Suhail Ortiz Garcia

Expediente 466/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
466/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
29/08/2023

Partes del expediente

  • Suhail Ortiz Garcia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. En atención a la certificación secretarial que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Sin que sea obstáculo a la anterior determinación la circunstancia que no obren en autos los acuses de recibo relativos a los oficios dirigidos a las autoridades foráneas; puesto que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ella se haya reclamado, lo cual en el caso no acontece. Lo anterior es acorde también al criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, que integró la jurisprudencia XIX.1o.A.C. J/1 (10a.), cuyos datos de identificación, registro 2012455, rubro y texto se citan a continuación: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De una interpretación literal del artículo 87 de la Ley de Amparo, se colige que para que una autoridad responsable esté facultada para interponer el recurso de revisión, debe resentir una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones, pero ese perjuicio no debe ser hipotético, sino real, y su demostración incumbe a la propia autoridad; ejemplos de afectación son cuando se concede el amparo y la protección de la Justicia de la Unión respecto del acto que se le imputó o cuando se le impone una multa, de lo que se sigue que cuando el Juez sobresee en el juicio ante la negativa de los actos reclamados, para fines prácticos de la revisión, esa decisión ningún agravio ocasiona a la responsable, pues es inconcuso que el sobreseimiento es únicamente desfavorable para el quejoso y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente. Con este criterio se preserva la intención del legislador, de tener al recurso de revisión como un instrumento técnico a través del cual, se tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, pues si quien pudiera resultar afectado con la decisión de sobreseimiento, que es el quejoso, no se inconforma con la sentencia respectiva, es nítido que la responsable carece de legitimación para hacer valer el recurso de revisión, pues éste es un procedimiento de segunda instancia que se creó con la finalidad de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en el juicio de amparo, pero para aperturar la alzada se requiere de un agravio directo ocasionado por la decisión, lo que no ocurre en la hipótesis descrita". Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 20, fracción I, del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    En Boca del Río, Veracruz, a las once horas del diez de agosto de dos mil veintitrés para celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo 466/2023, promovido por Suhail Ortiz García; enseguida el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Verónica Yazmin Bautista Soto, con quien actúa y da fe, la declara abierta con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin asistencia de las partes. Acto continuo, la secretaria da cuenta con el estado de autos, informa de las constancias que integran el expediente y certifica que transcurrieron ocho días de la recepción del último informe justificado rendido por la autoridad responsable, acorde con el artículo 117 de la Ley de Amparo. El juez acuerda: Téngase por formulada la relación de constancias y, en razón de que no existe obstáculo alguno, continúese con la presente audiencia. Abierto el período probatorio, la secretaria da cuenta con las constancias remitidas por las documentales exhibidas por la parte quejosa, adjuntas a su escrito de demanda. Asimismo, la secretaria hace constar que no hay pruebas pendientes por relacionar. Atento a lo anterior, el Juez acuerda: ténganse por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas ofrecidas por la parte quejosa, de conformidad con los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de que sean tomadas en consideración al momento de dictar la sentencia que en derecho corresponda. No habiendo más pruebas que relacionar, se declara cerrado el período probatorio. Abierto el período de alegatos, la secretaria certifica que las partes no hicieron uso de ese derecho. A lo anterior el juez acuerda: toda vez que de la certificación secretarial que antecede se aprecia que las partes no formularon manifestaciones en esta vía, se da por concluido este período, quedando los autos para dictar, SENTENCIA. Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 466/2023 promovido por Suhail Ortiz García y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta localidad, y turnado a este órgano jurisdiccional en esa misma fecha, la parte quejosa promovió juicio de amparo contra el acto y la autoridad que más adelante se precisarán (fojas 2 a 32). SEGUNDO. Trámite. Por auto de uno de junio de dos mil veintitrés, se acordó: admitir la demanda de amparo; solicitar a las autoridades responsables sus informes justificados; dar la intervención que compete a la fiscal de la Federación adscrita; y fijar fecha y hora para la audiencia constitucional (fojas 33-37). De igual forma, en auto de doce de julio de dos mil veintitrés, se acordó el oficio remitido en línea por las autoridades responsables 1. Titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México y del 2. Titular del Director General Jurídico de Aduanas, ambos con sede en la Ciudad de México, a través del cual rindió su informe justificado (en línea). TERCERO. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, tuvo verificativo la audiencia constitucional, quedando el expediente en estado de resolución, y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por la vía, pues se reclama un acto de autoridad jurisdiccional de naturaleza administrativa, que según la parte quejosa afecta sus garantías de legalidad y seguridad jurídica, impugnable en amparo indirecto. La materia (mixta) pues se actúa como órgano instructor en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y por territorio, ya que el acto reclamado es de naturaleza omisiva, y la demanda fue presentada en la jurisdicción que corresponde a la circunscripción territorial de éste Juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado a las autoridades responsables son los siguientes: La Omisión de emitir la Convocatoria para la Obtención de Patentes de Agente Aduanal Ahora, por cuestión de método, se analiza si está probada o no su existencia. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a las responsables 1. Titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México y del 2. Titular del Director General Jurídico de Aduanas, ambos con sede en la Ciudad de México, no obstante que al rendir su respectivo informe justificado negaron el acto reclamado; sin embargo, del contenido de su respectivo justificado se advierte que es cierto el mismo, por lo que se presume cierto el acto reclamado. De igual forma, se corrobora con el link citado en su respectivo informe justificado, ya que la publicación de la convocatoria para la obtención de patentes de Agente Aduanal, publicado el veintidós de junio del año en curso en el Diario Oficial de la Federación fue posterior a la presentación de la demanda de amparo. No obstante a lo anterior, signifíquese a la autoridad responsable que, al encontrarse vinculado el acto reclamado (la omisión de la publicación de la Convocatoria para la Obtención de Patentes de Agente Aduanal) resulta ser de interés general, por lo que no necesita ser probada su existencia en autos, pues basta con que se encuentre publicado en el Diario Oficial de la Federación, para que esta autoridad judicial los tome en consideración, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad. Sustenta a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia siguiente; "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." De lo anterior, se aprecia la certeza de las omisiones que reclama la parte quejosa a las autoridades responsables 1. Titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México y del 2. Titular del Director General Jurídico de Aduanas, ambos con sede en la Ciudad de México, ya que desde la fecha del escrito de demanda que presentó el amparista (treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés) hasta la fecha en que la responsable atendió dicha demanda (doce de julio de dos mil veintitrés) transcurrió más de un mes, esto es, incluso al momento de la presentación de la demanda que dio origen al presente juicio de amparo, existía la omisión reclamada. De lo anterior, se observa con claridad que existió el acto reclamado, en otro aspecto, del informe rendido por las autoridades responsables se advierte que la publicación de la convocatoria en concreto fue posterior a la presentación de la demanda. Cabe mencionar que, el reclamo del acto omisivo conlleva el análisis sobre si la autoridad responsable tiene o no el deber de legislar en el sentido en que lo propone la parte quejosa; por lo que, para determinar la existencia de los actos consistentes en la omisión de una autoridad de ejercer alguna de las facultades que estima el impetrante de amparo le corresponden, es suficiente la coherencia o viabilidad del argumento relativo, relacionado con el marco jurídico general que rija la actuación de la autoridad a la que se le atribuya la omisión; lo anterior, con la finalidad de evitar que, en un análisis de la existencia de esas atribuciones, se propicie la denegación de justicia. Sirve de sustento a lo anterior, por las ideas que contiene, la tesis 1a. IV/2021 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2022760, de rubro y texto siguientes: "ACTOS OMISIVOS. DETERMINACIÓN DE SU CERTEZA CUANDO SE RECLAMA EN AMPARO INDIRECTO EL NO EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE UNA AUTORIDAD. Hechos: En una demanda de amparo indirecto se impugnó la omisión del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de ejercer sus facultades de recabar y emitir información estadística sobre asentamientos humanos informales o irregulares. Criterio jurídico: Para determinar la existencia o certeza de los actos consistentes en la omisión de una autoridad de ejercer alguna de las facultades que se estime le corresponden es suficiente advertir, someramente, la coherencia o viabilidad del argumento respectivo en relación con el marco jurídico general que rija la actuación de la autoridad a la que se atribuya la referida omisión. Justificación: Lo anterior es así, porque el estudio sobre la certeza de los actos reclamados no debe propiciar denegación de justicia al involucrar en ese análisis el estudio del fondo del asunto, lo que podría ocurrir cuando se pretenda corroborar con precisión si la autoridad a la que se atribuyan actos omisivos cuenta o no con las facultades para ejercerlos." De lo antes expuesto, es evidente que dichas negativas por parte de las autoridades responsables quedan desvirtuadas, lo anterior en observancia además de la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. Definida la certeza del acto reclamado, debe examinarse si resulta procedente la acción de amparo. Así, es de señalar que a juicio del suscrito, el presente juicio de amparo resulta improcedente al actualizarse la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. MARCO NORMATIVO Tal dispositivo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)". De la lectura del precepto reproducido, se desprende que si los efectos del acto que reclama un quejoso se interrumpen o finalizan, es decir, se destruyen en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional alegada, como si se hubiera otorgado el amparo; entonces, el juicio de amparo es improcedente. Ilustra lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Se destaca que si bien dicha jurisprudencia se originó con anterioridad a la Décima Época, aún es aplicable a la Ley de amparo vigente, atento a que no se opone a la misma, conforme lo establece su transitorio sexto. SUBSUNCIÓN En el caso, el acto reclamado por la parte quejosa consiste en la omisión por parte de las autoridades responsables de emitir la convocatoria para la obtención de Patentes de Agente Aduanal. De lo cual, impuesto del contenido del informe justificado se advierte que la publicación de dicha convocatoria fue