Sulpicio Arellanes Zarate

Expediente 575/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 12 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
575/2023
Año
2023
Actuaciones
12
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Sulpicio Arellanes Zarate

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Por recibido el escrito promovido por ********************, en su carácter de autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, del quejoso ********************, recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), por el cual interpone recurso de revisión contra la resolución de veintiséis de octubre de dos mil veintitrés, emitido en este juicio de amparo. ... distribúyase entre las partes copia del escrito de expresión de agravios y, una vez que este expediente cuente con las constancias de notificación correspondientes, dentro del plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que se integre debidamente, remítanse los autos originales del juicio de amparo indirecto 575/2023, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados de las mismas materias, así como una reproducción con firma electrónica del escrito de interposición del recurso de revisión y agravios interpuesto por ********************, en su carácter de autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, del quejoso ********************, con número de registro 15879, para la sustanciación del recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia de mérito. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa.

  2. Principal

    Agréguese a estos autos el escrito signado por el quejoso ****; en atención a su contenido, se provee. Téngase al quejoso manifestando que en audiencia celebrada el diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, en el proceso penal *****, que se tramita ante la autoridad responsable, revocó con el carácter de defensor a Manuel García Flores, y designó como tal a *********; motivo por el cual ratifica la demanda de amparo promovida a su favor por el primero de los mencionados, así como las promociones y actuaciones realizadas con anterioridad. Por consiguiente, en atención a lo manifestado por el promovente del amparo se le tiene ratificando la demanda de amparo promovida a su favor por Manuel García Flores. Asimismo, se le tiene reiterando la cuenta de usuario que indica para oír y recibir notificaciones. Por otra parte, como lo solicita el promovente, se tienen por autorizados en términos de la primera parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a Manuel García Flores y Dulce Magalli Ramírez García, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que tienen inscrita su cédula profesional en el Módulo de Cédulas Profesionales de la Red Internet de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. Por último, de conformidad con el artículo 257, fracción I del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo", téngase por señalado el correo electrónico y número telefónico que menciona el quejoso en su escrito de cuenta, a fin de entablar comunicaciones no procesales. Notifíquese vía electrónica al quejoso.

  3. Incidental

    Agréguese a los presentes autos el informe previo que rinde el Juez Presidente del Tribunal Colegiado de Enjuiciamiento de la Región Costa con sede en Puerto Escondido, Oaxaca; lo anterior sin mayor determinación, toda vez que en proveído de seis de octubre del año en curso, se tuvo por rendido dicho informe. Cúmplase.

