Sury Lizzet Peralta Villa
Expediente 735/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 735/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 02/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Sury Lizzet Peralta Villa
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. En atención al contenido del ocurso de cuenta, téngase al Juzgado de Distrito en mención acusando recibo del diverso oficio 7656/2017 del índice de este órgano jurisdiccional, por el cual se hizo de su conocimiento el auto de veinticinco de abril actual, dictado en el juicio de amparo 735/2017-V, del índice de este órgano de control constitucional, en el cual se determinó carecer de competencia legal por materia, para conocer de la demanda de amparo así como informando que acepta la competencia declinada y que la registró con el número 377/2017-IV; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales procedentes. En consecuencia, archívese el presente juicio como definitivamente concluido, previa anotación que se haga en el libro de gobierno. El presente expediente es susceptible de ser destruido, no es de relevancia documental. Asimismo, este expediente deberá conservarse en el archivo de este Juzgado por el término de tres años a partir de esta fecha, en el entendido de que una vez cumplido este plazo deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis. Notifíquese.
- Principal
Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por quien se ostenta como autorizada de la parte quejosa, en contra de actos del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. Fórmese expediente impreso y electrónico y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 735/2017-III, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora, en términos de lo dispuesto en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede analizar en su integridad la demanda a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. De la lectura de la demanda de amparo, se advierte que la parte promovente reclama lo siguiente: La orden y autorización de pago por parte del Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, exclusivamente a trabajadores que aparecen en la lista que se inserta en la convocatoria de seis de abril de dos mil diecisiete, dentro del concurso mercantil 432/2010. Al respecto el suscrito considera que no es a este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, a quien corresponde el conocimiento de la demanda en estudio, pues carece de competencia legal por razón de la materia, para conocer de la demanda de amparo de mérito. Lo anterior es así, porque la cuestión de competencia, es un presupuesto procesal, que debe analizarse de oficio por la autoridad del conocimiento, en los términos que indica la Ley, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de garantías y consolidarían una violación procesal; situación jurídicamente inadmisible, si se toma en cuenta que la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juzgador, en términos de lo que establece el artículo 17, párrafo segundo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo. Lo anterior, en estricto cumplimiento a los principios y reglas que sobre competencia de los distintos Jueces de Distrito han sido elevados a normas de rango constitucional, en relación con la ley reglamentaria que regula esos aspectos, en términos de los preceptos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo. En este sentido, las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia, por lo que normalmente se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia, a saber: Competencia por territorio; Competencia por materia; Competencia por grado; Competencia auxiliar; y, Competencia concurrente. Ahora bien, conviene tener en cuenta que existen diversos lineamientos que permiten delimitar el ámbito competencial de los órganos jurisdiccionales: 1. Territorio. Éste es el ámbito espacial dentro del cual el juzgador puede ejercer válidamente la función jurisdiccional. A ese ámbito espacial se le ha denominado de diversas maneras, ya sea como circuitos, distritos o partidos judiciales. 2. Materia. Es el criterio que se instaura con motivo de la naturaleza jurídica del conflicto objeto del litigio o de la naturaleza de la causa, es decir, de las cuestiones jurídicas que constituyen el tema litigioso del proceso; se atribuye de acuerdo con las diferentes ramas del derecho sustantivo. 3. Grado. Se refiere a cada cognición del litigio por un juzgador. Las leyes procesales establecen la posibilidad de que la primera decisión sobre el litigio sea sometida a una revisión por parte de un juzgador de mayor jerarquía, con el fin que determine si dicha decisión fue dictada con apego a derecho y saber si debe convalidarse. De igual forma, debido a la creciente necesidad de especialización por parte del Juzgador, la tarea judicial se reparte con base en este criterio; por lo que encontramos órganos juzgadores que conocen de materia civil, administrativa, laboral o penal, aunque el espectro de competencia se ha ampliado. Cabe destacar el contenido del artículo 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los cuales hacen referencia a la competencia de los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Civil, y los Jueces de Distrito en Materia de Trabajo. De los numerales trascritos, se desprende que los jueces de distrito en materia de trabajo conocerán del amparo contra los actos provenientes de actos de autoridad judicial que deriven de la aplicación de leyes federales de carácter laboral, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad laboral; de aquéllos que se promuevan contra leyes o disposiciones generales de carácter laboral; contra actos en materia de trabajo que provengan de una autoridad distinta a la judicial; de los que provengan de los tribunales de trabajo que se hayan ejecutado dentro del juicio, fuera de él o después de concluido, o bien, que afecten a personas extrañas al mismo; así como de las denuncias por incumplimiento de las declaratorias generales de inconstitucionalidad que se hayan emitido respecto de normas generales en materia de trabajo. Por su parte, los jueces de distrito en materia civil, conocerán de los amparos que se promuevan contra resoluciones del orden civil, o de actos u omisiones en juicio o fuera de juicio o después de concluido éste; contra leyes y disposiciones de observancia general en materia civil; de cualquier asunto competencia de los juzgados de distrito en materia de amparo que no sea competencia de los juzgados de distrito en materia penal, administrativa o laboral; y de las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora, las reglas para la distribución de las competencias, tratándose de juzgados de distrito especializados por materia, toman como elemento