efectuada el día veintidós de junio del año en curso, en el Diario Oficial de la Federación. Constancias a las que se otorga valor probatorio en términos del numeral 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2°, ya que se trata de una información generada y comunicada por las autoridades en ejercicio de las funciones que le asigna la ley, remitidos a través de medios electrónicos oficiales. Por lo antes expuesto, se aprecia que la omisión del acto reclamado han cesado sus efectos, toda vez que el 1. Titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México y del 2. Titular del Director General Jurídico de Aduanas, ambos con sede en la Ciudad de México, informaron en su informe justificado que en veintidós de junio del año actual se publicó por medio del Diario Oficial de la Federación la "CONVOCATORIA PARA OBTENER PATENTE DE AGENTE ADUANAL", lo que se corrobora con la página oficial de la Secretaría de Gobernación. En consecuencia, resulta incuestionable que cesaron totalmente los efectos del acto reclamado, pues se restituyó a la parte quejosa en el pleno goce del derecho constitucional violado. Apoya a lo anterior la jurisprudencia cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". CONCLUSIÓN Por tanto, al haber cesado los efectos del acto reclamado, es evidente que el juicio de amparo resulta improcedente en términos de los numerales 61, fracción XXI, de la ley de la materia, por lo que procede sobreseer en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sin que sea necesario analizar los argumentos alegados por el impetrante de amparo, pues al actualizarse de manera indudable la causa de sobreseimiento invocada, ello impide entrar al estudio del fondo del asunto, puesto que éste sólo puede estudiarse de resultar procedente el juicio de amparo, según la jurisprudencia del rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." QUINTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes en este juicio no se opusieron a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda, en términos de los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición a través del sistema SISE para su consulta al público en general, conforme con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia, en términos del reformado artículo 72, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los 61 fracción XXI, 63, fracción V, 73 a 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Suhail Ortiz García, contra actos de las autoridades responsables señaladas en el considerando cuarto, por los motivos expuestos en el diverso considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, y póngase a disposición para su consulta pública de acuerdo a lo señalado en el último considerando de esta resolución. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, doce de julio de dos mil veintitrés. Atento al oficio recibido en línea y signado de manera electrónica por el Director de lo Contencioso y Amparos "1", de La Dirección General Jurídica de Aduanas, de la Agencia Nacional de Aduanas de México, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación del 1. Titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, y del 2. Titular de la Director General Jurídico de Aduanas, con sede en la Ciudad de México, que cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente: En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, téngase por rendido el INFORME JUSTIFICADO que refiere en representación de las autoridades responsables que menciona, con el mismo dese vista a las partes por el plazo de OCHO DÍAS, para que manifiesten lo que a derecho corresponda, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la ley de la materia. Asimismo, ténganse como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que menciona y con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, como sus delegados a las personas que cita. Ahora bien, de la certificación de cuenta se advierte que entre la fecha en que se pondría a vista de las partes el informe aquí atendido y la de la audiencia constitucional, no median días hábiles; ello en razón de que el presente acuerdo se notificará por lista el trece de julio del actual, surtirá sus efectos la notificación el catorce siguiente y el plazo de ocho días que debe darse de vista con el informe justificado, comprenderá del diecisiete al veintiséis de julio de dos mil veintitrés. Así las cosas, si conforme a lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, entre la vista del informe y la audiencia constitucional deben mediar cuando menos ocho días hábiles, es inconcuso que la data que se encuentra fijada en el caso concreto (diecisiete de julio siguiente) no da oportunidad al otorgamiento de la referida vista. Por tanto, en aras de los principios de administración de justicia pronta y expedita, por economía procesal, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, ante la posibilidad de diferir oficiosamente la audiencia constitucional, en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 115 de la Ley de Amparo, es que el suscrito determina diferirla anticipadamente y se fijan las ONCE HORAS DEL DIEZ DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración; en concordancia con el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    con esta fecha se notifica por lista a la parte quejosa el auto de diez de julio del año en curso, que a la letra dice Boca del Río, Veracruz, diez de julio de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito signado por la parte quejosa Suhail Ortiz García; atento a su contenido, se aprecia que se desiste del presente juicio de amparo; al respecto, a fin de acordar lo que en derecho proceda, con apoyo en la fracción I, del artículo 63 de la Ley de Amparo, requiérase a la aludida quejosa, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, se presente con identificación oficial vigente ante este órgano de control constitucional, a ratificar el contenido de su escrito, apercibido que de no hacerlo así, se le tendrá por no desistido y se continuará con el trámite del juicio. Notifíquese en términos de ley.

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