Suleydis Vidal Martínez y Otros.

Expediente 608/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
608/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
16/06/2022

Partes del expediente

  • Suleydis Vidal Martínez y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado procesal de autos, se desprende que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 98 de la ley de la materia, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de queja contra el auto de uno de junio de dos mil veintidós, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2, se declara que ha causado estado dicho auto. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y con base en lo establecido por el numeral 214 de la ley en la materia, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, en virtud de no existir actuación pendiente por realizar.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días concedido a la parte quejosa en proveído de veinte de mayo de dos mil veintidós, para que desahogara la prevención contenida en dicho auto, sin que lo hubiere realizado. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado acuerdo y con fundamento en el párrafo segundo del artículo 114, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR NO PRESENTADA, la demanda de amparo promovida por Suleydis Vidal Martínez, Ilianny Suárez Delgado, Danela Vargas López y Diosbanis Emilio Licea Richerdson.

  3. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. RATIFICACIÓN DE DEMANDA Vista la constancia de notificación de veintiuno de mayo del año en curso, de la que se desprende que los quejosos ********************, ********************,******************** y******************** ratificaron la demanda promovida a su favor, señalaron como autorizados a los indicados en el escrito de demanda y como domicilio para oír y recibir notificaciones el ahí mencionado; con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo agréguese a los autos para los efectos legales conducentes. ACLARACIÓN DE NOMBRE DE QUEJOSA Ahora bien, toda vez que********************, manifiesta que ese es su nombre correcto; por ende, se instruye a la Oficial Judicial "A" de este órgano de control constitucional, a efecto de que proceda a realizar la anotación correspondiente en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DOMICILIO Y AUTORIZADOS De conformidad con lo señalado en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y 26 de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en el escrito de demanda. Se tiene por autorizada en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************; es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones, toda vez que su cédula profesional no se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. En términos del artículo 24, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se tienen por autorizados para oír y recibir notificaciones a ********************y********************, por así haberse solicitado expresamente en el escrito inicial de demanda. NÚMERO TELEFÓNICO Y CORREO ELECTRÓNICO PROPORCIONADOS POR PARTE QUEJOSA Sin que sea el caso tener como medios de notificación el número telefónico y correo electrónico que proporciona la parte quejosa en la demanda de amparo, toda vez que los mismos no se encuentran contemplados en la Ley de Amparo ni en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para tal efecto. En el entendido que de solicitar que las notificaciones se practiquen vía electrónica, deberán sujetarse a los lineamientos establecidos en los artículos 26, fracción IV y 30 de la Ley de Amparo, con la exigencia que deberán proporcionar el nombre de usuario a que se refiere el artículo 16 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, pues sin este requisito no es factible conceder la autorización que requiere. No obstante lo anterior, de conformidad con el artículo 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se toma conocimiento del número telefónico y correo electrónico que precisa la parte quejosa, para efectos de comunicaciones no procesales. INFORME DE SUSPENSIÓN DE PLANO Con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Subdirector de Área, en representación de la Dirección de la Estación Migratoria Siglo XXI, de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, rinde su informe de suspensión de plano. DOMICILIO Y DELEGADOS De conformidad con los artículos 9º y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, ténganse como delegados a las personas que indica y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere la autoridad oficiante. ACLARACIÓN DE DENOMINACIÓN De igual forma, téngase por hecha la aclaración que realiza la autoridad en cuanto a su denominación, toda vez que la parte quejosa en su escrito de demanda la señala como Subdirector de Área, Responsable de la Dirección de la Estación Migratoria, Siglo XXI, en esta ciudad, siendo su denominación correcta: Dirección de la Estación Migratoria Siglo XXI, de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad; por lo tanto, se instruye a la Oficial Judicial "A" de este órgano de control constitucional, a efecto de que proceda a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  4. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas; diecisiete de mayo de dos mil veintidós******************** Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Leydi Veyanir Ibarra Ramírez a favor de Suleydis Vidal Martínez, Ilianny Suárez Delgado, Daniela Vargas López y Diosbanis Emilio Licea Richerdson, contra actos de la siguiente autoridad responsable: Subdirector de Área, Responsable de la Dirección de la Estación Migratoria, Siglo XXI, en esta ciudad******************** ACTOS RECLAMADOS: Detención******************** Determinación y prolongación del alojamiento temporal******************** Deportación******************** La orden de traslado a otra estación migratoria******************** ANOTACIONES Seguidamente, se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo********************-III-B******************** CONSIDERACIONES PREVIAS******************** El promovente alega que los quejosos se encuentran privados de su libertad con la probabilidad de ser deportados o expulsados del país reclamando tales actos al Instituto Nacional de Migración, sin embargo, dicha autoridad no fue señalada en el apartado correspondiente de su demanda de amparo, por lo que con apoyo en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos implica la obligación de los órganos jurisdiccionales de resolver los conflictos que se les plantean sin obstáculos o dilaciones innecesarias y evitando formalismos o interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial; por lo que al interpretar los requisitos y las formalidades procesales legalmente previstos, deben tener presente la razón de la norma, con el fin de evitar que los meros formalismos impidan un enjuiciamiento de fondo del asunto, por lo que en obvio de dilaciones innecesarias téngase como autoridad responsable a la Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad******************** Encuentra aplicación por contener el principio jurídico la tesis III********************5o********************T********************2 K (10a********************), sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, Registro digital: 2020617, Décima Época, localizable en el Libro 70, Septiembre de 2019, Tomo III, página 1806, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que estatuye: "ACLARACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO******************** SI LA PREVENCIÓN RELATIVA ES PORQUE EL SEÑALAMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO SE ENCUENTRAN EN LOS APARTADOS CORRESPONDIENTES, PERO PUEDE ADVERTIRSE DEL CONTENIDO ÍNTEGRO DE LA DEMANDA, AQUÉLLA CARECE DE JUSTIFICACIÓN******************** Como lo ha sostenido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la tutela judicial efectiva, consagrada como derecho humano en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su vertiente de recurso efectivo, implica la obligación de los órganos jurisdiccionales de resolver los conflictos que se les plantean sin obstáculos o dilaciones innecesarias y evitando formalismos o interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial; por lo que al interpretar los requisitos y las formalidades procesales legalmente previstos, los órganos jurisdiccionales deben tener presente la razón de la norma, con el fin de evitar que los meros formalismos impidan un enjuiciamiento de fondo del asunto******************** Bajo esa premisa, considerando que la demanda de amparo debe analizarse en su integridad, la prevención hecha por el Juez de Distrito para que la quejosa la aclare, cuando de cualquiera de las partes que componen dicho escrito, como puede ser en los antecedentes del acto reclamado, los conceptos de violación, incluso, en los puntos petitorios, es posible identificar claramente el acto cuya inconstitucionalidad se reclama y la autoridad responsable a quien se atribuye, carece de justificación, pues al señalarlos en un capítulo diverso, no se incumple con alguno de los requisitos que exige el artículo 108 de la Ley de Amparo, además de que dicho requerimiento no encuentra sustento en el diverso 114 de la propia ley, al no constituir deficiencia, irregularidad u omisión que amerite su enmienda"******************** Por tanto se instruye a la Oficial Judicial "A", encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que haga la anotación de la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad******************** Ahora bien, antes de proveer sobre la medida cautelar solicitada, es preciso señalar lo establecido en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 1o******************** de la Ley de Migración, así como el diverso numeral 1o, de su Reglamento, que textualmente establecen, en su orden, lo siguiente: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS "Artículo 11******************** Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes******************** El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país******************** Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo******************** El reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político, se realizarán de conformidad con los tratados internacionales******************** La ley regulará sus procedencias y excepciones********************" LEY DE MIGRACIÓN "Artículo 1******************** Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en toda la República y tienen por objeto regular lo relativo al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo, en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, de contribución al desarrollo nacional, así como de preservación de la soberanía y de la seguridad nacionales********************" REGLAMENTO "Artículo 1******************** Las disposiciones de este Reglamento son de orden público y de observancia general y tienen por objeto regular, de acuerdo con lo previsto en la Ley, lo relativo a la formulación y dirección de la política migratoria del Estado mexicano; los procesos de certificación y profesionalización de los servidores públicos del Instituto Nacional de Migración; el movimiento internacional de personas; los criterios y requisitos para la expedición de visas; la situación migratoria de las personas extranjeras en el territorio nacional; la protección a los migrantes que transitan por el territorio nacional; el procedimiento administrativo migratorio en las materias de regulación, control y verificación migratoria y el retorno asistido de personas extranjeras********************" Como puede advertirse, las disposiciones de los dos ordenamientos legales que rigen la situación del ahora quejoso (extranjero), son de orden público y regulan, entre otras materias, la estructura dinámica y distribución de la población en el territorio nacional, la entrada y salida de personas del país, así como las actividades de los extranjeros durante su estancia en territorio nacional******************** En efecto, a la Secretaría de Gobernación le corresponde sujetar la inmigración de extranjeros y procurar la mejor asimilación de estos al medio nacional y su adecuada distribución en el territorio, vigilar la entrada y salida de nacionales y extranjeros, revisar la documentación del mismo; además, los extranjeros para entrar, transitar o salir del país, deben llenar ciertos requisitos exigidos por la Ley de Migración y su reglamento******************** Los artículos 4, 7, 18, fracción III, 20, fracciones II y III, 34, 35 y 37 de la Ley de Migración, disponen: "Artículo 4******************** La aplicación de esta Ley corresponde a la Secretaría, para lo cual podrá auxiliarse y coordinarse con las demás dependencias y entidades de la Administración Pública Federal cuyas atribuciones estén vinculadas con la materia migratoria********************" "Artículo 7******************** La libertad de toda persona para ingresar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional tendrá las limitaciones establecidas en la Constitución, los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano, esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables******************** El libre tránsito es un derecho de toda persona y es deber de cualquier autoridad promoverlo y respetarlo******************** Ninguna persona será requerida de comprobar su nacionalidad y situación migratoria en el territorio nacional, más que por la autoridad competente en los casos y bajo las circunstancias establecidos en la presente Ley********************" "Artículo 18******************** La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones en materia migratoria: (.) III******************** Establecer o suprimir requisitos para el ingreso de extranjeros al territorio nacional, mediante disposiciones de carácter general publicadas en el Diario Oficial de la Federación, tomando en cuenta la opinión de las autoridades que al efecto se establezcan en el Reglamento;." "Artículo 20******************** El Instituto tendrá las siguientes atribuciones en materia migratoria: (.) II******************** Vigilar la entrada y salida de personas al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y revisar su documentación; III******************** En los casos señalados en esta Ley, tramitar y resolver sobre la internación, estancia y salida del país de los extranjeros;." "Artículo 34******************** Los mexicanos y extranjeros sólo pueden entrar y salir del territorio nacional por los lugares destinados al tránsito internacional de personas por tierra, mar y aire******************** La internación regular al país se efectuará en el momento en que la persona pasa por los filtros de revisión migratoria ubicados en los lugares destinados al tránsito internacional de personas por tierra, mar y aire, dentro de los horarios establecidos para tal efecto y con intervención de las autoridades migratorias******************** "Artículo 35******************** Para entrar y salir del país, los mexicanos y extranjeros deben cumplir con los requisitos exigidos por la presente Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables******************** Corresponde de forma exclusiva al personal del Instituto vigilar la entrada y salida de los nacionales y extranjeros y revisar la documentación de los mismos********************" "Artículo 37******************** Para internarse al país, los extranjeros deberán: I******************** Presentar en el filtro de revisión migratoria ante el Instituto, los documentos siguientes: a) Pasaporte o documento de identidad y viaje que sea válido de conformidad con el derecho internacional vigente, y (sic) b) Cuando así se requiera, visa válidamente expedida y en o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo******************** 4******************** Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal******************** 5******************** Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener reparación********************" Por su parte, el artículo 4********************2 del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, establece que: "A los efectos del presente Protocolo, por privación de libertad se entiende cualquier forma de detención o encarcelamiento o de custodia de una persona por orden de una autoridad judicial o administrativa o de otra autoridad pública, en una institución pública o privada de la cual no pueda salir libremente********************" Ahora, desde el enfoque del sistema americano de derechos humanos, la Corte Interamericana estableció estándares mínimos para la privación de la libertad por razones migratorias, como que ésta se realice de conformidad con el derecho a la libertad personal y sus garantías específicas, así como ajustada a los principios de excepcionalidad de la detención y de necesidad, proporcionalidad e idoneidad de la medida en cada caso******************** Además, ha señalado que es permisible que el Estado otorgue un trato distinto a las personas migrantes documentadas en relación con las indocumentadas, o bien, entre migrantes y nacionales siempre que ese trato sea razonable, objetivo y proporcional y no lesione derechos humanos; asimismo, se ha pronunciado en el sentido de que, cuando se trata de personas migrantes, la detención y privación de la libertad por su sola situación migratoria irregular, debe ser utilizada cuando sea necesario y proporcional en el caso concreto, solamente admisible 1) durante el menor tiempo posible y 2) en atención a fines legítimos******************** Ahora, en relación con la garantía establecida en el artículo 7********************5 de la Convención en cita, establece que toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un Juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales******************** Al respecto, el tribunal interamericano ha resaltado que "corresponde al juzgador garantizar los derechos del detenido, autorizar la adopción de medidas cautelares o de coerción, cuando sea estrictamente necesario y procurar, en general, que se trate al detenido de manera consecuente con la presunción de inocencia", como una "garantía tendiente a evitar la arbitrariedad o ilegalidad de las detenciones********************" Con base en ese criterio interpretativo, la Corte Interamericana ha considerado que, con el fin de que se constituya un verdadero mecanismo de control frente detenciones ilegales o arbitrarias, la revisión judicial debe realizarse sin demora y en forma tal que garantice el cumplimiento de la ley y el goce efectivo de los derechos del detenido, tomando en cuenta la especial vulnerabilidad de aquél******************** Así, tomó como referencia el informe del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria en el que sostuvo que "todo inmigrante retenido deberá comparecer cuanto antes ante un juez u otra autoridad********************" No obstante, también ha fijado la regla que, en materia migratoria, la legislación interna debe asegurar que el funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones jurisdiccionales cumpla con las características de imparcialidad e independencia que deben regir a todo órgano encargado de determinar derechos y obligaciones de las personas******************** En ese sentido, la Corte ha establecido que dichas características no solo deben corresponder a los órganos estrictamente jurisdiccionales, sino que las disposiciones del artículo 8********************1 de la Convención se aplican también a las decisiones de órganos administrativos, ya que en relación con esa garantía corresponde al funcionario de migración la tarea de prevenir o hacer cesar las detenciones ilegales o arbitrarias y es imprescindible que dicho funcionario esté facultado para poner en libertad a la persona si su detención es ilegal o arbitraria******************** Conforme a la jurisprudencia asentada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la privación de la libertad de las personas migrantes, este Juzgado de Distrito determina que resulta improcedente conceder la suspensión por la parte quejosa respecto del acto que el quejoso refiere como privación de la libertad dado que ha sido sujeto de alojamiento por más de treinta y seis horas******************** Para justificar lo anterior, es necesario tener en cuenta los precitados artículos 99, 100 y 101 de la Ley de Migración******************** Estos artículos se refieren a la presentación de las personas extranjeras en estaciones migratorias en tanto se determina su situación migratoria en territorio nacional, lo cual implica el acuerdo de su alojamiento temporal, la posibilidad de quedar bajo custodia y los requisitos para seguir el procedimiento en libertad******************** Disposiciones