Sugeydi Ríos García
Expediente 377/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 377/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 13/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Sugeydi Ríos García
Actuaciones
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- Principal
NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA.- PRAL.377/2022. MESA-6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de septiembre de dos mil veintidós. 1. Se agrega ejecutoria. Agréguese el oficio firmado por el secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Oaxaca de Juárez, mediante el cual remite copia certificada del testimonio de la ejecutoria de dos de septiembre de dos mil veintidós, dictada en el conflicto competencial 13/2022; en consecuencia, acúsese recibo. 1.1. Competencia para conocer de la demanda. Ahora, de la ejecutoria de referencia se advierte que la superioridad declaró que el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, es el legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo materia del conflicto competencial; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes. 2. Egreso del expediente y anotaciones en SISE. Ahora, tomando en consideración lo anterior, se ordena con esta fecha egresar este asunto por incompetencia y darse de baja en libro de gobierno, así como el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes. 3. Publicación de datos personales. Por otro lado, toda vez que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, hágasele del conocimiento que, con fundamento, en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el auto inicial y las demás resoluciones, estarán a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, la publicación de las referidas actuaciones se realizarán en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Se ordena archivo del expediente. Como no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso j), 24 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 4.1. Destino. Con fundamento en el artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, así como el punto 8.1.2., 10, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es DESTRUIBLE, por lo cual, transcurridos TRES AÑOS a partir de la fecha en que se ordenó el archivo como asunto concluido, procédase a su destrucción dentro de los treinta días siguientes, y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda de que el mismo es destruible. 5. Instrucción (certificación). Asimismo, se le instruye para que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 6. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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PRAL.377/2022.MESA-6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de mayo de dos mil veintidós. 1. Colegiado informa. Agréguese el oficio firmado por la actuaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, mediante el cual acusa recibo de las constancias que se remitieron para la sustanciación del conflicto competencial suscitado entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. Asimismo, informa que admitió a trámite dicho conflicto, radicándolo con el número 13/2022, de su estadística. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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PRAL.377/2022.MESA-6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de mayo de dos mil veintidós. 1. Se agrega oficio. Agréguese el oficio del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, mediante el cual se transcribe el auto de veinte de abril del año en curso dictado en el juicio de amparo 213/2022 de su estadística, y del que se advierte que dicho órgano jurisdiccional no aceptó la competencia declinada a su favor, por las consideraciones que expone en ese proveído; en consecuencia, acúsese recibo vía interconexión. 2. Conflicto de competencial. Ahora, una vez analizadas las razones que sustenta el titular del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, para no aceptar la competencia declinada a su favor, debe decirse que este Juzgado, respetuosamente, insiste en declinar competencia al citado Juzgado Federal, por las consideraciones que enseguida se exponen. 3. Consideraciones. El tema a dilucidar en este asunto es si el acto reclamado tiene ejecución material o no; ante ello, este órgano jurisdiccional sostiene que el acto reclamado sí tiene ejecución material, por las siguientes razones: El artículo 37 de la Ley de Amparo establece las reglas de competencia de los jueces de Distrito para conocer de un juicio constitucional, al señalar expresamente lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclama deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De conformidad con lo ahí dispuesto, cuando el acto reclamado tiene efectos ejecutivos, la competencia, por razón de territorio, se fija en atención a cuatro supuestos que giran en torno al espacio o lugar territorial donde: a) Deba tener ejecución, b) trate de ejecutarse, c) se esté ejecutando, o d) se haya ejecutado el acto reclamado. De lo expuesto, se concluye que tratándose de actos que ameriten ejecución material, el legislador privilegió, para determinar la competencia de los jueces de Distrito, la naturaleza del acto y el lugar de su ejecución (sea que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o ya se haya ejecutado). En efecto, dicha regla se caracteriza por la existencia de la ejecución material del acto reclamado, con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora, y el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora; por tales razones, ante un acto susceptible de ejecutarse debe aplicarse esta regla para definir la competencia a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se vincule la ejecución. 3.1. Jurisprudencia relacionada a la ejecución de los actos. Ahora, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 36/2008, determinó: "(.) OCTAVO. Sobre esas premisas, el tema de la contradicción consiste en determinar si una resolución recaída a un recurso de apelación, mediante la cual se aprueba una planilla de liquidación de intereses derivada de una condena de pago en el juicio de origen, es materialmente ejecutable o es sólo declarativa, para efectos de determinar qué Juez de Distrito es el competente para conocer del asunto. (.). Dadas las características y naturaleza del punto de contradicción que se dilucida, la hipótesis de competencia que aquí interesa es la relativa a que será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución el acto reclamado, que consiste, en el caso específico que se analiza, en una resolución recaída a un recurso de apelación interpuesto contra una sentencia interlocutoria dictada por un Juez de Primera Instancia. En la resolución que se impugna en el juicio de garantías, se aprueba la condena al pago de intereses, con base en la planilla de liquidación fijada en primera instancia por el Juez de origen. Los efectos de ese acto indefectiblemente implican, que se ha confirmado que una de las partes del juicio natural está obligada a pagar a la otra, intereses moratorios. Este aspecto es el que precisamente motiva la promoción de la vía constitucional. (.). En esa tesitura, si como se ha evidenciado, contra la resolución pronunciada en un recurso de apelación que obliga a que se paguen intereses moratorios, puede concederse la suspensión en el juicio de amparo; resulta incuestionable que no puede calificársele como meramente declarativa, pues lleva inmersa una ejecución material, la cual es ciertamente la que se suspende, ya que se entiende por declarativa, de acuerdo a lo señalado por el Diccionario de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas, aquella determinación que sin mandamiento ejecutivo, proclama la existencia o inexistencia de una relación jurídica, manifestando, proclamando, explicando o aclarando lo ignorado, dudoso o discutido; mientras que por resolución materialmente ejecutable, se entiende lo que es factible, posible y susceptible de ejecución o realización, aplicándose (como en el caso), a la deuda exigible por la vía ejecutiva. Conforme a lo expuesto, si bien en un principio pudiera parecer que siendo el acto reclamado en la demanda de garantías, sólo la resolución dictada por una Sala del Tribunal Superior de Justicia en un recurso de apelación, no podría tener una ejecución material porque la Sala responsable no es la que requiere de pago, ni lleva a cabo, en su caso, el embargo respectivo en caso de desacato; lo cierto es que sólo en apariencia no la tiene, pero de ninguna manera puede sostenerse que se trata de una resolución declarativa, ya que sí es ejecutable, en la medida en que lo que ese fallo determina, es la cantidad precisa que una de las partes en el juicio de origen debe pagar por concepto de intereses moratorios, porque al analizar la legalidad de la planilla de liquidación fijada por el Juez de Primera Instancia, aprobó el pago de intereses en cantidad líquida; y, los efectos inmediatos son el requerimiento de pago, que evidentemente implican una ejecución. Por consiguiente, ya sea que en el juicio de amparo únicamente se impugne por vicios propios la resolución dictada en segunda instancia, y se señale como responsable a la autoridad que la emitió; o bien, también se señale como autoridad a la ejecutora: Juez de Primera Instancia, reclamando en la demanda los efectos y consecuencias del fallo reclamado; debe determinarse que se trata de una resolución que lleva inmersa una ejecución material, y por tanto, el Juez de Distrito competente para conocer del juicio de amparo indirecto será aquél en cuya jurisdicción deba ejecutarse el acto, y no aquél en cuyo Distrito resida la autoridad que lo emitió. Lo anterior se basa en que el solo señalamiento de una autoridad ejecutora o la omisión de éste, no evidencia la competencia del Juez de Distrito, sino que esta deriva de la naturaleza del acto reclamado. Asimismo, si en el incidente de liquidación de intereses ya confirmado, se determinó una cantidad cierta a que está obligada a pagar una de las partes del juicio de origen, esto evidencia la existencia de un procedimiento que tiene ejecución material; y, si ese acto es susceptible de suspenderse con la simple promoción del juicio de garantías, cuyos efectos son precisamente que no se ejecute esa decisión, que se mantengan las cosas en el estado que guardan sin exigir el pago de los intereses, y que de ningún modo se proceda al embargo correspondiente en caso de desacato; entonces, se hace patente que no se trata de una resolución sólo declarativa, sino con ejecución material, desde el momento en que dicha ejecución puede ser suspendida. En las relatadas condiciones, si en un juicio de amparo indirecto se combate de la Sala responsable la resolución de un recurso de apelación mediante el cual se aprueba el pago de intereses en cantidad cierta, debe concluirse que se trata de un acto ejecutable; por tanto, el Juez de Distrito donde dicho acto deba ejecutarse es el competente para conocer del asunto; sin que obste el que no se hubieren señalado autoridades ejecutoras, ni reclamado los efectos y consecuencias de dicho fallo, ya que como se expuso, la resolución impugnada, por sí, está obligando a que una de las partes del juicio natural pague intereses moratorios en la cantidad fijada en una planilla de liquidación; obligación que necesariamente es ejecutable en el lugar en que reside el Juez de Primera Instancia, y porque siendo susceptible de suspenderse el acto al momento de la promoción de la demanda de garantías, no podría afirmarse que se trata de una resolución sólo declarativa". La transcripción