Suly Ponce Priero

Expediente 417/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 8 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
417/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
28/09/2021

Partes del expediente

  • Suly Ponce Priero
  • Municipio de Juárez
  • Suly Ponce Priero y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión del fallo dictado en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. En virtud de lo expuesto, para todos los efectos legales procedentes, háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Conforme a lo ordenado en el numeral treinta y cinco, primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es destruible. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma el licenciado HÉCTOR MANUEL FLORES LARA, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la Secretaria de Juzgado, licenciada Verónica Uranga Luviano, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Visto para resolver el juicio de amparo 417/2021-VI, promovido por la licenciada Susana Prieto Terrazas, apoderada legal de SULY PONCE PRIETO, contra actos del Tribunal de Arbitraje Municipal, con residencia en la localidad; y, R e s u l t a n d o: Primero. Que mediante escrito recibido en Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, el veintiocho de mayo de dos mil veintiuno y turnado a este juzgado en treinta y uno de ese mismo mes y año, la licenciada Susana Prieto Terrazas, apoderada legal de SULY PONCE PRIETO, promovió juicio de amparo, contra los actos de la autoridad Tribunal de Arbitraje Municipal, con residencia en la localidad, a quien reclamó: "4.- ACTO RECLAMADO.- Lo constituye la OMISIÓN en que ha incurrido la Autoridad Responsable de la substanciación del juicio en la forma y términos previstos por los artículos 873 al 891 de la Ley Laboral, en específico el desahogo de las pruebas dentro de los plazos y términos que establece la Ley Federal del Trabajo, en el juicio especial laboral 62/2016, seguido por la aquí quejosa, en contra del hoy tercero perjudicado MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIHUAHUA, ventilado ante la responsable." Segundo. Por auto de uno de junio de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de que se trata, por lo que se pidió a las autoridades responsables su informe justificado, se dio al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención que le compete, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual cumplidos los requisitos legales inició en términos del acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O: Primero. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es constitucional y legalmente competente para conocer y fallar este juicio de derechos fundamentales indirecto de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103 fracción I y 107 fracción III, de la Constitución Federal; 1, 33, fracción IV, 35, 37 y demás relativos de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 49, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que la omisión de la autoridad que la parte quejosa designó como responsable reside en esta Ciudad, y por ende, es competente para conocer del juicio, el Juez de Distrito con jurisdicción en donde dicho acto se omitió, lugar donde ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General en cita. Segundo. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la quejosa exponga en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación, rubro y texto, son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así pues, el examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que los actos reclamados por la parte quejosa son: Del Tribunal de Arbitraje Municipal, con residencia en la localidad, la omisión de substanciar el juicio laboral 62/2016, en los términos señalados en la Ley Federal del Trabajo, y en específico la omisión del desahogo de las pruebas dentro de los términos y plazos que establece la Ley Federal del Trabajo. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por el aquí impetrante, lo procedente es examinar la existencia de los actos de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, que es del tenor siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACION LOGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." Tercero. La autoridad responsable, Tribunal de Arbitraje Municipal, con residencia en la localidad, al rendir su informe justificado negó los actos que se le reclamaron, y que la parte quejosa hizo consistir en la omisión de substanciar el juicio laboral 62/2016, en los términos señalados en la Ley Federal del Trabajo, y en específico la omisión del desahogo de las pruebas dentro de los términos y plazos que establece la Ley Federal del Trabajo. De lo anterior, mediante acuerdo del seis de julio de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a la parte quejosa, sin que haya manifestado nada al respecto ni aportó prueba alguna que desvirtuara esa negativa, además de que no, debe perderse de vista que la responsable informó que en proveído del veintidós de abril de dos mil veintiuno, se señaló fecha para las testimoniales ofrecidas por la parte demandada en el juicio natural, mismas que se llevarán a cabo el tres de septiembre del presente año, de ahí que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio de amparo. Apoya lo anterior la Jurisprudencia VI, 2°. J/20, visible en la página 627, Tomo IV, Segunda Parte-2, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 63, fracción IV, 73, 74, 75, 76 y 124 y demás relativos de la Ley de la Materia, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por la licenciada Susana Prieto Terrazas, apoderada legal de SULY PONCE PRIETO, por las razones vertidas en el tercer considerando del presente fallo constitucional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma el licenciado HÉCTOR MANUEL FLORES LARA, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, hasta hoy treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante la licenciada VERÓNICA URANGA LUVIANO, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    quejosa: Visto para resolver el juicio de amparo 417/2021-VI, promovido por la licenciada Susana Prieto Terrazas, apoderada legal de SULY PONCE PRIETO, contra actos del Tribunal de Arbitraje Municipal, con residencia en la localidad; y, R e s u l t a n d o: Primero. Que mediante escrito recibido en Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, el veintiocho de mayo de dos mil veintiuno y turnado a este juzgado en treinta y uno de ese mismo mes y año, la licenciada Susana Prieto Terrazas, apoderada legal de SULY PONCE PRIETO, promovió juicio de amparo, contra los actos de la autoridad Tribunal de Arbitraje Municipal, con residencia en la localidad, a quien reclamó: "4.