que en términos generales representan una limitación al derecho a la libertad de las personas migrantes; sin embargo, de conformidad con lo señalado por la Corte Interamericana y en atención a lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Tesis visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con número de registro 2013156, de rubro: "TEST DE PROPOCIONALIDAD******************** METODOLOGÍA PARA ANALIZAR MEDIDAS LEGISLATIVAS QUE INTERVENGAN CON UN DERECHO FUNDAMENTAL********************"), en primer lugar, se debe analizar si dicha medida persigue un fin constitucionalmente válido y, en el caso, la respuesta es afirmativa, pues dicho fin es el control y la regulación del ingreso y la permanencia de personas extranjeras dentro de territorio nacional prevista en el artículo 11 de la Constitución federal******************** Dicho precepto constitucional señala que toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes; no obstante, el ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país******************** Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció al respecto, en el sentido de que la facultad de los Estados de controlar y regular el ingreso y permanencia de personas extranjeras en su territorio constituye una finalidad legítima para restringir el derecho a la libertad personal******************** Con base en ello, se considera que la limitación de la libertad de las personas migrantes prevista en los artículos citados persigue una finalidad legítima y no viola el artículo 1° de la Constitución Federal, ni vulneran el derecho a la libertad de tránsito, pues el artículo 11 señala que el ejercicio de ese derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad administrativa en los casos en él previstos, dentro de los cuales se encuentran los relativos a la migración******************** De ahí que, para que la autoridad migratoria ejerza su facultad de revisión y posterior alojamiento si es que el extranjero no demuestra su legal estancia, no se requiere que exista un procedimiento judicial de donde derive tal situación, o que se haya emitido previamente una orden de aprehensión dictada por un Juez o autoridad competente para ello, que la detención se haya verificado en flagrancia en la comisión de un delito o que exista denuncia alguna contra el extranjero, como lo estima la parte quejosa******************** Ello, pues como se vio, si bien es cierto que el artículo 7********************5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone que toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un Juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, también lo es que, en materia migratoria, la Corte Interamericana ha fijado los alcances del término "otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales********************", en el sentido de que, la tarea de prevenir o hacer cesar las detenciones ilegales o arbitrarias es una función que puede depositarse en un funcionario migratorio que esté facultado para poner en libertad a la persona si su detención es ilegal o arbitraria; ello, en cumplimiento a las disposiciones del artículo 8********************1 de la Convención, las cuales no están limitadas a los órganos estrictamente jurisdiccionales******************** Esto es, de conformidad con la separación de los poderes públicos que existe en el Estado de Derecho, si bien la función jurisdiccional compete eminentemente al Poder Judicial, no menos cierto es que otros órganos o autoridades públicas pueden ejercer funciones del mismo tipo; por lo que, cuando la Convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un "juez o tribunal competente" para la "determinación de sus derechos", esta expresión se refiere a cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas******************** A partir de ese criterio interpretativo dispuso que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a los derechos del debido proceso legal en los términos del artículo 8 de la Convención******************** De esta forma, las garantías contempladas en el artículo 8********************1 de la Convención son también aplicables al supuesto en que alguna autoridad adopte decisiones que determinen tales derechos, tomando en cuenta que no le son exigibles aquellas propias de un órgano jurisdiccional, pero sí debe cumplir con aquellos derechos destinados a asegurar que la decisión no sea arbitraria******************** Con base en el marco jurisprudencial interamericano expuesto, se deduce que el hecho de que en el procedimiento migratorio, previsto en los artículos invocados, no se disponga de un control judicial de la detención de las personas migrantes o en movilidad internacional, es decir, que su presentación no esté supervisada por un Juez, sino a cargo de servidores públicos pertenecientes al Instituto Nacional de Migración, no hace inconvencional las porciones normativas en comento******************** Porque, para satisfacer la exigencia del artículo 7********************5 de la Convención Americana, la persona detenida debe comparecer ante la autoridad competente, la cual debe oírla personalmente y valorar todas las explicaciones que éste le proporcione para decidir si procede la liberación o el mantenimiento de la privación de libertad, sin que esa decisión sea exclusiva de las autoridades jurisdiccionales, sino de cualquier autoridad pública, entre ellas las administrativas, que cuenten con facultades y el deber de cumplir con las garantías destinadas a asegurar que la decisión no sea arbitraria******************** Condición que se cumple en la Ley de Migración y, en específico, en los artículos ya precisados******************** Lo anterior, debido a que el artículo 19 de la Ley de Migración dispone que el Instituto Nacional de Migración tiene por objeto la ejecución, control y supervisión de los actos realizados por las autoridades migratorias en territorio nacional, así como la instrumentación de políticas en la materia******************** En ese tenor, el numeral 20 de la legislación en comento contempla, en lo que interesa, lo siguiente: "Artículo 20******************** El Instituto tendrá las siguientes atribuciones en materia migratoria: [.] II******************** Vigilar la entrada y salida de personas al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y revisar su documentación; III******************** En los casos señalados en esta Ley, tramitar y resolver sobre la internación, estancia y salida del país de los extranjeros; IV******************** Conocer, resolver y ejecutar la deportación o el retorno asistido de personas extranjeras, en los términos y condiciones establecidos en la presente Ley y en su Reglamento; salvo que, en el caso de deportación o retorno asistido de niñas, niños y adolescentes migrantes, el plan de restitución de derechos que emita la Procuraduría de Protección determine lo contrario; VII******************** Presentar en las estaciones migratorias o en los lugares habilitados para tal fin, a las personas extranjeras que lo ameriten conforme a las disposiciones de esta Ley, respetando en todo momento sus derechos humanos; [.]" Como parte de su atribución de tramitar y resolver sobre la internación, estancia y salida del país de los extranjeros, los servidores migratorios tienen el deber de observar los principios que sustentan el debido proceso y la defensa adecuada de las personas migrantes, previstos en los artículos 13, fracción I, 66, párrafo primero, 67 y 70 de la Ley de Migración, esto es, comunicarles el derecho que tienen a: a) Estar asistidos o representados legalmente por la persona que designe durante el procedimiento administrativo migratorio; b) Que el procedimiento sea sustanciado por autoridad competente; c) Ofrecer pruebas; d) Alegar lo que a su derecho convenga; e) Tener acceso a las constancias del expediente; f) Contar con un traductor o intérprete para facilitar la comunicación, en caso de que no hable o no entienda el español; y, g) Las resoluciones de la autoridad estén fundadas y motivadas debidamente******************** Así, el Instituto Nacional de Migración, a través de su personal adscrito, tiene el deber de observar las garantías que aseguren, según el procedimiento, el derecho al debido proceso que, conforme con la interpretación del artículo 8********************1 de la Convención, no se aplica solamente a Jueces y tribunales judiciales******************** Las garantías que establece esa norma deben ser observadas en los distintos procedimientos en que los órganos estatales adoptan decisiones sobre la determinación de los derechos de las personas, ya que el Estado también otorga a autoridades administrativas, colegiadas o unipersonales, la función de adoptar decisiones que determinan derechos******************** De esta forma, las garantías contempladas en el artículo 8********************1 de la Convención son también aplicables al supuesto en que alguna autoridad pública adopte decisiones que determinen tales derechos, tomando en cuenta que no le son exigibles aquellas propias de un órgano jurisdiccional, pero sí debe cumplir con aquellas garantías destinadas a asegurar que la decisión no sea arbitraria******************** Ahora, tomando en consideración que la parte quejosa pretende evidenciar que, el hecho de excederse de las treinta y seis horas de la privación de la libertad, se torna inconstitucional, ya que viola lo dispuesto en el artículo 21, párrafo cuarto Constitucional, debe decirse que tal pretensión carece de sustento lógico y jurídico, si se toma en cuente que en el tercer párrafo del precepto constitucional referido, el Constituyente Permanente concedió a la autoridad judicial la facultad monopólica para imponer penas derivadas de delitos, así como su modificación y duración y, en el cuarto, en cuanto a las sanciones administrativas, no obstante su equiparación con las penas, dispuso una excepción a esa regla, al posibilitar su imposición por la autoridad administrativa en los casos de infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía******************** En estas condiciones, si bien es cierto que la potestad conferida a la autoridad administrativa sólo se circunscribe a la imposición de sanciones, no así para preverlas y regularlas normativamente, también lo es que el propio cuarto párrafo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece una excepción al principio de reserva de ley, pues cuando habla de sanciones como multa, arresto hasta por treinta y seis horas o trabajo a favor de la comunidad, hace una remisión y autorización expresa para que éstas puedan estar previstas en reglamentos gubernativos y de policía, los cuales, por antonomasia, son emitidos por el Poder Ejecutivo, ya sea federal o local******************** De lo anterior se desprende que, en el particular, el alojamiento del quejoso en una estación migratoria, no representa una infracción a reglamentos gubernativos y de policía, los cuales, como se dijo, son emitidos por el Poder Ejecutivo, ya sea federal o local, sino que responden a la contravención de una ley de carácter formal y material, como lo es la Ley de Migración******************** En efecto, de conformidad con el artículo 68 de la Ley de Migración, una vez que la persona es puesta a disposición del Instituto Nacional de Migración en las estaciones migratorias, se dictará en el plazo de treinta y seis horas el acuerdo de presentación, respecto de toda persona que no comprueba su estancia regular******************** Así, el artículo 99 de la Ley de Migración, prevé que la presentación de extranjeros en estaciones migratorias o en lugares habilitados para ello, en tanto se determina su situación migratoria en territorio nacional, es una medida de orden público, dictada por el Instituto, mediante el cual se acuerda su "alojamiento" temporal, ya sea para la regularización de su estancia o la asistencia para su retorno******************** Por su parte, el artículo 3°, fracción X de la Ley de Migración, establece que una Estación Migratoria es: "la instalación que establece el Instituto para alojar temporalmente a los extranjeros que no acrediten su situación migratoria regular, en tanto se resuelve su situación migratoria"******************** En ese sentido, el "alojamiento" o "aseguramiento" de una persona migrante se trata de una medida excepcional que contempla la Ley de Migración, sea asistencial para protección y apoyo al migrante, así como evitar que las personas se sustraigan de sus procedimientos administrativos migratorios******************** Además, es necesario tener presente que el artículo 111 de la Ley en comento, dispone: "Artículo 111******************** El Instituto resolverá la situación migratoria de los extranjeros presentados en un plazo no mayor de 15 días hábiles, contados a partir de su presentación******************** El alojamiento en las estaciones migratorias únicamente podrá exceder de los 15 días hábiles a que se refiere el párrafo anterior cuando se actualicen cualquiera de los siguientes supuestos: I******************** Que no exista información fehaciente sobre su identidad y/o nacionalidad, o exista dificultad para la obtención de los documentos de identidad y viaje; II******************** Que los consulados o secciones consulares del país de origen o residencia requieran mayor tiempo para la expedición de los documentos de identidad y viaje; III******************** Que exista impedimento para su tránsito por terceros países u obstáculo para establecer el itinerario de viaje al destino final; IV******************** Que exista enfermedad o discapacidad física o mental médicamente acreditada que imposibilite viajar al migrante presentado, y V******************** Que se haya interpuesto un recurso administrativo o judicial en que se reclamen cuestiones inherentes a su situación migratoria en territorio nacional; o se haya interpuesto un juicio de amparo y exista una prohibición expresa de la autoridad competente para que el extranjero pueda ser trasladado o para que pueda abandonar el país******************** En los supuestos de las fracciones I, II, III y IV de este artículo el alojamiento de los extranjeros en las estaciones migratorias no podrá exceder de 60 días hábiles******************** Transcurrido dicho plazo, el Instituto les otorgará la condición de estancia de visitante con permiso para recibir una remuneración en el país, mientras subsista el supuesto por el que se les otorgó dicha condición de estancia******************** Agotado el mismo, el Instituto deberá determinar la situación migratoria del extranjero********************" Del texto transcrito se obtiene que la duración máxima de la detención es de quince días, contados a partir de su presentación, tiempo máximo también para resolver el procedimiento migratorio; no obstante, dicho artículo prevé diversos supuestos que permiten el alojamiento de personas extranjeras en las estaciones migratorias hasta por sesenta días, entre los que se encuentran: 1) Que no se cuente con información que permita identificar a la persona; 2) Que las secciones consulares o embajadas requieran más tiempo para la expedición del documento de identidad; y, 3) Que hayan interpuesto un recurso administrativo o judicial en que se reclamen cuestiones inherentes a su situación migratoria en territorio nacional******************** Así las cosas, al no representar la Ley de Migración (que sustenta la detención de la quejosa) un reglamento gubernativo y de policía, los cuales, como se dijo, son emitidos por el Poder Ejecutivo, ya sea federal o local, entonces no es factible alegar violación al artículo 21, párrafo cuarto Constitucional******************** Por su contenido, se cita la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con el registro 200343, que establece lo siguiente: "LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL ESTADO DE MEXICO******************** SU ARTÍCULO 140, FRACCIÓN II, NO RESULTA VIOLATORIO DEL ARTÍCULO 21 CONSTITUCIONAL******************** Al establecer el artículo 140 fracción II de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de México que las infracciones a las disposiciones de esta ley y sus reglamentos así como a las determinaciones de las autoridades competentes, se sancionarán por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas o los ayuntamientos, según corresponda, atendiendo a la naturaleza, gravedad y circunstancias del hecho, con la demolición total o parcial de las construcciones, no viola el artículo 21 constitucional que impone como limitantes sancionadoras a las autoridades administrativas en relación con la infracción a reglamentos gubernativos o de policía, la multa o el arresto, en virtud de que esa disposición constitucional no rige tratándose de actos formal y materialmente legislativos, pues estatuyen situaciones jurídicas distintas y sus regímenes son también diferentes, porque mientras el reglamento del tipo señalado se limita a cuestiones de carácter administrativo, las leyes carecen de esa cortapisa y sólo se encuentran delimitadas en el aspecto aludido, fundamentalmente por el artículo 22 constitucional********************" Igualmente se invoca por analogía, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con el registro 181271, que establece lo siguiente: "SANCIONES ADMINISTRATIVAS******************** CUANDO TENGAN COMO SEDE REGLAMENTOS GUBERNATIVOS O DE POLICÍA, SÓLO PODRÁN CONSISTIR EN MULTA O ARRESTO, LO QUE NO ACONTECE CUANDO SU FUNDAMENTO SEA LA LEY******************** Cuando las sanciones que imponen las autoridades administrativas tienen como sede reglamentos gubernativos o de policía, éstas sólo podrán consistir en multa o en arresto hasta por treinta y seis horas, en términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, cuando tales sanciones sean impuestas con fundamento en la ley, resulta incuestionable que no pueden constreñirse a la multa o al arresto, sino que válidamente procede la imposición de diversos correctivos, como puede ser el decomiso de mercancías o cualquier otro que contemple la legislación aplicable********************" Ahora bien, de los numerales 99, 100, 101 y 102 de la Ley de Migración, se advierte que la presentación de extranjeros se trata de la medida dictada por la autoridad administrativa, mediante la cual, se decide el alojamiento temporal de un extranjero que no acredita su situación migratoria en el país, para la regularización de su estancia o bien, para asistirlo en el retorno a su país de origen, es decir, que el alojamiento durará en tanto se determina su situación migratoria en territorio nacional******************** Además, se dispone que el acuerdo de presentación se emitirá en un término de veinticuatro horas, cuando el extranjero vaya a ser deportado por haber incurrido en alguna de las conductas establecidas en el artículo 144 de la Ley de Migración******************** También se desprende de esas normas, que una vez emitido el acuerdo de presentación, y hasta que no se dicte resolución respecto de la situación migratoria del extranjero, éste podrá ser entregado en custodia a la representación diplomática del país del que sea nacional, o bien, a persona moral o institución de reconocida solvencia, cuyo objeto esté vinculado con la protección a los derechos humanos, con la obligación del extranjero de permanecer en un domicilio ubicado en la circunscripción territorial en donde se encuentre la estación migratoria, con el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo migratorio******************** En tanto se dicte resolución definitiva, el extranjero podrá otorgar las garantías monetarias y fiduciarias establecidas en términos de dicha ley******************** De igual manera resulta útil invocar los artículos 150, 162 y 164 de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 150******************** En los casos en que la suspensión sea procedente, se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, hasta dictarse resolución firme en él; a no ser que la continuación de dicho procedimiento deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso********************" "Artículo 162******************** Cuando el acto reclamado consista en una orden de privación de la libertad o en la prohibición de abandonar una demarcación geográfica, la suspensión tendrá por efecto que no se ejecute o cese inmediatamente, según sea el caso******************** El órgano jurisdiccional de amparo tomará las medidas que aseguren que el quejoso no evada la acción de la justicia, entre ellas, la obligación de presentarse ante la autoridad y ante quien concedió la suspensión cuantas veces le sea exigida******************** De acuerdo con las circunstancias del caso, la suspensión podrá tener como efecto que la privación de la libertad se ejecute en el domicilio del quejoso********************" "Artículo 164******************** Cuando el acto reclamado consista en la detención del quejoso efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, se ordenará que sin demora cese la detención, poniéndolo en libertad o a disposición del Ministerio Público******************** Cuando en los supuestos del párrafo anterior, la detención del quejoso no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá por efecto que sea puesto en libertad********************" De la interpretación correlacionada del articulado citado, puede extraerse que la privación de la libertad personal con motivo de las irregularidades detectadas en el ingreso de un extranjero al país, cualquiera que sea su denominación (aseguramiento, medida de apremio, alojamiento o sanción) dentro de un procedimiento administrativo, tiene que ser excepcional y proporcional al objeto que se busca proteger, y sólo estará justificada por motivos extraordinarios, con un fundamento jurídico claro y establecido en la ley******************** Ahora, de conformidad con el artículo 164 de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado en un juicio constitucional consista en la detención de los quejosos, efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, que no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá como efecto que sean puesto en libertad******************** En ese sentido, en los casos en que se reclame la detención de un migrante en situación irregular en una estación migratoria, se actualiza dicha hipótesis, ya que las autoridades migratorias, que tienen dentro de sus atribuciones realizar detenciones con motivo de la irregularidad en el ingreso migratorio, son de naturaleza administrativa y distintas al Ministerio Público; además, esas detenciones no derivan de la comisión de un delito******************** Por tanto, el efecto de la medida cautelar, cuando proceda, debe consistir necesariamente en que el extranjero sea puesto en libertad, pues al no derivar la detención de la comisión de un delito, su detención debe ser excepcional******************** Además, conforme el artículo 150 de la Ley de Amparo, la suspensión debe concederse en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, hasta dictarse resolución firme en él******************** De ese modo, si en el caso particular en el capítulo de hechos el promovente expone que los quejosos llevan aproximadamente más de treinta y seis horas detenidos y que fueron trasladados a la Estación Migratoria Siglo XXI de esta ciudad, lo cual consiste en la detención de un migrante en situación irregular en una estación migratoria, que es un acto que afecta la libertad personal respecto del cual proceda conceder la suspensión******************** Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 126 y 164 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano a la parte quejosa, respecto del acto reclamado consistente en la privación de libertad de los ahora recurrentes, con motivo del alojamiento en la Estación Migratoria Siglo XXI, para el efecto de que sean puestos en inmediata libertad, debiendo las autoridades responsables dictar las medidas previstas legalmente (diversas a las que impliquen privación de la libertad personal, cualquiera que sea su forma de denominación), a fin de asegurar que la parte quejosa no evada el cumplimiento de las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, las que serán aplicadas por la autoridad administrativa, pudiendo, en su caso, tomar como parámetro las establecidas en el artículo 102 de la Ley de Migración******************** Criterio similar asumió el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, por resolución pronunciada en sesión extraordinaria de diez de mayo de dos mil veintidós en el recurso de queja 183/2022******************** SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO INCOMUNICACIÓN Y DEPORTACIÓN Respecto del acto reclamado consistente en la posible incomunicación, analizado lo expuesto por la parte quejosa y ante el peligro de que continúen ejecutándose los actos reclamados, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO en los siguientes términos: Con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano de los actos reclamados para el efecto de que a la brevedad se le haga efectivo a la parte quejosa su derecho a la notificación, contacto y asistencia consular, tomando en cuenta que ello es un derecho fundamental vigente en nuestro país, asimismo, para que en lo inmediato se le permita tener contacto con sus representantes legales******************** Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2015596, que aparece en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación******************** Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, página 206, Décima época, que dice: "DERECHO FUNDAMENTAL DE LOS EXTRANJEROS A LA NOTIFICACIÓN, CONTACTO Y ASISTENCIA CONSULAR******************** SU FUENTE Y JERARQUÍA EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO MEXICANO******************** En el marco de un sistema democrático, una vez que una persona se encuentra en el territorio de un Estado del cual no es nacional, dicho Estado está obligado a concederle un estándar mínimo de derechos; uno de ellos, cuya importancia resulta trascendental, es la posibilidad de que el extranjero sea asistido por algún miembro de la delegación consular de su país en el territorio en el que se encuentre******************** Así, en nuestro ordenamiento jurídico, dicho derecho está contenido en los artículos 36, párrafo primero, de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y 128, fracción IV, del Código Federal de Procedimientos Penales abrogado******************** Asimismo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 1a********************/J******************** 107/2012 (10a********************), (1) de rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA******************** CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE********************", sostuvo que en materia de derechos fundamentales, nuestro orden jurídico tiene dos fuentes primigenias: 1) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 2) todos aquellos derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte******************** Ahora bien, las normas provenientes de ambas fuentes gozan de rango constitucional y, por tanto, son normas supremas del ordenamiento jurídico mexicano, lo que implica que los valores, principios y derechos que ellas materializan deben permear en todo el orden jurídico, obligando a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación******************** En ese sentido, el catálogo de derechos fundamentales no se encuentra limitado a lo prescrito en la Constitución Federal, sino que también incluye a todos aquellos derechos que figuran en los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano, por lo que es incuestionable que el derecho de los extranjeros a la notificación, contacto y asistencia consular es un derecho fundamental vigente en nuestro país********************" Así como la diversa tesis de jurisprudencia de la referida Primera Sala, con registro digital 2015594, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación******************** Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, página 204, del tenor literal siguiente: "DERECHO FUNDAMENTAL A LA NOTIFICACIÓN, CONTACTO Y ASISTENCIA CONSULAR******************** SU CONTENIDO ESPECÍFICO Y RELEVANCIA PARA GARANTIZAR UNA DEFENSA ADECUADA DE LOS EXTRANJEROS******************** Del artículo 36, párrafo primero, de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares derivan, para el extranjero detenido en territorio mexicano, los siguientes derechos: 1) las autoridades deben informar al extranjero que ha sido detenido, o que se encuentre bajo cualquier tipo de custodia, que tiene derecho a comunicarse con la oficina o representación consular de su país, la información de dicho derecho debe ser inmediata y no puede demorarse bajo ninguna circunstancia; 2) el extranjero tiene derecho a escoger si desea o no contactar a su respectivo consulado; 3) una vez que el extranjero decide que desea contactar a la oficina consular de su país, la autoridad debe informar de esta situación a la oficina consular correspondiente que se encuentre más cercana al lugar en donde se realizó la detención, comunicación que deberá ser inmediata y realizarse a través de todos los medios que estén al alcance de la autoridad respectiva; y, 4) la autoridad deberá garantizar la comunicación, visita y contacto entre el extranjero y la oficina consular de su país, para que ésta le brinde a aquél una asistencia inmediata y efectiva******************** Ahora bien, este último punto, que representa la asistencia consular en un sentido estricto, tiene a su vez una serie de implicaciones que deben especificarse: a) la exigencia de asistencia consular en el proceso penal tiene especial proyección debido a la complejidad técnica de las cuestiones jurídicas que en él se debaten y por la relevancia de los bienes jurídicos que pueden afectarse; b) la asistencia consular, en cuanto derecho subjetivo, tiene como finalidad asegurar la efectiva realización de los principios de igualdad de las partes y de contradicción que rigen un proceso penal, para evitar desequilibrios o limitaciones en la defensa del extranjero; y, c) la asistencia consular es una garantía del correcto desenvolvimiento del proceso y una exigencia estructural de éste******************** Así, el derecho fundamental a la asistencia consular de los extranjeros no puede concebirse como un mero requisito de forma, pues cuando una autoridad, ya sea policial, ministerial o judicial, impide a un extranjero suplir sus carencias, a través de los medios que el artículo 36 citado pone a su disposición, no sólo limita sino que hace imposible la plena satisfacción del derecho a una defensa adecuada********************" Y la diversa jurisprudencia de dicha Primera Sala del Máximo Tribunal del País, con registro digital 2015592, que obra en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación******************** Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, página 200, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Penal, que dice: "DERECHO FUNDAMENTAL A LA NOTIFICACIÓN, CONTACTO Y ASISTENCIA CONSULAR******************** ACCIONES BÁSICAS QUE IMPLICAN SU INTERVENCIÓN******************** El derecho fundamental citado, contenido en el artículo 36, párrafo primero, de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, puede asumir diversas formas, dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso******************** No obstante, su intervención implica, por lo menos, tres acciones básicas, a saber: 1) de carácter humanitario, pues los funcionarios consulares proporcionan a los detenidos el contacto con el mundo exterior, al comunicar la noticia a sus familiares o a las personas de su confianza y se aseguran de que se les cubran las necesidades básicas mientras se encuentran privados de su libertad, 2) de protección, ya que la presencia de los funcionarios consulares, por sí misma, coadyuva a disuadir a las autoridades locales de cometer actos contra los extranjeros que pueden ser contrarios a su dignidad humana o que pongan en peligro la suerte del proceso penal al que se verán sometidos; y, 3) la relativa a una asistencia técnicojurídica, en virtud de que la asistencia consular es vital para asegurar una defensa adecuada en situaciones que impliquen una privación de la libertad, en donde las violaciones a los derechos fundamentales de los extranjeros son comunes debido a la falta de conocimiento del sistema jurídico en el que se ven inmersos******************** Esto es así, ya que una persona extranjera que es detenida, se enfrenta a una multitud de barreras lingüísticas, culturales y conceptuales que dificultan su habilidad para entender, cabal y completamente, los derechos que le asisten, y la situación a la que se enfrenta******************** Así, a través de la ayuda consular, los extranjeros reducen la distancia que los separa de los nacionales en cuanto a la protección de un estándar mínimo de derechos fundamentales********************" Por otra parte, es importante traer a colación el artículo 22 constitucional, 15, 125 y 126 de la Ley de Amparo, mismos que disponen la procedencia de la suspensión de oficio y de plano******************** En efecto, los artículos en comento, en la parte que interesa, señalan: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "Artículo 22******************** Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales******************** Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado******************** ************************************************************' Ley de Amparo "Artículo 15******************** Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad******************** ************************************************************" "Artículo 125******************** La suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso********************" "Artículo 126******************** La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales******************** En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento******************** La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal********************" De los artículos transcritos, se aprecia en lo que interesa, los actos prohibidos a que alude el artículo 22 constitucional y los supuestos de procedencia de la medida cautelar oficiosa y de plano que refiere la ley de la materia, se constriñen a las hipótesis que ahí señalan******************** Prevén la posibilidad de promover un juicio de amparo en nombre de un tercero cuando se reclamen actos, entre otros, que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, y el afectado se encuentre imposibilitado para ejercer la acción de manera directa, en cuyo caso el juez de distrito está obligado a decretar la suspensión del acto******************** Asimismo, señalan que la suspensión de oficio se concederá de plano, cuando se trate de los actos precisados anteriormente, que, de llegarse a consumar, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho reclamado******************** Lo cual, deriva de la propia naturaleza del acto reclamado, en virtud de que para concederla únicamente es necesario atender al origen del acto tildado de inconstitucional, sin mayores requisitos porque, de ejecutarse sería imposible la restitución al quejoso en el pleno goce de sus derechos fundamentales; de ahí que, por su urgencia, sea dable otorgar la medida cautelar de oficio y decretarla de plano, inclusive sin que se cumplan previamente los requisitos de la demanda******************** En consecuencia, analizado lo expuesto por los quejosos y ante el peligro de que continúen ejecutándose los actos reclamados, se decreta la suspensión de oficio y de plano en los siguientes términos: Con fundamento en los artículos 125, 126 y 160, en relación con el 15 de la invocada Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO para que los quejosos Suleydis Vidal Martínez, Ilianny Suárez Delgado, Daniela Vargas López y Diosbanis Emilio Licea Richerdson, no sean objeto de ninguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, así como tampoco de la privación ilegal de la libertad, con fines de deportación, expulsión o repatriación fuera de procedimiento, esto es, sin causa legal; en el entendido de que los quejosos deberán quedar a disposición de este órgano jurisdiccional en el lugar donde se encuentren, sólo en lo que se refiere a su libertad personal y a la de la autoridad administrativa competente que conozca del procedimiento respectivo, para la continuación del mismo, hasta en tanto se notifique sobre la sentencia ejecutoria que se dicte en este asunto******************** Sin que la suspensión decretada con antelación, impida la continuación de los procedimientos de verificación y regulación migratoria establecidos en la Ley de Migración y su Reglamento, ya que éstos son de orden público y no pueden suspenderse******************** Asimismo, la suspensión de plano concedida implica que de manera inmediata la autoridad responsable en términos del artículo 109 de la Ley de Migración le haga saber a la parte quejosa su derecho como presentado: ( Que conozcan la ubicación de la Estación Migratoria donde fueron alojados, sus reglas y servicios a los que podrán tener acceso; ( Informar el motivo del ingreso a la estación migratoria, así como del procedimiento migratorio; de la posibilidad de que soliciten el reconocimiento de refugiados o de apátridas; podrán, si lo desean, regularizar su estancia en el país de conformidad con lo establecido en los preceptos 132, 133 y 134 de la Ley de Migración; pueden solicitar voluntariamente el retorno asistido a su país de origen; el derecho de interponer un recurso efectivo contra las resoluciones del Instituto; ( Tienen derecho a recibir la protección de su representación consular, así como establecer comunicación con ésta, facilitándole los medios; Lo anterior es así, ya que una persona extranjera que es detenida, se enfrenta a una multitud de barreras lingüísticas, culturales y conceptuales que dificultan su habilidad para entender, cabal y completamente, los derechos que le asisten, y la situación a la que se enfrenta, por tanto, a través de la ayuda consular, los extranjeros reducen la distancia que los separa de los nacionales en cuanto a la protección de un estándar mínimo de derechos fundamentales******************** ( Recibir de forma escrita sus derechos y obligaciones, informándoles las instancias donde pueden presentar sus denuncias y quejas; ( Informarles su derecho a un procedimiento por autoridad competente, así como a recibir asesoría legal, ofrecer pruebas y alegar lo que crean conveniente y que tendrán acceso a las constancias del expediente administrativo migratorio que se les instaure; ( Informarles que en caso de que no hablen español, contarán con un traductor o intérprete para facilitarles la comunicación; ( Acceder a comunicación telefónica; ( Recibir alimentos, productos básicos para su aseo personal, atención médica; entre otros******************** En el entendido que la autoridad migratoria responsable deberá observar las medidas y garantizar los cuidados a la parte quejosa debido a la contingencia sanitaria del Covid-19******************** Por otro lado, la suspensión de plano decretada con antelación, no impide la continuación de los procedimientos establecidos en la Ley de Migración, ya que éstos son de orden público y no pueden suspenderse******************** La suspensión que aquí se concede no tiene como efectos el tránsito libre de los directos quejosos por el territorio nacional, o sea un salvoconducto para su desplazamiento por el país******************** Lo anterior es así, pues como ya se precisó, hasta que no se dicte resolución respecto de la situación migratoria de los aquí quejosos, deberán permanecer en un domicilio ubicado en la circunscripción territorial en donde se encuentre la estación migratoria, que deba conocer de la solicitud de regulación respectiva, ello con el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo; y por lo tanto, la medida cautelar sólo se concede en los términos ya precisados******************** Debiendo de informar las autoridades responsables dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, contadas a partir de la notificación de este auto, sobre el cumplimiento que den a esta resolución, ya que dicha determinación deberá ser obedecida bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades señaladas como responsables, de conformidad con lo establecido en el artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 262******************** Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (.) III******************** No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra********************" Resulta ser aplicable al caso, la jurisprudencia: emitida por el Pleno del Décimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo I, página 879, Registro digital: 2022090, cuya literalidad es: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO******************** PROCEDE OTORGARLA DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE RECLAMAN LA POSIBLE DEPORTACIÓN O REPATRIACIÓN Y, SIMULTÁNEAMENTE, ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DE MIGRANTES CON SITUACIÓN IRREGULAR EN EL PAÍS******************** Cuando una persona con calidad de migrante solicita el amparo contra su posible deportación o repatriación y simultáneamente reclama actos restrictivos de su libertad personal, efectuados por autoridades administrativas distintas al Ministerio Público, el juzgador de amparo, en atención a los principios de continencia de la causa y pro persona, deberá otorgar la suspensión de oficio y de plano respecto de ambos actos en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, y fijar los requisitos de eficacia que estime pertinentes conforme lo establecen los artículos 138, fracción I y 164, del referido ordenamiento, aun cuando el primero de los indicados artículos se refiere a la suspensión provisional******************** Lo anterior en razón de que no se puede ordenar la libertad del quejoso, sin que se fijen medidas de eficacia y tampoco se pueden desvincular los actos privativos de la libertad consistentes en la deportación del quejoso, pudiendo en su caso, tomarse como parámetro, sin ser vinculantes, las condicionantes establecidas en el artículo 102 de la Ley de Migración********************" Cabe precisar que los efectos de la medida suspensional anteriormente decretada, no implica sustituir el documento que en su caso expide la autoridad migratoria para transitar libremente por el territorio nacional******************** Dicha medida cautelar no surtirá efectos si en el caso el directo quejoso estuviera en el supuesto a que se refiere el artículo 33 Constitucional, esto es, que el Titular del Ejecutivo de la Unión haya juzgado inconveniente la permanencia en el país del extranjero, numeral que dispone: "Artículo 33******************** Son personas extranjeras las que no posean las calidades determinadas en el artículo 30 constitucional y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta Constitución******************** El Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley, la cual regulará el procedimiento administrativo, así como el lugar y tiempo que dure la detención******************** Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país"******************** La medida cautelar concedida no surtirá efectos y por consiguiente, no impedirá la detención de la parte quejosa, si se le pretende privar de la libertad en cumplimiento a una orden librada en su contra por autoridad diversa de las aquí señaladas como responsables o se le haya sorprendido en la comisión de delito flagrante******************** Y es que en ese sentido, la providencia decretada atiende al contexto de hechos que aluden ordenarse sin justificación legal por las autoridades responsables, acorde con lo que se narra en la demanda de amparo; sin embargo, no pasa desapercibido que la Ley de Migración y su norma reglamentaria, estatuyen diversos procedimientos que atendiendo al debido proceso pueden derivar en la deportación, expulsión, repatriación o retorno asistido a su país de origen******************** Por tanto, la medida suspensiva no surte efectos en caso de que los actos reclamados deriven de algún acto o procedimiento legalmente establecido que pudiera tener como consecuencia alguno de aquellos rebatidos en el presente juicio de amparo, pues de obstaculizar esa actuación se contravendría el orden público e interés social, acorde por identidad jurídica sustancial con lo sostenido en la jurisprudencia PC********************I********************P******************** J/28 P (10a********************), emitida por el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "ACTA DE RECHAZO POR LA QUE LA AUTORIDAD MIGRATORIA DECRETA LA INADMISIBILIDAD A TERRITORIO NACIONAL DE UNA PERSONA EXTRANJERA******************** EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO******************** El acto de rechazo aludida constituye un acto administrativo derivado de un procedimiento de control migratorio que acontece en los lugares de tránsito internacional de personas, respecto del cual, no procede conceder la suspensión de oficio y de plano, al no estar comprendido en los artículos 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 15 y 126 de la Ley de Amparo, y, además, porque no pone en riesgo la vida, la integridad física, ni la libertad de la persona, en tanto que el extranjero es libre de regresar a su lugar de procedencia tan pronto como las condiciones fácticas lo permitan, sin más limitación que la de ingresar a territorio nacional; además, porque constituye un acto autónomo e independiente que encuentra sustento en el artículo 11 constitucional, que lo hace distinto de la deportación o expulsión, y bien puede atenderé a través de la suspensión ordinaria en el incidente correspondiente y conforme a la normativa aplicable"******************** Se precisa que la medida cautelar también se concede para el efecto de que las autoridades responsables, en el ámbito de su competencia con la debida oportunidad le dé trámite a la solicitud que planteen los quejosos respecto de su situación migratoria******************** Asimismo, debe precisarse que si el acto reclamado se trata realmente de una medida de aseguramiento decretada con fundamento en la Ley de Migración, la medida precautoria no surtirá el efecto, en atención a que no se satisface el requisito previsto en el artículo 128 fracción II, de la Ley de Amparo, para conceder la suspensión contra el posible aseguramiento de la parte quejosa por las autoridades administrativas, pues se atentaría contra el interés de la sociedad quien está interesada en que se cumpla con toda exactitud las disposiciones de la referida ley migratoria******************** Lo anterior se estima apegado a lo dispuesto por el artículo 11 de la Constitución Federal, que contiene el derecho a la libertad de tránsito dentro del territorio nacional, que incluye además otro derecho fundamental aplicable a extranjeros, que es el de residir legalmente en el país; sin embargo, tales derechos no son absolutos y por ende no es posible autorizarlos al margen de la disposición legal que los prevé, pues como se desprende de dicho precepto constitucional, están sujetos a límites y subordinados a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que establecen las leyes sobre migración o inmigración y de los extranjeros residentes considerados perniciosos; lo que redunda en que la autoridad migratoria ejerce la vigilancia correspondiente a través de las reglas que impone la Ley de Migración, específicamente, las previstas en los artículos 7, 31, 34, 35, 37, 40, 42, 43, 52, 57, 81, 92, 97, 99 y 106, así como los relativos de su reglamento; de ahí que el interés de la sociedad está por encima del interés particular******************** Por otra parte, en caso de que se haya ejecutado la deportación de la parte quejosa, la medida cautelar se concede para el efecto de que las responsables bajo su más estricta responsabilidad, tomen las medidas necesarias y que esté a su alcance para salvaguardar la vida de los mismos, así como para que gire las instrucciones necesarias a los Directores o Encargados de las Estaciones Migratorias, a efecto de que en el lugar que se designe o llegara a designarse para su estancia con motivo del seguimiento de algún proceso, también tomen las medidas necesarias indispensables para los efectos a que se hizo alusión******************** Lo anterior tiene su justificación porque la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce es un requisito para el disfrute de todos los demás derechos, ya que de no ser respetado los demás carecerían de sentido, y por esa razón, el Estado tiene la obligación de garantizar las condiciones necesarias para que no se viole, pues específicamente son los encargados de los Centros de Estación Migratoria quienes tienen asignada la función especial de garantes de los derechos de las personas que se encuentran bajo su custodia, para lo cual deben realizar todos aquellos actos o gestiones que sean necesarias para salvaguardar la vida de los inmigrantes******************** Requiérase a las autoridades responsables para que en el plazo de veinticuatro horas, contados a partir de que se encuentre notificada de este acuerdo, remitan a este juzgado copia certificada de las constancias en que se patentice el cumplimiento que ha dado a la medida cautelar concedida; apercibidas que de no hacerlo, se les impondrá a la omisa, medida de apremio antes apuntada******************** También se informa a las mismas que de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo está obligadas a recibir el oficio que en relación con este juicio se les dirija, en el entendido que de negarse a hacerlo, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación que no sea substancial, o sea, que no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y, que se tendrá por hecha la notificación, en el entendido de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; además de que se les impondrá multa de cincuenta unidades de medidas y actualización de conformidad con el artículo 251 de la Ley de Amparo, que arroja la cantidad de $4,811********************00 (cuatro mil ochocientos once pesos 00/100 moneda nacional), esto con fundamento en lo dispuesto por los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, y tomando como base el valor inicial diario equivalente a $96********************22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional) conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintidós, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, y se procederá en su contra en términos del artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo******************** Por otra parte, se autoriza a las autoridades responsables que rindan su respectivo informe a través de medios electrónicos atendiendo, en su caso, a los acuerdos de interconexión o a través del correo Institucional 4jdo20cto@correo********************cjf********************gob********************mx******************** RATIFICACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO Ahora, con el objeto de que se cumpla con todos los requisitos a que se refiere el artículo 108, de la Ley de Amparo, previamente es necesario que los directos quejosos Suleydis Vidal Martínez, Ilianny Suárez Delgado, Daniela Vargas López y Diosbanis Emilio Licea Richerdson ratifiquen la petición de amparo, promovida a su favor por Leydi Veyanir Ibarra Ramírez, en términos de los artículos 6 y 15 de la ley de la materia******************** Por lo que se comisiona al Actuario Judicial de la adscripción que corresponda, para que se constituya en las instalaciones de la Estación Siglo XXI, con sede en esta ciudad, a fin de que localice a los directos quejosos Suleydis Vidal Martínez, Ilianny Suárez Delgado, Daniela Vargas López y Diosbanis Emilio Licea Richerdson; y bajo su más estricta responsabilidad y en el acto de la diligencia realice lo siguiente:  Vocear o llamar a los directos quejosos, en el lugar respectivo;  Notificarles el presente auto;  Requerirlos para que en ese acto o dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, manifiesten si ratifican o no la demanda de amparo instada en su nombre******************** Apercibidos que de no ratificar la demanda en el término concedido, se tendrá por no presentada la misma, de conformidad con lo dispuestos en el artículo 15 de la Ley de Amparo y quedarán sin efecto las medidas decretadas:  Dar fe del estado físico en que se encuentren los agraviados********************  Levantar acta pormenorizada de todo lo anterior******************** Se faculta al actuario para que indague en caso de ser necesario a disposición de qué autoridad diversa a las señaladas se encuentra la parte quejosa, y en caso de tener conocimiento les notifique el presente auto, y asienten la denominación de dicha autoridad******************** PREVENCIÓN El artículo 74, de la Ley de Amparo establece que al resolver mediante sentencia, el Juez de Distrito debe hacer una fijación clara y precisa de los actos reclamados, en congruencia con lo cual, el artículo 114, de la legislación en cita, estatuye como causa para aclarar la demanda, la circunstancia de que el acto reclamado no esté precisado de manera clara, ya que ello será indispensable para fijar la litis, pues no es posible que en la sentencia final que se dicte pueda hacerse una fijación clara y precisa de los actos reclamados, si la parte de mérito no hace una exposición clara y concreta de lo que verdaderamente está reclamando, ya que es sabido que la litis se forma con el escrito inicial de demanda y el acto reclamado******************** En ese sentido, a fin de proveer lo que corresponda respecto de la admisión o desechamiento de la demanda que se trata, es importante transcribir lo establecido en los artículos 108, fracciones III, IV y 114, fracciones I, II y IV de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 108******************** La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: III******************** La autoridad o autoridades responsables******************** En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación******************** En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV******************** La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame"******************** "Artículo 114******************** El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse." Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda II******************** Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley [.] IV******************** No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado." En consecuencia, una vez localizada y hecha la ratificación de demanda, con fundamento en el artículo 114, fracciones I, II y IV, en relación al 108, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, requiérase a los quejosos para que en el acto de la notificación o bien dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que se encuentren notificados de este acuerdo, por escrito, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, aclaren la demanda conforme a lo siguiente: PRIMERO******************** Manifiesten si es su deseo señalar como autorizado al promovente y a las personas que se cita en el escrito de demanda, así como si es su deseo indicar el domicilio para oír y recibir notificaciones el ahí mencionado, así como proporcionar el correo electrónico y número telefónico precisados en el ocurso de mérito******************** SEGUNDO******************** Deberán exhibir documento idóneo y visible con el que acrediten su nacionalidad, ya que al no exhibir ningún documento para tal fin, no se tiene la certeza que su nombre esté escrito de manera correcta******************** TERCERO******************** Señalen si existe en su contra algún procedimiento de regularización migratoria y el estado procesal del mismo, que amerite su deportación, la cual es la sanción que se emite como conclusión de dicho procedimiento administrativo******************** CUARTO******************** Indiquen la fecha en que fueron presentados ante la estación migratoria y el tiempo que en su caso han permanecido alojados o detenidos en la misma, así como la ciudad en la que, en su caso, permanecen retenidos por la autoridad migratoria******************** QUINTO******************** De existir en su contra algún procedimiento de regularización migratoria indiquen si han ejercido su derecho a obtener la libertad bajo la figura de "custodia provisional"******************** SEXTO******************** Indiquen si han promovido diverso juicio de amparo contra actos iguales, similares o relacionados a los que aquí se reclaman******************** Se reserva a proveer respecto al acto que los directos quejosos reclaman en su escrito de demanda en relación a la orden de traslado a otra estación migratoria, hasta en tanto ratifiquen la demanda y desahoguen las prevenciones hechas en líneas precedentes******************** APERCIBIMIENTO Se apercibe a los quejosos que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo concedido, de acuerdo a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo******************** De actualizarse una casual de improcedencia prevista en el artículo 61 de la Ley de amparo, se acordara lo conducente, ello de conformidad con el numeral 64 del ordenamiento citado******************** Asimismo, se apercibe a los directos quejosos, representantes, abogados y/o autorizados, que si con posterioridad en este juicio de amparo, de las constancias allegadas se advierte que en el escrito de demanda y/o aclaración, afirmaron hechos falsos u omitieron los que les constaban con relación al acto reclamado, y sus antecedentes, se procederá contra quien resulte responsable en la comisión del delito federal de falsedad, previsto en el artículo 261 de la Ley de Amparo******************** En el entendido de que el desahogo de la prevención de referencia la deberá realizar la parte quejosa, pues de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, el autorizado en términos amplios no está facultado para desahogar prevenciones en las cuales la quejosa deba manifestar "bajo protesta de decir verdad"******************** Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 50/2014 (10ª), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publica en la página 210, Libro 9, agosto de 2014, Tomo I del Semanario Judicial de la Federación, del rubro siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO******************** NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA" Es menester precisar que las jurisprudencias y tesis aislada citadas, se atienden por considerar que no se oponen a la Ley de Amparo, tal y como lo indica el artículo Sexto Transitorio de esa ley******************** DOMICILIO Y AUTORIZADOS Resérvese de acordar lo relativo a los autorizados, domicilio, correo electrónico y número de teléfono, hasta en tanto los quejosos desahoguen la prevención formulada en párrafos anteriores******************** NOTIFICACIONES POR LISTA Se indica a las partes que la lista de notificaciones no personales se podrá consultar a diario en el portal del Consejo de la Judicatura Federal en la siguiente dirección: www********************cjf********************gob********************mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites********************ht m?