para determinar la competencia material la naturaleza del acto reclamado y ponen especial énfasis en su contenido material, tal como sucede en las impugnaciones de leyes o de disposiciones de carácter general, en donde no infiere el carácter de la autoridad emisora para determinar la naturaleza del acto que se reclama en amparo; por ende, es un elemento fundamental para determinar la competencia material la naturaleza del acto que prima sobre la calidad de la autoridad que lo emite. Es decir, en el amparo biinstancial lo que define la competencia material del órgano jurisdiccional es la naturaleza del acto reclamado, puesto que es éste el que da la pauta y referencia para el análisis constitucional que debe realizarse. En el presente asunto, la parte quejosa reclama la orden y autorización de pago por parte del Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, exclusivamente a trabajadores que aparecen en la lista que se inserta en la convocatoria de seis de abril de dos mil diecisiete, dentro del concurso mercantil 432/2010. Esto es, la orden que emitió el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, dentro del concurso mercantil 432/2010, en el que se autorizó un primer pago por más de ciento treinta y ocho millones de pesos a los trabajadores de la aerolínea Compañía Mexicana de Aviación, sociedad anónima de capital variable, misma que se publicó el seis de abril de la presente anualidad, lo cual constituye un conflicto de naturaleza civil, cuya impugnación en su caso, llevaría a analizar su legalidad bajo la aplicación de normas de esa naturaleza, al dilucidarse cuestiones entre particulares. En tal guisa, la orden impugnada por la quejosa no puede ser considerada respecto de ella como un acto de autoridad laboral, pues dicho acto tiene su origen y fundamento en una relación meramente civil. Atento lo anterior, es menester precisar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que, para determinar la competencia por materia de un juicio de amparo, no sólo debe tomarse en cuenta la naturaleza del acto reclamado, sino también la de la autoridad responsable, dejando a un lado los motivos de inconformidad expresados, pues éstos no constituyen un criterio que determine a quién compete conocer del asunto, sino que únicamente evidencian cuestiones subjetivas. En tales condiciones, en el presente caso se reclama al Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, la orden y autorización de pago exclusivamente a trabajadores que aparecen en la lista que se inserta en la convocatoria de seis de abril de dos mil diecisiete, dentro del concurso mercantil 432/2010. De lo anterior se desprende que el acto reclamado deriva de un concurso mercantil, cuya materia si bien se rige por reglas especiales como las mercantiles, lo cierto es, que su génesis es civil. Lo anterior, porque lo siguiente: El concurso mercantil tiene su origen en la quiebra, la cual hace referencia al estado especial de un comerciante que ha cesado en el pago de sus obligaciones, así como al procedimiento judicial que tiene por objeto declarar esa situación de quiebra y realizar el activo del quebrado para hacer pago a sus acreedores. Al efecto, la Real Academia de la Lengua Española define a la quiebra como: "juicio por el que se incapacita patrimonialmente a alguien por su situación de insolvencia y se procede a ejecutar todos sus bienes en favor de la totalidad de sus acreedores". De ello se desprende que la finalidad de la quiebra es la venta de la empresa del Comerciante, de sus unidades productivas o de los bienes que la integran para el pago a los Acreedores Reconocidos. Entonces, si el concurso mercantil tiene relación directa con los bienes de la empresa quebrada, resulta claro que originalmente su naturaleza es civil; y por tanto, los Jueces competentes para conocer de él son los especializados en esa materia. En razón de lo anterior, se considera que en el caso se surten los dos supuestos establecidos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 2a./J. 24/2009, para fijar la competencia por materia, en cual se precisó que para determinar la competencia por materia debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Bajo esa tesitura, si el acto aquí reclamado deriva de un concurso mercantil y el mismo se atribuye a un Juzgado de Distrito en Materia Civil, esto es, al Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México; es evidente que quien debe conocer del presente asunto es un Juez especializado en esa materia y no uno en materia laboral, debido a que tanto la autoridad responsable como el acto reclamado son de naturaleza civil. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por quien se ostenta como autorizada de la parte quejosa, en contra de actos del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México; por tanto, envíese el expediente al Juzgado de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, en turno, solicitándole atentamente tenga a bien acusar el recibo de estilo y comunique la resolución que emita al respecto, con excepción del Juzgado referido en primer término, pues de él emana el acto que en esta vía se impugna Fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias necesarias y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por otra parte, resulta innecesario notificar personalmente el presente proveído a la parte quejosa, en atención a la jurisprudencia P./J. 12/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la federación y su Gaceta, novena época, tomo III, correspondiente a marzo de mil novecientos noventa y seis, primera parte, sección primera, página cincuenta y cinco, cuyo rubro establece "DEMANDA DE AMPARO RECIBIDA POR EL SECRETARIO AUTORIZADO EN LUGARES EN QUE EXISTEN VARIOS JUZGADOS DE DISTRITO, REMITIDA A LA OFICIALIA DE PARTES COMÚN Y TURNADA A DIVERSO JUZGADO AL DE SU ADSCRIPCION. EL AUTO ADMISORIO NO DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE". Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo. Ahora, en atención a lo dispuesto en el primer párrafo del numeral 12 del cuerpo normativo en cita, se tiene por autorizadas con todas las facultades que dicho precepto legal confiere, a las personas señaladas en el escrito de demanda, al tratarse de la parte trabajadora quien promueve el presente juicio Desde este momento se faculta a las partes el uso de medios electrónicos, a fin de reproducir las constancias del presente asunto, con excepción de los documentos exhibidos como prueba. Se hace del conocimiento de las partes que, a fin de respetar el derecho a la intimidad, en la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información que por normativa se clasifique como reservada, confidencial o datos personales. Notifíquese.
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