Sullivan Mena Cortés
Expediente 759/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 27 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 759/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Sullivan Mena Cortés
- Julieta Atonal Barillas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de dicho ordenamiento contra el auto de veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que dicho acuerdo ha causado Estado. Sin que sea el caso realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. En ese sentido, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. Ahora, con fundamento en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General en cita, toda vez que en el presente asunto se sobreseyó en el juicio, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este Juzgado transcurridos tres años a partir de esta fecha, y deberá remitirse el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación en el libro correspondiente. Respecto al expediente del incidente de suspensión, tomando en consideración que se negó la suspensión la definitiva, el asunto se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 20 fracción III del citado Acuerdo; en consecuencia, es susceptible de destrucción, en el término de tres años. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el incidente de suspensión y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal; por lo que, agréguesele copia autógrafa del presente acuerdo y manténganse por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Como se advierte en la certificación, en el presente asunto obran documentos aportados por la parte quejosa, de los catalogados como originales por contener firmas autógrafas; en consecuencia, se autoriza desde este momento su devolución a la parte quejosa en caso de que así lo solicite, en el entendido que, de no hacerlo, conforme al Acuerdo General del Consejo en mención, se destruirán junto con el expediente en el plazo señalado. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); asimismo, realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Notifíquese.
- Incidental
Apizaco, Tlaxcala, a veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés.********************Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de dicho ordenamiento contra el auto de veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo.********************Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que dicho acuerdo ha causado Estado.********************Sin que sea el caso realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno.********************En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés.********************En ese sentido, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado.********************Ahora, con fundamento en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General en cita, toda vez que en el presente asunto se sobreseyó en el juicio, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este Juzgado transcurridos tres años a partir de esta fecha, y deberá remitirse el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación en el libro correspondiente.********************Respecto al expediente del incidente de suspensión, tomando en consideración que se negó la suspensión la definitiva, el asunto se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 20 fracción III del citado Acuerdo; en consecuencia, es susceptible de destrucción, en el término de tres años.********************Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el incidente de suspensión y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal; por lo que, agréguesele copia autógrafa del presente acuerdo y manténganse por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional.********************Como se advierte en la certificación, en el presente asunto obran documentos aportados por la parte quejosa, de los catalogados como originales por contener firmas autógrafas; en consecuencia, se autoriza desde este momento su devolución a la parte quejosa en caso de que así lo solicite, en el entendido que, de no hacerlo, conforme al Acuerdo General del Consejo en mención, se destruirán junto con el expediente en el plazo señalado.********************Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); asimismo, realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente.********************Notifíquese.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a veintisiete de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, de los que se advierte que el presente juicio constitucional fue promovido por********************, por su propio derecho, quien demandó el amparo y protección de la justicia de la unión contra actos de los Jueces Municipales de los Ayuntamientos de Teolocholco y Mazatecochco de José María Morelos, Tlaxcala y otros. Ahora bien, del escrito inicial de la demanda de amparo, se aprecia que los actos reclamados destacados, se hacen consistir en: El contenido del oficio ******************** signado por la Jueza Municipal de Teolocholco, Tlaxcala, de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, a través del cual se emitió una orden de protección preventiva y de emergencia a favor de ******************** y de su menor hijo de identidad reservada. El contenido del oficio sin número, signado por el Juez Municipal de Mazatecochco, Tlaxcala de seis de junio de dos mil veintitrés, a través del cual se emitió una orden de protección a favor de ********************. Así como su ejecución. Al respecto, quien aquí resuelve considera actualizada la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El Juicio de amparo es improcedente: . "XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". De lo anterior, se colige que la cesación de efectos se actualiza cuando el acto de autoridad deja de producir sus consecuencias sin condición alguna y, por ende, de afectar al gobernado en su esfera jurídica, esto porque la autoridad lo deroga o lo revoca, o porque por cualquier otra circunstancia se restituye al quejoso en el goce del derecho vulnerado, como si se hubiera otorgado el amparo. Ilustra lo anterior la tesis de jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "Registro digital: 193758 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Junio de 1999, página 38 Tipo: Jurisprudencia "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Para considerar actualizada la causa de improcedencia invocada es indispensable que concurran los siguientes requisitos: 1. Un acto u omisión de autoridad que se considere lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; 2. Que se actualice cualquiera de los siguientes supuestos: a. Un acto de autoridad que sobrevenga dentro del procedimiento constitucional que deje insubsistente en forma permanente el que es materia del juicio de amparo; b. Una situación que destruya en forma definitiva el acto que se reclama, restituyendo al quejoso en el goce de sus derechos fundamentales violados; o, c. Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que en su caso llegare a pronunciarse. El primer requisito se encuentra acreditado porque el quejoso señaló como actos reclamados destacados y violatorios de sus derechos fundamentales, la emisión de las órdenes de protección preventiva y de emergencia en favor de ******************** y de su menor hijo de identidad reservada, emitidas por parte de las autoridades responsables Jueces Municipales de los Ayuntamientos de Teolocholco y de Mazatecochco de José María Morelos, Tlaxcala, en fechas veintitrés de mayo y seis de junio del año en curso, respectivamente. Por lo que hace al siguiente elemento necesario para la configuración de la causal de improcedencia que se analiza, se acredita en la hipótesis identificada con la letra "b" del punto 2, consistente en que sobrevenga un acto de autoridad que restituya a la quejosa en sus derechos fundamentales violados y que constituye el acto reclamado. Lo anterior es así, puesto que a la fecha en que esto se resuelve, las órdenes de protección administrativa, dictadas por los Jueces Municipales responsables, fueron concedidas con una temporalidad de validez de sesenta días naturales, y con prórroga por treinta días más, contados a partir de la notificación de dichas órdenes, esto es, a partir del veinticuatro de mayo y seis de junio del año en curso, según lo refiere el quejoso bajo protesta de decir verdad en su escrito inicial de demanda (foja 5). Conforme a lo anterior, mediante proveídos de once de agosto y tres de octubre, ambos de dos mil veintitrés, dictados dentro del presente juicio, se requirió a las autoridades responsables Jueces Municipales de los Ayuntamientos de Teolocholco, Tlaxcala y de Mazatecochco de José María Morelos, Tlaxcala, para que informaran si las órdenes de protección preventiva y de emergencia -materia de la litis- seguían vigentes a la fecha de la notificación de los citados requerimientos y en caso de haberse prorrogado manifestaran la fecha de dicha restricción (fojas 117 y 396). En cumplimiento a lo ordenado en el párrafo que antecede, los Jueces Municipales responsable, manifestaron lo siguiente: La Juez Municipal de Teolocholco, Tlaxcala, señaló: "[.] Los datos de orden de protección es la número 00046, con fecha de expedición veintitrés de mayo de dos mil veintitrés; notificado el veinticuatro del mismo mes y año en cita; donde la vigencia de orden de protección es hasta el día veintiuno de agosto de dos mil veintitrés; tal y como se acredita con la copia debidamente certificada de la hoja de Datos de Orden de Protección; que se adjunta al presente requerimiento para que surta los efectos legales a que haya lugar. [.]." (Fojas 146 a 149). El Juez Municipal de Mazatecochco de José María Morelos, Tlaxcala, señaló: "[.] la orden de protección de fecha seis de junio de dos mil veintitrés. ya no sigue vigente toda vez que la orden de protección es de hasta 60 días y no existe prórroga alguna expedida en el Juzgado Municipal del Municipio de Mazatecochco de José María Morelos, Tlaxcala, el cual se encuentra a mi cargo.[.]." (Foja 404). De ahí que ha cesado en sus efectos el acto reclamado y deba sobreseerse el presente juicio por cuanto hace a dicho acto reclamado. Consecuentemente, la fracción en comento establece que el amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, y acontece lo anterior cuando las autoridades responsables manifestaron que las órdenes de protección que se reclaman ya no están vigentes, y que no fue extendida la ordenada por el Juez de Mazatecochco, Tlaxcala; lo que da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento de los actos que se atacan o bien, a la que se hubiera concedido la protección de la justicia federal, y se hubiera restituido al quejoso en el goce de la garantía estimada violada por la autoridad. Así se está, ante la presencia de una cesación de efectos cuando la autoridad ha dejado de afectar la esfera jurídica del peticionario del amparo, porque ha cesado su actuación, y desaparecido totalmente los efectos de lo reclamado, de ahí la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser reparada por el otorgamiento de la protección solicitada, de manera que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad del acto reclamado, debido a que ya se alcanzaron los beneficios prácticos que podría reportar la concesión del amparo en contra de los actos reclamados de ahí que como se adelantó sobreviene la causal de improcedencia analizada. En ese contexto, al actualizarse la citada causal de improcedencia, lo que se impone es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, en términos de la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia. Finalmente, de la certificación de cuenta se advierte que se señalaron las once horas con cincuenta y nueve minutos del día de hoy, para que tenga verificativo la audiencia constitucional; sin embargo, dado el sentido de la presente resolución, se dejan sin efectos la fecha y hora señalada para la celebración de dicha audiencia. Notifíquese personalmente al quejoso; vía electrónica al Agente del Ministerio Público adscrito, y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a diez de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la audiencia constitucional se encuentra señalada para ese día; sin embargo, no es posible celebrarla, toda vez que transcurre el término de ocho días establecido en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, para que las partes manifiesten lo que a su interés convenga respecto al oficio signado por el Juez Municipal del Ayuntamiento de Mazatecochco, Tlaxcala, y anexo, el cual se agregó en proveído de tres de octubre del presente año. Para dar margen a lo anterior, y no transgredir las reglas esenciales que rigen el juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y NUEVE MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Por otra parte, glósese el oficio signado por Juez Municipal del Ayuntamiento de Mazatecochco de José María Tlaxcala, en atención a su contenido, se tiene a la misma dando cumplimiento al requerimiento formulado mediante proveído de tres de octubre del presente año; para tal efecto informa que la orden de protección de seis de junio de dos mil veintitrés, en atención a que la orden de protección emitida por el mismo, mediante oficio de seis de junio de dos mil veintitrés, con número de oficio ********************signado por la Licenciada ********************, del Área Jurídica del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Tlaxcala, ya no sigue vigente, toda vez que la orden de protección es de hasta 60 días y no existe prorroga alguna expedida en el Juzgado Municipal del Municipio de Mazatecochco de José María Morelos, Tlaxcala, el cual se encuentra a su cargo; sin perjuicio de ser tomado en consideración al momento de resolver el presente asunto; por tanto, se deja sin efecto el apercibimiento decretado. De igual manera, con el contenido del oficio de cuenta y anexo que se acompaña, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho importe, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
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