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos********************htm EXHORTACIÓN A LAS PARTES A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA", PRIVILEGIANDO EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS******************** Con fundamento en el artículo 1, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", proporcionando a éste órgano jurisdiccional el nombre de usuario con el que se registren en el portal del de Juicio de amparo en línea bajo la siguiente liga electrónica:https://www********************serviciosenlinea********************pjf********************gob********************mx/juicioenlinea******************** De igual manera con fundamento en el artículo 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a las partes para que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo******************** DESAHOGO ENLACE DE VIDEOCONFERENCIAS Y DILIGENCIAS NECESARIAS Hágase del conocimiento de las partes que con la finalidad de respetar las medidas sanitarias preventivas del momento que se vive ante la contingencia por el virus COVID-19, así como la de procurar una impartición de justicia pronta y expedita, con fundamento en la fracción I y III, del artículo 1 del Acuerdo General Conjunto 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y debido a las restricciones para acceder al edificio en términos de las medidas de seguridad establecidas en el diverso Acuerdo General 21/2020 del citado órgano administrativo colegiado, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, requiérase a las partes para que de ordenarse en el presente asunto una diligencia donde sea necesaria la comparecencia de alguna de ellas, o en su caso, quienes pretendan comparecer a la misma, deberán comunicarlo con dos días de anticipación a la fecha señalada para la misma el teléfono 9626987434, extensiones 1101 y 1103******************** Lo anterior, a efecto de ********************realizar la videoconferencia correspondiente, a través de la plataforma Cisco Webex; por lo que, deberán realizar en cualquier dispositivo electrónico (teléfono celular, laptop, ipad, tablet, PC de escritorio, etc********************) la descarga de la aplicación antes mencionada, bajo las siguientes indicaciones: 1) Descargar la aplicación de la siguiente liga electrónica: https://www********************webex********************com/es/downloads********************html 2) Descargar la versión Webex Meetings; 3) Ejecutar la aplicación y registrarse con su nombre completo y correo electrónico personal; y 4) Conectarse el día y hora señalado ordenado en autos en la siguiente liga de conferencia: http://meetingsamer21********************webex********************com/meet/pr1261408503******************** HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO******************** Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas, en el entendido que deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar el contacto físico, siguiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por coronavirus (COVID-19), para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, emitido por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, y empleando el equipo de protección proporcionado para ello******************** PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados******************** Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten******************** Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán con supresión de datos, y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados******************** Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico********************cjf********************gob********************mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www********************dgepj********************cjf********************gob********************mx, respectivamente******************** En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en los arábigos 34, 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal******************** CREACIÓN E INICIO DE FUNCIONES DEL JUZGADO Ahora, toda vez, que mediante Acuerdo General 32/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el quince de diciembre de dos mil veinte, se ordenó la creación del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordoñez, hágase lo anterior del conocimiento de las partes******************** COMPENSACIÓN Y ESTADÍSTICA Finalmente, toda vez que el juicio de amparo de cuenta, fue recibida en horario de guardia, ante este juzgado federal, se instruye a la Oficial Judicial "A" adscrita a este juzgado, para que vía electrónica comunique el presente proveído, a la encargada de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados en el Estado, con sede en esta ciudad, para los efectos de compensación y estadística, a fin de que tome en cuenta la presente comunicación, en el turno respectivo para este órgano jurisdiccional******************** Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable******************** Así lo proveyó y firma el Juez Raúl López Pedraza, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, asistido del Secretario que autoriza, Guido Pérez Ramírez, quien además certifica que la promoción que generó este acuerdo y el proveído mismo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico******************** Doy fe******************** Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas; diecisiete de mayo de dos mil veintidós******************** Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Leydi Veyanir Ibarra Ramírez a favor de Suleydis Vidal Martínez, Ilianny Suárez Delgado, Daniela Vargas López y Diosbanis Emilio Licea Richerdson, contra actos de la siguiente autoridad responsable: Subdirector de Área, Responsable de la Dirección de la Estación Migratoria, Siglo XXI, en esta ciudad******************** ACTOS RECLAMADOS: Detención******************** Determinación y prolongación del alojamiento temporal******************** Deportación******************** La orden de traslado a otra estación migratoria******************** ANOTACIONES Seguidamente, se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo********************-III-B******************** CONSIDERACIONES PREVIAS******************** El promovente alega que los quejosos se encuentran privados de su libertad con la probabilidad de ser deportados o expulsados del país reclamando tales actos al Instituto Nacional de Migración, sin embargo, dicha autoridad no fue señalada en el apartado correspondiente de su demanda de amparo, por lo que con apoyo en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos implica la obligación de los órganos jurisdiccionales de resolver los conflictos que se les plantean sin obstáculos o dilaciones innecesarias y evitando formalismos o interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial; por lo que al interpretar los requisitos y las formalidades procesales legalmente previstos, deben tener presente la razón de la norma, con el fin de evitar que los meros formalismos impidan un enjuiciamiento de fondo del asunto, por lo que en obvio de dilaciones innecesarias téngase como autoridad responsable a la Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad******************** Encuentra aplicación por contener el principio jurídico la tesis III********************5o********************T********************2 K (10a********************), sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, Registro digital: 2020617, Décima Época, localizable en el Libro 70, Septiembre de 2019, Tomo III, página 1806, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que estatuye: "ACLARACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO******************** SI LA PREVENCIÓN RELATIVA ES PORQUE EL SEÑALAMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO SE ENCUENTRAN EN LOS APARTADOS CORRESPONDIENTES, PERO PUEDE ADVERTIRSE DEL CONTENIDO ÍNTEGRO DE LA DEMANDA, AQUÉLLA CARECE DE JUSTIFICACIÓN******************** Como lo ha sostenido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la tutela judicial efectiva, consagrada como derecho humano en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su vertiente de recurso efectivo, implica la obligación de los órganos jurisdiccionales de resolver los conflictos que se les plantean sin obstáculos o dilaciones innecesarias y evitando formalismos o interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial; por lo que al interpretar los requisitos y las formalidades procesales legalmente previstos, los órganos jurisdiccionales deben tener presente la razón de la norma, con el fin de evitar que los meros formalismos impidan un enjuiciamiento de fondo del asunto******************** Bajo esa premisa, considerando que la demanda de amparo debe analizarse en su integridad, la prevención hecha por el Juez de Distrito para que la quejosa la aclare, cuando de cualquiera de las partes que componen dicho escrito, como puede ser en los antecedentes del acto reclamado, los conceptos de violación, incluso, en los puntos petitorios, es posible identificar claramente el acto cuya inconstitucionalidad se reclama y la autoridad responsable a quien se atribuye, carece de justificación, pues al señalarlos en un capítulo diverso, no se incumple con alguno de los requisitos que exige el artículo 108 de la Ley de Amparo, además de que dicho requerimiento no encuentra sustento en el diverso 114 de la propia ley, al no constituir deficiencia, irregularidad u omisión que amerite su enmienda"******************** Por tanto se instruye a la Oficial Judicial "A", encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que haga la anotación de la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad******************** Ahora bien, antes de proveer sobre la medida cautelar solicitada, es preciso señalar lo establecido en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 1o******************** de la Ley de Migración, así como el diverso numeral 1o, de su Reglamento, que textualmente establecen, en su orden, lo siguiente: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS "Artículo 11******************** Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes******************** El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país******************** Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo******************** El reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político, se realizarán de conformidad con los tratados internacionales******************** La ley regulará sus procedencias y excepciones********************" LEY DE MIGRACIÓN "Artículo 1******************** Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en toda la República y tienen por objeto regular lo relativo al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo, en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, de contribución al desarrollo nacional, así como de preservación de la soberanía y de la seguridad nacionales********************" REGLAMENTO "Artículo 1******************** Las disposiciones de este Reglamento son de orden público y de observancia general y tienen por objeto regular, de acuerdo con lo previsto en la Ley, lo relativo a la formulación y dirección de la política migratoria del Estado mexicano; los procesos de certificación y profesionalización de los servidores públicos del Instituto Nacional de Migración; el movimiento internacional de personas; los criterios y requisitos para la expedición de visas; la situación migratoria de las personas extranjeras en el territorio nacional; la protección a los migrantes que transitan por el territorio nacional; el procedimiento administrativo migratorio en las materias de regulación, control y verificación migratoria y el retorno asistido de personas extranjeras********************" Como puede advertirse, las disposiciones de los dos ordenamientos legales que rigen la situación del ahora quejoso (extranjero), son de orden público y regulan, entre otras materias, la estructura dinámica y distribución de la población en el territorio nacional, la entrada y salida de personas del país, así como las actividades de los extranjeros durante su estancia en territorio nacional******************** En efecto, a la Secretaría de Gobernación le corresponde sujetar la inmigración de extranjeros y procurar la mejor asimilación de estos al medio nacional y su adecuada distribución en el territorio, vigilar la entrada y salida de nacionales y extranjeros, revisar la documentación del mismo; además, los extranjeros para entrar, transitar o salir del país, deben llenar ciertos requisitos exigidos por la Ley de Migración y su reglamento******************** Los artículos 4, 7, 18, fracción III, 20, fracciones II y III, 34, 35 y 37 de la Ley de Migración, disponen: "Artículo 4******************** La aplicación de esta Ley corresponde a la Secretaría, para lo cual podrá auxiliarse y coordinarse con las demás dependencias y entidades de la Administración Pública Federal cuyas atribuciones estén vinculadas con la materia migratoria********************" "Artículo 7******************** La libertad de toda persona para ingresar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional tendrá las limitaciones establecidas en la Constitución, los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano, esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables******************** El libre tránsito es un derecho de toda persona y es deber de cualquier autoridad promoverlo y respetarlo******************** Ninguna persona será requerida de comprobar su nacionalidad y situación migratoria en el territorio nacional, más que por la autoridad competente en los casos y bajo las circunstancias establecidos en la presente Ley********************" "Artículo 18******************** La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones en materia migratoria: (.) III******************** Establecer o suprimir requisitos para el ingreso de extranjeros al territorio nacional, mediante disposiciones de carácter general publicadas en el Diario Oficial de la Federación, tomando en cuenta la opinión de las autoridades que al efecto se establezcan en el Reglamento;." "Artículo 20******************** El Instituto tendrá las siguientes atribuciones en materia migratoria: (.) II******************** Vigilar la entrada y salida de personas al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y revisar su documentación; III******************** En los casos señalados en esta Ley, tramitar y resolver sobre la internación, estancia y salida del país de los extranjeros;." "Artículo 34******************** Los mexicanos y extranjeros sólo pueden entrar y salir del territorio nacional por los lugares destinados al tránsito internacional de personas por tierra, mar y aire******************** La internación regular al país se efectuará en el momento en que la persona pasa por los filtros de revisión migratoria ubicados en los lugares destinados al tránsito internacional de personas por tierra, mar y aire, dentro de los horarios establecidos para tal efecto y con intervención de las autoridades migratorias******************** "Artículo 35******************** Para entrar y salir del país, los mexicanos y extranjeros deben cumplir con los requisitos exigidos por la presente Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables******************** Corresponde de forma exclusiva al personal del Instituto vigilar la entrada y salida de los nacionales y extranjeros y revisar la documentación de los mismos********************" "Artículo 37******************** Para internarse al país, los extranjeros deberán: I******************** Presentar en el filtro de revisión migratoria ante el Instituto, los documentos siguientes: a) Pasaporte o documento de identidad y viaje que sea válido de conformidad con el derecho internacional vigente, y (sic) b) Cuando así se requiera, visa válidamente expedida y en o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo******************** 4******************** Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal******************** 5******************** Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener reparación********************" Por su parte, el artículo 4********************2 del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, establece que: "A los efectos del presente Protocolo, por privación de libertad se entiende cualquier forma de detención o encarcelamiento o de custodia de una persona por orden de una autoridad judicial o administrativa o de otra autoridad pública, en una institución pública o privada de la cual no pueda salir libremente********************" Ahora, desde el enfoque del sistema americano de derechos humanos, la Corte Interamericana estableció estándares mínimos para la privación de la libertad por razones migratorias, como que ésta se realice de conformidad con el derecho a la libertad personal y sus garantías específicas, así como ajustada a los principios de excepcionalidad de la detención y de necesidad, proporcionalidad e idoneidad de la medida en cada caso******************** Además, ha señalado que es permisible que el Estado otorgue un trato distinto a las personas migrantes documentadas en relación con las indocumentadas, o bien, entre migrantes y nacionales siempre que ese trato sea razonable, objetivo y proporcional y no lesione derechos humanos; asimismo, se ha pronunciado en el sentido de que, cuando se trata de personas migrantes, la detención y privación de la libertad por su sola situación migratoria irregular, debe ser utilizada cuando sea necesario y proporcional en el caso concreto, solamente admisible 1) durante el menor tiempo posible y 2) en atención a fines legítimos******************** Ahora, en relación con la garantía establecida en el artículo 7********************5 de la Convención en cita, establece que toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un Juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales******************** Al respecto, el tribunal interamericano ha resaltado que "corresponde al juzgador garantizar los derechos del detenido, autorizar la adopción de medidas cautelares o de coerción, cuando sea estrictamente necesario y procurar, en general, que se trate al detenido de manera consecuente con la presunción de inocencia", como una "garantía tendiente a evitar la arbitrariedad o ilegalidad de las detenciones********************" Con base en ese criterio interpretativo, la Corte Interamericana ha considerado que, con el fin de que se constituya un verdadero mecanismo de control frente detenciones ilegales o arbitrarias, la revisión judicial debe realizarse sin demora y en forma tal que garantice el cumplimiento de la ley y el goce efectivo de los derechos del detenido, tomando en cuenta la especial vulnerabilidad de aquél******************** Así, tomó como referencia el informe del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria en el que sostuvo que "todo inmigrante retenido deberá comparecer cuanto antes ante un juez u otra autoridad********************" No obstante, también ha fijado la regla que, en materia migratoria, la legislación interna debe asegurar que el funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones jurisdiccionales cumpla con las características de imparcialidad e independencia que deben regir a todo órgano encargado de determinar derechos y obligaciones de las personas******************** En ese sentido, la Corte ha establecido que dichas características no solo deben corresponder a los órganos estrictamente jurisdiccionales, sino que las disposiciones del artículo 8********************1 de la Convención se aplican también a las decisiones de órganos administrativos, ya que en relación con esa garantía corresponde al funcionario de migración la tarea de prevenir o hacer cesar las detenciones ilegales o arbitrarias y es imprescindible que dicho funcionario esté facultado para poner en libertad a la persona si su detención es ilegal o arbitraria******************** Conforme a la jurisprudencia asentada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la privación de la libertad de las personas migrantes, este Juzgado de Distrito determina que resulta improcedente conceder la suspensión por la parte quejosa respecto del acto que el quejoso refiere como privación de la libertad dado que ha sido sujeto de alojamiento por más de treinta y seis horas******************** Para justificar lo anterior, es necesario tener en cuenta los precitados artículos 99, 100 y 101 de la Ley de Migración******************** Estos artículos se refieren a la presentación de las personas extranjeras en estaciones migratorias en tanto se determina su situación migratoria en territorio nacional, lo cual implica el acuerdo de su alojamiento temporal, la posibilidad de quedar bajo custodia y los requisitos para seguir el procedimiento en libertad******************** Disposiciones que en términos generales representan una limitación al derecho a la libertad de las personas migrantes; sin embargo, de conformidad con lo señalado por la Corte Interamericana y en atención a lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Tesis visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con número de registro 2013156, de rubro: "TEST DE PROPOCIONALIDAD******************** METODOLOGÍA PARA ANALIZAR MEDIDAS LEGISLATIVAS QUE INTERVENGAN CON UN DERECHO FUNDAMENTAL********************"), en primer lugar, se debe analizar si dicha medida persigue un fin constitucionalmente válido y, en el caso, la respuesta es afirmativa, pues dicho fin es el control y la regulación del ingreso y la permanencia de personas extranjeras dentro de territorio nacional prevista en el artículo 11 de la Constitución federal******************** Dicho precepto constitucional señala que toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes; no obstante, el ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país******************** Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció al respecto, en el sentido de que la facultad de los Estados de controlar y regular el ingreso y permanencia de personas extranjeras en su territorio constituye una finalidad legítima para restringir el derecho a la libertad personal******************** Con base en ello, se considera que la limitación de la libertad de las personas migrantes prevista en los artículos citados persigue una finalidad legítima y no viola el artículo 1° de la Constitución Federal, ni vulneran el derecho a la libertad de tránsito, pues el artículo 11 señala que el ejercicio de ese derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad administrativa en los casos en él previstos, dentro de los cuales se encuentran los relativos a la migración******************** De ahí que, para que la autoridad migratoria ejerza su facultad de revisión y posterior alojamiento si es que el extranjero no demuestra su legal estancia, no se requiere que exista un procedimiento judicial de donde derive tal situación, o que se haya emitido previamente una orden de aprehensión dictada por un Juez o autoridad competente para ello, que la detención se haya verificado en flagrancia en la comisión de un delito o que exista denuncia alguna contra el extranjero, como lo estima la parte quejosa******************** Ello, pues como se vio, si bien es cierto que el artículo 7********************5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone que toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un Juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, también