- ACTO RECLAMADO.- Lo constituye la OMISIÓN en que ha incurrido la Autoridad Responsable de la substanciación del juicio en la forma y términos previstos por los artículos 873 al 891 de la Ley Laboral, en específico el desahogo de las pruebas dentro de los plazos y términos que establece la Ley Federal del Trabajo, en el juicio especial laboral 62/2016, seguido por la aquí quejosa, en contra del hoy tercero perjudicado MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIHUAHUA, ventilado ante la responsable." Segundo. Por auto de uno de junio de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de que se trata, por lo que se pidió a las autoridades responsables su informe justificado, se dio al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención que le compete, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual cumplidos los requisitos legales inició en términos del acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O: Primero. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es constitucional y legalmente competente para conocer y fallar este juicio de derechos fundamentales indirecto de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103 fracción I y 107 fracción III, de la Constitución Federal; 1, 33, fracción IV, 35, 37 y demás relativos de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 49, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que la omisión de la autoridad que la parte quejosa designó como responsable reside en esta Ciudad, y por ende, es competente para conocer del juicio, el Juez de Distrito con jurisdicción en donde dicho acto se omitió, lugar donde ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General en cita. Segundo. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la quejosa exponga en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación, rubro y texto, son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así pues, el examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que los actos reclamados por la parte quejosa son: Del Tribunal de Arbitraje Municipal, con residencia en la localidad, la omisión de substanciar el juicio laboral 62/2016, en los términos señalados en la Ley Federal del Trabajo, y en específico la omisión del desahogo de las pruebas dentro de los términos y plazos que establece la Ley Federal del Trabajo. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por el aquí impetrante, lo procedente es examinar la existencia de los actos de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, que es del tenor siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACION LOGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." Tercero. La autoridad responsable, Tribunal de Arbitraje Municipal, con residencia en la localidad, al rendir su informe justificado negó los actos que se le reclamaron, y que la parte quejosa hizo consistir en la omisión de substanciar el juicio laboral 62/2016, en los términos señalados en la Ley Federal del Trabajo, y en específico la omisión del desahogo de las pruebas dentro de los términos y plazos que establece la Ley Federal del Trabajo. De lo anterior, mediante acuerdo del seis de julio de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a la parte quejosa, sin que haya manifestado nada al respecto ni aportó prueba alguna que desvirtuara esa negativa, además de que no, debe perderse de vista que la responsable informó que en proveído del veintidós de abril de dos mil veintiuno, se señaló fecha para las testimoniales ofrecidas por la parte demandada en el juicio natural, mismas que se llevarán a cabo el tres de septiembre del presente año, de ahí que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio de amparo. Apoya lo anterior la Jurisprudencia VI, 2°. J/20, visible en la página 627, Tomo IV, Segunda Parte-2, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 63, fracción IV, 73, 74, 75, 76 y 124 y demás relativos de la Ley de la Materia, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por la licenciada Susana Prieto Terrazas, apoderada legal de SULY PONCE PRIETO, por las razones vertidas en el tercer considerando del presente fallo constitucional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma el licenciado HÉCTOR MANUEL FLORES LARA, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, hasta hoy treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante la licenciada VERÓNICA URANGA LUVIANO, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A doce de julio de dos mil veintiuno. Visto el escrito de cuenta, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Así, atento a su contenido, con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición de su numeral 2°, se tiene como nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones el designado para ello. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado HÉCTOR MANUEL FLORES LARA, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada VERÓNICA URANGA LUVIANO, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

Quedan 4 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · 6,710 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano