Susan Elizabeth Sanchez Vazquez

Expediente 847/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
847/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
07/12/2023

Partes del expediente

  • Susan Elizabeth Sanchez Vazquez

Actuaciones

  1. Principal

    VISTO. POR NO ACUDIR AL LOCAL DE ESTE JUZGADO EL REPRESENTANTE LEGAL Y/O AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA, A FIN DE NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL CONTENIDO DE LA DETERMINACIÓN DE SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS; EN CONSECUENCIA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO EN EL CITATORIO QUE SE DEJO EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES; POR LO QUE SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA Y POR LISTA EN LA PAGINA ELECTRONICA http://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 29 Y 30 DE LA LEY DE AMPARO, A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DE LA DETERMINACIÓN DE SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. NOTIFIQUESE.

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 847/2023, promovido por ********************, por propio derecho, contra actos de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado por ********************, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades y actos siguientes: SIN TEXTO SEGUNDO. Derechos humanos transgredidos. La parte quejosa precisó como derechos que se infringieron en su perjuicio los reconocidos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, narró bajo protesta de decir verdad los antecedentes del caso e hizo valer los conceptos de violación que consideró pertinentes. TERCERO. Turno de la demanda y admisión. La demanda fue turnada al Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, donde fue radicada con el número de expediente que le correspondió, por auto de nueve de marzo de dos mil veintitrés, el titular del juzgado la admitió a trámite; emplazó a las autoridades responsables; dio la intervención que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. Auto de remisión a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. El ocho de septiembre de dos mil veintitrés, el juzgado de origen en cumplimiento al Acuerdo General 9/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal remitió este asunto a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, para la continuación del trámite y resolución correspondiente. QUINTO. Turno y radicación en este Juzgado de Distrito. Por razón de turno, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General 9/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remitió los autos a este órgano jurisdiccional, en donde por auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, se radicó y se avocó al conocimiento del asunto, convalidando lo actuado por el juzgado de origen, registrándola con el número de expediente 847/2023; se hizo del conocimiento a las partes; se dio intervención al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción (hoy Fiscal Ejecutivo Titular); y se señaló hora y fecha para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el numeral Primero del Acuerdo General 9/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al trámite, resolución y cumplimiento de los juicios de amparo en los que se reclamen disposiciones generales relativas al pago del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal 2023 en la Ciudad de México, o cualquier norma general relacionada con el pago del impuesto mencionado, por parte de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México". SEGUNDO. Oportunidad. La demanda es oportuna en relación con lo que establecen los numerales 17, primer párrafo y 18, todos de la Ley de Amparo, lo anterior, en virtud de que la parte quejosa hizo el pago del impuesto predial el diez de febrero de dos mil veintitrés (fojas 19 y 20), por lo cual su plazo de quince días para impugnar las normas reclamadas a través de la presentación de la demanda de amparo respectiva, transcurrió del trece de febrero al tres de marzo, ambos de dos mil veintitrés, entonces si el ocurso de demanda se presentó el tres de marzo del propio año, se estima su presentación es oportuna, como se representa en el recuadro siguiente: Febrero 2023 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 01 02 03 04 05 06 (día inhábil) 07 08 09 10 (auto aplicó la norma) 11 12 13 (inicio de cómputo) 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Marzo 2023 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 01 02 03 (presentación de la demanda) (fin del término) 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TERCERO. Precisión de actos. Los actos reclamados materia de litis, en la demanda de amparo del juicio en que se actúa, son los siguientes: Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. - La expedición del Acuerdo de carácter general por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial para el ejercicio fiscal 2023, publicado el dieciséis de enero de dos mil veintitrés, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; y Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México. - La ejecución del Acuerdo de carácter general por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial para el ejercicio fiscal 2023, publicado el dieciséis de enero de dos mil veintitrés, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. CUARTO. No es cierto el acto reclamado al Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México; consistente en la ejecución del impuesto predial correspondiente, no obstante que fue omiso de rendir su informe justificado a pesar de estar debidamente notificado como consta en foja treinta y cinco; sin embargo, no ha lugar a tener por cierto el acto que se le atribuye conforme a lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, por las razones que a continuación se informan. La autoliquidación de una contribución no es un acto imputable a las autoridades ejecutoras, pues el gobernado se coloca a sí mismo en el supuesto previsto en la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora. Por ende, el que la autoridad reciba o recaude un pago que los contribuyentes efectúan en cumplimiento de sus obligaciones tributarias, no puede considerarse como acto de autoridad, sino proveniente de un particular que actúa como auxiliar de la hacienda pública. Sirve de apoyo la jurisprudencia número 2a./J. 153/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 367, del Tomo XXVI, correspondiente al mes de agosto de dos mil siete, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, con número de registro 171860, de rubro: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO." Por tanto, al no haberse acreditado la existencia de los actos antes precisados en relación con las autoridades a las que se les atribuye, lo procedente es sobreseer en el juicio, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. QUINTO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, por así haberlo reconocido al rendir informe justificado, que se hizo consistir en la expedición del Acuerdo de carácter general por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial para el ejercicio fiscal 2023, publicado el dieciséis de enero de dos mil veintitrés, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Es importante mencionar que, el tener o no como ciertas las conductas atribuidas a las autoridades legislativas o administrativas no depende únicamente de lo manifestado en los informes justificados rendidos por las autoridades responsables o en las omisiones en que éstas hayan incurrido, ya que corresponde al juzgador pronunciarse al respecto y cerciorarse de su existencia, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba y el artículo 88 del código supletorio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 260, del Tomo XII, correspondiente al mes de agosto de dos mil, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, con número de registro 191452 del rubro siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN." SEXTO. Causal de improcedencia infundadas. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio constitucional es un aspecto de orden público, por lo que su examen debe ser efectuado de forma oficiosa, con independencia de que las partes lo aleguen o no. Este precepto dispone: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Ahora bien, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, al rendir informe justificado aduce que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa carece de interés jurídico y legítimo para promover el presente juicio, además que el Acuerdo de Subsidios que combate es heteroaplicativa y no demostró el acto de aplicación, debido a que no demostró con documentos fehacientes estar en los supuestos establecidos por la normativa aquí combatida, además, que no acreditó la existencia del acto de aplicación de las normas reclamadas, ni éstos los obligan a hacer o dejar de hacer cierta conducta. En torno al interés jurídico, es menester citar la tesis de jurisprudencia 1a./J. 168/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, página 225, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS." Del precepto y de las tesis citadas, interpretadas en forma sistemática, resulta que existen dos reglas para acudir al juicio de amparo. La primera, que establece que el referido juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho (interés jurídico); y la segunda, que se refiere a un interés legítimo individual o colectivo; en ambos casos, siempre que se alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y, con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa (interés jurídico) o, en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Con lo anterior queda de manifiesto que el juicio de amparo es un medio de control constitucional de los actos de las autoridades que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, principio que reglamenta el artículo 5 de la Ley de Amparo, al disponer, en lo conducente, que la solicitud de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional o cualquier otro acto que se reclame, teniendo tal carácter, quien aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo. Ese principio de instancia de parte agraviada no es ajeno al amparo que se intente contra leyes, dado que, para que la instancia resulte procedente éstas deben provocar un perjuicio jurídico en la esfera del gobernado, que lo legitima para accionar el medio de control constitucional; ya sea, con motivo del inicio de la vigencia de la norma general o bien, del primer acto concreto en que ésta se aplique. De todo lo hasta aquí señalado, se desprenden los dos supuestos que generan el interés jurídico: La existencia y titularidad de un derecho legalmente tutelado por una norma jurídica. El resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa a ese derecho, proveniente de un acto de autoridad. El interés jurídico para impugnar un acto de autoridad resulta del perjuicio que ocasione en uno o varios derechos legítimamente tutelados, lo que faculta al titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en consideración para la procedencia del juicio de amparo. Los artículos 17 y 61, fracciones XII y XIV, de la Ley de Amparo, establecen las bases para la procedencia del juicio de amparo cuando se impugnan normas de carácter general, de acuerdo con su propia naturaleza; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas), o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida (heteroaplicativas). En el caso de leyes autoaplicativas, es suficiente que el gobernado se ubique dentro de los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal que por su sola expedición le obliguen a hacer o dejar de hacer y provoquen con ello la afectación a su esfera jurídica, sin ningún acto ulterior de autoridad, es decir, sin condicionar su individualización, para que esté en aptitud de ejercitar la acción constitucional dentro del plazo de treinta días contados a partir de la entrada en vigor del precepto que se trate, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17, de la Ley de Amparo. Resulta oportuno destacar en el caso de leyes autoaplicativas, el gobernado podrá impugnarlas con motivo del inicio de su vigencia; o bien, con motivo del primer acto de aplicación en su perjuicio, en términos del segundo párrafo, de la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo. En el supuesto de leyes heteroaplicativas, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar al gobernado, los mandatos legales, para que se produzca la actualización en su perjuicio de la hipótesis normativa; esto es, se condiciona la individualización de la norma, a un acto ajeno a su sola vigencia y, entonces, el plazo con el que cuenta el agraviado para promover el juicio de amparo en su contra, será de quince días, según la regla establecida en el artículo 17 de la ley de la materia. De tal forma que, para la impugnación de las disposiciones generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato (individualización incondicionada), o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación (individualización condicionada), el cual proviene generalmente de la actuación de una autoridad, aun cuando también puede surgir de los actos propios de particulares, si mediante su conducta se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus hipótesis normativas. Es aplicable la tesis de jurisprudencia P./J. 55/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Julio de 1997, Materia Común, página 5, de rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA". En el caso, la parte quejosa ********************, acude a este juicio a controvertir como normas heteroaplicativas, entre otros, el Acuerdo de carácter general por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial para el ejercicio fiscal 2023. Lo anterior, con motivo que el diez de febrero de dos mil veintitrés efectuó el pago del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal 2023, correspondientes a los inmuebles ubicados en ********************, y vinculado a la cuenta predial ********************ubicado en ********************, y vinculado a la cuenta predial ********************. Al respecto debe decirse que no se actualiza la causa de improcedencia derivada de los artículos 61, fracción XII en relación con el 5°, fracción I y 6°, todos de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa acreditó fehacientemente que es destinataria de las normas controvertidas, pues demostró la titularidad del derecho subjetivo que defiende en esta contienda, es así, pues en autos está debidamente acreditado que es propietario de dichos inmuebles con las documentales consistentes en los originales de las boletas prediales del ejercicio fiscal dos mil veintitrés, emitidas por la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, correspondientes a las cuentas 05685708006-5 y ********************, expedidas a nombre de la parte quejosa y las impresiones de pago a la Tesorería del Impuesto Predial con certificado digital, realizados el diez de febrero de dos mil veintitrés. Documentales, que se les confiere valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2. Ante tales condiciones, la causa de improcedencia propuesta es infundada. Al no existir más causales de improcedencia invocadas por las partes, ni consideradas de oficio por este órgano jurisdiccional, se procede al estudio de los conceptos de violación. SÉPTIMO. Estudio de fondo. La parte quejosa en su demanda, aduce esencialmente, que la tarifa del impuesto predial previstas en el Acuerdo de Carácter por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, viola el principio de equidad tributaria, previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al incluir una cuota de disminución únicamente para aquellos propietarios de inmuebles de uso habitacional cuyo valor catastral se ubique dentro de los rangos A, B, C y D, de la tarifa prevista en la fracción I del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México. Que el Acuerdo General por el que se otorga subsidio fiscal para el pago del impuesto predial, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, que derivó de la reforma al artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México, es inconstitucional; pues no respeta el principio de equidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, por establecer una cuota con subsidio, para aquellos inmuebles que se ubiquen en ciertos rangos, conforme a la mecánica de cálculo de la contribución, lo que se traduce en un trato diferenciado entre personas que se encuentran en la misma situación de causación, sin que exista una razón objetiva para excluirlos a los demás. A efecto de determinar la eficacia de los argumentos planteados por la parte quejosa, resulta indispensable tomar en cuenta que el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que es obligación de los mexicanos contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el principio de equidad tributaria radica en la igualdad ante la ley fiscal de todos los sujetos pasivos del tributo, los cuales deben recibir un trato semejante, ya que se debe tratar de manera igual a quienes se encuentren en igual situación y de manera desigual a los sujetos del gravamen que se ubiquen en una situación diversa. Así, para cumplir con este principio, el legislador no sólo está facultado, sino que tiene la obligación de crear categorías o clasificaciones de contribuyentes a condición de que éstas no sean caprichosas o arbitrarias, es decir, que se sustenten en bases objetivas que justifiquen el tratamiento diferente entre una y otra categoría y que pueden responder a finalidades económicas o sociales, a razones de política fiscal o incluso extrafiscales. Tales consideraciones encuentran sustento en las jurisprudencias P./J.24/2000 y P./J. 42/97 emitidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la primera publicada en la página 35, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y la segunda publicada en la página 36, Tomo V, Junio de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos contenidos son los siguientes: "IMPUESTOS. PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA PREVISTO POR EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL.- De una revisión a las diversas tesis sustentadas por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno al principio de equidad tributaria previsto por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, necesariamente se llega a la conclusión de que, en esencia, este principio exige que los contribuyentes de un impuesto que se encuentran en una misma hipótesis de causación, deben guardar una idéntica situación frente a la norma jurídica que lo regula, lo que a la vez implica que las disposiciones tributarias deben tratar de manera igual a quienes se encuentren en una misma situación y de manera desigual a los sujetos del gravamen que se ubiquen en una situación diversa, implicando, además, que para poder cumplir con este principio el legislador no sólo está facultado, sino que tiene obligación de crear categorías o clasificaciones de contribuyentes, a condición de que éstas no sean caprichosas o arbitrarias, o creadas para hostilizar a determinadas clases o universalidades de causantes, esto es, que se sustenten en bases objetivas que justifiquen el tratamiento diferente entre una y otra categoría, y que pueden responder a finalidades económicas o sociales, razones de política fiscal o incluso extrafiscales". "EQUIDAD TRIBUTARIA. IMPLICA QUE LAS NORMAS NO DEN UN TRATO DIVERSO A SITUACIONES ANÁLOGAS O UNO IGUAL A PERSONAS QUE ESTÁN EN SITUACIONES DISPARES.- El texto constitucional establece que todos los hombres son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social; en relación con la materia tributaria, consigna expresamente el principio de equidad para que, con carácter general, los Poderes públicos tengan en cuenta que los particulares que se encuentren en la misma situación deben ser tratados igualmente, sin privilegio ni favor. Conforme a estas bases, el principio de equidad se configura como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico, lo que significa que ha de servir de criterio básico de la producción normativa y de su posterior interpretación y aplicación. La conservación de este principio, sin embargo, no supone que todos los hombres sean iguales, con un patrimonio y necesidades semejantes, ya que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos acepta y protege la propiedad privada, la libertad económica, el derecho a la herencia y otros derechos patrimoniales, de donde se reconoce implícitamente la existencia de desigualdades materiales y económicas. El valor superior que persigue este principio consiste, entonces, en evitar que existan normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicación la ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas, o bien, propiciar efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares, lo que se traduce en desigualdad jurídica". Para delimitar el alcance del principio de equidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido ciertos elementos: No toda desigualdad de trato por ley supone una violación a lo establecido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, sino que dicha violación se configura solamente si aquella desigualdad produce distinción entre situaciones tributarias que pueden considerarse iguales sin que exista para ello una justificación objetiva y razonable; A iguales supuestos de hecho deben corresponder idénticas consecuencias jurídicas; No se prohíbe al legislador contemplar la desigualdad de trato, sino sólo en los casos en que resulta artificiosa o injustificada la distinción; y, Para que la diferenciación tributaria resulte acorde con el derecho humano de igualdad, las consecuencias jurídicas que resultan de la ley, deben ser adecuadas y proporcionales para conseguir el trato equitativo, de manera que la relación entre la medida adoptada, el resultado que produce y el fin pretendido por el legislador, superen un juicio de equilibrio en sede constitucional. Es aplicable al caso, la jurisprudencia P./J. 41/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 43, Tomo V, Junio de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente: "EQUIDAD TRIBUTARIA. SUS ELEMENTOS.- El principio de equidad no implica la necesidad de que los sujetos se encuentren, en todo momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, sino que, sin perjuicio del deber de los Poderes públicos de procurar la igualdad real, dicho principio se refiere a la igualdad jurídica, es decir, al derecho de todos los gobernados de recibir el mismo trato que quienes se ubican en similar situación de hecho porque la igualdad a que se refiere el artículo 31, fracción IV, constitucional, lo es ante la ley y ante la aplicación de la ley. De lo anterior derivan los siguientes elementos objetivos, que permiten delimitar al principio de equidad tributaria: a) no toda desigualdad de trato por la ley supone una violación al artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que dicha violación se configura únicamente si aquella desigualdad produce distinción entre situaciones tributarias que pueden considerarse iguales sin que exista para ello una justificación objetiva y razonable; b) a iguales supuestos de hecho deben corresponder idénticas consecuencias jurídicas; c) no se prohíbe al legislador contemplar la desigualdad de trato, sino sólo en los casos en que resulta artificiosa o injustificada la distinción; y d) para que la diferenciación tributaria resulte acorde con las garantías de igualdad, las consecuencias jurídicas que resultan de la ley, deben ser adecuadas y proporcionadas, para conseguir el trato equitativo, de manera que la relación entre la medida adoptada, el resultado que produce y el fin pretendido por el legislador, superen un juicio de equilibrio en sede constitucional". Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 139/2012 (10a.), analizó la temática relacionada con los estímulos fiscales, en particular, si a éstos les resultaban aplicables los principios de justicia fiscal; en la que refirió que tales prerrogativas son prestaciones económicas concedidas a una persona que puede hacer valer a su favor respecto de un tributo a su cargo, con la finalidad de obtener por medio de ese beneficio un fin parafiscal o extrafiscal. También, destacó que son básicamente dos elementos constitutivos de los estímulos fiscales: 1. El beneficiario debe ser contribuyente del impuesto, se destaca que este elemento es fundamental porque el estímulo fiscal sólo se origina en torno a las cargas tributarias que pesen sobre él. 2. La situación especial del sujeto beneficiario establecida en abstracto en la disposición legal que otorga el estímulo y que, al concretarse, da origen al derecho del contribuyente para exigir el otorgamiento de dicho estímulo en su favor. Con base en lo anterior, el Más Alto Tribunal del País estableció que los estímulos fiscales, a pesar de su denominación tributaria, no siempre quedan integrados a la estructura de la contribución, debido a que el Estado puede sólo utilizarlos como instrumentos eficientes para alcanzar sus fines públicos, es decir, por facilidad operativa y se incorporan al final de la mecánica de la contribución para disminuir la carga impositiva, siendo este último el beneficio económico que recibe el gobernado, aunque puede adoptarse cualquier otra forma como la entrega directa del monto dinerario o que se disminuya el precio de la adquisición de un bien o servicio. También sostuvo que el legislador no trata de medir o graduar la capacidad contributiva de los sujetos obligados, de hecho por la forma en que se integran los estímulos fiscales sin relevancia impositiva atienden a factores que no guardan relación con el hecho imponible o los demás elementos cuantitativos del tributo, ni parecen razonables a su mecánica, por lo que pueden surgir en un ejercicio o no estar presentes en otro, de acuerdo con las políticas económicas del Estado, sin afectar a la tributación, pues la correspondencia sólo se refleja en el sujeto obligado y la carga económica que tiene que cubrir. No obstante, añadió que los estímulos fiscales también pueden actuar junto a los elementos esenciales del tributo o se integran a su mecánica, de ahí que son relevantes para graduar el monto económico que se sustrae al contribuyente. Sobre esa base, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación indicó que la distinción entre ambos estímulos fiscales no radica en su relación con la carga tributaria que tienen que soportar los gobernados por virtud de las contribuciones -pues esta situación se presenta en los dos supuestos-, sino en la forma en que se incorpora al esquema del tributo, ya que si actúa mediante un elemento esencial o se adiciona a su mecánica, dado que no se puede separar, tiene relevancia impositiva porque se asocia a la valoración de la capacidad contributiva de los sujetos obligados; asimismo, destacó que no acontecía tal cuestión, si el estímulo fiscal operaba desde afuera, es decir, sin relevancia impositiva, debido a que solamente sustrae una parte del impuesto que debe soportar el contribuyente. Con base en lo anterior, estableció que esa diferenciación resultaba útil para analizar si le eran aplicables los principios de justicia fiscal al estímulo o si debían sujetarse a éstas en una connotación más amplia, concluyendo que si el beneficio fiscal medía la capacidad económica del sujeto obligado o integra esta valoración, entonces era idóneo su estudio a la luz