Sulpicio Crisoforo Herrera Hernández y Otros.
Expediente 779/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 779/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 19/07/2021
Partes del expediente
- Sulpicio Crisoforo Herrera Hernández y Otros.
- Presidente de la Sexta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, con residencia en Puerto Vallarta
- Francisco Javier Zamudio Guevara y Otros.
- Sulpicio Crisoforo Herrera Hernández
Actuaciones
- Principal
Del análisis que se realiza a las actuaciones del juicio de amparo en que se actúa y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que se establece en el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), ambos del cuerpo de leyes aplicable, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído de quince de junio de dos mil veintiuno, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de garantías, sin que lo hiciera valer; por tanto, se declara firme el auto de referencia. II. Orden de archivo. Por otra parte, toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese, previas anotaciones que se realicen en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno. III. Valoración del expediente. Toda vez que en el presente asunto se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido, toda vez que se tuvo por no presenta la demanda de amparo, el expediente se encuentra en el supuesto previsto en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por tanto, será destruible una vez que trascurra el plazo de tres años de haberse ordenado su archivo.
- Principal
Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio y anexos que remite el secretario del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al cual se adjuntó un cuaderno de pruebas y la ejecutoria pronunciada en la revisión principal 41/2021, en la cual se advierte que dicho Tribunal determinó: ".PRIMERO. Se modifica la sentencia sujeta a revisión. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a María Citlalli González Leon, contra el acto de la autoridad, que precisados quedaron en el resultando primero de esta ejecutoria." Acúsese el recibo de estilo correspondiente y agréguese el cuaderno de antecedentes. Efectos de la ejecutoria de amparo. Requerimiento a la autoridad responsable. En tal virtud, se requiere a la autoridad responsable Juez Sexto de lo Familiar del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, para que dentro de tres días contados a partir de que de que reciba la notificación del presente auto, cumpla con el fallo protector y lo acredite con las constancias conducentes, o bien, informe las gestiones que se encuentra realizando para tal fin, a efecto de calificar el cumplimiento a la sentencia de amparo. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo otorgado, o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que tiene para ello, conforme disciplina el arábigo 192 del ordenamiento en cita, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción, asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del juez de distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de Décima Época, sustentadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe y texto: "CONSEJOS DE LA JUDICATURA LOCALES. NO SON SUPERIORES JERÁRQUICOS DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES QUE INTEGRAN A LOS PODERES JUDICIALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 192 Y 194 DE LA LEY DE AMPARO). En aquellas entidades federativas en las que se haya establecido un órgano de administración del aparato judicial, éste deberá responder a la naturaleza prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para el Consejo de la Judicatura Federal. Así, la conformación de Consejos de la Judicatura en los Estados es de servicio administrativo a la función jurisdiccional, debido a lo cual, aquéllos no pueden controlar o invadir la esfera jurisdiccional de los órganos que administran, por lo que dicha función, bajo ningún concepto, puede estar subordinada a la administrativa, organizacional, disciplinaria o de cualquier otra naturaleza, que ejerzan esos Consejos, pues sus competencias, en materia de inspección y vigilancia sobre los juzgados y tribunales, únicamente pueden referirse al examen de lo necesario para conocer el funcionamiento del órgano judicial y el cumplimiento de los deberes del personal judicial, pero no, y a riesgo de violentar la independencia judicial, pueden referirse a la interpretación y aplicación de las leyes por los juzgadores cuando administran justicia en su sentido más amplio, incluyendo el contenido, modo y forma del cumplimiento de una sentencia de un tribunal de amparo. Por tanto, más allá de una relación de jerarquía, las funciones de dichos Consejos se encuentran dirigidas a salvaguardar la autonomía e independencia judiciales, de forma que los órganos jurisdiccionales se enfoquen a la resolución de los asuntos sometidos a su consideración, permitiendo que un órgano especializado se encargue de la administración necesaria para que la impartición de justicia se realice en los términos establecidos en el artículo 17 constitucional. En consecuencia, para efectos del cumplimiento de sentencias de amparo, los Consejos de la Judicatura locales no son superiores jerárquicos de los órganos jurisdiccionales que integran a los Poderes Judiciales de los Estados, pues acorde a su naturaleza administrativa, no encuadran dentro de los supuestos establecidos en el artículo 194 de la Ley de Amparo, ya que no podrían: (I) ejercer poder o mando sobre órganos jurisdiccionales para que emitan una determinación para cumplir con una sentencia de amparo; y (II) cumplir, por sí mismos, una sentencia de amparo dirigida a un órgano jurisdiccional, pues ello implicaría una invasión a su esfera competencial. Por lo anterior, en el