lo es que, en materia migratoria, la Corte Interamericana ha fijado los alcances del término "otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales********************", en el sentido de que, la tarea de prevenir o hacer cesar las detenciones ilegales o arbitrarias es una función que puede depositarse en un funcionario migratorio que esté facultado para poner en libertad a la persona si su detención es ilegal o arbitraria; ello, en cumplimiento a las disposiciones del artículo 8********************1 de la Convención, las cuales no están limitadas a los órganos estrictamente jurisdiccionales******************** Esto es, de conformidad con la separación de los poderes públicos que existe en el Estado de Derecho, si bien la función jurisdiccional compete eminentemente al Poder Judicial, no menos cierto es que otros órganos o autoridades públicas pueden ejercer funciones del mismo tipo; por lo que, cuando la Convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un "juez o tribunal competente" para la "determinación de sus derechos", esta expresión se refiere a cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas******************** A partir de ese criterio interpretativo dispuso que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a los derechos del debido proceso legal en los términos del artículo 8 de la Convención******************** De esta forma, las garantías contempladas en el artículo 8********************1 de la Convención son también aplicables al supuesto en que alguna autoridad adopte decisiones que determinen tales derechos, tomando en cuenta que no le son exigibles aquellas propias de un órgano jurisdiccional, pero sí debe cumplir con aquellos derechos destinados a asegurar que la decisión no sea arbitraria******************** Con base en el marco jurisprudencial interamericano expuesto, se deduce que el hecho de que en el procedimiento migratorio, previsto en los artículos invocados, no se disponga de un control judicial de la detención de las personas migrantes o en movilidad internacional, es decir, que su presentación no esté supervisada por un Juez, sino a cargo de servidores públicos pertenecientes al Instituto Nacional de Migración, no hace inconvencional las porciones normativas en comento******************** Porque, para satisfacer la exigencia del artículo 7********************5 de la Convención Americana, la persona detenida debe comparecer ante la autoridad competente, la cual debe oírla personalmente y valorar todas las explicaciones que éste le proporcione para decidir si procede la liberación o el mantenimiento de la privación de libertad, sin que esa decisión sea exclusiva de las autoridades jurisdiccionales, sino de cualquier autoridad pública, entre ellas las administrativas, que cuenten con facultades y el deber de cumplir con las garantías destinadas a asegurar que la decisión no sea arbitraria******************** Condición que se cumple en la Ley de Migración y, en específico, en los artículos ya precisados******************** Lo anterior, debido a que el artículo 19 de la Ley de Migración dispone que el Instituto Nacional de Migración tiene por objeto la ejecución, control y supervisión de los actos realizados por las autoridades migratorias en territorio nacional, así como la instrumentación de políticas en la materia******************** En ese tenor, el numeral 20 de la legislación en comento contempla, en lo que interesa, lo siguiente: "Artículo 20******************** El Instituto tendrá las siguientes atribuciones en materia migratoria: [.] II******************** Vigilar la entrada y salida de personas al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y revisar su documentación; III******************** En los casos señalados en esta Ley, tramitar y resolver sobre la internación, estancia y salida del país de los extranjeros; IV******************** Conocer, resolver y ejecutar la deportación o el retorno asistido de personas extranjeras, en los términos y condiciones establecidos en la presente Ley y en su Reglamento; salvo que, en el caso de deportación o retorno asistido de niñas, niños y adolescentes migrantes, el plan de restitución de derechos que emita la Procuraduría de Protección determine lo contrario; VII******************** Presentar en las estaciones migratorias o en los lugares habilitados para tal fin, a las personas extranjeras que lo ameriten conforme a las disposiciones de esta Ley, respetando en todo momento sus derechos humanos; [.]" Como parte de su atribución de tramitar y resolver sobre la internación, estancia y salida del país de los extranjeros, los servidores migratorios tienen el deber de observar los principios que sustentan el debido proceso y la defensa adecuada de las personas migrantes, previstos en los artículos 13, fracción I, 66, párrafo primero, 67 y 70 de la Ley de Migración, esto es, comunicarles el derecho que tienen a: a) Estar asistidos o representados legalmente por la persona que designe durante el procedimiento administrativo migratorio; b) Que el procedimiento sea sustanciado por autoridad competente; c) Ofrecer pruebas; d) Alegar lo que a su derecho convenga; e) Tener acceso a las constancias del expediente; f) Contar con un traductor o intérprete para facilitar la comunicación, en caso de que no hable o no entienda el español; y, g) Las resoluciones de la autoridad estén fundadas y motivadas debidamente******************** Así, el Instituto Nacional de Migración, a través de su personal adscrito, tiene el deber de observar las garantías que aseguren, según el procedimiento, el derecho al debido proceso que, conforme con la interpretación del artículo 8********************1 de la Convención, no se aplica solamente a Jueces y tribunales judiciales******************** Las garantías que establece esa norma deben ser observadas en los distintos procedimientos en que los órganos estatales adoptan decisiones sobre la determinación de los derechos de las personas, ya que el Estado también otorga a autoridades administrativas, colegiadas o unipersonales, la función de adoptar decisiones que determinan derechos******************** De esta forma, las garantías contempladas en el artículo 8********************1 de la Convención son también aplicables al supuesto en que alguna autoridad pública adopte decisiones que determinen tales derechos, tomando en cuenta que no le son exigibles aquellas propias de un órgano jurisdiccional, pero sí debe cumplir con aquellas garantías destinadas a asegurar que la decisión no sea arbitraria******************** Ahora, tomando en consideración que la parte quejosa pretende evidenciar que, el hecho de excederse de las treinta y seis horas de la privación de la libertad, se torna inconstitucional, ya que viola lo dispuesto en el artículo 21, párrafo cuarto Constitucional, debe decirse que tal pretensión carece de sustento lógico y jurídico, si se toma en cuente que en el tercer párrafo del precepto constitucional referido, el Constituyente Permanente concedió a la autoridad judicial la facultad monopólica para imponer penas derivadas de delitos, así como su modificación y duración y, en el cuarto, en cuanto a las sanciones administrativas, no obstante su equiparación con las penas, dispuso una excepción a esa regla, al posibilitar su imposición por la autoridad administrativa en los casos de infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía******************** En estas condiciones, si bien es cierto que la potestad conferida a la autoridad administrativa sólo se circunscribe a la imposición de sanciones, no así para preverlas y regularlas normativamente, también lo es que el propio cuarto párrafo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece una excepción al principio de reserva de ley, pues cuando habla de sanciones como multa, arresto hasta por treinta y seis horas o trabajo a favor de la comunidad, hace una remisión y autorización expresa para que éstas puedan estar previstas en reglamentos gubernativos y de policía, los cuales, por antonomasia, son emitidos por el Poder Ejecutivo, ya sea federal o local******************** De lo anterior se desprende que, en el particular, el alojamiento del quejoso en una estación migratoria, no representa una infracción a reglamentos gubernativos y de policía, los cuales, como se dijo, son emitidos por el Poder Ejecutivo, ya sea federal o local, sino que responden a la contravención de una ley de carácter formal y material, como lo es la Ley de Migración******************** En efecto, de conformidad con el artículo 68 de la Ley de Migración, una vez que la persona es puesta a disposición del Instituto Nacional de Migración en las estaciones migratorias, se dictará en el plazo de treinta y seis horas el acuerdo de presentación, respecto de toda persona que no comprueba su estancia regular******************** Así, el artículo 99 de la Ley de Migración, prevé que la presentación de extranjeros en estaciones migratorias o en lugares habilitados para ello, en tanto se determina su situación migratoria en territorio nacional, es una medida de orden público, dictada por el Instituto, mediante el cual se acuerda su "alojamiento" temporal, ya sea para la regularización de su estancia o la asistencia para su retorno******************** Por su parte, el artículo 3°, fracción X de la Ley de Migración, establece que una Estación Migratoria es: "la instalación que establece el Instituto para alojar temporalmente a los extranjeros que no acrediten su situación migratoria regular, en tanto se resuelve su situación migratoria"******************** En ese sentido, el "alojamiento" o "aseguramiento" de una persona migrante se trata de una medida excepcional que contempla la Ley de Migración, sea asistencial para protección y apoyo al migrante, así como evitar que las personas se sustraigan de sus procedimientos administrativos migratorios******************** Además, es necesario tener presente que el artículo 111 de la Ley en comento, dispone: "Artículo 111******************** El Instituto resolverá la situación migratoria de los extranjeros presentados en un plazo no mayor de 15 días hábiles, contados a partir de su presentación******************** El alojamiento en las estaciones migratorias únicamente podrá exceder de los 15 días hábiles a que se refiere el párrafo anterior cuando se actualicen cualquiera de los siguientes supuestos: I******************** Que no exista información fehaciente sobre su identidad y/o nacionalidad, o exista dificultad para la obtención de los documentos de identidad y viaje; II******************** Que los consulados o secciones consulares del país de origen o residencia requieran mayor tiempo para la expedición de los documentos de identidad y viaje; III******************** Que exista impedimento para su tránsito por terceros países u obstáculo para establecer el itinerario de viaje al destino final; IV******************** Que exista enfermedad o discapacidad física o mental médicamente acreditada que imposibilite viajar al migrante presentado, y V******************** Que se haya interpuesto un recurso administrativo o judicial en que se reclamen cuestiones inherentes a su situación migratoria en territorio nacional; o se haya interpuesto un juicio de amparo y exista una prohibición expresa de la autoridad competente para que el extranjero pueda ser trasladado o para que pueda abandonar el país******************** En los supuestos de las fracciones I, II, III y IV de este artículo el alojamiento de los extranjeros en las estaciones migratorias no podrá exceder de 60 días hábiles******************** Transcurrido dicho plazo, el Instituto les otorgará la condición de estancia de visitante con permiso para recibir una remuneración en el país, mientras subsista el supuesto por el que se les otorgó dicha condición de estancia******************** Agotado el mismo, el Instituto deberá determinar la situación migratoria del extranjero********************" Del texto transcrito se obtiene que la duración máxima de la detención es de quince días, contados a partir de su presentación, tiempo máximo también para resolver el procedimiento migratorio; no obstante, dicho artículo prevé diversos supuestos que permiten el alojamiento de personas extranjeras en las estaciones migratorias hasta por sesenta días, entre los que se encuentran: 1) Que no se cuente con información que permita identificar a la persona; 2) Que las secciones consulares o embajadas requieran más tiempo para la expedición del documento de identidad; y, 3) Que hayan interpuesto un recurso administrativo o judicial en que se reclamen cuestiones inherentes a su situación migratoria en territorio nacional******************** Así las cosas, al no representar la Ley de Migración (que sustenta la detención de la quejosa) un reglamento gubernativo y de policía, los cuales, como se dijo, son emitidos por el Poder Ejecutivo, ya sea federal o local, entonces no es factible alegar violación al artículo 21, párrafo cuarto Constitucional******************** Por su contenido, se cita la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con el registro 200343, que establece lo siguiente: "LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL ESTADO DE MEXICO******************** SU ARTÍCULO 140, FRACCIÓN II, NO RESULTA VIOLATORIO DEL ARTÍCULO 21 CONSTITUCIONAL******************** Al establecer el artículo 140 fracción II de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de México que las infracciones a las disposiciones de esta ley y sus reglamentos así como a las determinaciones de las autoridades competentes, se sancionarán por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas o los ayuntamientos, según corresponda, atendiendo a la naturaleza, gravedad y circunstancias del hecho, con la demolición total o parcial de las construcciones, no viola el artículo 21 constitucional que impone como limitantes sancionadoras a las autoridades administrativas en relación con la infracción a reglamentos gubernativos o de policía, la multa o el arresto, en virtud de que esa disposición constitucional no rige tratándose de actos formal y materialmente legislativos, pues estatuyen situaciones jurídicas distintas y sus regímenes son también diferentes, porque mientras el reglamento del tipo señalado se limita a cuestiones de carácter administrativo, las leyes carecen de esa cortapisa y sólo se encuentran delimitadas en el aspecto aludido, fundamentalmente por el artículo 22 constitucional********************" Igualmente se invoca por analogía, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con el registro 181271, que establece lo siguiente: "SANCIONES ADMINISTRATIVAS******************** CUANDO TENGAN COMO SEDE REGLAMENTOS GUBERNATIVOS O DE POLICÍA, SÓLO PODRÁN CONSISTIR EN MULTA O ARRESTO, LO QUE NO ACONTECE CUANDO SU FUNDAMENTO SEA LA LEY******************** Cuando las sanciones que imponen las autoridades administrativas tienen como sede reglamentos gubernativos o de policía, éstas sólo podrán consistir en multa o en arresto hasta por treinta y seis horas, en términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, cuando tales sanciones sean impuestas con fundamento en la ley, resulta incuestionable que no pueden constreñirse a la multa o al arresto, sino que válidamente procede la imposición de diversos correctivos, como puede ser el decomiso de mercancías o cualquier otro que contemple la legislación aplicable********************" Ahora bien, de los numerales 99, 100, 101 y 102 de la Ley de Migración, se advierte que la presentación de extranjeros se trata de la medida dictada por la autoridad administrativa, mediante la cual, se decide el alojamiento temporal de un extranjero que no acredita su situación migratoria en el país, para la regularización de su estancia o bien, para asistirlo en el retorno a su país de origen, es decir, que el alojamiento durará en tanto se determina su situación migratoria en territorio nacional******************** Además, se dispone que el acuerdo de presentación se emitirá en un término de veinticuatro horas, cuando el extranjero vaya a ser deportado por haber incurrido en alguna de las conductas establecidas en el artículo 144 de la Ley de Migración******************** También se desprende de esas normas, que una vez emitido el acuerdo de presentación, y hasta que no se dicte resolución respecto de la situación migratoria del extranjero, éste podrá ser entregado en custodia a la representación diplomática del país del que sea nacional, o bien, a persona moral o institución de reconocida solvencia, cuyo objeto esté vinculado con la protección a los derechos humanos, con la obligación del extranjero de permanecer en un domicilio ubicado en la circunscripción territorial en donde se encuentre la estación migratoria, con el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo migratorio******************** En tanto se dicte resolución definitiva, el extranjero podrá otorgar las garantías monetarias y fiduciarias establecidas en términos de dicha ley******************** De igual manera resulta útil invocar los artículos 150, 162 y 164 de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 150******************** En los casos en que la suspensión sea procedente, se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, hasta dictarse resolución firme en él; a no ser que la continuación de dicho procedimiento deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso********************" "Artículo 162******************** Cuando el acto reclamado consista en una orden de privación de la libertad o en la prohibición de abandonar una demarcación geográfica, la suspensión tendrá por efecto que no se ejecute o cese inmediatamente, según sea el caso******************** El órgano jurisdiccional de amparo tomará las medidas que aseguren que el quejoso no evada la acción de la justicia, entre ellas, la obligación de presentarse ante la autoridad y ante quien concedió la suspensión cuantas veces le sea exigida******************** De acuerdo con las circunstancias del caso, la suspensión podrá tener como efecto que la privación de la libertad se ejecute en el domicilio del quejoso********************" "Artículo 164******************** Cuando el acto reclamado consista en la detención del quejoso efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, se ordenará que sin demora cese la detención, poniéndolo en libertad o a disposición del Ministerio Público******************** Cuando en los supuestos del párrafo anterior, la detención del quejoso no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá por efecto que sea puesto en libertad********************" De la interpretación correlacionada del articulado citado, puede extraerse que la privación de la libertad personal con motivo de las irregularidades detectadas en el ingreso de un extranjero al país, cualquiera que sea su denominación (aseguramiento, medida de apremio, alojamiento o sanción) dentro de un procedimiento administrativo, tiene que ser excepcional y proporcional al objeto que se busca proteger, y sólo estará justificada por motivos extraordinarios, con un fundamento jurídico claro y establecido en la ley******************** Ahora, de conformidad con el artículo 164 de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado en un juicio constitucional consista en la detención de los quejosos, efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, que no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá como efecto que sean puesto en libertad******************** En ese sentido, en los casos en que se reclame la detención de un migrante en situación irregular en una estación migratoria, se actualiza dicha hipótesis, ya que las autoridades migratorias, que tienen dentro de sus atribuciones realizar detenciones con motivo de la irregularidad en el ingreso migratorio, son de naturaleza administrativa y distintas al Ministerio Público; además, esas detenciones no derivan de la comisión de un delito******************** Por tanto, el efecto de la medida cautelar, cuando proceda, debe consistir necesariamente en que el extranjero sea puesto en libertad, pues al no derivar la detención de la comisión de un delito, su detención debe ser excepcional******************** Además, conforme el artículo 150 de la Ley de Amparo, la suspensión debe concederse en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, hasta dictarse resolución firme en él******************** De ese modo, si en el caso particular en el capítulo de hechos el promovente expone que los quejosos llevan aproximadamente más de treinta y seis horas detenidos y que fueron trasladados a la Estación Migratoria Siglo XXI de esta ciudad, lo cual consiste en la detención de un migrante en situación irregular en una estación