Suliban Albarran Delgado

Expediente 1673/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 17 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1673/2015
Año
2015
Actuaciones
17
Última actuación
17/05/2016

Partes del expediente

  • Suliban Albarran Delgado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se colige que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la nueva Ley de Amparo, sin que las partes hubiesen recurrido el proveído de veintidós de abril del año en curso, por el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto; en consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), de la ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto, queda firme para todos los efectos legales correspondientes. En el libro de gobierno háganse las anotaciones y archívese como totalmente concluido el presente juicio. De conformidad con certificación de cuenta, y con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De acuerdo con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II, de dicho punto, al ser un juicio de amparo sobreseído. c) Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo. d) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es destruible.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, se agrega a los autos la razón de imposibilidad de cuenta, por medio de la cual la actuaria judicial adscrita, hace constar que no le fue posible entregar el oficio 3579, dirigido a la autoridad responsable denominada "Secretario de Seguridad Ciudadana", por los motivos expuestos en la misma. Consecuentemente, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de diecinueve de octubre de dos mil quince, por lo que al no existir, se deja de tener como autoridad responsable en el presente cuaderno a la mencionada en el párrafo que antecede; por tanto, se suspende toda comunicación con la referida.

  3. Principal

    con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, se agrega a los autos el oficio y anexo de cuenta, signado por el Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, Estado de México, mediante el cual comunica que el quejoso fue reubicado desde el veintiocho de octubre de dos mil quince, a su dormitorio y adjunta copias certificadas de las constancias con las que aduce acreditar su dicho. Así, debe decirse que la demanda que dio origen al presente juicio fue presentada el diecinueve de octubre de dos mil quince (foja 2), en la oficina de correspondencia común respectiva, petición constitucional que fue admitida a trámite el veintiuno de octubre siguiente (fojas 62 a 65); sin embargo, de los deposados vertidos en el oficio de cuenta se advierte que la autoridad responsable ya ordenó y ejecutó el acto reclamado en esta vía constitucional. En ese orden, como lo solicita la autoridad oficiante y toda vez que este órgano jurisdiccional advierte actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se provee: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) .XVI. Contra actos consumados de modo irreparable. (.)." Así, se entiende por actos consumados, aquéllos en los que habiéndose emitido o ejecutado, sea materialmente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada al otorgarse la protección constitucional, como lo ordena el artículo 77 de la Ley de Amparo, por estar fuera del alcance de los instrumentos jurídicos volver las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En efecto, para determinar la naturaleza del acto, respecto a si es reparable o no, debe atenderse a su naturaleza, así como a la reparabilidad física y material del mismo; es decir, el hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución, porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados. Se insiste, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos se pueden clasificar en reparables e irreparables. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que su ejecución o consumación puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia favorable. En ese sentido, es menester añadir que los actos no pueden estimarse consumados y por ende sí pueden concretizarse los efectos, si se toma en consideración el contenido de los artículos 77 y 204 de la Ley de Amparo, que disponen en lo conducente: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. Artículo 204. El incidente de cumplimiento sustituto tendrá por efecto que la ejecutoria se dé por cumplida mediante el pago de los daños y perjuicios al quejoso." Luego, la interpretación lógica y sistemática de los preceptos transcritos, permite advertir que las sentencias que otorguen el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra los actos reclamados de las autoridades responsables, tienen efectos restitutorios y para el caso de imposibilidad jurídica o material de su cumplimiento, se procederá a su substitución en la forma y términos que dichas disposiciones precisan. De esto se sigue que los actos consumados de forma irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, tanto física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas; por lo que, en ese sentido, es pertinente precisar que para la operatividad de la mencionada causal de improcedencia es necesario que la irreparabilidad del acto sea absoluta. Sirve de sustento la