de los principios de justicia fiscal, pues a partir de este hecho se puede vincular si los recursos que aporta son producto de su capacidad contributiva, o si a otros sujetos se les da un trato preferente en el pago respectivo. Concluyó que si el estímulo no estaba inmerso en la medición del hecho imponible o en cualquier otro de los elementos, resultaba lógico que no podía apegarse a los principios de justicia tributaria porque no se lograría su adecuado acoplamiento, ya que ese tipo de beneficios fiscales surgían con datos o elementos ajenos a la estructura de la contribución. Tales consideraciones dieron origen a la jurisprudencia 2a./J. 139/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1243, Libro XIV, Tomo 2, Noviembre de 2012, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente: "ESTÍMULO FISCAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 19 DE LA LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN PARA EL AÑO 2011 Y EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO EN MATERIA VEHICULAR A LA ECONOMÍA FAMILIAR DE LA MISMA ENTIDAD. NO PUEDE ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA TRIBUTARIA.- El beneficio en cuestión constituye un estímulo fiscal que no tiene relevancia impositiva en el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos de donde surge el deber de pago, ya que no incide en alguno de sus elementos esenciales como objeto, base, tasa o tarifa, ni integra su mecánica, pues lo único que se pretende con su otorgamiento es apoyar la economía familiar mediante la entrega en dinero de un porcentaje del valor del vehículo respectivo para sufragar los costos que conlleva su uso; por tanto, al no medir la capacidad contributiva de los sujetos obligados ni pretender impedir que se cause el impuesto respectivo, dicho beneficio no puede analizarse a la luz de los principios de justicia tributaria previstos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que no impide que su regularidad constitucional pueda examinarse al tenor del artículo 1o. de la Constitución Federal". Precisado lo anterior, se tiene que las porciones normativas controvertidas prevén el otorgamiento de un estímulo, consistente en un porcentaje de reducción del pago del impuesto predial, para aquellos contribuyentes propietarios de inmuebles que se ubiquen en los rangos de la letra "A" a la letra "G" de la tarifa prevista en el artículo 130, fracción I, del Código Fiscal de la Ciudad de México, por lo que excluye a quienes, como en el caso de la quejosa, se ubiquen en rangos superiores; ello, como se demuestra con la transcripción siguiente: Acuerdo de carácter general por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial para el ejercicio fiscal 2023, publicado el dieciséis de enero de dos mil veintitrés, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. "PRIMERO.- El presente Acuerdo tiene por objeto apoyar, en términos del numeral SEGUNDO de ese instrumento, en el pago del Impuesto Predial, en adelante Impuesto, a los contribuyentes en los siguientes supuestos: a) Que cuenten con inmuebles de uso habitacional o uso mixto cuyo valor catastral se encuentre dentro de los rangos A, B, C y D de la tarifa prevista en la fracción I del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México, en adelante Código; b) Que cuenten con inmuebles de uso habitacional o mixto cuyo valor catastral se encuentre comprendido en los rangos E, F y G de la tarifa prevista en la fracción I del artículo 130 del Código; y c) Realicen operaciones de compraventa de inmuebles y adquieran nuevas construcciones en términos del artículo 127, párrafo cuarto del Código. SEGUNDO.- Para efectos de lo dispuesto en el numeral PRIMERO, los contribuyentes deberán determinar el impuesto a pagar, en los términos establecidos en el Código Fiscal de la Ciudad de México, para así encontrar el rango que les corresponde, y poder aplicar los subsidios fiscales que a continuación se indican: a) Para el pago del Impuesto correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, que resulte a cargo de los propietarios o poseedores de los inmuebles de uso habitacional o mixto cuyo valor catastral se encuentre comprendido en los rangos A, B, C y D de la tarifa prevista en la fracción I, del artículo 130 del Código, el subsidio otorgado corresponderá a la diferencia entre el impuesto determinado y las cuotas que a continuación se mencionan: RANGO CUOTA DE SUBSIDIO A $58.00 B $67.00 C $81.00 D $96.00 b) Para el pago del Impuesto correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, que resulte a cargo de los propietarios o poseedores de los inmuebles de uso habitacional o mixto cuyo valor catastral se encuentre comprendido en los rangos E, F y G de la tarifa prevista en la fracción I del artículo 130 del Código, se otorga un subsidio correspondiente a la diferencia que se obtenga del Impuesto que los contribuyentes deben enterar, de conformidad con las disposiciones aplicables del Código, menos el porcentaje que a continuación se menciona: RANGO CUOTA DE SUBSIDIO E 50% F 35% G 25% (.)". Por su parte, el artículo 130, fracción I, del Código Fiscal de la Ciudad de México vigentes en los ejercicios fiscales 2023, establece lo siguiente: Código Fiscal de la Ciudad de México de 27 diciembre de 2022 (vigente para el ejercicio fiscal 2023). "ARTÍCULO 130.- El Impuesto Predial se calculará por períodos bimestrales, aplicando al valor catastral la tarifa a que se refiere este artículo:(REFORMADA EN SUS CUOTAS, G.O. 27 DE DICIEMBRE DE 2022) I.TARIFA. Rango Límite inferior de valor catastral de un inmueble Límite superior de valor catastral de un inmueble Cuota fija Porcentaje para aplicarse sobre el excedente del límite inferior A $0.12 $213,281.20 $222.31 0.01924 B $213,281.21 $426,561.78 $258.41 0.03668 C $426,561.79 $853,125.15 $327.25 0.11462 D $853,125.16 $1,279,686.91 $757.61 0.14064 E $1,279,686.92 $1,706,250.31 $1,285.71 0.14425 F $1,706,250.32 $2,132,812.06 $1,827.30 0.16766 G $2,132,812.07 $2,559,373.81 $2,456.79 0.17326 H $2,559,373.82 $2,985,937.23 $3,107.33 0.18931 I $2,985,937.24 $3,412,498.97 $3,818.11 0.19798 J $3,412,498.98 $3,839,062.39 $4,561.49 0.20375 K $3,839,062.40 $4,265,624.12 $5,326.49 0.21001 L $4,265,624.13 $4,692,185.89 $6,115.02 0.21571 M $4,692,185.90 $5,119,155.52 $6,924.98 0.22788 N $5,119,155.53 $15,357,464.88 $7,781.44 0.24607 O $15,357,464.89 $32,323,384.29 $29,957.62 0.24620 P $32,323,384.30 En adelante $66,724.46 0.25594 En el caso de que los inmuebles tengan un valor inferior a la cuota fija correspondiente al rango A, sólo se pagará el porcentaje a aplicar sobre el excedente del límite inferior correspondiente a dicho rango. II. (DEROGADA, G.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2019) III. Tratándose de los inmuebles que a continuación se mencionan, los contribuyentes tendrán derecho a una reducción del impuesto a su cargo:(REFORMADO, G.