Susana Aldana Martín
Expediente 852/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 852/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/07/2023
Partes del expediente
- Juez Séptimo de Primera Instancia Civil En Querétaro
- Susana Aldana Martín
Actuaciones
- Principal
...NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA....
- Principal
***AVISO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 14 DE JULIO DE 2023, QUE EN LO CONDUCENTE DICE LO SIGUIENTE ""V I S T O el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que feneció el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin que se hubiese interpuesto el recurso de queja previsto por la fracción I, inciso a) del artículo 97, de la invocada Ley, contra el auto de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, por el cual se desechó la demanda de amparo interpuesta por Susana Aldana Martín, por propio derecho, en consecuencia, se declara que el mismo ha causado estado para todos los efectos legales consiguientes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, con fundamento en el artículo 20 fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el presente expediente por tratarse de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo promovida por la quejosa, es susceptible, en su oportunidad de ser destruido. Se comunica a las partes que, de conformidad al acuerdo general en cita, se establece que este expediente es SUSCEPTIBLEDE DESTRUCCIÓN, al encuadrar en las hipótesis de los artículos 14, fracción III y 20 fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; en consecuencia, se comunica a la parte promovente que el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, se procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de relevancia documental, en términos del artículo 15 del propio Acuerdo. Ahora bien, toda vez que en el presente sumario obra un documento exhibido por la parte quejosa, se ordena dar vista a la misma para que dentro del término de noventa días naturales -incluido hábiles-, ocurra a recogerlo, apercibido que en caso de no hacerlo el documento en comento será destruido; lo anterior, de conformidad con el antepenúltimo párrafo del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En la inteligencia de que la entrega de documentos, solamente se realizará los días miércoles en un horario de 09:30 a 11:30 de la mañana; por tanto, no habrá excepciones de ninguna especie, de ahí que los demás días no hay entrega de ellos. Finalmente, agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta signado por la quejosa Susana Aldana Martín, mediante el cual solicita la devolución del documento original que anexo a su escrito inicial de demanda; en consecuencia, atento a su contenido dígasele que deberá de estarse a lo ordenado en párrafos que anteceden donde se le autorizo la devolución del citado documento, lo anterior para los efectos legales conducentes".
- Principal
SE HACE CONSTAR QUE SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA APRTE QUEJOSA EN VIRTUD DE NO CUMPLIR CON EL AVISO FIJADO EN PUERTA EL AUTO DE VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS QUE ESTABLECE: Querétaro, Querétaro, a veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por Susana Aldana Martín, por propio derecho, contra actos del Juez Séptimo Civil del Distrito Judicial de Querétaro y otras autoridades, con fundamento en los artículos 1, 103, fracción I y 107 de la propia Carta Magna; así como los diversos numerales 1, 107, 108, 112, 115 y 116 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el referido diario oficial, el dos de abril de dos mil trece; regístrese bajo el número, 852/2023 y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico, bajo el entendido de que, si llegase a ser imposible por causa de su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o de datos personales, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico. Igualmente, se hace saber a las partes que el expediente electrónico está a su disposición en términos del artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo transitorio. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de garantías es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. El artículo 113 de la nueva Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tiene aplicación al caso la jurisprudencia número 940, visible en la página 1538, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1988, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Así también, la tesis jurisprudencial relacionada con la anterior, que aparece publicada en la misma página de la citada compilación jurisprudencial que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Siendo el juicio de amparo de orden público, la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio aun cuando ninguna de las partes la haya alegado, y decretarse tan luego como aparezca alguna causal que la funde". Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al caso es aplicable la tesis de jurisprudencia publicada con la clave I.1o.A. J/4, en la página 890, del tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. Así, de la demanda de garantías, se aprecia que el acto reclamado por la parte quejosa consiste en: a) La diligencia de emplazamiento y embargo practicada en contra de los bienes de la quejosa (cuentas bancarias) y su ejecución de fecha veintidós de junio de dos mil veintitrés, la cual se ejecutó en el domicilio Calle de Roca s/n, Colonia Satélite, en Querétaro, Querétaro, emanados del juicio ejecutivo mercantil 214/2023, promovido en contra de la quejosa, dictados por el Juez Séptimo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro. Lo que se desprende de la demanda de amparo y sus anexos. No es autoridad para efectos del juicio de amparo Ahora bien, por cuanto a dicho acto reclamado en razón del Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Séptimo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, se configura la hipótesis de improcedencia