Surian Jainy Gómez Acosta
Expediente 340/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 340/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 11/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche · Campeche
Partes del expediente
- Surian Jainy Gómez Acosta
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, once de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por el Magistrado Presidente de la Sala Mixta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, mediante el cual solicita se remita el acuerdo de desechamiento emitido en el presente juicio de amparo. Al respecto, mediante oficio que para tal efecto se gire, con transcripción del diverso proveído de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, hágase del conocimiento de la autoridad oficiante que el veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, este Juzgado Federal aceptó la competencia planteada por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, y se avocó al conocimiento del presente asunto, sin embargo, al haberse actualizado un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechó de plano la demanda de amparo; asimismo, mediante diverso proveído de veinte de julio de dos mil veintiuno, causó estado la referida determinación y se ordenó su archivo definitivo. Notifíquese.
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, nueve de marzo de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el escrito firmado por Erick Joaquín García Vior, mediante el cual solicita copia certificada de todo lo actuado en el presente juicio de amparo. Sin que sea el caso hacer proveer al respecto, toda vez que el referido ocursante no es parte en el presente juicio de amparo. Notifíquese
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, veinte de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el plazo legal a que alude el numeral 98, de la ley de la materia, dentro del cual la parte quejosa pudo recurrir en queja el acuerdo mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 2 de la ley de la materia, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, al no existir cuestión pendiente por acordar, háganse las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro respectivo; y remítase al archivo como asunto concluido, en los siguientes términos: 1. Como el presente expediente no cuenta con valor jurídico, histórico o documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General, en cumplimiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relacionado con el Capítulo 8, punto 8.1.2., apartado 4, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se establece que el presente expediente es DESTRUIBLE, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se desechó de plano la demanda de garantías propuesta. 2. En consecuencia, al ser este expediente destruible, se conservará por el término de tres años en el "Archivo de trámite" de este Juzgado, en virtud de que se dan los supuestos establecidos en los artículos 8, fracción I, y 9, ambos del citado Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó como asunto concluido, y una vez concluido dicho plazo, dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo establece el penúltimo párrafo del artículo 21 del referido Acuerdo General; lo anterior, previa las anotaciones en los sistemas o libros de control correspondientes, tal como lo establece el numeral 23 del mencionado Acuerdo que rige en materia archivística a los órganos jurisdiccionales. Hágase constar su valoración en la carátula del expediente principal, mediante la leyenda "DESTRUIBLE", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo archivístico, así como en la relación que se integre. Finalmente, se ordena devolver a la Sala Mixta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, Campeche, el toca **************, en un tomo, y las copias del expediente ***************, en dos tomos; lo anterior, por carecer de razón su permanencia en autos. Notifíquese.
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, uno de junio de dos mil veintiuno. Se agrega a los autos el oficio y anexo remitido por el Juez Interino del Juzgado Primero de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial del Estado, con sede en Ciudad del Carmen, Campeche, por el que devuelve sin diligenciar el despacho 213/2021, origen 91-D-VI-AMP/2021, de nuestro índice, del cual se advierte que en razón actuarial de veintisiete de abril de la presente anualidad, el actuario adscrito al juzgado auxiliar hizo constar que no le fue posible llevar a cabo la notificación personal del proveído de veintitrés de marzo del año en curso a la quejosa ********************, por no haberla localizado en el domicilio señalado en el escrito de demanda. Se acusa recibo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27 fracción III inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena realizar la notificación del proveído de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, en el que se le comunica que se desecha de plano la presente demanda de garantías, a la citada quejosa, mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este Juzgado, así como las demás que se generen en el presente asunto, aún las de carácter personal, hasta en tanto sea señalado diverso domicilio para tales efectos. Notifíquese por lista a la parte quejosa, el proveído de veintitrés de marzo del año en curso, y el presente proveído. ACUERDO DE VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. San Francisco de Campeche, Campeche, veintitrés de marzo