Sury Saday Tejeda Espinoza y Otros.

Expediente 393/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
393/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
03/09/2019

Partes del expediente

  • Sury Saday Tejeda Espinoza y Otros.
  • Sury Saday Tejeda Espinoza

Actuaciones

  1. Principal

    MESA IV-A "...Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el proveído de que DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO.... ... se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO.... ....se ordena ARCHIVAR el presente asunto como concluido.... este expediente es susceptible de destrucción ...además, a juicio de quien suscribe no tiene relevancia documental para su conservación....

  2. Principal

    MESA IV-A "...Vista la razón actuarial que antecede, se advierte que el fedatario judicial adscrito hizo constar su imposibilidad de notificar el proveído dictado el dieciséis de agosto de dos mil diecinueve a la parte quejosa, por las razones que informa; por tanto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la parte quejosa el presente auto, el proveído de dieciséis de agosto del año en curso, así como los subsecuentes mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional. Por las razones jurídicas que informa, tiene aplicación la jurisprudencia 20/2008 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, abril de dos mil ocho, Tomo XXVII, visible en la página 238, de texto y rubro siguientes: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. De la interpretación armónica de los artículos 27 a 34 de la Ley de Amparo, se advierte que hay resoluciones -como las que contienen prevenciones y requerimientos cuya notificación debe practicarse personalmente, y que ante la imposibilidad de dicha práctica, ya sea porque no se señaló domicilio o porque no se esperó al notificador, la regla es que se notifiquen mediante lista. En ese sentido, si bien la Ley indicada no establece cómo debe actuar el órgano jurisdiccional ante la imposibilidad de notificar personalmente un auto en el que se previene a la parte quejosa en el domicilio que designó para oír y recibir notificaciones, cuando el actuario que se constituye en éste, no encuentra a quien debe notificar, ni a sus parientes, empleados domésticos o a alguna persona que viva ahí, debe entenderse que para llevar a cabo la diligencia, la notificación deberá realizarse por lista. Lo anterior, en virtud de que dicha eventualidad puede encuadrarse en los supuestos previstos en la Ley de Amparo, según los cuales, ante la imposibilidad de practicar la notificación personalmente, debe realizarse por lista, con lo cual el órgano jurisdiccional cumple con el cometido de hacer del conocimiento del quejoso la resolución emitida, utilizando las figuras preestablecidas en la Ley mencionada; esto en el entendido de que corresponde al titular del órgano jurisdiccional, a partir de la razón actuarial en la que conste que se llevaron a cabo todas las actuaciones posibles para efectuar la notificación personal, determinar que ello fue imposible y, en consecuencia, se ordenará válidamente que se practique por lista. Además, lo anterior es así porque si la Ley de Amparo prevé una solución al caso planteado, es inconcuso que resulta innecesario acudir a otra normatividad para resolverlo, de ahí que en la especie sea inaplicable supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles." (INSERCIÓN DEL PROVEÍDO DE DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE) "...Vista la demanda de amparo promovida por... por propio derecho y en representación de sus menores hijas de iniciales... contra actos de la Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, y otras autoridades, por violación a los artículos 14 y 16 constitucionales; se provee: Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se ordena formar expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 393/2019-IV-A. DESECHAMIENTO Ahora, antes de proveer sobre su admisión, resulta necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El precepto transcrito autoriza al que suscribe a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación a las características en que descansa la improcedencia del juicio biistancial, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo de inejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y sus anexos; en tanto que lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Es necesario establecer que la parte quejosa señaló como autoridades responsables, a las siguientes: ORDENADORA: - Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad. EJECUTORAS: - Subdirector de Recursos Humanos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, Veracruz. - Oficial Mayor de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, Veracruz. En cambio señala como acto reclamado el siguiente: ".La negativa de la autoridad ejecutora a hacer los pago . de la pensión alimenticia provisional del 50% (CINCUENTA POR CIENTO) establecida en el auto de fecha seis de mayo del año 2019 y en alcance el auto de fecha diecisiete de junio de 2019 ambos decretados por el Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar de esta ciudad de Poza Rica, Veracruz." Luego, como se aprecia del señalamiento de autoridades responsables y precisión del acto reclamado lo que la parte quejosa reclama es en realidad: La negativa del Subdirector de Recursos Humanos y Oficial Mayor, ambos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, ambos con residencia en Xalapa, de hacer los pago de la pensión alimenticia provisional del 50% (cincuenta por ciento) decretada por la Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, en auto de seis de mayo y en alcance el diecisiete de junio, ambos de dos mil diecinueve. Esto es, la accionante no señala acto reclamado alguno de la Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad. Luego, en contra del destacado acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, que en su orden y en la parte que interesa, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley.". "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: "I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (..) III. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (.)". Conforme al contenido del numeral 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, se conoce que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que así lo dispone la Ley de Amparo; por su parte, el artículo 1, fracción I, de dicho ordenamiento legal, refiere que el juicio de amparo procede contra leyes o actos de la autoridad que violen derechos fundamentales. En el entendido que las leyes o actos de autoridad son aquellas disposiciones de orden público que en forma voluntaria e intencional, ya sea en sentido positivo o negativo, esto es, por acción u omisión, emite un órgano del Estado, que puede consistir en una decisión o ejecución, o en ambas a la vez; tales leyes o actos normalmente producen una afectación en situaciones jurídicas o de hecho determinadas, y se imponen a los particulares en forma imperativa, unilateral y coercitiva. Ahora, en términos del citado artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria u omita el acto que de realizarse crearía modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, y en relación con dicho tópico, para efectos del amparo no sólo es autoridad responsable aquella que se encuentra constituida con ese carácter conforme a la ley, sino también la que dispone de la fuerza pública en virtud de circunstancias legales o de hecho, y que por lo mismo esté en la posibilidad formal o material de obrar como individuo que ejerza actos públicos, dictando resoluciones obligatorias para los gobernados, cuyo cumplimiento pueda ser exigible mediante el uso directo o indirecto de la fuerza pública, o bien, a través de otras autoridades. En relación con lo anterior, se destaca que autoridad es todo aquel ente que ejerce facultades decisorias que le confiere la ley y, por ende, que constituye una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal facultad... En el caso, como se precisó con antelación, la promovente reclama al Subdirector de Recursos Humanos y Oficial Mayor, ambos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, la negativa de hacer los pagos de la pensión alimenticia provisional del cincuenta por ciento decretada en auto de seis de mayo de dos mil diecinueve, en el juicio ordinario... por la Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad. Del capítulo de hechos se advierte que al decretar la pensión alimenticia provisional, la Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, giró oficio al Departamento de Recursos Humanos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, señalado como autoridad responsable ejecutora, toda vez que tomó en cuenta que el aquí tercero interesado, es Trabajador de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, por lo que en su momento giró oficio a esa fuente laboral, para que procediera al descuento ordenado. Por lo tanto, al quedar de manifiesto que el Subdirector de Recursos Humanos y Oficial Mayor, ambos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, en cumplimiento al mandato de la Juez del conocimiento del asunto no actúan como autoridades, sino únicamente como fuente de trabajo de la parte demandada, lo que en su caso tendría como consecuencia que a dichos entes le correspondería realizar los descuentos que, en su caso, se decreten respecto de la pensión alimenticia que se fije en el juicio de origen. En ese sentido se afirma que en este juicio no le recae a la citada fuente de trabajo el carácter de autoridad responsable, debido a que se advierte que en caso de ejecutar el acto reclamado, su actuar no sería unilateral ya que no deriva de una ley que origine una relación de supra a subordinación respecto de la parte quejosa ni de ninguna de las partes en el juicio de origen. Además, tales actos equivalentes a los de autoridad, deben vulnerar derechos fundamentales contemplados en la norma constitucional y las funciones que autorizan la emisión de dichos actos equiparables, deben encontrarse contemplados en una norma general, tal y como se advierte de la Tesis XXVII/97, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, página 118, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." En este contexto, un acto de autoridad es aquel que entraña una actuación o abstención de un órgano del Estado o un particular (cuando realice actos equivalentes a los de autoridad cuyas funciones estén determinadas por una norma), frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características son la unilateralidad, obligatoriedad y coercitividad. Acorde a lo anterior, conviene citar por identidad de criterio, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de dos mil once, página 1089, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Apoya la conclusión anterior la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, visible en la página 890, Mayo de 1998, que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Por las razones expuestas, con fundamento en los diversos 112 y 113 de la ley de la materia, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo que nos ocupa. A mayor abundamiento, la accionante, al ser parte actora en el juicio de origen está en aptitud legal de solicitar a la Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad, que haga uso de los medios de apremio que pone a su disposición la legislación de la materia para constreñir a la fuente de trabajo a que realice los descuentos por concepto de la pensión alimenticia provisional decretados en favor de dicha accionante y de las menores que representa, por ser una obligación del órgano jurisdiccional que conoce del asunto velar porque sus determinaciones se acaten puntualmente..."

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