tesis I.3ºA.150 K , sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo texto es el siguiente: "ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 80 de la Ley de Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencia, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías en términos de la fracción IX del artículo 73 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, pueden obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados)." [énfasis añadido] Expuesto lo anterior, el acto que reclamó el solicitante de amparo (además de otros que fueron atendidos de forma inmediata, mediante la suspensión de plano concedida) materia del presente juicio, se hace consistir en: Reubicarlo de dormitorio y celda. Ahora, al informe de cuenta enviado por el Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, Estado de México, le reviste el carácter de documento público, como lo dispone el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, lo anterior se afirma dado que se trata de un documento cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de fe pública. En ese orden, del informe rendido por la responsable, en lo que interesa, dice: a) Que el quejoso fue reubicado desde el veintiocho de octubre de dos mil quince, a su dormitorio, es decir, el identificado con el número cuatro (4), pasillo dos (2), celda cuatro (4), cama siete (7), de ese centro carcelario. Por tanto, debe considerarse que el acto reclamado en este juicio <la reubicación a diverso dormitorio y celda> se han consumado de un modo irreparable. En efecto, es evidente que si el amparista controvirtió la reubicación a diverso dormitorio y celda, pero durante la tramitación del presente juicio constitucional se tiene que el acto reclamado se ejecutó sobre el quejoso e incluso al día de hoy, se advierte ha sido asignado de nueva cuenta a su dormitorio y celda, es evidente entonces que las violaciones que pudieran haberse cometido durante el plazo que duró el cambio desde el dieciséis hasta el veintiocho de octubre de dos mil quince, ya no pueden ser reparables. Es así, ya que surge la imposibilidad de analizar actos que ya no están surtiendo sus efectos, por haberse consumado de forma irreparable, pues aunque se otorgara el amparo solicitado, sería imposible restituir a la parte quejosa en el goce de las garantías constitucionales que estima violadas, por el obstáculo de volver las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación reclamada, dado que los efectos que pudiera tener una posible protección constitucional, aun utilizando el mecanismo de revocación, no podrían restituir ni física, jurídica o materialmente el tiempo que el quejoso sufrió la reubicación de dormitorio y celda, de ahí la imposibilidad de retrotraer el tiempo a la fecha en que eso ocurrió, es decir, a la data en que se hizo la reubicación. Lo que crea convicción en el ánimo de quien resuelve, en el sentido de que la irreparabilidad del acto por esta vía constitucional impugnado es absoluta, lo es que en el sumario no obra elemento de prueba alguno que acredite o haga siquiera presumir que, aún consumado, el acto produzca efectos que continúen manifestándose, que sean consecuencia necesaria de aquél, y que pudieran desaparecer por la concesión del amparo, pues el Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, Estado de México, informó que desde el veintiocho de octubre de dos mil quince, el quejoso fue devuelto a su dormitorio, lo que permite concluir que se consumaron las transgresiones que pudiere haber resentido el accionante constitucional, durante su reubicación, lo que materialmente resulta irreparable. Al respecto se invoca como criterio de orientación, la tesis del entonces Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, del tenor literal siguiente: "ACTOS CONSUMADOS, QUE DEBE ENTENDERSE POR. La fracción IX del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente contra actos consumados de modo irreparable; pero no basta que el acto se consume de manera material para que por ese sólo hecho se tenga como irreparable, ya que sólo tienen ese carácter, de acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia, aquellos actos en que físicamente sea imposible que vuelvan las cosas al estado que guardaban antes de la violación; pero no lo son los que, en virtud del amparo, pueden quedar insubsistentes y sin efecto alguno, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación." Así como la tesis aislada sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que dice: "ACTOS CONSUMADOS DE MODO IRREPARABLE. No pueden ser objeto de la protección constitucional, y debe sobreseerse respecto de ellos." Además, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "ACTOS CONSUMADOS DE MODO IRREPARABLE. La disposición de la Ley de Amparo que se refiere a actos consumados de un modo irreparable, alude a aquellos en que sea físicamente imposible volver las cosas al estado que tenían antes de la violación." En consecuencia de lo antes expuesto, con apoyo en el artículo 61, fracción XVI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, se procede a sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Asimismo, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para que la audiencia constitucional, prevista