migratoria, que es un acto que afecta la libertad personal respecto del cual proceda conceder la suspensión******************** Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 126 y 164 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano a la parte quejosa, respecto del acto reclamado consistente en la privación de libertad de los ahora recurrentes, con motivo del alojamiento en la Estación Migratoria Siglo XXI, para el efecto de que sean puestos en inmediata libertad, debiendo las autoridades responsables dictar las medidas previstas legalmente (diversas a las que impliquen privación de la libertad personal, cualquiera que sea su forma de denominación), a fin de asegurar que la parte quejosa no evada el cumplimiento de las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, las que serán aplicadas por la autoridad administrativa, pudiendo, en su caso, tomar como parámetro las establecidas en el artículo 102 de la Ley de Migración******************** Criterio similar asumió el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, por resolución pronunciada en sesión extraordinaria de diez de mayo de dos mil veintidós en el recurso de queja 183/2022******************** SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO INCOMUNICACIÓN Y DEPORTACIÓN Respecto del acto reclamado consistente en la posible incomunicación, analizado lo expuesto por la parte quejosa y ante el peligro de que continúen ejecutándose los actos reclamados, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO en los siguientes términos: Con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano de los actos reclamados para el efecto de que a la brevedad se le haga efectivo a la parte quejosa su derecho a la notificación, contacto y asistencia consular, tomando en cuenta que ello es un derecho fundamental vigente en nuestro país, asimismo, para que en lo inmediato se le permita tener contacto con sus representantes legales******************** Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2015596, que aparece en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación******************** Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, página 206, Décima época, que dice: "DERECHO FUNDAMENTAL DE LOS EXTRANJEROS A LA NOTIFICACIÓN, CONTACTO Y ASISTENCIA CONSULAR******************** SU FUENTE Y JERARQUÍA EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO MEXICANO******************** En el marco de un sistema democrático, una vez que una persona se encuentra en el territorio de un Estado del cual no es nacional, dicho Estado está obligado a concederle un estándar mínimo de derechos; uno de ellos, cuya importancia resulta trascendental, es la posibilidad de que el extranjero sea asistido por algún miembro de la delegación consular de su país en el territorio en el que se encuentre******************** Así, en nuestro ordenamiento jurídico, dicho derecho está contenido en los artículos 36, párrafo primero, de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y 128, fracción IV, del Código Federal de Procedimientos Penales abrogado******************** Asimismo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 1a********************/J******************** 107/2012 (10a********************), (1) de rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA******************** CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE********************", sostuvo que en materia de derechos fundamentales, nuestro orden jurídico tiene dos fuentes primigenias: 1) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 2) todos aquellos derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte******************** Ahora bien, las normas provenientes de ambas fuentes gozan de rango constitucional y, por tanto, son normas supremas del ordenamiento jurídico mexicano, lo que implica que los valores, principios y derechos que ellas materializan deben permear en todo el orden jurídico, obligando a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación******************** En ese sentido, el catálogo de derechos fundamentales no se encuentra limitado a lo prescrito en la Constitución Federal, sino que también incluye a todos aquellos derechos que figuran en los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano, por lo que es incuestionable que el derecho de los extranjeros a la notificación, contacto y asistencia consular es un derecho fundamental vigente en nuestro país********************" Así como la diversa tesis de jurisprudencia de la referida Primera Sala, con registro digital 2015594, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación******************** Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, página 204, del tenor literal siguiente: "DERECHO FUNDAMENTAL A LA NOTIFICACIÓN, CONTACTO Y ASISTENCIA CONSULAR******************** SU CONTENIDO ESPECÍFICO Y RELEVANCIA PARA GARANTIZAR UNA DEFENSA ADECUADA DE LOS EXTRANJEROS******************** Del artículo 36, párrafo primero, de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares derivan, para el extranjero detenido en territorio mexicano, los siguientes derechos: 1) las autoridades deben informar al extranjero que ha sido detenido, o que se encuentre bajo cualquier tipo de custodia, que tiene derecho a comunicarse con la oficina o representación consular de su país, la información de dicho derecho debe ser inmediata y no puede demorarse bajo ninguna circunstancia; 2) el extranjero tiene derecho a escoger si desea o no contactar a su respectivo consulado; 3) una vez que el extranjero decide que desea contactar a la oficina consular de su país, la autoridad debe informar de esta situación a la oficina consular correspondiente que se encuentre más cercana al lugar en donde se realizó la detención, comunicación que deberá ser inmediata y realizarse a través de todos los medios que estén al alcance de la autoridad respectiva; y, 4) la autoridad deberá garantizar la comunicación, visita y contacto entre el extranjero y la oficina consular de su país, para que ésta le brinde a aquél una asistencia inmediata y efectiva******************** Ahora bien, este último punto, que representa la asistencia consular en un sentido estricto, tiene a su vez una serie de implicaciones que deben especificarse: a) la exigencia de asistencia consular en el proceso penal tiene especial proyección debido a la complejidad técnica de las cuestiones jurídicas que en él se debaten y por la relevancia de los bienes jurídicos que pueden afectarse; b) la asistencia consular, en cuanto derecho subjetivo, tiene como finalidad asegurar la efectiva realización de los principios de igualdad de las partes y de contradicción que rigen un proceso penal, para evitar desequilibrios o limitaciones en la defensa del extranjero; y, c) la asistencia consular es una garantía del correcto desenvolvimiento del proceso y una exigencia estructural de éste******************** Así, el derecho fundamental a la asistencia consular de los extranjeros no puede concebirse como un mero requisito de forma, pues cuando una autoridad, ya sea policial, ministerial o judicial, impide a un extranjero suplir sus carencias, a través de los medios que el artículo 36 citado pone a su disposición, no sólo limita sino que hace imposible la plena satisfacción del derecho a una defensa adecuada********************" Y la diversa jurisprudencia de dicha Primera Sala del Máximo Tribunal del País, con registro digital 2015592, que obra en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación******************** Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, página 200, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Penal, que dice: "DERECHO FUNDAMENTAL A LA NOTIFICACIÓN, CONTACTO Y ASISTENCIA CONSULAR******************** ACCIONES BÁSICAS QUE IMPLICAN SU INTERVENCIÓN******************** El derecho fundamental citado, contenido en el artículo 36, párrafo primero, de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, puede asumir diversas formas, dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso******************** No obstante, su intervención implica, por lo menos, tres acciones básicas, a saber: 1) de carácter humanitario, pues los funcionarios consulares proporcionan a los detenidos el contacto con el mundo exterior, al comunicar la noticia a sus familiares o a las personas de su confianza y se aseguran de que se les cubran las necesidades básicas mientras se encuentran privados de su libertad, 2) de protección, ya que la presencia de los funcionarios consulares, por sí misma, coadyuva a disuadir a las autoridades locales de cometer actos contra los extranjeros que pueden ser contrarios a su dignidad humana o que pongan en peligro la suerte del proceso penal al que se verán sometidos; y, 3) la relativa a una asistencia técnicojurídica, en virtud de que la asistencia consular es vital para asegurar una defensa adecuada en situaciones que impliquen una privación de la libertad, en donde las violaciones a los derechos fundamentales de los extranjeros son comunes debido a la falta de conocimiento del sistema jurídico en el que se ven inmersos******************** Esto es así, ya que una persona extranjera que es detenida, se enfrenta a una multitud de barreras lingüísticas, culturales y conceptuales que dificultan su habilidad para entender, cabal y completamente, los derechos que le asisten, y la situación a la que se enfrenta******************** Así, a través de la ayuda consular, los extranjeros reducen la distancia que los separa de los nacionales en cuanto a la protección de un estándar mínimo de derechos fundamentales********************" Por otra parte, es importante traer a colación el artículo 22 constitucional, 15, 125 y 126 de la Ley de Amparo, mismos que disponen la procedencia de la suspensión de oficio y de plano******************** En efecto, los artículos en comento, en la parte que interesa, señalan: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "Artículo 22******************** Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales******************** Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado******************** ************************************************************' Ley de Amparo "Artículo 15******************** Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad******************** ************************************************************" "Artículo 125******************** La suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso********************" "Artículo 126******************** La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales******************** En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento******************** La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal********************" De los artículos transcritos, se aprecia en lo que interesa, los actos prohibidos a que alude el artículo 22 constitucional y los supuestos de procedencia de la medida cautelar oficiosa y de plano que refiere la ley de la materia, se constriñen a las hipótesis que ahí señalan******************** Prevén la posibilidad de promover un juicio de amparo en nombre de un tercero cuando se reclamen actos, entre otros, que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, y el afectado se encuentre imposibilitado para ejercer la acción de manera directa, en cuyo caso el juez de distrito está obligado a decretar la suspensión del acto******************** Asimismo, señalan que la suspensión de oficio se concederá de plano, cuando se trate de los actos precisados anteriormente, que, de llegarse a consumar, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho reclamado******************** Lo cual, deriva de la propia naturaleza del acto reclamado, en virtud de que para concederla únicamente es necesario atender al origen del acto tildado de inconstitucional, sin mayores requisitos porque, de ejecutarse sería imposible la restitución al quejoso en el pleno goce de sus derechos fundamentales; de ahí que, por su urgencia, sea dable otorgar la medida cautelar de oficio y decretarla de plano, inclusive sin que se cumplan previamente los requisitos de la demanda******************** En consecuencia, analizado lo expuesto por los quejosos y ante el peligro de que continúen ejecutándose los actos reclamados, se decreta la suspensión de oficio y de plano en los siguientes términos: Con fundamento en los artículos 125, 126 y 160, en relación con el 15 de la invocada Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO para que los quejosos Suleydis Vidal Martínez, Ilianny Suárez Delgado, Daniela Vargas López y Diosbanis Emilio Licea Richerdson, no sean objeto de ninguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, así como tampoco de la privación ilegal de la libertad, con fines de deportación, expulsión o repatriación fuera de procedimiento, esto es, sin causa legal; en el entendido de que los quejosos deberán quedar a disposición de este órgano jurisdiccional en el lugar donde se encuentren, sólo en lo que se refiere a su libertad personal y a la de la autoridad administrativa competente que conozca del procedimiento respectivo, para la continuación del mismo, hasta en tanto se notifique sobre la sentencia ejecutoria que se dicte en este asunto******************** Sin que la suspensión decretada con antelación, impida la continuación de los procedimientos de verificación y regulación migratoria establecidos en la Ley de Migración y su Reglamento, ya que éstos son de orden público y no pueden suspenderse******************** Asimismo, la suspensión de plano concedida implica que de manera inmediata la autoridad responsable en términos del artículo 109 de la Ley de Migración le haga saber a la parte quejosa su derecho como presentado: ( Que conozcan la ubicación de la Estación Migratoria donde fueron alojados, sus reglas y servicios a los que podrán tener acceso; ( Informar el motivo del ingreso a la estación migratoria, así como del procedimiento migratorio; de la posibilidad de que soliciten el reconocimiento de refugiados o de apátridas; podrán, si lo desean, regularizar su estancia en el país de conformidad con lo establecido en los preceptos 132, 133 y 134 de la Ley de Migración; pueden solicitar voluntariamente el retorno asistido a su país de origen; el derecho de interponer un recurso efectivo contra las resoluciones del Instituto; ( Tienen derecho a recibir la protección de su representación consular, así como establecer comunicación con ésta, facilitándole los medios; Lo anterior es así, ya que una persona extranjera que es detenida, se enfrenta a una multitud de barreras lingüísticas, culturales y conceptuales que dificultan su habilidad para entender, cabal y completamente, los derechos que le asisten, y la situación a la que se enfrenta, por tanto, a través de la ayuda consular, los extranjeros reducen la distancia que los separa de los nacionales en cuanto a la protección de un estándar mínimo de derechos fundamentales******************** ( Recibir de forma escrita sus derechos y obligaciones, informándoles las instancias donde pueden presentar sus denuncias y quejas; ( Informarles su derecho a un procedimiento por autoridad competente, así como a recibir asesoría legal, ofrecer pruebas y alegar lo que crean conveniente y que tendrán acceso a las constancias del expediente administrativo migratorio que se les instaure; ( Informarles que en caso de que no hablen español, contarán con un traductor o intérprete para facilitarles la comunicación; ( Acceder a comunicación telefónica; ( Recibir alimentos, productos básicos para su aseo personal, atención médica; entre otros******************** En el entendido que la autoridad migratoria responsable deberá observar las medidas y garantizar los cuidados a la parte quejosa debido a la contingencia sanitaria del Covid-19******************** Por otro lado, la suspensión de plano decretada con antelación, no impide la continuación de los procedimientos establecidos en la Ley de Migración, ya que éstos son de orden público y no pueden suspenderse******************** La suspensión que aquí se concede no tiene como efectos el tránsito libre de los directos quejosos por el territorio nacional, o sea un salvoconducto para su desplazamiento por el país******************** Lo anterior es así, pues como ya se precisó, hasta que no se dicte resolución respecto de la situación migratoria de los aquí quejosos, deberán permanecer en un domicilio ubicado en la circunscripción territorial en donde se encuentre la estación migratoria, que deba conocer de la solicitud de regulación respectiva, ello con el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo; y por lo tanto, la medida cautelar sólo se concede en los términos ya precisados******************** Debiendo de informar las autoridades responsables dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, contadas a partir de la notificación de este auto, sobre el cumplimiento que den a esta resolución, ya que dicha determinación deberá ser obedecida bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades señaladas como responsables, de conformidad con lo establecido en el artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 262******************** Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (.) III******************** No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra********************" Resulta ser aplicable al caso, la jurisprudencia: emitida por el Pleno del Décimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo I, página 879, Registro digital: 2022090, cuya literalidad es: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO******************** PROCEDE OTORGARLA DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE RECLAMAN LA POSIBLE DEPORTACIÓN O REPATRIACIÓN Y, SIMULTÁNEAMENTE, ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DE MIGRANTES CON SITUACIÓN IRREGULAR EN EL PAÍS******************** Cuando una persona con calidad de migrante solicita el amparo contra su posible deportación o repatriación y simultáneamente reclama actos restrictivos de su libertad personal, efectuados por autoridades administrativas distintas al Ministerio Público, el juzgador de amparo, en atención a los principios de continencia de la causa y pro persona, deberá otorgar la suspensión de oficio y de plano respecto de ambos actos en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, y fijar los requisitos de eficacia que estime pertinentes conforme lo establecen los artículos 138, fracción I y 164, del referido ordenamiento, aun cuando el primero de los indicados artículos se refiere a la suspensión provisional******************** Lo anterior en razón de que no se puede ordenar la libertad del quejoso, sin que se fijen medidas de eficacia y tampoco se pueden desvincular los actos privativos de la libertad consistentes en la deportación del quejoso, pudiendo en su caso, tomarse como parámetro, sin ser vinculantes, las condicionantes establecidas en el artículo 102 de la Ley de Migración********************" Cabe precisar que los efectos de la medida suspensional anteriormente decretada, no implica sustituir el documento que en su caso expide la autoridad migratoria para transitar libremente por el territorio nacional******************** Dicha medida cautelar no surtirá efectos si en el caso el directo quejoso estuviera en el supuesto a que se refiere el artículo 33 Constitucional, esto es, que el Titular del Ejecutivo de la Unión haya juzgado inconveniente la permanencia en el país del extranjero, numeral que dispone: "Artículo 33******************** Son personas extranjeras las que no posean las calidades determinadas en el artículo 30 constitucional y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta Constitución******************** El Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley, la cual regulará el procedimiento administrativo, así como el lugar y tiempo que dure la detención******************** Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país"******************** La medida cautelar concedida no surtirá efectos y por consiguiente, no impedirá la detención de la parte quejosa, si se le pretende privar de la libertad en cumplimiento a una orden librada en su contra por autoridad diversa de las aquí señaladas como responsables o se le haya sorprendido en la comisión de delito flagrante******************** Y es que en ese sentido, la providencia decretada atiende al contexto de hechos que aluden ordenarse sin justificación legal por las autoridades responsables, acorde con lo que se narra en la demanda de amparo; sin embargo, no pasa desapercibido que la Ley de Migración y su norma reglamentaria, estatuyen diversos procedimientos que atendiendo al debido proceso pueden derivar en la deportación, expulsión, repatriación o