previa clarifica que el punto que dirimió esa contradicción, versó sobre determinar a qué juez le corresponde conocer la ejecución del acto consistente en una resolución recaída a un recurso de apelación interpuesto contra una sentencia interlocutoria dictada por un juez de primera instancia, en la que se aprobó la condena al pago de intereses, con base en la planilla de liquidación fijada en primera instancia por el juez de origen, cuyos efectos implican que una de las partes del juicio natural está obligada a pagar a la otra intereses moratorios. Así, en primer lugar, se estableció que la resolución controvertida no puede calificarse como meramente declarativa, pues lleva inmersa una ejecución material; que por declarativo, de acuerdo a lo señalado por el Diccionario de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas, es aquella determinación que sin mandamiento ejecutivo, proclama la existencia o inexistencia de una relación jurídica, manifestando, proclamando, explicando o aclarando lo ignorado, dudoso o discutido; que por una resolución materialmente ejecutable, se entiende lo que es factible, posible y susceptible de ejecución o realización, aplicándose a la deuda exigible por la vía ejecutiva. Que si de entrada pudiera parecer que siendo el acto reclamado en la demanda de amparo, solo la resolución dictada por una Sala del Tribunal Superior de Justicia en un recurso de apelación, no podría tener una ejecución material porque la Sala responsable no es la que requiere de pago, ni lleva a cabo el embargo respectivo en caso de desacato; lo cierto es que solo en apariencia no la tiene, pero de ninguna manera puede sostenerse que se trata de una resolución declarativa, ya que sí es ejecutable, en la medida en que lo que ese fallo determina es una cantidad que una de las partes en el juicio de origen debe pagar por concepto de intereses moratorios, porque al analizar la legalidad de la planilla de liquidación fijada por el juez de primera instancia, aprobó el pago de intereses en cantidad líquida; y, los efectos inmediatos son el requerimiento de pago, que evidentemente implican una ejecución. Por consiguiente, con independencia de que en el juicio de amparo únicamente se impugne por vicios propios la resolución dictada en segunda instancia, y se señale como responsable a la autoridad que la emitió; o bien, también se señale como autoridad a la ejecutora al juez de primera instancia, reclamando en la demanda los efectos y consecuencias del fallo reclamado; se trata, por ende, de una resolución que lleva inmersa una ejecución material y, por tanto, el juez de Distrito competente para conocer del juicio de amparo indirecto será aquel en cuya jurisdicción deba ejecutarse el acto, y no aquel en cuyo Distrito resida la autoridad que lo emitió. Que si en el incidente de liquidación de intereses ya confirmado se determinó una cantidad cierta a que está obligada a pagar una de las partes del juicio de origen, evidencia la existencia de un procedimiento que tiene ejecución material; y, si ese acto es susceptible de suspenderse con la simple promoción del juicio de amparo, cuyos efectos son precisamente que no se ejecute esa decisión, que se mantengan las cosas en el estado que guardan sin exigir el pago de los intereses, y que de ningún modo se proceda al embargo correspondiente en caso de desacato; entonces, se hace patente que no se trata de una resolución solo declarativa, sino con ejecución material, desde el momento en que dicha ejecución puede ser suspendida. Razonamientos que dieron origen a la jurisprudencia 2a./J. 192/2008, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, enero de 2009, página 606, registro 168187, del texto siguiente: "COMPETENCIA EN AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DE UN RECURSO DE APELACIÓN QUE APRUEBA UNA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DE INTERESES SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RADIQUE EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA QUE DEBA EJECUTAR EL ACTO. Cuando en la demanda de garantías se reclama la resolución recaída a un recurso de apelación que aprueba la planilla de liquidación de intereses moratorios fijada por un Juez de primera instancia, debe considerarse que dicha sentencia lleva inmersa una ejecución material que es susceptible de suspenderse en caso de solicitarse la medida cautelar relativa, siendo sus efectos que el fallo no se ejecute, esto es, que no se obligue al pago de los intereses, debiendo permanecer las cosas en el estado que guardan. En estas condiciones, independientemente de que la Sala responsable no sea la que en su momento requiera el pago ni lleve a cabo el embargo respectivo en caso de desacato, la resolución combatida sí es ejecutable, pues lo que se determina es la cantidad cierta que una de las partes en el juicio natural debe pagar por concepto de intereses moratorios y, por ende, se actualiza el supuesto previsto en el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, que determina que es competente para conocer del juicio de garantías el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado". Los razonamientos que anteceden son aplicables al caso concreto, aun cuando en este juicio de amparo el acto reclamado sea la cancelación de la pensión alimenticia y en la contradicción de tesis el tema versó sobre la planilla de liquidación de intereses. Lo anterior es así, pues en ambos casos se está en el supuesto de que el acto reclamado es una resolución de segunda instancia (en el caso, la resolución de diez de noviembre de dos mil veintiuno, dictada en el toca familiar 275/2020 por la Primera Sala Familiar del Tribunal de Justicia del Estado de Oaxaca); y la resolución conlleva una obligación de hacer (cancelar la pensión alimenticia) que altera y modifica el entorno o esfera jurídica de la ahora quejosa (demandada incidentista en el incidente de cancelación de pensión alimenticia) y no se trata solamente de un pronunciamiento que ocasione que las cosas se mantengan en el estado que conservan y que tampoco requiera de una actuación posterior que la complemente. No es óbice a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 119/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro (registro 167963): "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDO GRADO QUE CONFIRMA LA INTERLOCUTORIA QUE DESECHA UNA EXCEPCIÓN PROCESAL DILATORIA. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA LA AUTORIDAD EMISORA DEL ACTO RECLAMADO". Ello, toda vez que se refiere a la resolución de segundo grado que confirma el desechamiento de una excepción procesal dilatoria, que no implica ejecución, mientras que, en el caso, la resolución controvertida confirma la resolución de primera instancia en que se cancela la pensión alimenticia decretada a favor de la aquí quejosa, lo que implica actos o gestiones de ejecución para la cancelación de esa pensión que le fue fijada a la parte quejosa en el incidente respectivo. De ahí que la resolución reclamada no es simplemente declarativa, sino tiene efectos de ejecución. Ahora, la resolución reclamada se considera que se ejecutará en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, pues en ese lugar tiene su residencia oficial el Juzgado Segundo Familiar del Distrito Judicial de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca (juez natural, autoridad que llevará la ejecución de tal acto), y la cancelación de la pensión alimenticia se realizará en la empresa global "Energy Services México, sociedad anónima de capital variable", la que tiene su domicilio en calle Bugambilia sin número, Fraccionamiento La Riviera, Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, ya que los descuentos realizados con motivo de la pensión alimenticia decretada a favor de la aquí quejosa se realizan por dicha empresa, como se advierte de la sentencia de veinte de febrero de dos mil dieciocho dictada en el expediente familiar 224/2017 del Juzgado Segundo Familiar del Distrito Judicial de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca y del oficio 2136/2018, de veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho. Para mayor apreciación, se insertan las imágenes siguientes: Sentencia: (Puntos resolutivos que interesan) Oficio 2136/2018 de veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho: De ahí que, se insiste, la resolución reclamada en este juicio de amparo a la Primera Sala Familiar del Tribunal de Justicia del Estado de Oaxaca, deberá cumplirse y ejecutarse en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, pues, se reitera, la misma no es de carácter simplemente declarativo, porque en razón de dicha determinación la ahora quejosa quedará restringida del goce de la pensión alimenticia que venía gozando, mismo que le fue fijado, en su momento, en el expediente 224/2017 del Juzgado Segundo Familiar del Distrito Judicial de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, por lo cual será ese órgano jurisdiccional el que llevará los actos o gestiones de ejecución para la cancelación de esa pensión que le fue fijada a la parte quejosa en aquel expediente. De ahí que, se insiste, la ejecución material del fallo confirmatorio tendrá ejecución en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, lugar donde no ejerce jurisdicción este órgano jurisdiccional; por tanto, carece de competencia para conocer de este asunto. Sirve de apoyo, por las razones que la sustentan, la tesis aislada XXI.2o.C.T.31C, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, Novena Época, Materia Común, tomo XXXIII, febrero de 2011, página 2265, registro 162920, del rubro siguiente: "COMPETENCIA DE AMPARO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDE LA AUTORIDAD EJECUTORA QUE REALIZA EL DESCUENTO AL SALARIO DEL DEUDOR ALIMENTARIO, Y NO AL DEL LUGAR DONDE TIENE SU DOMICILIO EL QUEJOSO". Así, la resolución de la Primera Sala Familiar del Tribunal de Justicia del Estado de Oaxaca no puede ser analizada de forma aislada, porque los efectos tienen consecuencias en la diversa resolución dictada en el 224/2017 del Juzgado Segundo Familiar del Distrito Judicial de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. 3.2. Precisiones. No es inadvertido que el Juzgado Sexto de Distrito de Salina Cruz, Oaxaca, interpreta el acto reclamado como declarativo, porque, a su consideración, solo tuvo efectos formales; sin embargo, ello no se sostiene si se tiene en consideración que cuando la autoridad responsable concedió la suspensión del acto reclamado ordenó girar oficio al Juzgado Segundo Familiar del Distrito Judicial de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, para que mantenga las cosas en el estado que guardan y no ejecute la resolución materia de la apelación; por tanto, los efectos de la resolución exceden de lo meramente formal. Sirve de apoyo a la determinación anterior, la similar resolución pronunciada el cuatro de febrero de dos mil veintiuno en el juicio de amparo 81/2021 de la estadística de este Juzgado, en el cual se declinó competencia a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, en turno, con sede en Salina Cruz, por las mismas consideraciones que se aplican en el caso concreto, el cual tocó conocer el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, quien compartió los mismos razonamientos que se expresaron con antelación y aceptó la competencia declinada. 