para las once horas del doce de mayo de dos mil dieciséis. Resulta aplicable al caso, por las consideraciones que contiene la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, del rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO. La actuación del Juez Federal por la que decreta el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia, no transgrede los artículos 76, 77, 78 y 80 de la Ley de Amparo, pues es indudable que con independencia de que aprecie el acto reclamado tal como aparece acreditado ante la responsable, como lo establece esencialmente el artículo 78 en cita (lo que ni siquiera puede estar a discusión), ello no impide la actualización de las causales de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que el contenido del diverso artículo 76 recoge el principio de relatividad de las sentencias, de manera que cuando en él se establece que: "Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere ...", no se impone una obligación de conceder el amparo sino la limitación de que el pronunciamiento se emita, en su caso, sólo respecto del directo quejoso; en cambio, en el artículo 77 de la ley de la materia, se enuncian los requisitos que deben contener las sentencias, tales como la fijación del acto reclamado, los fundamentos en que se apoye el sobreseimiento, o bien, la declaración o no de inconstitucionalidad, y los puntos resolutivos en los que se concrete con claridad y precisión el acto o actos por los que se sobresea, conceda o niegue el amparo, lo cual, de ninguna manera se trastoca por el hecho de que el sentido del fallo sea precisamente el sobreseimiento en el que la posibilidad de hacerlo encuentra incluso fundamento formal. Finalmente, en el artículo 80 se establece el objeto o finalidad de las sentencias en que se conceda el amparo, hipótesis que no se actualiza precisamente ante el sentido de una resolución en la que legalmente se decreta el sobreseimiento en el juicio, por lo que es evidente que ninguno de los preceptos aludidos se ve afectado, en virtud de que se resuelva el sobreseimiento sin abordar el fondo del asunto. [9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXIV, Noviembre de 2006; Pág. 991]. No es inadvertido para este órgano jurisdiccional, que la causal de improcedencia en que se funda la actual determinación, podrían ser estudiada en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, se estima que tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la misma conclusión ahora formulada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VII.2o.C. J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, Página 921, Tomo XXIV, Junio de 2006, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Materia Común, que se invoca en términos del artículo sexto transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación en dos de abril de dos mil trece, que indica: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. Sin que se pueda considerar que la anterior determinación transgreda el derecho fundamental de la parte quejosa a tener acceso a un recurso judicial efectivo que combata el acto de autoridad del que se duele, toda vez que sí se tuvo a su disposición un medio de impugnación ordinario, e inclusive está a su disposición el juicio de amparo, pero cuando lo haga valer en el momento procesal oportuno, por lo que el sentido de la presente determinación no equivale a que no existan dichos medios de impugnación o no sean eficaces para combatir el acto de autoridad, pues la circunstancia advertida es un requisito o presupuesto formal de procedencia insoslayable para la adecuada impartición de justicia. Tiene aplicación, la jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.) , emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental."

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte el quince de marzo del año en curso, se requirió al Director del Centro Preventivo de Readaptación Social "Santiaguito", Almoloya de Juárez, para que dentro del término de tres días siguientes a su notificación, informara a este juzgado si ya se cumplió en su totalidad la sanción decretada en el acta administrativa de catorce de octubre de dos mil quince, en contra del quejoso Suliban Albarrán Delgado; sin que a la fecha haya dado contención alguna, no obstante de estar debidamente notificado (acuse foja 184). Por tanto, requiérase nuevamente al Director del Centro Preventivo de Readaptación Social "Santiaguito", Almoloya de Juárez, para que el plazo de veinticuatro horas a partir de su legal notificación informe lo precisado en el párrafo que antecede, apercibido que en caso de una reiterada omisión, se le impondrá una multa de ciento cincuenta días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, la cual se duplicará hasta llegar a mil días de salario; de conformidad con lo dispuesto por el artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo. Finalmente, a efecto de dar oportunidad a que se cumplimente lo anterior y no violar las normas que rigen el juicio de amparo, la audiencia constitucional señalada para esta fecha se difiere y en su lugar se señalan las once horas del doce de mayo de dos mil dieciséis, para su verificativo.

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