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2013) 1. Del 80% los dedicados en su totalidad a usos agrícolas, pecuario, forestal, de pastoreo controlado, ubicados en el suelo de conservación, para lo cual deberán presentar una constancia de dicho uso, emitida por la Secretaría del Medio Ambiente, durante el ejercicio fiscal vigente, y siempre que en Tesorería se encuentre registrado el uso que corresponda o en su defecto uso baldío, y (REFORMADO, G.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2018) 2. Del 30% los ubicados en zonas en las que los Programas Territoriales o Parciales de la Ciudad de México determinen intensidades de uso, conforme a las cuales la proporción de las construcciones cuya edificación se autorice, resulte inferior a un 10% de la superficie total del terreno; siempre y cuando no los destine a fines lucrativos, para lo cual durante el ejercicio fiscal que corresponda deberá presentar ante la Administración Tributaria de que se trate, una constancia expedida por la Secretaría del Medio Ambiente con la que se acredite que el inmueble se ubica en este supuesto y manifestar bajo protesta de decir verdad que éste no se destina a fines de carácter lucrativo. (REFORMADO [N. DE E. ADICIONADO], G.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2017) 3. Del 100% a los que se encuentren catalogados como inmuebles con valor patrimonial, en términos de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, aplicable siempre y cuando se realicen trabajos de restauración a los mismos. (REFORMADO [N. DE E. ESTE PÁRRAFO], G.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2019) Para obtener la reducción referida en el párrafo anterior, los contribuyentes deberán: Presentar el certificado provisional de restauración o, en su caso, la prórroga del mismo, emitidos por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; y Acreditar que el monto de la inversión en la restauración del inmueble es igual o mayor al monto que el contribuyente pagará por concepto del pago del impuesto predial, por el plazo que dure la restauración de dicho inmueble. En inmuebles de uso mixto, para la aplicación de la reducción prevista en la fracción III de este artículo, se estará a lo siguiente: Se aplicará a la parte proporcional del impuesto determinado que corresponda al valor de suelo y construcción del uso que sea objeto de dicha reducción, y Se deroga. Las reducciones no serán aplicables a aquellos bienes inmuebles en los que se encuentren instalados o fijados anuncios con publicidad exterior, en los términos de lo dispuesto por la normatividad de la materia, con excepción de aquellos que cuenten con anuncios denominativos." De lo anterior, se expone que los contribuyentes determinarán el impuesto predial bimestralmente, aplicando al valor catastral de los inmuebles la tarifa respectiva, que se conforma de dieciséis rangos que van de la letra "A" a la letra "P", determinados entre un mínimo y un máximo según el propio valor, con cuotas fijas y tasas aplicables sobre el excedente del límite inferior y, en el caso de inmuebles de uso habitacional, los contribuyentes que se establecen en el acuerdo reclamado tendrán derecho a una reducción del impuesto predial a su cargo mediante el pago de una cuota fija. Así, los sujetos pasivos que se ubiquen en los rangos de la letra "A" a la letra "D" de la tarifa respectiva, pagarán la cuota fija con subsidio prevista para cada renglón en el año respectivo, y los ubicados en los rangos correspondientes de la letra "E" a la letra "G" se les aplicará el porcentaje del subsidio que ahí se indica; sin embargo, aquellos contribuyentes de uso habitacional que estén en los rangos que se encuentran dentro de los clasificados en las letras "H" a la "P", no están contemplados para que disminuyan el impuesto predial a su cargo. Tales circunstancias vulneran en perjuicio de la quejosa el principio de equidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, constitucional, en virtud de que no se establece un esquema de aminoración de la carga tributaria para inmuebles cuyo valor está comprendido en los rangos de las letras "H" a la "P" de la tarifa respectiva, a pesar de que cumplen con el parámetro elegido por el legislador para la actualización de tal beneficio, a saber, que el inmueble sea de uso habitacional. Esto es, el hecho de que en los rangos correspondientes a las letras "H" a la "P", del artículo 130, fracción I, del Código Fiscal de la Ciudad de México (vigente en el ejercicio fiscal de 2023), respecto de la tarifa de impuesto predial no estén comprendidos en la tabla de descuentos, los excluye del régimen especial de tributación previsto para los inmuebles de uso habitacional, colocándolos en el régimen general, lo que traduce en un trato desigual entre sujetos que se ubican en igual situación, sin que exista una razón objetiva para ello. Máxime si se toma en consideración que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4° constitucional, el legislador ordinario puede válidamente establecer un sistema de aminoración de la carga tributaria para los inmuebles de uso habitacional conforme al cual el beneficio disminuye en la medida que aumenta su valor catastral, pero no excluir de dicho sistema a determinados inmuebles por virtud de su valor superior. En relación con esto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que si en atención al derecho que consagra el artículo 4° de la Constitución General de la República, en favor de los gobernados de tener una vivienda digna, y la correlativa obligación del legislador de prever los mecanismos necesarios para alcanzar ese objetivo, se estableció un régimen especial de tributación del impuesto predial para los inmuebles de uso habitacional; entonces, el legislador no puede excluir materialmente de ese régimen a algunos inmuebles por tener valores catastrales altos, dado que la protección garantizada por el citado precepto constitucional no está limitada a la vivienda de bajo o mediano costo, por lo que tal circunstancia conllevaría a que, para dichos inmuebles, la aminoración tributaria fuera más baja dado el sistema decreciente de beneficio que comprende el aludido régimen especial de tributación. En el caso en particular, las hipótesis normativas que interesan, prevén una reducción en el pago del impuesto predial, a través de una cuota fija y un porcentaje de subsidio, por lo que quedan excluidos de dicho beneficio todos los contribuyentes poseedores o propietarios de inmuebles comprendidos en los rangos de la letra "H" a la letra "P"; de ahí que la aminoración establecida en el artículo primero y segundo, incisos a) y b), del Acuerdo de carácter general por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial para el ejercicio fiscal 2023, publicado el dieciséis de enero de dos mil veintitrés, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, vulnera en perjuicio de la parte quejosa, el principio de equidad