Susana Aguilar Garibay

Expediente 1103/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1103/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
30/10/2023

Partes del expediente

  • Susana Aguilar Garibay

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase por recibido el oficio remitido vía interconexión por la secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, mediante el cual informa que recibió el oficio 21260/2023 de cinco de septiembre del año en curso, por medio del cual se ordenó la vinculación del expediente 589/2023, del índice de este juzgado al en que lo radicó la autoridad oficiante y dado que el seis de octubre de la presente anualidad, dictó sentencia en el juicio aludido y ordenó agregar únicamente dicho oficio; en consecuencia, la suscrita queda enterada y agréguese el oficio de cuenta para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ********************por su propio derecho, contra actos de la Quinta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por violación a las garantías consagradas en los artículos 1, 14, 16 y 17 constitucionales; fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo ********************. De la lectura del escrito de demanda, se advierte que en la especie surte la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en concordancia con la fracción V, del artículo 107, del mismo ordenamiento legal, atento a las siguientes consideraciones. Por actos de imposible reparación debemos entender a aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del juicio del que se derivan tales actos procesales, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera, esto en razón de los daños y perjuicios que puedan revestir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del juicio de que trate, puesto que la privación de esos derechos ya no se pueden reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad que las violaciones cometidas en el juicio queden reparadas en la sentencia que llegue a pronunciarse. Conforme a lo anterior, los actos procesales que no tienen efectos sobre las cosas o las personas, en sus derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecerán; esto es, dichos actos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. En el caso, se señala como acto reclamado la resolución de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, dictada por la Quinta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el toca ********************, que confirmó el auto de once de abril de dos mil veintitrés, dictado por el Juez Trigésimo Sexto Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las diligencias de jurisdicción voluntaria para declarar el estado de interdicción ********************, en el que se ordenó agregar a sus autos el escrito del mandatario judicial de la quejosa, desestimando su solicitud, toda vez que por oficio ordenado en autos se requirió al representante legal de operadora ********************, para que remita copias certificada del expediente clínico de ********************, las cuales son necesarias para allegarse de mayores elementos, el cual podrá ser diligenciado por cualquiera de los interesados a efecto de darle el impulso procesal, requiriendo a cualquiera de las partes para que lo diligencie a efecto de dar celeridad con el apercibimiento que de no hacerlo se impondrá a cada una de las partes una medida de apremio consistente en una multa por la cantidad de $********************. De esta manera, como quedó advertido, el procedimiento de origen son unas diligencias de jurisdicción voluntaria para declarar el estado de interdicción, expediente ********************, radicadas en el Juzgado Trigésimo Sexto Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, seguidas por ********************; que como lo manifiesta la quejosa, se señaló data para que se tuviera el primer reconocimiento médico, girándose oficio al Director de Ciencias Forenses en la Ciudad de México, a efecto de que designara dos médicos especialistas, dando vista al Agente del Ministerio Público y al Presidente del Consejo Local de Tutelas, entre otras dependencias; que el diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, la peticionaria de amparo, se dio por notificada de la radicación del asunto citado; que el veinticinco de mayo de dos mil veintidós, el juez natural reservó proveer lo conducente respecto de la conclusión de las diligencias de jurisdicción voluntaria hasta en tanto obraran en autos los informes solicitados al Instituto Mexicano del Seguro Social y al representante legal de Operadora Ángeles; que seguida la secuela procesal el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, la quejosa solicitó se dictara la resolución correspondiente en razón de que el promovente de las dirigencias no había despachado el oficio del Instituto Mexicano del Seguro Social, a lo que el juez dijo que el oficio de marras podía ser también diligenciado por la quejosa o bien por el promovente del juicio a fin de darle celeridad al mismo; que el dos de diciembre de dos mil veintidós, la quejosa solicitó al juez responsable diversas cuestiones en razón de que el oficio dirigido al Instituto Mexicano del Seguro Social, no había sido diligenciado, por lo que el doce de diciembre del año próximo pasado, el juez contestó que el oficio ordenado en autos, se encontraba puesto a disposición de los interesados para su diligenciación. Que por auto de once de abril de dos mil veintitrés, se