  4. Principal

    Agréguese a los presentes autos el informe justificado que rinde el Juez Presidente del Tribunal Colegiado de Enjuiciamiento de la Región Costa con sede en Puerto Escondido, Oaxaca; lo anterior sin mayor determinación, toda vez que en proveído de nueve de octubre de dos mil veintitrés, se tuvo por rendido. No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la aludida autoridad la documental que exhibe, consistente en: Un disco óptico versátil en formato DVD, que contiene el formato PDF de los proveídos de treinta de agosto de dos mil veintitrés y once de septiembre del año en curso, dictados en la causa penal *****, del índice del Juzgado de Control en Materia Penal de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca Documental que se tomará en consideración en el momento procesal oportuno. Por otra parte, toda vez que el disco digital exhibido, se trata de una documental en copia certificada de su original que obra en el Tribunal Colegiado de Enjuiciamiento responsable, se estima innecesario hacer su entrega al Secretario Judicial encargado del Libro Auxiliar relativo al Control de Objetos y Documentos rendidos como pruebas en los diversos procedimientos de juicios de amparo y civiles de este juzgado, para su resguardo en la caja de seguridad; por consiguiente, se ordena glosar a los presentes autos en un sobre debidamente resguardado para que surta sus efectos legales. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Ahora bien, es menester señalar que el estudio de las causales de improcedencia, por ser de orden público, son de estudio preferente, cualquiera que sea el estado en que se encuentre el juicio, por lo que es obligación de todo órgano de control constitucional que tan pronto tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que haga improcedente el juicio de garantías, debe entrar a su estudio, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, y en acatamiento a la jurisprudencia número II.1º.J/5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, tomo VII, Mayo de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". De la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa señaló como autoridad responsable y actos reclamados, los siguientes: Tribunal Colegiado de Enjuiciamiento de la Región Costa, con sede en Puerto Escondido, Oaxaca Acuerdo de once de septiembre de dos mil veintidós (sic), dictado por el Tribunal responsable, mediante el cual declara improcedente la solicitud planteada por la defensa, en el sentido de que señalara fecha y hora para la audiencia de revisión de prisión preventiva La autoridad responsable Juez Presidente del Tribunal Colegiado de Enjuiciamiento de la Región Costa con sede en Puerto Escondido, Oaxaca, al rendir su informe justificado convino en la existencia del acto reclamado, precisando que el once de septiembre del año que transcurre, se emitió un acuerdo resolviendo en el sentido de decretar improcedente la solicitud planteada toda vez que la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa no es revisable en términos de lo que disponen los artículos 155 y 167 del Código nacional de Procedimientos Penales. Circunstancia que se corrobora con las constancias allegadas por dicha responsable, documentales a las cuales se les otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de constancias certificadas por un funcionario público en uso de las facultades que la ley le confiere, específicamente con la resolución reclamada. Ahora bien, del estudio del acto reclamado precisado por la autoridad responsable la suscrita juzgadora, de oficio, advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, de la propia Ley de Amparo, cuya actualización provoca que deba sobreseerse en el juicio constitucional en términos del artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal en cita, los cuales establecen lo siguiente: En efecto, el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo (.)" Del precepto transcrito se advierte en lo que aquí interesa que, cuando exista un medio ordinario de defensa por virtud del cual pueda modificarse, revocarse o nulificarse el acto que se reclama éste debe ser agotado sin distinción alguna, previo al juicio de amparo. Así, el principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe previamente a su promoción acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición en exclusiva de violaciones directas a la Constitución Federal. Efectivamente, los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Ahora, para que se actualice la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII, del ordinal 61 de la Ley de Amparo, es necesario que concurran las siguientes hipótesis: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un Tribunal judicial; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa surja dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y, d) Que por virtud de dicho medio la resolución judicial pueda ser revocada o modificada. Es importante destacar que el citado numeral hace referencia a la no exigencia de mayores requisitos, lo cual significa que si la ley rectora del recurso, juicio o medio de defensa, señala iguales o menores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, el principio de definitividad debe regir en tal caso; en consecuencia, previamente a promover el juicio de derechos fundamentales, la parte quejosa deberá agotar esos medios ordinarios de impugnación. Asimismo, también hace referencia a los actos que deban ser revisados de oficio conforme a las leyes que los rijan, pues en esa revisión la autoridad, ya sea la misma que emitió el acto, su superior jerárquico o aquélla que, en su caso, prevea la ley, puede de facto convalidar o no dicho acto, circunstancia última que podría nulificar, revocar o modificarlo. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo, encuentra su justificación en el hecho que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. ..Ahora bien, como se adelantó la parte solicitante del amparo reclama del Tribunal Colegiado de Enjuiciamiento de la Región Costa, con sede en Puerto Escondido, Oaxaca, el acuerdo de once de septiembre de dos mil veintitrés, mediante el cual declara improcedente la solicitud planteada por la defensa, en el sentido de señalar fecha y hora para la audiencia de revisión de prisión preventiva. Así, contra dicho acto se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues la parte quejosa debió interponer en su contra el medio de defensa ordinario; esto es, el recurso de apelación. En efecto, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece: "Artículo 160. Impugnación de las decisiones judiciales Todas las decisiones judiciales relativas a las medidas cautelares reguladas por este Código son apelables. Artículo 161. Revisión de la medida. Cuando hayan variado de manera objetiva las condiciones que justificaron la imposición de una medida cautelar, las partes podrán solicitar al Órgano jurisdiccional, la revocación, sustitución o modificación de la misma, para lo cual el Órgano jurisdiccional citará a todos los intervinientes a una audiencia con el fin de abrir debate sobre la subsistencia de las condiciones o circunstancias que se tomaron en cuenta para imponer la medida y la necesidad, en su caso, de mantenerla y resolver en consecuencia. Artículo 162. Audiencia de revisión de las medidas cautelares. De no ser desechada de plano la solicitud de revisión, la audiencia se llevará a cabo dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes contadas a partir de la presentación de la solicitud." (Lo destacado es propio) El primero de los artículos citados indica que las decisiones judiciales referentes a las medidas cautelares son apelables. En el numeral enunciado en segundo término, se advierte que, cuando se decreta una medida cautelar las partes -incluido el investigado- puede solicitar una modificación de la medida (lo que en el caso en concreto si ocurre), para lo cual se realizará una audiencia que deberá tener verificativo cuarenta y ocho horas después de que se solicite. Posteriormente de no modificarse la medida de que se trate, podrá ser apelable. Ahora bien, del contenido de todos los demás artículos que conforman los capítulos IV y V, citados del Código Nacional, únicamente se desprende la referencia -en general- de "las medidas cautelares" previstas en dicha legislación, así como las reglas generales de su imposición, su procedencia, los tipos, la proporcionalidad al imponerlas, su imposición, el debate que se realice para ello, el contenido de la resolución que las imponga, la impugnación de la decisión judicial, la revisión de la medida, la audiencia de revisión, los medios de prueba para la imposición y revisión de la medida, evaluación y supervisión. Por lo que, ante el acuerdo que decreta improcedente la revisión de la medida cautelar la parte quejosa debe interponer el recurso de apelación a que se refiere el artículo 160 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por todo lo anterior, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, en relación con los diverso 61, fracción XVIII, y 107 fracción V, todos de la Ley de Amparo. .. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL SIN EFECTOS Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada en este juicio para las diez horas con veinte minutos del siete de noviembre de dos mil veintitrés. No es obstáculo para decretar el sobreseimiento, que se haga fuera de la audiencia, pues es de tal manera clara y evidente la causa de improcedencia que conduce al resultado apuntado, que aun esperando a celebrar la audiencia, la conclusión sería la misma y nada puede impedir el mencionado resultado, de manera que atendiendo al principio de celeridad procesal previsto por el artículo 17 Constitucional, carece de objeto esperar la audiencia para resolver en el mismo sentido lo que desde ahora es factible. ... Comuníquese este proveído a la autoridad responsable, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese, vía electrónica a la parte quejosa.

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