establecido en el precepto 31, fracción IV, de la Constitución Federal, en tanto que no establecen un descuento al impuesto predial a pagar por los inmuebles de uso habitacional comprendidos en los rangos de las letras "H" a "P", de lo que se deriva que para este inmueble no se prevé ninguna aminoración del tributo ni beneficio alguno, con lo que se soslaya que el régimen especial de tributación para los inmuebles de uso habitacional se estableció con el objeto de disminuir la carga tributaria de los contribuyentes en atención a lo previsto en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, queda demostrado que el Acuerdo de carácter general por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial, respecto del artículos primero y segundo en las porciones citadas, sí transgreden el principio de equidad tributaria, pues el estímulo fiscal que establece, guarda relación con los elementos constitutivos del tributo, a saber, la base y tarifa. En razón de que en el acuerdo reclamado se concede el estímulo fiscal a los sujetos pasivos del impuesto predial, durante el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, en específico a los gobernados propietarios o poseedores de inmuebles que se encuentren en los rangos de las letras "A" a la "G", establecidos en el artículo 130, fracción I, del Código Fiscal de la Ciudad de México, que permite que exista una diferenciación entre los sujetos pasivos que se encuentran en esos rangos y los restantes. Ello, pues respecto de los rangos considerandos en las letras "A" a "D", se establece una nueva cuota, lo que se identifica como "Cuota de Subsidio" para sustituir a la cuota fija establecida en el artículo 130, fracción I, de Código Fiscal de la Ciudad de México, vigente para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, en tanto que respecto de los rangos contemplados en las letras "E" a "G", prevé un porcentaje de subsidio que va del 50% al 25%, de la cuota fija establecida en el citado artículo 130, fracción I. Aspectos que inciden en la mecánica para el cálculo del entero relativo al impuesto predial, pues modifican la cuota fija establecida en el artículo 130, fracción I, del Código Fiscal de la Ciudad de México, lo que permite concluir que esos estímulos actúan a nivel de los elementos esenciales del tributo y, por tanto, implícitamente gradúan la capacidad impositiva del contribuyente, motivo por el cual tales disposiciones normativas deben cumplir con el principio de justicia fiscal relativo a la equidad. Ahora bien, cabe destacar que en los ejercicios fiscales dos mil once a dos mil diecinueve, también se incluyó un sistema de aminoración en la cuota fija, la que se establecía en el artículo 130, fracción II, punto 1, sistema que se fue actualizando en lo relativo a los montos en dichos ejercicios fiscales, pero que para el ejercicio dos mil veinte, dicha disposición fue derogada y en la actualidad se incluyó en el Acuerdo de carácter general por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial, respecto de los artículos primero y segundo, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el dieciséis de enero de dos mil veintitrés. Sistema de aminoración que fue analizado en la jurisprudencia P.A. J/53 A (10a.) por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 2981, Libro 23, Tomo III, Octubre de 2015, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo contenido es el siguiente: "PREDIAL. EL ARTÍCULO 130, FRACCIÓN II, PUNTO 1, DEL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL, AL ESTABLECER UNA REDUCCIÓN EN EL CÁLCULO DEL IMPUESTO RELATIVO, VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.- El precepto indicado prevé una reducción, como beneficio fiscal, relacionada con el valor catastral del inmueble, para efecto del cálculo del impuesto predial. Al respecto, el legislador tomó como parámetros para incluir el beneficio, la vulnerabilidad en el Distrito Federal, el mayor rezago en determinadas zonas, así como los ingresos per cápita de los contribuyentes. Ahora bien, desde el momento en que el tributo pierde su única función original, que es la recaudadora, la cual debe ser completa y no parcial (en inicio), al sacrificarse esa recaudación, aunque sea en parte, se exige al legislador la validación constitucional de su actuar, lo cual no acontece en el caso del beneficio aludido, porque el hecho de que el valor catastral de los inmuebles en relación con los cuales puede operar la reducción se ubique en los rangos respectivos, no necesariamente significa que se está frente a los grupos más vulnerables de la ciudad, a las zonas de mayor rezago en servicios y a los contribuyentes de menores ingresos per cápita, en virtud de que pueden darse distintas condiciones y circunstancias por las que, quien deba pagar el impuesto predial, resida en esas zonas. De ahí que, si bien es poco probable que determinado inmueble cuente con un valor catastral menor al que tengan otros de características análogas, aunque esté ubicado en una zona que no sea considerada vulnerable o rezagada, por lo que sería objetiva y razonable la justificación del legislador en ese sentido, no se trata del único motivo, por lo que la reducción no encuentra pleno asidero constitucional, al generar un trato diferenciado; de ahí que el artículo 130, fracción II, punto 1, del Código Fiscal del Distrito Federal que prevé una reducción en el cálculo del impuesto predial en favor de quienes se ubiquen en los rangos ahí determinados, viola el principio de equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". En el cual, el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito concluyó que la reducción que preveía el mencionado precepto legal, no encontraba sustento constitucional, porque se creó a partir de razones que solamente eran válidas parcialmente, y si se tiene en cuenta que el beneficio debe estar justificado de manera objetiva y razonable, sin que haya lugar a arbitrariedades, el trato diferenciado que generaba la reducción, al permitir acceder a aquél sólo a quienes contaban con inmuebles con valores catastrales que se situaban en los rangos ahí especificados, generaba un trato diferenciado que violaba el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, en lo que se refiere al principio de equidad tributaria. En consecuencia, resulta fundado el concepto de violación que sobre el particular propone la parte quejosa; por lo que, se declara inconstitucional los artículos primero y segundo, incisos a) y b) del Acuerdo de carácter general por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal 2023, por ser contrarios al principio de igualdad, en correlación con el principio de equidad tributaria, al excluir del sistema del otorgamiento de los subsidios, a los propietarios y poseedores de inmuebles de uso habitacional y/o mixto, que se ubican en los rangos del H al P de la tarifa contenida en la fracción