; una, que establece que el referido juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho (interés jurídico) y otra, que se refiere a un interés legítimo individual o colectivo; en ambos casos, siempre se alega que el acto reclamado viola los derechos reconocidos en la Constitución y, con ello se afecta su esfera jurídica, ya sea de manera directa (interés jurídico) o, en virtud de su especial situación frete al orden jurídico (interés legítimo). En ese sentido, es necesario que el acto de autoridad cause algún perjuicio en la esfera jurídica del impetrante en sus derechos fundamentales, lo que supone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se ve transgredido por la actuación de la autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano de control constitucional correspondiente, demandando que esa trasgresión cese. Contrario a lo que sostiene la autoridad responsable, es indudable que con la respuesta contenida en el oficio ***** la parte quejosa resintió una afectación a su esfera jurídica, al negárseles el derecho, a que ***** reconociera a la menor de iniciales *****, hija biológica de su esposa *****. Acto que, además, está expresamente dirigido a ambas quejosas y recae a una solicitud de su parte, siendo indudable la trascendencia del acto reclamado a su esfera jurídica. De ahí, que, resulta infundada la causa de improcedencia invocada por la responsable. En ese tenor, toda vez que la autoridad responsable no hizo valer otra causal de improcedencia, ni este órgano jurisdiccional advierte de oficio su actualización, se procede al estudio de los conceptos de violación. QUINTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó como conceptos de violación los que se encuentran contenidos en su escrito inicial de demanda los cuales se tienen por reproducidos sin necesidad de transcribirlos. Es aplicable la jurisprudencia 2ª./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos treinta, del tomo XXXI, mayo de dos mil diez, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓ." SEXTO. Estudio de fondo. Son fundados los conceptos de violación propuestos. Las quejosas reclaman el oficio ***** a través del cual la Oficial del Registro Civil 03 Miguel Hidalgo de Irapuato, Guanajuato, contestó en sentido negativo su solicitud de modificación de acta de nacimiento de la menor hasta ahora de iniciales ***** para que fuera reconocida como hija de ambas quejosas (con la consecuente modificación en sus apellidos), para lo cual invocó los artículos 68, fracción II, inciso a), 70, 71 y 416, todos del Código Civil para el Estado de Guanajuato, de los cuales concluyó que existía imposibilidad legal para registrar a la menor como hija de ambas (ambas mujeres). Lo anterior se sintetiza en que la negativa de la autoridad para la modificación en el registro de nacimiento de la menor cuyas iniciales actualmente son ***** se sustentó en considerar que existe imposibilidad legal para reconocer la filiación a favor de dos mujeres, que no es otra cosa que negar el reconocimiento voluntario de un hijo y, por ende, negar su filiación jurídica, por solicitarse en un contexto de comaternidad. Tema respecto del cual existen diversos precedentes de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, precisamente al analizar lo concerniente al reconocimiento de hijos, en el contexto de parejas del mismo sexo, ha establecido el criterio debe imperar sobre su filiación jurídica con motivo de la comaternidad. Criterio del Máximo Tribunal que resulta exactamente aplicable al caso concreto y que esta juzgadora tiene el deber de acatar; máxime porque el acto que se reclama trasciende a derechos humanos de la menor cuyo reconocimiento y consecuente modificación de partida de nacimiento se solicitó. Los preceptos legales sustento del acto reclamado señalan: "Art. 68. El nombre estará constituido por el nombre propio y el primero de los apellidos, acorde a lo siguiente: [.] II. Los apellidos corresponderán por su orden: a) Cuando el registrado se presente como hijo nacido de matrimonio o comparezcan ambos padres a reconocerlo, llevará como primer apellido, el primero del padre y como segundo, el primero de madre; [.]" acta de nacimiento de la menor de edad hija biológica de una de ellas, básicamente porque consideró que legalmente estaba impedida para reconocer la filiación de la niña a favor de ambas (ambas mujeres). En esencia su determinación derivó de se solicitó el reconocimiento del vínculo filial entre la menor y dos mujeres, no un hombre y una mujer. Como sostienen las quejosas, esta decisión vulnera en su perjuicio sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1o