ordenó agregar a sus autos el escrito del mandatario judicial de la quejosa, desestimando la solicitud formulada, toda vez que por oficio ordenado en autos se requirió al representante legal de operadora ********************, para remita copias certificadas del expediente clínico de ********************, las cuales son necesarias para allegarse de mayores elementos, el cual podrá ser diligenciado por cualquiera de los interesados a efecto de darles el impulso procesal, requiriendo a cualquiera de las partes para que lo diligencie a efecto de dar celeridad con el apercibimiento que de no hacerlo se impondrá a cada una de las partes una medida de apremio consistente en una multa por la cantidad de $********************; que inconforme con dicha determinación, la quejosa interpuso recurso de apelación, el cual correspondió su conocimiento a la Quinta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, quien mediante resolución de diecisiete de agosto del año en curso, dictada en el toca ********************, confirmó el auto apelado. Dicha resolución constituye el acto reclamado en el juicio de amparo en que se actúa. En consecuencia, en el caso en particular el acto reclamado señalado por la hoy quejosa, es un acto de aquellos que no tiene una ejecución de imposible reparación, es decir, no es un acto que de una manera inmediata, lesione el interés de una de las partes en el juicio que perdure cualquiera que sea el sentido de la sentencia final que se pronuncie en éste o bien haga imposible la prosecución del procedimiento, pues la consecuencia del acto reclamado, es que el juicio de origen continúe y se dicte sentencia definitiva en la que bien puede ocurrir y que aún la afectada obtenga sentencia favorable a sus intereses en cuanto al fondo del asunto, con lo que quedarían reparadas las violaciones y los posibles perjuicios que se le hubieran causado con la falta de diligenciación del oficio que refiere, pues ésta puede despachar el mismo para que el procedimiento de génesis avance, y de ser adversa a sus intereses, tendrá la posibilidad de combatirla a través del juicio de amparo que promueva en contra de la sentencia definitiva. En este sentido, como quedó evidenciado, no ocasiona un perjuicio de imposible reparación ya que se dará continuidad al juicio de origen, quedando por tanto el juez del conocimiento obligado a dictar la resolución correspondiente una vez que los interesados despachen el oficio puesto a su disposición, pues como refirió es una prueba necesaria para allegarse de mayores elementos, lo que hace innegable la posibilidad que en su momento la peticionaria de garantías pueda obtener una determinación con efectos favorables a su causa; por tanto resulta claro que la resolución reclamada por sí misma, no lesiona los intereses de la parte quejosa de forma directa e inmediata, y en virtud de que dicho acto reclamado no se encuentra en alguno de los supuestos, de aquellos considerados de ejecución imposible de reparar; por tanto, se concluye que la demanda de garantías resulta improcedente en términos del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo aplicable, en contrario sensu de lo establecido en la fracción V del artículo 107 del mismo ordenamiento legal. Es aplicable a las consideraciones anteriores, la tesis v.2o. J/68, visible a foja 46, del tomo 66, correspondiente al mes de junio de 1993, octava época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE, ACTOS DE (INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 114, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO).- anteriormente al quince de enero de 1988, en que entraron en vigor las últimas reformas al artículo 107 constitucional y a la ley de amparo, por actos de imposible reparación para determinar la procedencia del juicio de amparo judicial indirecto, se debía considerar a aquéllos que tuvieran una ejecución de carácter material sobre las personas en sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se pudieran reparar en el curso del juicio del que dimanan tales actos procesales, aunque se obtuviera una sentencia definitiva favorable, entre los que podríamos citar, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, así como aquéllos que tuvieran por efecto impedir el dictado de la sentencia definitiva que decida las pretensiones de las partes en última instancia, como sería el desechamiento de la demanda, la declaración de caducidad de la instancia, el acuerdo que tiene por desistido al actor de la acción o la instancia, el que declara desierto el recurso de apelación contra la sentencia que decidió el negocio en primera instancia, etcétera, esto, en razón de los daños o perjuicios que pueden resentir los particulares con esa clase de actos, ya que no se les puede resarcir en ninguna actuación posterior dentro del juicio de que se trata, pues la privación de derechos a usar los bienes embargados, que prevalece durante el tiempo que dura el secuestro, ya no se puede reparar posteriormente; el menoscabo sufrido y los perjuicios resentidos al hacerse efectiva la multa tampoco son restituibles en el procedimiento y los alimentos pagados tienen las mismas consecuencias; los efectos de la caducidad de la instancia, del acuerdo que tiene por desistido al actor, del que declara desierto el recurso aludido, llevan a la imposibilidad jurídica de que pueda dictarse sentencia definitiva en el juicio, con lo que impiden que las violaciones cometidas en tales