Sulma Rocío Angulo Montoya
Expediente 980/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 980/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Sulma Rocío Angulo Montoya
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación con que se da cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto pronunciado el treinta de julio de dos mil veintiuno, en el que se desechó de plano la demanda de amparo; por tanto, se declara que dicho auto ha causado estado, en consecuencia, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Como se advierte de la certificación de cuenta, en este asunto no existen documentos originales exhibidos por las partes. Se determina que el presente asunto no tiene valor jurídico, ni relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción.
- Principal
En razón de no haber acudido la parte quejosa, a las instalaciones de este Juzgado, a efecto de notificarle personalmente el auto de treinta de julio del año en curso, no obstante el citatorio dejado en su domicilio con anterioridad, se le notifica por lista de estrados el referido auto, que en lo conducente dice: Vista la demanda de amparo promovida por ***, respecto de actos reclamados de Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa y otras autoridades.Fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como juicio de amparo 980/2021, y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en ***, en esta ciudad, y como autorizado a ***, con las limitantes que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, por no tener acreditado estar facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho.Se exhorta a las partes para que transiten y den seguimiento al presente asunto mediante el esquema de juicio en línea.En la especie, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa, reclama: Del Juzgado Cuarto de lo Civil de Primera Instancia de Culiacán, Sinaloa: La falta de llamamiento a juicio, y como conciencia todas las determinaciones relativas a la etapa de ejecución de sentencia dictada en el juicio sumario civil hipotecario *** de su índice. Así como la orden de escrituración y desalojo del bien inmueble que defiende en el presente juicio, que refiere es de su propiedad. Del Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Culiacán, Sinaloa, Coordinación de Actuarios del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa y Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán, Sinaloa: La ejecución de dicho actos. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito debe examinar la demanda de amparo y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En acatamiento a tal precepto legal, se advierte que en el caso concreto se actualiza de manera notoria e indudable, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, que prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento". Del numeral previamente reproducido se tiene que cuando un juicio de amparo no sea promovido dentro de los términos mencionados en el artículo 17 de la Ley de Amparo, computados conforme a las reglas que establece el diverso numeral 18, en contra de actos que en opinión del amparista lo agravian, los mismos se reputan tácitamente consentidos, para efectos de la procedencia de ese medio extraordinario de control constitucional. Ahora bien, el artículo mencionado en primer término, señala lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.". Por su parte, el diverso numeral 18 establece: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De conformidad con los artículos transcritos, el término para la promoción de la demanda de amparo será de quince días, lapso que podrá contarse en tres tiempos, que se ajustan a la forma en que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado. El primero inicia desde el día siguiente al en que haya surtido efectos conforme a la ley que rige el acto, la notificación al quejoso de la resolución o acto combatido en el juicio de amparo; supuesto que opera cuando en autos existe constancia plena de la fecha en que se le notificó al agraviado el acto combatido y bajo esas condiciones, sin mayor problema puede computarse el lapso para la promoción de la demanda de amparo, tomando precisamente como punto de partida la fecha cierta de la notificación. El segundo momento para contar los quince días comienza al día siguiente en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; caso que se actualiza cuando no existe una notificación determinada del acto reclamado, pero de autos es posible concluir que se tuvo conocimiento de su existencia. Por último, para contar el término de quince días hábiles que la ley prevé para presentar la demanda de amparo cuando no se configuren ninguna de las hipótesis jurídicas anteriores, se recurre a la fecha en que el propio impetrante de la protección constitucional se ostentó sabedor de dicho acto, ya que no se tiene constancia cierta de que se le haya notificado en día distinto, ni en el expediente en que se tramita el juicio de amparo existe prueba alguna de que haya conocido del acto, en diferente momento del señalado bajo protesta de decir verdad en el escrito inicial de demanda, por lo que la ley determina darle crédito a la afirmación del quejoso relativa a la noticia del acto que combate. A ese respecto cabe destacar que dicho acto no se encuentra en algunos de los casos de excepción del artículo 17 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en su escrito de demanda, en específico en el capítulo de actos reclamados, la quejosa bajo protesta de decir verdad manifiesta que el seis de julio de dos mil veintiuno, tuvo conocimiento de los actos reclamados consistentes en la orden de escrituración y lanzamiento del bien inmueble motivo del presente juicio; lo que constituye una confesión expresa, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese tenor, la regla que debe de aplicarse para computar el termino para la presentación de la demanda es la establecida en tercer lugar por el artículo 18 de la Ley de amparo, es decir, a partir del día siguiente al en que la parte quejosa se ostentó sabedora del acto reclamado, por lo que éste transcurrió del siete al veintisiete de julio de dos mil veintiuno, descontándose los días diez, once, diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco, pues fueron sábados y domingos. Luego, si el escrito de demanda fue presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, el veintiocho de julio del año en curso, según se desprende del sello de recibido, válidamente se concluye que la presentación de la demanda resulta extemporánea al haber fenecido el plazo que la ley le concedía para tal efecto, y como consecuencia de ello, los actos que reclama la parte quejosa en esta instancia constitucional, se consideran tácitamente consentidos para los efectos del juicio de amparo. Sin que pase inadvertido que en el capítulo relativo a la fecha de conocimiento del acto reclamado, la quejosa refiere que tuvo conocimiento oficial de los actos que impugna el dieciséis de julio de dos mil veintiuno, toda vez que en esa fecha acudió a las instalaciones del juzgado responsable; sin embargo, como se dijo en párrafos que anteceden, en el capítulo destinado a la precisión de los actos reclamados la propia quejosa afirma que tuvo conocimiento de su existencia el seis de julio del presente año. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, de la Ley de Amparo, con apoyo en el numeral 113 de la ley en cita, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial lleve a cabo las diligencias correspondientes.
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