4 Remisión para el conflicto. Por lo que, en razón de que este Juzgado fue el que previno sobre el conocimiento de este asunto, con fundamento en el artículo 37, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se ordena remitir el original de este expediente al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en turno, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común que le presta servicio, para que resuelva lo procedente con relación al conflicto competencial, aquí planteado. Asimismo, se ordena remitir: a) El toca familiar 275/2020 de la estadística de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Oaxaca. b) El expediente familiar 224/2017 del Juzgado Segundo Familiar del Distrito Judicial de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. c) Incidente de cancelación de pensión alimenticia 224/2017 del Juzgado Segundo Familiar del Distrito Judicial de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. d) Dos cuadernos de pruebas de la parte actora y demandada, relativos al incidente de cancelación de pensión alimenticia 224/2017 del Juzgado Segundo Familiar del Distrito Judicial de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. 5. Se hace del conocimiento. Hágase del conocimiento de esta determinación del juez Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, Oaxaca. 6. Cuaderno de antecedentes y vinculación electrónica. Fórmese cuaderno de antecedentes, con las constancias respectivas; asimismo, se instruye a la analista jurídica de esta adscripción haga disponible el expediente electrónico de este juicio de amparo a través de la plataforma del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente; así como el diverso juicio de amparo 81/2021, a fin de que el Tribunal de Alzada correspondiente pueda consultar dichos expediente a través de esa vía. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA, PREVIO AVISO.- PRAL.377/2022.MESA-6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de mayo de dos mil veintidós. 1. Se agrega oficio. Agréguese el oficio del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, mediante el cual se transcribe el auto de veinte de abril del año en curso dictado en el juicio de amparo 213/2022 de su estadística, y del que se advierte que dicho órgano jurisdiccional no aceptó la competencia declinada a su favor, por las consideraciones que expone en ese proveído; en consecuencia, acúsese recibo vía interconexión. 2. Conflicto de competencial. Ahora, una vez analizadas las razones que sustenta el titular del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, para no aceptar la competencia declinada a su favor, debe decirse que este Juzgado, respetuosamente, insiste en declinar competencia al citado Juzgado Federal, por las consideraciones que enseguida se exponen. 3. Consideraciones. El tema a dilucidar en este asunto es si el acto reclamado tiene ejecución material o no; ante ello, este órgano jurisdiccional sostiene que el acto reclamado sí tiene ejecución material, por las siguientes razones: El artículo 37 de la Ley de Amparo establece las reglas de competencia de los jueces de Distrito para conocer de un juicio constitucional, al señalar expresamente lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclama deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De conformidad con lo ahí dispuesto, cuando el acto reclamado tiene efectos ejecutivos, la competencia, por razón de territorio, se fija en atención a cuatro supuestos que giran en torno al espacio o lugar territorial donde: a) Deba tener ejecución, b) trate de ejecutarse, c) se esté ejecutando, o d) se haya ejecutado el acto reclamado. De lo expuesto, se concluye que tratándose de actos que ameriten ejecución material, el legislador privilegió, para determinar la competencia de los jueces de Distrito, la naturaleza del acto y el lugar de su ejecución (sea que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o ya se haya ejecutado). En efecto, dicha regla se caracteriza por la existencia de la ejecución material del acto reclamado, con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora, y el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora; por tales razones, ante un acto susceptible de ejecutarse debe aplicarse esta regla para definir la competencia a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se vincule la ejecución. 3.1. Jurisprudencia relacionada a la ejecución de los actos. Ahora, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 36/2008, determinó: "(.) OCTAVO. Sobre esas premisas, el tema de la contradicción consiste en determinar si una resolución recaída a un recurso de apelación, mediante la cual se aprueba una planilla de liquidación de intereses derivada de una condena de pago en el juicio de origen, es materialmente ejecutable o es sólo declarativa, para efectos de determinar qué Juez de Distrito es el competente para conocer del asunto. (.). Dadas las características y naturaleza del punto de contradicción que se dilucida, la hipótesis de competencia que aquí interesa es la relativa a que será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución el acto reclamado, que consiste, en el caso específico que se analiza, en una resolución recaída a un recurso de apelación interpuesto contra una sentencia interlocutoria dictada por un Juez de Primera Instancia. En la resolución que se impugna en el juicio de garantías, se aprueba la condena al pago de intereses, con base en la planilla de liquidación fijada en primera instancia por el Juez de origen. Los efectos de ese acto indefectiblemente implican, que se ha confirmado que una de las partes del juicio natural está obligada a pagar a la otra, intereses moratorios. Este aspecto es el que precisamente motiva la promoción de la vía constitucional. (.). En esa tesitura, si como se ha evidenciado, contra la resolución pronunciada en un recurso de apelación que obliga a que se paguen intereses moratorios, puede concederse la suspensión en el juicio de amparo; resulta incuestionable que no puede calificársele como meramente declarativa, pues lleva inmersa