derivada de la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5 fracción II de esa misma ley, lo cual conduce a desechar de plano la presente demanda de amparo por su notoria e indudable improcedencia, en términos del numeral 113 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, toda vez que, como se dijo, el acto que se atribuye al Secretario en comento, le es impugnado en cuanto su atribución de dar fe y autorizar las resoluciones dictadas por el Juez Séptimo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro. Así las cosas, cabe recordar que las funciones de los Secretarios se circunscriben a coordinar la integración y manejo de los archivos de los Jueces y dar fe de las actuaciones de estos, lo cual se traduce en que no cuentan con atribuciones para emitir actos de decisión o de ejecución. Por tanto, en el presente caso no debe tenerse como autoridad responsable al Secretario de Acuerdos referido, pues el acto que se le atribuye no cuenta con las características a que se refiere el numeral 5 fracción II de la Ley de Amparo, por no contar con la facultades de decisión, coacción y autonomía que todo acto de autoridad debe contener para considerarlo como un acto susceptible de ser atacado a través de la vía constitucional, sino únicamente cuenta con la atribución fundamental de ser fedatario de las resoluciones del Presidente de la Junta responsable, a la cual se encuentra adscrito. Así las cosas, lo anterior provoca que en la especie se configure la hipótesis de improcedencia derivada de la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5 fracción II de esa misma Ley, en cuanto al acto que se atribuye al Secretario de Acuerdos del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, circunstancia que da motivo a desechar de plano la demanda de cuenta por su notoria e indudable improcedencia, en cuanto a la mencionada autoridad. No agoto el principio de definitividad (no es tercera extraña a juicio) Este órgano jurisdiccional advierte en forma manifiesta e indudable, que en ocasión al acto destacado en líneas que anteceden, se actualiza se actualiza de manera clara y manifiesta, la causal de improcedencia por inobservancia al principio de definitividad, prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; Numeral que estatuye la improcedencia del juicio de amparo contra resoluciones de tipo jurisdiccional, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, lo que se conoce como principio de definitividad. Lo anterior, implica que previo a la promoción del juicio de amparo, deben agotarse todos los recursos ordinarios o medios de defensa establecidos en la ley que rige el acto y que tienen el alcance de dejarlo sin efectos o variar la sustancia del acto reclamado, salvo las excepciones establecidas en el precepto trascrito de la Ley de Amparo. Ello, salvo que la parte quejosa sea extraña a juicio, es decir, que no figure como parte en dicho procedimiento, o bien, que tenga dicha calidad por equiparación derivado de que no se le emplazó al juicio en el que fungió como demandado, siempre y cuándo dicho procedimiento éste ya concluido por sentencia, dado que en caso contrario y al ser parte en el juicio podrá comparecer a juicio, a fin de hacer valer sus derechos y los medios de impugnación oportunos para combatir los actos que ahí se dicten. En el particular, en su demanda la quejosa señala que el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, tuvo conocimiento de los actos reclamados, esto cuando su suegra le hizo entrega de la documentación correspondiente al escrito inicial de demanda, anexos, y autos de radicación y exequendo, emitidos en el expediente ejecutivo mercantil 214/2023, del índice del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Civil del distrito judicial de Querétaro, Querétaro. Así también hace patente en los antecedentes que narra en la demanda de amparo que nos ocupa, bajo protesta de decir verdad que en veintidós de junio del presente año, trabajadores del taller mecánico propiedad de su suegra, y vecino del domicilio de su suegra, tuvo conocimiento de que cuatro personas se presentaron en el domicilio ubicado en ..., en busca de la quejosa ..., teniendo en ese momento verificativo de la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento ordenada en los autos del juicio ejecutivo mercantil 214/2023, del índice del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Civil del distrito judicial de Querétaro, Querétaro, ordenado en contra de la quejosa. Dichas manifestaciones constituyen una confesión que prueba en su contra en términos de los artículos 95 y 96 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y cuyo contenido se constata con los documentos que la quejosa exhibe adjuntos a su demanda y los cuales consisten tanto en la propia diligencia de veintidós de junio de dos mil veintitrés, con los que se hace evidente que la quejosa, no tiene la calidad de tercero extraña a juicio, pues por una tiene conocimiento pleno del juicio fuente del acto reclamado, por otro lado, dicho juicio está en trámite, dado que aún no se ha dictado sentencia, lo cual implica que la aquí quejosa previo a instar el juicio de amparo está obligada a agotar los recursos o medios de defensa que contra los actos reclamados proceden conforme a la legislación que rige el juicio ejecutivo mercantil del que emanan. Es aplicable por las razones que la jurisprudencia 1a./J.6/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 729, del tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de agosto de 2013, Décima Época, con número de registro 2004274, que establece: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY., la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: 'EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA. Ahora bien, en torno al acto identificado con el inciso a) del presente acuerdo, inherente la diligencia de emplazamiento y embargo practicada en contra de los bienes de la quejosa (cuentas bancarias) y su ejecución de fecha