de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el oficio XXXX/2021 signado por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, al que adjunta el juicio de amparo directo 256/2021, promovido por XXXXXXXXXXXXXX, toda vez que mediante proveído de nueve de marzo de dos mil veintiuno, se declaró legalmente incompetente para conocer el acto que se reclama en contra de la Sala Mixta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, y otra autoridad, consistente en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Acúsese recibo. Lo anterior, en atención a que se ubica en el supuesto del artículo 45 de la Ley de Amparo, para la competencia del juicio de amparo indirecta en esa vía, razón por la que estimó que el conocimiento de este asunto corresponde a un Juez de Distrito, ordenando la remisión de la demanda de amparo del presente asunto, incluyendo el informe justificado y tres anexos rendido por la autoridad responsable Sala Mixta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, a la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad; la que correspondió conocer por turno, a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche. Por tanto, téngase por recibida la demanda de amparo promovida por XXXXXXXXXXX, quien solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos de las autoridades y actos que se describieron en los párrafos que anteceden. Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno bajo el expediente 340/2021-VI-B. Asimismo, respecto de los referidos anexos, se dispone formar TRES CUADERNOS AUXILIARES que se mantendrán por separado, pero formando parte de este juicio, dado su volumen y para hacer de fácil manejo el presente expediente, sin embargo, se puntualiza que tales constancias no estarán a la vista de las partes para su consulta. En consecuencia, con apoyo en el artículo 45 de la Ley de Amparo, y en lo resuelto por el indicado Órgano Colegiado, este juzgado Federal acepta la competencia planteada, y por tanto, se avoca al conocimiento de la demanda constitucional. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, se procede a examinar la demanda de derechos fundamentales y realizar el pronunciamiento correspondiente. Del examen integral del escrito de demanda aparece que la resolución reclamada no tiene efectos de imposible reparación como lo exige la interpretación gramatical en sentido contrario del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de amparo indirecto, por lo que se actualiza, de manera notoria e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, del citado ordenamiento. Así es, el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado; este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia constitucional. Lo anterior, obedece a que los procesos de impugnación tienen como finalidad el brindar una seguridad jurídica a las partes en conflicto, la cual, en el ámbito del proceso jurisdiccional, no es otra cosa que la garantía dada al individuo que acude a los órganos jurisdiccionales de que sus derechos procesales no serán objeto de ataques violentos o que, si éstos llegan a producirse, le serán aseguradas protección y reparación; medida que impone la necesidad de contar con ordenamientos procesales que contemplen la existencia de instrumentos que pretendan la corrección de los actos y resoluciones judiciales, ya sea ante el mismo juez que los emitiera, o bien, ante uno de mayor jerarquía. Así, los elementos que integran la causal de improcedencia del juicio de amparo en estudio, son los siguientes: a). Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b). Que la ley que rige el acto reclamado conceda contra el mismo algún recurso o medio de defensa; c). Que ese recurso o medio de defensa se prevea dentro del procedimiento en el que se emitió la actuación reclamada; y, d). Que, por virtud de dicho medio, la resolución judicial, administrativa o laboral pueda ser modificada, revocada o nulificada. Estableciendo como excepciones: Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; 2. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; 3. Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. 4. Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. 5. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla; supuesto en el cual, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Precisado lo anterior, se advierte que, en la especie, se colman los supuestos previstos en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues -como ya se dijo- el acto reclamado consiste en el auto de diecisiete de septiembre pasado, emitido en el toca XX/20-2021/S.M., a través de la cual se declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto contra el auto de veinte de marzo de dos mil veinte, dictado por la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche en el expediente XXX/17-2018/2C-II, relativo al Juicio Sumario Civil Hipotecario, en el que se declaró desierta la prueba pericial contable. Por tanto, el mencionado recurso tuvo que agotarse antes de acudir al juicio de amparo, pues la ley reglamentaria impide el estudio de cuestiones que carezcan de definitividad. De ahí que, es inconcuso que se actualizan los elementos destacados que exige la causa de improcedencia en estudio, pues el acto reclamado proviene de un tribunal judicial (Sala Mixta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Ciudad del Carmen, Campeche); respecto del cual la ley aplicable prevé un medio de defensa dentro del procedimiento del cual emane el acto de autoridad (recurso de reclamación), mismo