una ejecución material, la cual es ciertamente la que se suspende, ya que se entiende por declarativa, de acuerdo a lo señalado por el Diccionario de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas, aquella determinación que sin mandamiento ejecutivo, proclama la existencia o inexistencia de una relación jurídica, manifestando, proclamando, explicando o aclarando lo ignorado, dudoso o discutido; mientras que por resolución materialmente ejecutable, se entiende lo que es factible, posible y susceptible de ejecución o realización, aplicándose (como en el caso), a la deuda exigible por la vía ejecutiva. Conforme a lo expuesto, si bien en un principio pudiera parecer que siendo el acto reclamado en la demanda de garantías, sólo la resolución dictada por una Sala del Tribunal Superior de Justicia en un recurso de apelación, no podría tener una ejecución material porque la Sala responsable no es la que requiere de pago, ni lleva a cabo, en su caso, el embargo respectivo en caso de desacato; lo cierto es que sólo en apariencia no la tiene, pero de ninguna manera puede sostenerse que se trata de una resolución declarativa, ya que sí es ejecutable, en la medida en que lo que ese fallo determina, es la cantidad precisa que una de las partes en el juicio de origen debe pagar por concepto de intereses moratorios, porque al analizar la legalidad de la planilla de liquidación fijada por el Juez de Primera Instancia, aprobó el pago de intereses en cantidad líquida; y, los efectos inmediatos son el requerimiento de pago, que evidentemente implican una ejecución. Por consiguiente, ya sea que en el juicio de amparo únicamente se impugne por vicios propios la resolución dictada en segunda instancia, y se señale como responsable a la autoridad que la emitió; o bien, también se señale como autoridad a la ejecutora: Juez de Primera Instancia, reclamando en la demanda los efectos y consecuencias del fallo reclamado; debe determinarse que se trata de una resolución que lleva inmersa una ejecución material, y por tanto, el Juez de Distrito competente para conocer del juicio de amparo indirecto será aquél en cuya jurisdicción deba ejecutarse el acto, y no aquél en cuyo Distrito resida la autoridad que lo emitió. Lo anterior se basa en que el solo señalamiento de una autoridad ejecutora o la omisión de éste, no evidencia la competencia del Juez de Distrito, sino que esta deriva de la naturaleza del acto reclamado. Asimismo, si en el incidente de liquidación de intereses ya confirmado, se determinó una cantidad cierta a que está obligada a pagar una de las partes del juicio de origen, esto evidencia la existencia de un procedimiento que tiene ejecución material; y, si ese acto es susceptible de suspenderse con la simple promoción del juicio de garantías, cuyos efectos son precisamente que no se ejecute esa decisión, que se mantengan las cosas en el estado que guardan sin exigir el pago de los intereses, y que de ningún modo se proceda al embargo correspondiente en caso de desacato; entonces, se hace patente que no se trata de una resolución sólo declarativa, sino con ejecución material, desde el momento en que dicha ejecución puede ser suspendida. En las relatadas condiciones, si en un juicio de amparo indirecto se combate de la Sala responsable la resolución de un recurso de apelación mediante el cual se aprueba el pago de intereses en cantidad cierta, debe concluirse que se trata de un acto ejecutable; por tanto, el Juez de Distrito donde dicho acto deba ejecutarse es el competente para conocer del asunto; sin que obste el que no se hubieren señalado autoridades ejecutoras, ni reclamado los efectos y consecuencias de dicho fallo, ya que como se expuso, la resolución impugnada, por sí, está obligando a que una de las partes del juicio natural pague intereses moratorios en la cantidad fijada en una planilla de liquidación; obligación que necesariamente es ejecutable en el lugar en que reside el Juez de Primera Instancia, y porque siendo susceptible de suspenderse el acto al momento de la promoción de la demanda de garantías, no podría afirmarse que se trata de una resolución sólo declarativa". La transcripción previa clarifica que el punto que dirimió esa contradicción, versó sobre determinar a qué juez le corresponde conocer la ejecución del acto consistente en una resolución recaída a un recurso de apelación interpuesto contra una sentencia interlocutoria dictada por un juez de primera instancia, en la que se aprobó la condena al pago de intereses, con base en la planilla de liquidación fijada en primera instancia por el juez de origen, cuyos efectos implican que una de las partes del juicio natural está obligada a pagar a la otra intereses moratorios. Así, en primer lugar, se estableció que la resolución controvertida no puede calificarse como meramente declarativa, pues lleva inmersa una ejecución material; que por declarativo, de acuerdo a lo señalado por el Diccionario de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas, es aquella determinación que sin mandamiento ejecutivo, proclama la existencia o inexistencia de una relación jurídica, manifestando, proclamando, explicando o aclarando lo ignorado, dudoso o discutido; que por una resolución materialmente ejecutable, se entiende lo que es factible, posible y susceptible de ejecución o realización, aplicándose a la deuda exigible por la vía ejecutiva. Que si de entrada pudiera parecer que siendo el acto reclamado en la demanda de amparo, solo la resolución dictada por una Sala del Tribunal Superior de Justicia en un recurso de apelación, no podría tener una ejecución material porque la Sala responsable no es la que requiere de pago, ni lleva a cabo el embargo respectivo en caso de desacato; lo cierto es que solo en apariencia no la tiene, pero de ninguna manera puede sostenerse que