procedimientos, sean reparadas material o jurídicamente con una sentencia favorable al afectado con las violaciones procesales. En el sistema constitucional y legal vigente subsiste dicha situación, excepto respecto de los actos procesales que ponen fin al juicio, que son actos reclamables en el juicio de amparo directo ante los tribunales colegiados de circuito." Así como la jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la décima época, libro 6, mayo de 2014, tomo III, materia común, página 1539, de rubro y texto siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." Así como la jurisprudencia I.1o.A.E. J/5, del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y Jurisdicción en toda la República, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la décima época, libro 16, marzo de 2015, tomo III, materia común, página 2317, de contenido siguiente: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución." Ahora, si de lo que se duele la quejosa respecto del apercibimiento de multa por la cantidad de ******************** en caso de que no diligencie el oficio que fue puesto a disposición de los interesados, a criterio de esta juzgadora, el acto reclamado no trae aparejado en sí un daño que sea de imposible reparación a la quejosa en su persona o en su patrimonio, ni lesiona de alguna forma sus derechos o intereses jurídicos; por lo que es de advertirse que el apercibimiento decretado en autos, no deriva ni motiva alguna consecuencia directa e inmediata que pudiera recaer sobre la peticionaria de amparo, para que fuera procedente el presente juicio de garantías; puesto que la autoridad únicamente le está dando un término a efecto de que recoja el oficio y exhibía la minuta que solicita. De esta manera, en todo caso, el posible auto que recaiga al no exhibirla y que se haga efectivo el apercibimiento de multa, es el que puede perjudicar los intereses de la hoy quejosa; puesto que en este último, se puede decidir sobre las consecuencias de no presentar la información solicitada, lo que daría procedencia a la presente instancia constitucional. Consecuentemente, el apercibimiento decretado en autos de no presentar la información solicitada por el juez de génesis, no está dando un destino final a la etapa correspondiente del juicio, lo que conlleva a que el acto reclamado tampoco tenga procedencia para el juicio de amparo que nos ocupa. Máxime que el apercibimiento de multa y por tratarse de actos futuros de realización incierta, tampoco da procedencia a la presente instancia constitucional, habida cuenta de que no se ha llevado a cabo y no existe la certeza de que se ejecute en un futuro. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia PC.I.L. J/14 L (10a.), página 2321, tomo III, enero de 2016, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, que a la letra dice: "MULTA. APERCIBIMIENTO DE. NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN ACTUAL, REAL Y DIRECTA, POR SER UN ACTO FUTURO E INCIERTO, QUE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El apercibimiento de multa en caso de incumplimiento a lo ordenado por una Autoridad no produce una afectación actual, real y directa al impetrante, conforme al artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ni constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, en razón de que la imposición de multa no se decreta como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que el obligado cumpla o no con la medida, así como de que la Autoridad decida llevar a cabo lo ordenado, por lo que no es inminente, al no existir certeza de que se va a ejecutar; lo cual actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral citado, pues basta el escrito de demanda para tener conocimiento de cuál es el acto reclamado y advertir su naturaleza, por lo que, aun sustanciándose el procedimiento no sería posible arribar a una convicción diversa con los elementos que pudieran aportar las partes; lo que da lugar al desechamiento de la demanda con fundamento en el artículo 113 de la misma ley." Así las cosas, al dejarse establecido que el acto reclamado no se encuentra contemplado en alguna de las hipótesis que prevé el artículo 107 de la Ley reglamentaria para la procedencia de la acción constitucional indirecta, se actualiza la causal de improcedencia antes analizada; razón por la cual en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la presente demanda de amparo. Se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en la demanda de amparo, y por autorizadas en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona y que a la fecha del dictado del presente acuerdo, tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; asimismo, como su autorizada para oír y recibir notificaciones, documentos e imponerse de los autos en términos del segundo supuesto del párrafo segundo del artículo antes citado, a las diversas personas que precisa para tales efectos. Por otra parte, se autoriza el acceso y promoción en el expediente electrónico al usuario "********************", así como para notificarse vía electrónica en los presentes autos, de conformidad a lo establecido en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles al actuario adscrito a este juzgado para que practique la notificación de este acuerdo o cualquier otra diligencia relacionada con el presente asunto que así lo requiera. Notifíquese vía electrónica a la quejosa.

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