que de resultar fundado se podría obtener, en su caso, la revocación o modificación del acto reclamado. Aunado a que, en el caso particular, no se actualiza alguno de los supuestos de excepción para el principio de definitividad estudiado, en razón que el acto reclamado en análisis no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, menos aun de incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso; ni se trata de un auto de vinculación a proceso. Además, la quejosa no tiene el carácter de tercera extraña, en virtud que del escrito de demanda y de las constancias que envió el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, se desprende que es la parte actora en el juicio de origen, por ende, estaba facultada para intentar el recurso de reclamación, en el cual pudo haber hecho valer en vía de agravios todas las violaciones que estimara la dejaron sin defensa. En consecuencia, no se puede estimar que la promovente se encontraba en un caso de excepción al principio de definitividad, al haber estado en aptitud de interponer el recurso ordinario correspondiente, antes de acudir al juicio de amparo, a partir de que tuvo conocimiento del acto reclamado. Finalmente, como se evidenció, la procedencia del recurso de reclamación no se sujeta a interpretación adicional, así como tampoco su fundamento legal es insuficiente para determinarla. Así pues, al no haber hecho valer la parte quejosa previamente al ejercicio de la acción constitucional, el medio de defensa idóneo, es evidente que inobservó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo; por tanto, el acto reclamado en mención no puede estimarse definitivo para los efectos del juicio de amparo, y en virtud de ello, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, de la ley de la materia. Por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda constitucional, promovida por XXXXXXXXXX, en contra del acto que pretende reclamar. Además, dicha improcedencia es notoria porque se advierte del contenido íntegro de la demanda constitucional, y es indudable si se toma en cuenta que la improcedencia del juicio no puede ser desvirtuada con ningún medio de prueba que ofreciera la parte quejosa durante la tramitación del juicio de amparo. Ahora bien, toda vez que del escrito de demanda se advierte que el domicilio de la parte quejosa se encuentran ubicado en la fuera del lugar de residencia de este órgano de control constitucional; por ello, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 298 y 314 del Código Federal de Procedimientos Civiles, con los insertos y anexos necesarios, líbrese atento despacho al Juez de Primera Instancia del Ramo Civil, en turno, del Segundo Distrito Judicial del Estado, con sede en Ciudad del Carmen, Campeche, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda, notifique personalmente el presente proveído a la quejosa XXXXXXXXXX, en el domicilio ubicado en la calle XXXXXXXXXXXXXXXXX, en Ciudad del Carmen, Campeche, y en el acto de la diligencia le requiera para que en el término de tres días hábiles contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído señale domicilio en esta ciudad, apercibiéndolo que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes, incluso las de carácter personal, se le harán por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción II, de la referida ley de la materia, sin necesidad de posterior acuerdo. De igual forma, se requiere al citado Juez, que una vez cumplimentado el presente despacho, lo devuelva a este Juzgado de control constitucional a la brevedad posible, ello para los efectos legales correspondientes. Se tiene como autorizados, con todas las facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, a XXXXXXXXXXX, toda vez que fue localizada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y como autorizada con las limitaciones que marca el artículo 12 a XXXXXXXXXX, toda vez que no se encuentra en el Sistema de Registro de referencia. Con fundamento en los párrafos quinto y sexto del enunciado normativo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se ordena al Secretario de acuerdos, que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso, para lo cual se dispondrá del apoyo materia del oficial administrativo correspondiente. Lo anterior, a efecto de cumplir con la obligación impuesta por los mencionados preceptos, en lo relativo a vigilancia de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema. De conformidad con el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con mismo ordinal del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a la parte quejosa que hasta antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, cuenta con el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales que aparecen en resoluciones, pruebas y demás constancias del expediente, ello en el momento de hacerse pública la misma; asimismo, en la etapa de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si las mismas deben considerarse como reservadas o confidenciales con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o en una ley expedida por el Congreso de la Unión o las Legislaturas de los Estados, todo lo anterior, sin perjuicio de lo que determine la unidad administrativa al instante en que le sea solicitada por terceros, información de este expediente. Se autoriza a los secretarios adscritos a este órgano jurisdiccional, a firmar los oficios que deban de emitirse, en la substanciación de este asunto. Notifíquese personalmente.
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