se trata de una resolución declarativa, ya que sí es ejecutable, en la medida en que lo que ese fallo determina es una cantidad que una de las partes en el juicio de origen debe pagar por concepto de intereses moratorios, porque al analizar la legalidad de la planilla de liquidación fijada por el juez de primera instancia, aprobó el pago de intereses en cantidad líquida; y, los efectos inmediatos son el requerimiento de pago, que evidentemente implican una ejecución. Por consiguiente, con independencia de que en el juicio de amparo únicamente se impugne por vicios propios la resolución dictada en segunda instancia, y se señale como responsable a la autoridad que la emitió; o bien, también se señale como autoridad a la ejecutora al juez de primera instancia, reclamando en la demanda los efectos y consecuencias del fallo reclamado; se trata, por ende, de una resolución que lleva inmersa una ejecución material y, por tanto, el juez de Distrito competente para conocer del juicio de amparo indirecto será aquel en cuya jurisdicción deba ejecutarse el acto, y no aquel en cuyo Distrito resida la autoridad que lo emitió. Que si en el incidente de liquidación de intereses ya confirmado se determinó una cantidad cierta a que está obligada a pagar una de las partes del juicio de origen, evidencia la existencia de un procedimiento que tiene ejecución material; y, si ese acto es susceptible de suspenderse con la simple promoción del juicio de amparo, cuyos efectos son precisamente que no se ejecute esa decisión, que se mantengan las cosas en el estado que guardan sin exigir el pago de los intereses, y que de ningún modo se proceda al embargo correspondiente en caso de desacato; entonces, se hace patente que no se trata de una resolución solo declarativa, sino con ejecución material, desde el momento en que dicha ejecución puede ser suspendida. Razonamientos que dieron origen a la jurisprudencia 2a./J. 192/2008, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, enero de 2009, página 606, registro 168187, del texto siguiente: "COMPETENCIA EN AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DE UN RECURSO DE APELACIÓN QUE APRUEBA UNA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DE INTERESES SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RADIQUE EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA QUE DEBA EJECUTAR EL ACTO. Cuando en la demanda de garantías se reclama la resolución recaída a un recurso de apelación que aprueba la planilla de liquidación de intereses moratorios fijada por un Juez de primera instancia, debe considerarse que dicha sentencia lleva inmersa una ejecución material que es susceptible de suspenderse en caso de solicitarse la medida cautelar relativa, siendo sus efectos que el fallo no se ejecute, esto es, que no se obligue al pago de los intereses, debiendo permanecer las cosas en el estado que guardan. En estas condiciones, independientemente de que la Sala responsable no sea la que en su momento requiera el pago ni lleve a cabo el embargo respectivo en caso de desacato, la resolución combatida sí es ejecutable, pues lo que se determina es la cantidad cierta que una de las partes en el juicio natural debe pagar por concepto de intereses moratorios y, por ende, se actualiza el supuesto previsto en el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, que determina que es competente para conocer del juicio de garantías el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado". Los razonamientos que anteceden son aplicables al caso concreto, aun cuando en este juicio de amparo el acto reclamado sea la cancelación de la pensión alimenticia y en la contradicción de tesis el tema versó sobre la planilla de liquidación de intereses. Lo anterior es así, pues en ambos casos se está en el supuesto de que el acto reclamado es una resolución de segunda instancia (en el caso, la resolución de diez de noviembre de dos mil veintiuno, dictada en el toca familiar 275/2020 por la Primera Sala Familiar del Tribunal de Justicia del Estado de Oaxaca); y la resolución conlleva una obligación de hacer (cancelar la pensión alimenticia) que altera y modifica el entorno o esfera jurídica de la ahora quejosa (demandada incidentista en el incidente de cancelación de pensión alimenticia) y no se trata solamente de un pronunciamiento que ocasione que las cosas se mantengan en el estado que conservan y que tampoco requiera de una actuación posterior que la complemente. No es óbice a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 119/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro (registro 167963): "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDO GRADO QUE CONFIRMA LA INTERLOCUTORIA QUE DESECHA UNA EXCEPCIÓN PROCESAL DILATORIA. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA LA AUTORIDAD EMISORA DEL ACTO RECLAMADO". Ello, toda vez que se refiere a la resolución de segundo grado que confirma el desechamiento de una excepción procesal dilatoria, que no implica ejecución, mientras que, en el caso, la resolución controvertida confirma la resolución de primera instancia en que se cancela la pensión alimenticia decretada a favor de la aquí quejosa, lo que implica actos o gestiones de ejecución para la cancelación de esa pensión que le fue fijada a la parte quejosa en el incidente respectivo. De ahí que la resolución reclamada no es simplemente declarativa, sino tiene efectos de ejecución. Ahora, la resolución reclamada se considera que se ejecutará en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, pues en ese lugar tiene su residencia oficial el Juzgado Segundo Familiar del Distrito Judicial de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca (juez natural, autoridad que llevará la ejecución de tal acto), y la cancelación de la pensión alimenticia se realizará en la empresa global "Energy Services México, sociedad anónima de capital variable", la que tiene su domicilio en calle Bugambilia sin número, Fraccionamiento La Riviera, Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, ya que los descuentos realizados con motivo de la pensión alimenticia decretada a favor de la aquí quejosa se realizan por dicha empresa, como se advierte de la sentencia de veinte de febrero de dos mil dieciocho dictada en el expediente familiar 224/2017 del Juzgado Segundo Familiar del Distrito Judicial de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca y del oficio 2136/2018, de veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho. Para mayor apreciación, se insertan las imágenes siguientes: Sentencia: (Puntos resolutivos que interesan) Oficio 2136/2018 de veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho: De ahí que, se insiste, la resolución reclamada en este juicio de amparo a la Primera Sala Familiar del Tribunal de Justicia del Estado de Oaxaca, deberá cumplirse y ejecutarse en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, pues, se reitera, la misma no es de carácter simplemente declarativo, porque en razón de dicha determinación la ahora quejosa quedará restringida del goce de la pensión alimenticia que venía gozando, mismo que le fue fijado, en su momento, en el expediente 224/2017 del Juzgado Segundo Familiar del Distrito Judicial de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, por lo cual será ese órgano jurisdiccional el que llevará los actos o gestiones de ejecución para la cancelación de esa pensión que le fue fijada a la parte quejosa en aquel expediente. De ahí que, se insiste, la ejecución material del fallo confirmatorio tendrá ejecución en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, lugar donde no ejerce jurisdicción este órgano jurisdiccional; por tanto, carece de competencia para conocer de este asunto. Sirve de apoyo, por las razones que la sustentan, la tesis aislada XXI.2o.C.T.31C, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, Novena Época, Materia Común, tomo XXXIII, febrero de 2011, página 2265, registro 162920, del rubro siguiente: "COMPETENCIA DE AMPARO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDE LA AUTORIDAD EJECUTORA QUE REALIZA EL DESCUENTO AL SALARIO DEL DEUDOR ALIMENTARIO, Y NO AL DEL LUGAR DONDE TIENE SU DOMICILIO EL QUEJOSO". Así, la resolución de la Primera Sala Familiar del Tribunal de Justicia del Estado de Oaxaca no puede ser analizada de forma aislada, porque los efectos tienen consecuencias en la diversa resolución dictada en el 224/2017 del Juzgado Segundo Familiar del Distrito Judicial de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. 3.2. Precisiones. No es inadvertido que el Juzgado Sexto de Distrito de Salina Cruz, Oaxaca, interpreta el acto reclamado como declarativo, porque, a su consideración, solo tuvo efectos formales; sin embargo, ello no se sostiene si se tiene en consideración que cuando la autoridad responsable concedió la suspensión del acto reclamado ordenó girar oficio al Juzgado Segundo Familiar del Distrito Judicial de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, para que mantenga las cosas en el estado que guardan y no ejecute la resolución materia de la apelación; por tanto, los efectos de la resolución exceden de lo meramente formal. Sirve de apoyo a la determinación anterior, la similar resolución pronunciada el cuatro de febrero de dos mil veintiuno en el juicio de amparo 81/2021 de la estadística de este Juzgado, en el cual se declinó competencia a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, en turno, con sede en Salina Cruz, por las mismas consideraciones que se aplican en el caso concreto, el cual tocó conocer el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, quien compartió los mismos razonamientos que se expresaron con antelación y aceptó la competencia declinada. 4 Remisión para el conflicto. Por lo que, en razón de que este Juzgado fue el que previno sobre el conocimiento de este asunto, con fundamento en el artículo 37, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se ordena remitir el original de este expediente al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en turno, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común que le presta servicio, para que resuelva lo procedente con relación al conflicto competencial, aquí planteado. Asimismo, se ordena remitir: a) El toca familiar 275/2020 de la estadística de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Oaxaca. b) El expediente familiar 224/2017 del Juzgado Segundo Familiar del Distrito Judicial de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. c) Incidente de cancelación de pensión alimenticia 224/2017 del Juzgado Segundo Familiar del Distrito Judicial de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. d) Dos cuadernos de pruebas de la parte actora y demandada, relativos al incidente de cancelación de pensión alimenticia 224/2017 del Juzgado Segundo Familiar del Distrito Judicial de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. 5. Se hace del conocimiento. Hágase del conocimiento de esta determinación del juez Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, Oaxaca. 6. Cuaderno de antecedentes y vinculación electrónica. Fórmese cuaderno de antecedentes, con las constancias respectivas; asimismo, se instruye a la analista jurídica de esta adscripción haga disponible el expediente electrónico de este juicio de amparo a través de la plataforma del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente; así como el diverso juicio de amparo 81/2021, a fin de que el Tribunal de Alzada correspondiente pueda consultar dichos expediente a través de esa vía. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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