retorno asistido a su país de origen******************** Por tanto, la medida suspensiva no surte efectos en caso de que los actos reclamados deriven de algún acto o procedimiento legalmente establecido que pudiera tener como consecuencia alguno de aquellos rebatidos en el presente juicio de amparo, pues de obstaculizar esa actuación se contravendría el orden público e interés social, acorde por identidad jurídica sustancial con lo sostenido en la jurisprudencia PC********************I********************P******************** J/28 P (10a********************), emitida por el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "ACTA DE RECHAZO POR LA QUE LA AUTORIDAD MIGRATORIA DECRETA LA INADMISIBILIDAD A TERRITORIO NACIONAL DE UNA PERSONA EXTRANJERA******************** EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO******************** El acto de rechazo aludida constituye un acto administrativo derivado de un procedimiento de control migratorio que acontece en los lugares de tránsito internacional de personas, respecto del cual, no procede conceder la suspensión de oficio y de plano, al no estar comprendido en los artículos 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 15 y 126 de la Ley de Amparo, y, además, porque no pone en riesgo la vida, la integridad física, ni la libertad de la persona, en tanto que el extranjero es libre de regresar a su lugar de procedencia tan pronto como las condiciones fácticas lo permitan, sin más limitación que la de ingresar a territorio nacional; además, porque constituye un acto autónomo e independiente que encuentra sustento en el artículo 11 constitucional, que lo hace distinto de la deportación o expulsión, y bien puede atenderé a través de la suspensión ordinaria en el incidente correspondiente y conforme a la normativa aplicable"******************** Se precisa que la medida cautelar también se concede para el efecto de que las autoridades responsables, en el ámbito de su competencia con la debida oportunidad le dé trámite a la solicitud que planteen los quejosos respecto de su situación migratoria******************** Asimismo, debe precisarse que si el acto reclamado se trata realmente de una medida de aseguramiento decretada con fundamento en la Ley de Migración, la medida precautoria no surtirá el efecto, en atención a que no se satisface el requisito previsto en el artículo 128 fracción II, de la Ley de Amparo, para conceder la suspensión contra el posible aseguramiento de la parte quejosa por las autoridades administrativas, pues se atentaría contra el interés de la sociedad quien está interesada en que se cumpla con toda exactitud las disposiciones de la referida ley migratoria******************** Lo anterior se estima apegado a lo dispuesto por el artículo 11 de la Constitución Federal, que contiene el derecho a la libertad de tránsito dentro del territorio nacional, que incluye además otro derecho fundamental aplicable a extranjeros, que es el de residir legalmente en el país; sin embargo, tales derechos no son absolutos y por ende no es posible autorizarlos al margen de la disposición legal que los prevé, pues como se desprende de dicho precepto constitucional, están sujetos a límites y subordinados a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que establecen las leyes sobre migración o inmigración y de los extranjeros residentes considerados perniciosos; lo que redunda en que la autoridad migratoria ejerce la vigilancia correspondiente a través de las reglas que impone la Ley de Migración, específicamente, las previstas en los artículos 7, 31, 34, 35, 37, 40, 42, 43, 52, 57, 81, 92, 97, 99 y 106, así como los relativos de su reglamento; de ahí que el interés de la sociedad está por encima del interés particular******************** Por otra parte, en caso de que se haya ejecutado la deportación de la parte quejosa, la medida cautelar se concede para el efecto de que las responsables bajo su más estricta responsabilidad, tomen las medidas necesarias y que esté a su alcance para salvaguardar la vida de los mismos, así como para que gire las instrucciones necesarias a los Directores o Encargados de las Estaciones Migratorias, a efecto de que en el lugar que se designe o llegara a designarse para su estancia con motivo del seguimiento de algún proceso, también tomen las medidas necesarias indispensables para los efectos a que se hizo alusión******************** Lo anterior tiene su justificación porque la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce es un requisito para el disfrute de todos los demás derechos, ya que de no ser respetado los demás carecerían de sentido, y por esa razón, el Estado tiene la obligación de garantizar las condiciones necesarias para que no se viole, pues específicamente son los encargados de los Centros de Estación Migratoria quienes tienen asignada la función especial de garantes de los derechos de las personas que se encuentran bajo su custodia, para lo cual deben realizar todos aquellos actos o gestiones que sean necesarias para salvaguardar la vida de los inmigrantes******************** Requiérase a las autoridades responsables para que en el plazo de veinticuatro horas, contados a partir de que se encuentre notificada de este acuerdo, remitan a este juzgado copia certificada de las constancias en que se patentice el cumplimiento que ha dado a la medida cautelar concedida; apercibidas que de no hacerlo, se les impondrá a la omisa, medida de apremio antes apuntada******************** También se informa a las mismas que de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo está obligadas a recibir el oficio que en relación con este juicio se les dirija, en el entendido que de negarse a hacerlo, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación que no sea substancial, o sea, que no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y, que se tendrá por hecha la notificación, en el entendido de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; además de que se les impondrá multa de cincuenta unidades de medidas y actualización de conformidad con el artículo 251 de la Ley de Amparo, que arroja la cantidad de $4,811********************00 (cuatro mil ochocientos once pesos 00/100 moneda nacional), esto con fundamento en lo dispuesto por los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, y tomando como base el valor inicial diario equivalente a $96********************22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional) conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintidós, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, y se procederá en su contra en términos del artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo******************** Por otra parte, se autoriza a las autoridades responsables que rindan su respectivo informe a través de medios electrónicos atendiendo, en su caso, a los acuerdos de interconexión o a través del correo Institucional 4jdo20cto@correo********************cjf********************gob********************mx******************** RATIFICACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO Ahora, con el objeto de que se cumpla con todos los requisitos a que se refiere el artículo 108, de la Ley de Amparo, previamente es necesario que los directos quejosos Suleydis Vidal Martínez, Ilianny Suárez Delgado, Daniela Vargas López y Diosbanis Emilio Licea Richerdson ratifiquen la petición de amparo, promovida a su favor por Leydi Veyanir Ibarra Ramírez, en términos de los artículos 6 y 15 de la ley de la materia******************** Por lo que se comisiona al Actuario Judicial de la adscripción que corresponda, para que se constituya en las instalaciones de la Estación Siglo XXI, con sede en esta ciudad, a fin de que localice a los directos quejosos Suleydis Vidal Martínez, Ilianny Suárez Delgado, Daniela Vargas López y Diosbanis Emilio Licea Richerdson; y bajo su más estricta responsabilidad y en el acto de la diligencia realice lo siguiente:  Vocear o llamar a los directos quejosos, en el lugar respectivo;  Notificarles el presente auto;  Requerirlos para que en ese acto o dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, manifiesten si ratifican o no la demanda de amparo instada en su nombre******************** Apercibidos que de no ratificar la demanda en el término concedido, se tendrá por no presentada la misma, de conformidad con lo dispuestos en el artículo 15 de la Ley de Amparo y quedarán sin efecto las medidas decretadas:  Dar fe del estado físico en que se encuentren los agraviados********************  Levantar acta pormenorizada de todo lo anterior******************** Se faculta al actuario para que indague en caso de ser necesario a disposición de qué autoridad diversa a las señaladas se encuentra la parte quejosa, y en caso de tener conocimiento les notifique el presente auto, y asienten la denominación de dicha autoridad******************** PREVENCIÓN El artículo 74, de la Ley de Amparo establece que al resolver mediante sentencia, el Juez de Distrito debe hacer una fijación clara y precisa de los actos reclamados, en congruencia con lo cual, el artículo 114, de la legislación en cita, estatuye como causa para aclarar la demanda, la circunstancia de que el acto reclamado no esté precisado de manera clara, ya que ello será indispensable para fijar la litis, pues no es posible que en la sentencia final que se dicte pueda hacerse una fijación clara y precisa de los actos reclamados, si la parte de mérito no hace una exposición clara y concreta de lo que verdaderamente está reclamando, ya que es sabido que la litis se forma con el escrito inicial de demanda y el acto reclamado******************** En ese sentido, a fin de proveer lo que corresponda respecto de la admisión o desechamiento de la demanda que se trata, es importante transcribir lo establecido en los artículos 108, fracciones III, IV y 114, fracciones I, II y IV de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 108******************** La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: III******************** La autoridad o autoridades responsables******************** En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación******************** En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV******************** La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame"******************** "Artículo 114******************** El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse." Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda II******************** Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley [.] IV******************** No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado." En consecuencia, una vez localizada y hecha la ratificación de demanda, con fundamento en el artículo 114, fracciones I, II y IV, en relación al 108, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, requiérase a los quejosos para que en el acto de la notificación o bien dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que se encuentren notificados de este acuerdo, por escrito, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, aclaren la demanda conforme a lo siguiente: PRIMERO******************** Manifiesten si es su deseo señalar como autorizado al promovente y a las personas que se cita en el escrito de demanda, así como si es su deseo indicar el domicilio para oír y recibir notificaciones el ahí mencionado, así como proporcionar el correo electrónico y número telefónico precisados en el ocurso de mérito******************** SEGUNDO******************** Deberán exhibir documento idóneo y visible con el que acrediten su nacionalidad, ya que al no exhibir ningún documento para tal fin, no se tiene la certeza que su nombre esté escrito de manera correcta******************** TERCERO******************** Señalen si existe en su contra algún procedimiento de regularización migratoria y el estado procesal del mismo, que amerite su deportación, la cual es la sanción que se emite como conclusión de dicho procedimiento administrativo******************** CUARTO******************** Indiquen la fecha en que fueron presentados ante la estación migratoria y el tiempo que en su caso han permanecido alojados o detenidos en la misma, así como la ciudad en la que, en su caso, permanecen retenidos por la autoridad migratoria******************** QUINTO******************** De existir en su contra algún procedimiento de regularización migratoria indiquen si han ejercido su derecho a obtener la libertad bajo la figura de "custodia provisional"******************** SEXTO******************** Indiquen si han promovido diverso juicio de amparo contra actos iguales, similares o relacionados a los que aquí se reclaman******************** Se reserva a proveer respecto al acto que los directos quejosos reclaman en su escrito de demanda en relación a la orden de traslado a otra estación migratoria, hasta en tanto ratifiquen la demanda y desahoguen las prevenciones hechas en líneas precedentes******************** APERCIBIMIENTO Se apercibe a los quejosos que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo concedido, de acuerdo a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo******************** De actualizarse una casual de improcedencia prevista en el artículo 61 de la Ley de amparo, se acordara lo conducente, ello de conformidad con el numeral 64 del ordenamiento citado******************** Asimismo, se apercibe a los directos quejosos, representantes, abogados y/o autorizados, que si con posterioridad en este juicio de amparo, de las constancias allegadas se advierte que en el escrito de demanda y/o aclaración, afirmaron hechos falsos u omitieron los que les constaban con relación al acto reclamado, y sus antecedentes, se procederá contra quien resulte responsable en la comisión del delito federal de falsedad, previsto en el artículo 261 de la Ley de Amparo******************** En el entendido de que el desahogo de la prevención de referencia la deberá realizar la parte quejosa, pues de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, el autorizado en términos amplios no está facultado para desahogar prevenciones en las cuales la quejosa deba manifestar "bajo protesta de decir verdad"******************** Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 50/2014 (10ª), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publica en la página 210, Libro 9, agosto de 2014, Tomo I del Semanario Judicial de la Federación, del rubro siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO******************** NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA" Es menester precisar que las jurisprudencias y tesis aislada citadas, se atienden por considerar que no se oponen a la Ley de Amparo, tal y como lo indica el artículo Sexto Transitorio de esa ley******************** DOMICILIO Y AUTORIZADOS Resérvese de acordar lo relativo a los autorizados, domicilio, correo electrónico y número de teléfono, hasta en tanto los quejosos desahoguen la prevención formulada en párrafos anteriores******************** NOTIFICACIONES POR LISTA Se indica a las partes que la lista de notificaciones no personales se podrá consultar a diario en el portal del Consejo de la Judicatura Federal en la siguiente dirección: www********************cjf********************gob********************mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites********************ht m?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos********************htm EXHORTACIÓN A LAS PARTES A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA", PRIVILEGIANDO EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS******************** Con fundamento en el artículo 1, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", proporcionando a éste órgano jurisdiccional el nombre de usuario con el que se registren en el portal del de Juicio de amparo en línea bajo la siguiente liga electrónica:https://www********************serviciosenlinea********************pjf********************gob********************mx/juicioenlinea******************** De igual manera con fundamento en el artículo 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a las partes para que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo******************** DESAHOGO ENLACE DE VIDEOCONFERENCIAS Y DILIGENCIAS NECESARIAS Hágase del conocimiento de las partes que con la finalidad de respetar las medidas sanitarias preventivas del momento que se vive ante la contingencia por el virus COVID-19, así como la de procurar una impartición de justicia pronta y expedita, con fundamento en la fracción I y III, del artículo 1 del Acuerdo General Conjunto 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y debido a las restricciones para acceder al edificio en términos de las medidas de seguridad establecidas en el diverso Acuerdo General 21/2020 del citado órgano administrativo colegiado, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, requiérase a las partes para que de ordenarse en el presente asunto una diligencia donde sea necesaria la comparecencia de alguna de ellas, o en su caso, quienes pretendan comparecer a la misma, deberán comunicarlo con dos días de anticipación a la fecha señalada para la misma el teléfono 9626987434, extensiones 1101 y 1103******************** Lo anterior, a efecto de ********************realizar la videoconferencia correspondiente, a través de la plataforma Cisco Webex; por lo que, deberán realizar en cualquier dispositivo electrónico (teléfono celular, laptop, ipad, tablet, PC de escritorio, etc********************) la descarga de la aplicación antes mencionada, bajo las siguientes indicaciones: 1) Descargar la aplicación de la siguiente liga electrónica: https://www********************webex********************com/es/downloads********************html 2) Descargar la versión Webex Meetings; 3) Ejecutar la aplicación y registrarse con su nombre completo y correo electrónico personal; y 4) Conectarse el día y hora señalado ordenado en autos en la siguiente liga de conferencia: http://meetingsamer21********************webex********************com/meet/pr1261408503******************** HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO******************** Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas, en el entendido que deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar el contacto físico, siguiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por coronavirus (COVID-19), para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, emitido por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, y empleando el equipo de protección proporcionado para ello******************** PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados******************** Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten******************** Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán con supresión de datos, y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados******************** Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico********************cjf********************gob********************mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www********************dgepj********************cjf********************gob********************mx, respectivamente******************** En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en los arábigos 34, 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal******************** CREACIÓN E INICIO DE FUNCIONES DEL JUZGADO Ahora, toda vez, que mediante Acuerdo General 32/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el quince de diciembre de dos mil veinte, se ordenó la creación del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordoñez, hágase lo anterior del conocimiento de las partes******************** COMPENSACIÓN Y ESTADÍSTICA Finalmente, toda vez que el juicio de amparo de cuenta, fue recibida en horario de guardia, ante este juzgado federal, se instruye a la Oficial Judicial "A" adscrita a este juzgado, para que vía electrónica comunique el presente proveído, a la encargada de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados en el Estado, con sede en esta ciudad, para los efectos de compensación y estadística, a fin de que tome en cuenta la presente comunicación, en el turno respectivo para este órgano jurisdiccional******************** Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable******************** Así lo proveyó y firma el Juez Raúl López Pedraza, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, asistido del Secretario que autoriza, Guido Pérez Ramírez, quien además certifica que la promoción que generó este acuerdo y el proveído mismo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico******************** Doy fe********************

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