I, del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México, y lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, respecto de dichos actos. Por tanto, la protección constitucional que se concede es para el efecto de que hasta en tanto no sea reformado el ordenamiento respecto del cual se declaró su inconstitucionalidad, le sea aplicada a la parte quejosa la cuota fija establecida para el pago del impuesto predial respecto de los bienes inmuebles ubicados en ********************, y vinculado a la cuenta predial ********************ubicado en ********************, y vinculado a la cuenta predial ********************. OCTAVO. Efectos de la tutela constitucional. Con el fin de restituir en el pleno goce de los derechos fundamentales a la parte quejosa ********************, una vez que la sentencia quede firme, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México deberá ordenar a la Tesorería de la Ciudad de México: - Determinar la cantidad que por concepto de impuesto predial debe pagar respecto del ejercicio fiscal de dos mil veintitrés, aplicando la cuota fija reducida prevista en el rango D, del inciso a), del artículo segundo del Acuerdo de carácter general por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial, vigente en este año (2023), a la mecánica del cálculo del impuesto prevista en la fracción I, del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México (vigente para dicho ejercicio fiscal), según el lugar en donde se ubique el inmueble de la quejosa, de acuerdo a su valor catastral, en relación con las cuentas prediales 05685708006-5 y ********************. - Además, considerando que la parte quejosa acreditó el pago del impuesto predial que corresponde al ejercicio fiscal dos mil veintitrés, de ambos inmuebles una vez que se le determinen los nuevos montos del impuesto referido, en caso de que existan diferencias, deberá devolverse la cantidad resultante con su correspondiente actualización. Lo anterior, a fin de respetar el principio de progresividad fiscal, toda vez que si se toma en cuenta que lo que se declaró inconstitucional fue la normativa que regula el beneficio fiscal en favor de los propietarios o poseedores de inmuebles de uso habitacional a bajo costo, ello implica que la mecánica del tributo regulada en la fracción I del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México y que está diseñada sobre valores progresivos, continúa rigiendo en el cálculo del impuesto predial. Así se deduce de la jurisprudencia PC.I.A. J/140 A (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1547, del Libro 63, correspondiente al mes de febrero de dos mil diecinueve, Tomo II, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, con número de registro 2019364, cuyo rubro y texto señalan: "IMPUESTO PREDIAL. EFECTO DEL AMPARO CONCEDIDO CONTRA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 130 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. En la jurisprudencia PC.I.A. J/53 A (10a.), el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito declaró inconstitucional el punto 1 de la fracción II del artículo 130 del Código Fiscal del Distrito Federal, ahora de la Ciudad de México, por violar el principio de equidad tributaria, por lo que los particulares que promueven amparo en su contra con motivo de la modificación de los importes contenidos en dicha fracción tienen derecho a que se les otorgue la protección federal al respecto; sin embargo, el alcance de dicha protección debe limitarse a que se substituya el importe de la cuota fija prevista en el rango de la fracción I del precepto, según el lugar donde se ubique el inmueble respectivo, de acuerdo con su valor catastral, por el importe reducido del rango D de la fracción II del propio artículo, porque la modificación de los importes de las cuotas fijas reducidas (fracción II) no actualiza una oportunidad para reclamar la constitucionalidad de la porción normativa prevista en la fracción I del mismo precepto, como se establece en la diversa jurisprudencia PC.I.A. J/126 A (10a.), del propio Pleno de Circuito y, por tanto, la concesión del amparo contra la fracción II del precepto no implica modificar la obligación del particular de pagar el impuesto conforme a la mecánica de cálculo prevista en la fracción I, sin que pueda tomarse en cuenta el posible pago que deba hacerse respecto de otros inmuebles por los que no se conceda la protección federal, pues el principio de relatividad de las sentencias de amparo obliga a considerar sólo el caso específico de cada quejoso al que se le conceda el amparo." Para un mejor entendimiento de la manera en que se debe determinar el impuesto predial en los términos antes expuestos, se precisa la fórmula siguiente: VALOR CATASTRAL DEL INMUEBLE DE USO HABITACIONAL QUE SE UBICA DENTRO DE LOS RANGOS ESTABLECIDOS DE LA "E" A LA "P". MENOS (--) LÍMITE INFERIOR DEL VALOR CATASTRAL DEL INMUEBLE QUE CORRESPONDA SEGÚN SU RESPECTIVO RANGO (DE LA "E" A LA "P") IGUAL (=) EXCEDENTE DEL LÍMITE INFERIOR POR (X) PORCENTAJE PARA APLICARSE SOBRE EL EXCEDENTE DEL LÍMITE INFERIOR QUE CORRESPONDA SEGÚN SU RESPECTIVO RANGO (DE LA "E" A LA "P") IGUAL (=) IMPUESTO PREDIAL A PAGAR POR EL EXCEDENTE DEL LÍMITE INFERIOR MÁS (+) CUOTA FIJA DEL RANGO "D" IGUAL (=) TOTAL DEL IMPUESTO PREDIAL A PAGAR POR BIMESTRE POR (X) 6 (SEIS) IGUAL (=) ----------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DEL IMPUESTO PREDIAL A PAGAR POR AÑO. Finalmente, debe destacarse que la directriz establecida con anterioridad se precisa conforme a los razonamientos vertidos por el Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro Norte, al resolver la contradicción de criterios 62/2023, determinación que constituye precedente obligatorio para este juzgado en términos de lo dispuesto por el artículo 94 párrafo décimo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo anterior, se considera de esta forma, toda vez que en atención a los actos reclamados respecto de los cuales fue procedente el presente juicio constitucional, lo más benéfico para la parte quejosa es el otorgamiento del amparo para los efectos que han quedado delimitados. NOVENO. Publicación de la sentencia. Conforme a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. DÉCIMO. Captura de sentencia. Con fundamento en el Acuerdo General 29/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 73, 74, 75, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ********************, respecto de los actos y autoridades a que se refieren en los considerandos cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********************, respecto de los actos y por los motivos expuestos en el considerando séptimo de la presente resolución. Al efecto, se deberá cumplir con los efectos precisados en el considerando octavo, en los términos precisados. TERCERO. Cúmplase con lo ordenado en los considerandos noveno y décimo. Notifíquese.

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