veintidós de junio de dos mil veintitrés, la cual se ejecutó en el domicilio Calle de Roca s/n, Colonia Satélite, en Querétaro, Querétaro, emanados del juicio ejecutivo mercantil 214/2023, promovido en contra de la quejosa, dictados por el Juez Séptimo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, en el que aún no se emite la sentencia definitiva, se actualiza la causa de improcedencia en estudio, prevista en el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Lo anterior, es así en virtud de que la quejosa debió combatir ese acto reclamado a través del incidente de nulidad de actuaciones, en términos de lo dispuesto en los artículos 1063, 1404 y 1414 del Código de Comercio, con relación al numeral 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación mercantil conforme al artículo 1063, que disponen: En tal virtud, el artículo 1,063, del Código de Comercio, señala: "Articulo 1063. Los juicios mercantiles se substanciarán de acuerdo a los procedimientos aplicables conforme este Código, las leyes especiales en materia de comercio y en su defecto por el Código Federal de Procedimientos Civiles y en último término por el Código de Procedimientos Civiles local "Artículo 1404. En los juicios ejecutivos los incidentes no suspenderán el procedimiento y se tramitarán cualquiera que sea su naturaleza con un escrito de cada parte y contándose con tres días para dictar resolución. Si se promueve prueba deberá ofrecerse en los escritos respectivos, fijando los puntos sobre los que verse, y se citará para audiencia indiferible dentro del término de ocho días, en que se reciba, se oigan brevemente las alegaciones, y en la misma se dicte la resolución correspondiente que debe notificarse a las partes en el acto, o a más tardar el día siguiente." Artículo 1414.- Cualquier incidente o cuestión que se suscite en los Juicios Ejecutivos Mercantiles será resuelto por el juez con apoyo en las disposiciones respectivas de este Título; y en su defecto, en lo relativo a los incidentes en los Juicios Ordinarios Mercantiles; y a falta de uno u otro, a lo que disponga el Código Federal de Procedimientos Civiles, o en su defecto la ley procesal de la Entidad Federativa correspondiente, procurando la mayor equidad entre las partes sin perjuicio para ninguna de ellas. "Articulo 319.- Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. Este incidente no suspenderá el curso del procedimiento, y, si la nulidad fuere declarada, el tribunal determinará, en su resolución, las actuaciones que son nulas, por estimarse que las ignoró el que promovió el incidente de nulidad, o por no poder subsistir, ni haber podido legalmente practicarse sin la existencia previa y la validez de otras. Sin embargo, si el negocio llegare a ponerse en estado de fallarse, sin haberse pronunciado resolución firme que decida el incidente, se suspenderá hasta que éste sea resuelto." Es aplicable, la Jurisprudencia que sustenta la idoneidad de la procedencia del incidente de trato, registrada con el número 1a./J. 68/2019, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 1047, cuyo rubro y texto dicen: "INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES. ES EL MEDIO IDÓNEO PARA IMPUGNAR LA FORMA EN LA QUE SE ORDENA LA NOTIFICACIÓN DE UN AUTO DICTADO EN UN PROCEDIMIENTO EN MATERIA MERCANTIL. Efectivamente, la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, es susceptible de anularse por medio del incidente a que se refieren los artículos 1404 y 1414 del Código de Comercio, con relación al artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación mercantil, el cual constituye un medio de defensa ordinario para la anulación del acto reclamado. Las citadas disposiciones normativas establecen en esencia, que procede el incidente de nulidad de actuaciones contra aquéllas diligencias de notificación que al ser practicadas no cumplan con las formalidades esenciales establecidas en la legislación procesal respectiva, y puede ser invocada por cualquiera de las partes legitimadas para ello que estime haber quedado sin defensa con motivo de la práctica ilegal de alguna diligencia de notificación; por tanto, el afectado puede hacer valer el medio de defensa en cita, con el fin de dejar sin efectos la notificación que considere no fue practicada legalmente. Lo anterior es así, porque en el juicio ejecutivo mercantil del que emanan los actos reclamados, la parte quejosa es demandada, según se aprecia de su demanda de amparo y anexos que acompaña al mimso, y tal carácter le otorga la oportunidad de hacer valer los medios de defensa que la ley contemple para combatir las actuaciones realizadas en dicho procedimiento, al que además ya está vinculada por virtud del emplazamiento que combate, con independencia de su legalidad o ilegalidad. En ese sentido, la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, carece de definitividad para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, porque al ser parte en el juicio de origen, la peticionaria del amparo estuvo en aptitud de hacer valer el medio de defensa a que se refieren los artículos 1404 y 1414 del Código de Comercio, con relación al artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación mercantil, consistente en el incidente de nulidad de actuaciones, medio de defensa a través del cual puede obtener la nulidad de la precitada diligencia, por ende, la parte quejosa no observó el principio de definitividad para hacer procedente el juicio amparo. Por tanto, si la parte quejosa no agotó el citado medio de defensa, dejó de satisfacer el principio de definitividad requerido para la procedencia del juicio de amparo indirecto, en ocasión al acto identificado con el inciso a) en este acuerdo, consistente en la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, así como sus consecuencias. Sirve de apoyo, la tesis ...
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NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA QUEJOSA.
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