supuesto de que la autoridad responsable sea un órgano jurisdiccional de un Poder Judicial local, la existencia de un Consejo de la Judicatura no actualiza el supuesto normativo contenido en el artículo 192 de la Ley de Amparo, consistente en que se requiera al superior jerárquico para cumplir una sentencia de amparo." Así como la jurisprudencia de la Décima época del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y contenido siguientes: "JUECES DE PRIMERA INSTANCIA, NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO, EN MATERIA JURISDICCIONAL, PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. La función jurisdiccional se ejerce por diversos órganos con competencias definidas para decidir los asuntos sometidos a su conocimiento, con plena autonomía e independencia, razón por la que los jueces de primera instancia no se encuentran sometidos al tribunal de alzada, ya que cuentan con facultades y atribuciones propias para cumplir con las sentencias de amparo, con total independencia y autonomía. Si bien dichos órganos de segunda instancia son superiores por razón de grado, dicha superioridad no les otorga un poder o mando sobre los jueces de primera instancia, ya que ello sólo acontece por la competencia derivada por razón de grado, que les concede la facultad de someter a una segunda revisión las sentencias dictadas en primera instancia, provocada por el afectado al interponer los medios de defensa legal. Pero carecen de poder o mando sobre los jueces, en virtud de que éstos cuentan con facultades y atribuciones para admitir a trámite las demandas, dictar medidas provisionales y abrir incidentes para continuar el juicio de origen, por lo que los tribunales de segunda instancia están impedidos para obligarlos a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, pues carecen de competencia constitucional y legal para vincular al juzgador a acatar el fallo en determinado sentido, ya que se trata de actuaciones dictadas en el procedimiento de primera instancia, en la que los tribunales de grado no tienen injerencia alguna. De igual forma, en caso de que los jueces de primera instancia no cumplan con la sentencia de amparo, los tribunales de grado están impedidos legalmente para dar cumplimiento por sí al fallo protector porque carecen de competencia legal y constitucional para pronunciar decretos, proveídos, medidas provisionales, incidentes y resoluciones en el procedimiento que se desarrolla en primera instancia. Además, la jerarquía, poder o mando, es incompatible con la función jurisdiccional porque los jueces de primera instancia, cuentan con autonomía e independencia para resolver las controversias sometidas a su conocimiento, con sujeción sólo a la ley y a la Constitución, en donde se regulan sus facultades y competencias"
- Principal
Del análisis del sumario se advierte que mediante proveído de veinte de abril de dos mil veintiuno, la Directora de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal del Estado de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, informó los trámites administrativos que debía realizar a fin de cumplimentar con la ejecutoria de amparo, por lo que este órgano federal le otorgó una prórroga de diez días a fin de que remitiera copia certificada, completa y legible de las constancias con las que acreditará el cumplimiento al fallo protector; sin embargo, a la fecha no se tiene respuesta al referido requerimiento, no obstante que dicho acuerdo le fue notificado el veintisiete de abril del año en curso. Se requiere autoridad por cumplimiento. En consecuencia, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y es obligación de este juzgador federal que las sentencias amparadores se acaten a la brevedad y debidamente, esto es, sin exceso, ni defecto, atento al canon 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece entre otras cosas que la justicia deberá de ser pronta, merced de que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo no pueden quedar paralizadas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere al Directora de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal del Estado de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, para que en el plazo de veinticuatro horas, contados a partir de siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, remita copia certificada de la orden de pago o título de crédito a nombre de la aquí quejosa que ampara la devolución de la cantidad precisada en el fallo protector a favor, o en su defecto, informe la imposibilidad que tenga para ello. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que para ello tengan, conforme disciplina el arábigo 192 del ordenamiento en cita, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, se les impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción. Asimismo, previos los trámites correspondientes, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la Ley de Amparo. Lo anterior, merced de que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público y obligación de este órgano judicial que las sentencias se acaten sin demora y cabalmente, atento a lo dispuesto en el canon 17 de la Carta Magna que establece entre otras cosas que la justicia deberá ser pronta. En el entendido que se considera incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo.
- Principal
Visto lo de cuenta, se advierte que ya transcurrió el plazo legal previsto, sin que se hubiera recurrido la sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo, motivo por el cual lo conducente en el caso es,declarar que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido. Por lo que ve a este sumario constitucional, será susceptible de destrucción Asimismo, de las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros.
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