y 4o de la Constitución Federal, en cuanto a conformar una familia sin discriminación por su preferencia sexual, bajo la figura de la comaternidad, así´ como el de pronta filiación familiar, en favor de los hijos que forman parte del seno de ese tipo de familia, permitiendo el reconocimiento de descendientes bajo esa misma figura. Sobre el tema, la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que el establecer la filiación jurídica únicamente por el reconocimiento voluntario de un hijo acorde a las relaciones biológicas, vulnera el derecho de igualdad, no discriminación, de acceder a la procreación y crianza de los hijos, pues excluye la posibilidad de que el hijo o hija de una mujer pueda ser reconocido voluntariamente en su acta de nacimiento o acta especial posterior por otra mujer con quien la madre biológica conforme una familia homoparental, bajo la figura de la comaternidad. En ese sentido, ha definido a la comaternidad como una figura propia de la unión familiar homoparental constituida por dos mujeres, es decir, la doble filiación materna, que consiste en que la pareja de mujeres se encargue del cuidado bajo su seno de uno o más hijos, con independencia de que una de ellas o ambas no tengan un vínculo genético con el o los hijos. Asimismo, ha señalado como elemento determinante para el establecimiento de la filiación jurídica en comaternidad, cuando el hijo ha sido procreado mediante el uso de una técnica reproductiva -como es el caso pues así lo hicieron ver las quejosas- la voluntad parental de quien desea ejercer con la madre la comaternidad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la comaternidad es una figura propia de la unión familiar homoparental constituida por dos mujeres, lo que se refiere a la doble filiación materna, por virtud de la cual la pareja de mujeres se encarga del cuidado bajo su seno de uno o más hijas o hijos, como cualquier otro ejercicio de crianza parental, aun cuando una de ellas o ambas no tenga vínculo genético con el hijo, hija, hijos o hijas. Siendo este ejercicio de procreación y/o crianza de hijos o hijas debe reconocerse al tenor del derecho constitucional a formar una familia, cuya protección se extiende a toda clase de familia, teniendo en cuenta que lo relevante en el ejercicio de los deberes parentales es que éstos se realicen en un ambiente de amor y comunicación con los menores de edad. De ahí que, cuando un hijo o hija nazca y se desarrolle en un contexto de unión familiar homoparental, deben ponderarse en orden a su interés superior privilegiando su estabilidad familiar y su mayor beneficio, pues ha de admitirse que si el hijo o hija nace de una madre con orientación homosexual, debe privilegiarse el pronto establecimiento de su filiación jurídica respecto de las dos personas que asumirán para con él o ella los deberes parentales. Lo anterior, quedó plasmado en las siguientes tesis aisladas: "COMATERNIDAD. ES UNA FIGURA REFERIDA A LA DOBLE FILIACIÓN MATERNA EN UNIONES FAMILIARES HOMOPARENTALES. El derecho fundamental a la protección del desarrollo y organización de la familia reconocido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comprende a todo tipo de uniones familiares, entre ellas, las homoparentales conformadas por personas del mismo sexo. En ese sentido, todas las personas sin distinción de género u orientación sexual tienen el derecho a formar una familia, y si es su deseo, acceder a la procreación y crianza de hijos propios, adoptados, gestados mediante el uso de técnicas de reproducción asistida, o procreados por uno de ellos. Ahora bien, la comaternidad es una figura propia de la unión familiar homoparental constituida por dos mujeres, que se refiere a la doble filiación materna, por virtud de la cual la pareja de mujeres se encarga del cuidado bajo su seno de uno o más hijos, como cualquier otro ejercicio de crianza parental, aun cuando una de ellas o ambas no tengan un vínculo genético con el hijo o hijos. Este ejercicio de procreación y/o crianza de hijos debe reconocerse al tenor del citado derecho constitucional cuya protección se extiende a toda clase de familia, teniendo en cuenta que lo relevante en el ejercicio de los deberes parentales es que éstos se realicen en un ambiente de amor y comunicación con los menores de edad, brindándoles una sana educación para la vida, de la manera más informada posible, que contribuya a su sano desarrollo integral, y tales caracteres exigibles en la crianza de los hijos no están determinados por el género o las preferencias sexuales de quienes la realizan, ni por la existencia de vínculos genéticos entre las personas.". "RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO DE HIJO EN LA PARTIDA DE NACIMIENTO O EN ACTA ESPECIAL POSTERIOR, ES VIABLE LA FILIACIÓN JURÍDICA EN EL CONTEXTO DE UNA UNIÓN FAMILIAR HOMOPARENTAL, CON MOTIVO DE LA COMATERNIDAD. La procreación y/o crianza de hijos en ejercicio de la comaternidad en uniones familiares homoparentales, supone que necesariamente una de las mujeres que conforman la pareja, no tiene un vínculo biológico con el hijo de su compañera, dada la imposibilidad fisiológica de procrear entre sí, lo cual significa que en la procreación del hijo, al margen de la preferencia sexual de la mujer progenitora, intervino un tercero, ya sea como donador anónimo del gameto sexual masculino mediante el uso de una técnica de reproducción asistida, o bien, a través de una relación sexual. En el primer caso, posiblemente no exista mayor discusión en cuanto a la inexistencia de filiación jurídica entre el hijo y el donador de la célula sexual masculina, pues generalmente, la legislación determina la inexistencia de dicho vínculo jurídico filiatorio, o así se estipula en el contrato de donación de células respectivo, dados los fines de la donación, por lo que el hijo sólo contará con la filiación jurídica respecto de su madre biológica, y en caso de alguna eventual controversia, ésta se definirá sobre las bases que deriven del acto jurídico y de la ley; por tanto, en ese supuesto, la falta de nexo genético entre el hijo y la mujer pareja de la madre biológica que pretende ejercer la comaternidad, no desplaza propiamente una filiación jurídica paterna, y no debe impedir el establecimiento del vínculo filial entre ellos, pues si el hijo nace por medio de una técnica de reproducción asistida, la filiación jurídica encuentra sustento en la voluntad procreacional como elemento determinante para su constitución, tornándose irrelevante la inexistencia del lazo biológico para efectos del reconocimiento voluntario del hijo por el miembro de la pareja del mismo sexo que no proporcionó material genético para la procreación. En el segundo caso, es decir, cuando el menor es procreado en una relación sexual, no puede negarse la existencia del varón progenitor que tendrá derecho al establecimiento de la filiación jurídica con el hijo, mediante el reconocimiento voluntario de la paternidad ante el oficial del Registro Civil; tampoco está en duda el derecho del menor de edad, en su caso, a la investigación futura de la paternidad y a exigir que se declare la existencia de la filiación jurídica acorde con sus orígenes biológicos. Sin embargo, lo anterior no debe inhibir o excluir la posibilidad de que el hijo de una mujer nacido de la relación sexual con un varón, pueda ser reconocido voluntariamente por otra mujer en su registro de nacimiento o por acta especial (en caso de que ya exista un acta de nacimiento dónde sólo lo haya reconocido la madre biológica), cuando dicho hijo nazca y se desarrolle en un contexto de unión familiar homoparental, pues en tal supuesto existen factores que deben ponderarse en orden a su interés superior privilegiando su estabilidad familiar y su mayor beneficio, pues ha de admitirse que si el hijo nace de una madre con orientación homosexual, sin que exista una unión familiar de ésta con su progenitor biológico, sino que conforma una unión de esa índole con otra mujer, la predicción fáctica es que el menor de edad, de hecho, será criado por ambas mujeres y se desarrollará en el seno de la familia homoparental, y esto, conduce a privilegiar el pronto establecimiento de su filiación jurídica respecto de las dos personas que asumirán para con él los deberes parentales, lo que resulta acorde con la protección reforzada de sus derechos, en tanto se le garantiza, de inmediato, que contará con las prerrogativas inherentes a la filiación jurídica respecto de esas dos personas, y le permitirá conformar una identidad acorde con el contexto familiar en el que se supone crecerá, por lo que, ante la falta de vínculo genético, debe bastar como elemento determinante para el establecimiento de la filiación jurídica, la voluntad parental de quien desea ejercer junto con la madre la comaternidad.". "RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO DE HIJO CON MOTIVO DE LA COMATERNIDAD EN UNIONES FAMILIARES CONFORMADAS POR DOS MUJERES. EL ARTÍCULO 384 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES QUE EXCLUYE LA POSIBILIDAD DE QUE EL HIJO DE UNA MUJER PUEDA SER RECONOCIDO VOLUNTARIAMENTE POR SU COMPAÑERA, VULNERA LOS DERECHOS DE LAS UNIONES FAMILIARES HOMOPARENTALES. El precepto referido dispone que la filiación de los hijos que nacen fuera de matrimonio resulta, con relación a la madre, del solo hecho del nacimiento, y respecto del padre, únicamente se establece por el reconocimiento voluntario o por sentencia que declare la paternidad. Dicho dispositivo está sustentado en dos premisas básicas, a saber: 1) La procreación natural de un hijo fisiológicamente sólo es posible con la participación de células sexuales de un hombre y una mujer, de modo que genéticamente los progenitores son personas de distinto sexo, por tanto, la filiación se constituye desde laconcepción parental heterosexual; y, 2) La filiación debe ser acorde a la relación biológica, por lo que se establecerá entre el hijo y un padre hombre y una madre mujer, presumiendo que quienes lo reconocen son las personas que tienen ese vínculo biológico con él, salvo prueba en contrario. Así, la norma permite constituir la filiación jurídica cuando se cumplan dos requisitos: uno ligado al género, pues una persona sólo puede ser reconocida por un hombre y una mujer, o sólo por uno de ellos; y otro ligado al origen genético, ya que se orienta por la prevalencia de relaciones parentales biológicas, aun cuando la acreditación de esto último, tratándose del reconocimiento voluntario ante el oficial del Registro Civil, no se exige en forma fehaciente sino que se presume a partir del género de quienes reconocen, particularmente respecto del padre, pues basta que se trate de un varón. Sobre esa base, el artículo 384 del Código Civil del Estado de Aguascalientes sólo responde a la protección de los derechos fundamentales de personas heterosexuales no casadas al establecimiento de la filiación jurídica con sus descendientes, pues únicamente permite el reconocimiento voluntario de hijo acorde con las relaciones biológicas, de manera que excluye la posibilidad de que el hijo de una mujer pueda ser reconocido voluntariamente en su acta de nacimiento o en acta especial posterior por otra mujer con quien la madre biológica conforme una unión familiar homoparental en cuyo seno se desarrollará aquél y que sin tener un vínculo genético con el hijo de su pareja, tenga el propósito de crear la relación filial con él para el ejercicio de la comaternidad; esta exclusión entraña una diferencia de trato orientada por el género, que además lleva implícito el rechazo derivado de la orientación sexual de quienes constituyen uniones familiares homoparentales de mujeres, contraria al derecho de igualdad y no discriminación recogido por el artículo 1o. constitucional, y vulnera su derecho de acceder a la procreación y/o crianza de hijos y a establecer la filiación jurídica con éstos, comprendido en el derecho a la protección del desarrollo y organización de la familia previsto en el precepto 4o. de la Ley Fundamental, por lo que el precepto citado resulta inconstitucional.". De ahí que en este caso el oficio ***** por el que se negó la modificación del acta de nacimiento de la menor hasta ahora de iniciales *****, cuyo fundamento para negarla se sustentó en considerar que existía una imposibilidad legal para reconocer la filiación a favor de dos mujeres, vulnera el derecho humano de las promoventes de formar una familia consagrado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al advertirse que a través de la figura de la comaternidad, es posible que dos mujeres, aun cuando una de ellas o ambas no tengan un vínculo genético con el hijo o hija, puedan realizar una filiación jurídica a lo que se le conoce como doble filiación materna y a la vez, es contrario a los derechos e interés superior del menor, en los términos explicados. Por tanto, los argumentos planteados por las promoventes, son suficientes para conceder el amparo y protección que solicitan. Consecuentemente, lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia federal solicitados, para que la autoridad responsable, la Oficial del Registro Civil 03 Miguel Hidalgo de Irapuato, Guanajuato: A. Deje insubsistente el acto reclamado, consistente en la determinación contenida en el oficio *****. B. Emita otro en el que, bajo los lineamientos del presente fallo, prescinda de considerar que existe impedimento legal para atender la solicitud de modificación de acta de nacimiento de la menor de edad cuyas iniciales actualmente son *****, por el hecho de que son personas del mismo sexo. C. Hecho lo anterior, se pronuncie sobre la solicitud enderezada por las quejosas. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además en lo dispuesto por los artículos 62, 73, 74 y 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ***** y ***** para los efectos previstos en la presente sentencia.

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