Sugey Avila Pérez

Expediente 983/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
983/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
05/01/2022

Partes del expediente

  • Sugey Avila Pérez
  • Presidente Municipal de Concordia, Sinaloa.

Actuaciones

  1. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, cinco de enero de dos mil veintidós...en razón de que la parte promovente no recurrió el auto de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, por medio del cual se desechó la demanda de amparo, en consecuencia, se declara que el mismo ha causado estado...el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se desechó la demanda de amparo. Notifíquese.

  2. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno. Radicación y creación del expediente. Téngase por recibida la demanda presentada por Sugey Ávila Pérez; fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno relativo; dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 983/2021 e intégrese expediente electrónico. Decisión sobre la instancia constitucional. Del análisis de la demanda de amparo se advierte que el juicio de amparo es improcedente y, por tanto, debe desecharse. El artículo 113 de la Ley de Amparo disponen lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De ello se sigue que el juzgador debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia, a fin de no entorpecer la administración de justicia, y admitir a trámite demandas que, a la postre, resulten improcedentes. En la inteligencia de que "manifiesto" es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, e "indudable", cuando se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Al respecto, es de invocarse la jurisprudencia en materia común I.6o.C. J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Motivo manifiesto e indudable de improcedencia que se actualiza en el particular, en virtud de que, en casos como el presente, el Presidente Municipal y el Tesorero, ambos del Municipio de Concordia, Sinaloa, no actúan con el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, sino de patrón para con la quejosa, y en ese sentido, sus derechos los tendría que hacer valer en una instancia jurisdiccional distinta a la tutela constitucional. A fin de evidenciar lo anterior, es pertinente establecer que los artículos 1º, fracción I y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica, o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)". De lo transcrito se obtiene que la procedencia del juicio de amparo está sujeta al hecho de que los actos u omisiones que se reclamen deben provenir de una autoridad, entendiéndose como tal, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; o bien, omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Calidad que también tendrán los particulares, cuando realicen actos equivalentes a los actos de autoridad, que afecten derechos en los términos de la norma citada, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Como es de verse, para considerar a una autoridad como responsable, el acto que emite debe cumplir con ciertas características, consistentes en: 1. Dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, omitir actuar en determinado sentido. 2. Debe afectar derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas, en forma unilateral y obligatoria. 3. Sus funciones deben estar determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad. Al respecto, resulta aplicable por analogía, la tesis I.13o.T.207 L (10a.) del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible a página1096, Libro 61, Tomo II, correspondiente a diciembre de dos mil dieciocho, en la décima época del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2018679, de contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA CUANDO SE SEÑALAN COMOAUTORIDADES RESPONSABLES A ENTES QUE EN REALIDAD TIENEN EL CARÁCTER DE PATRÓN, AUNQUE SE PLANTEE LA INCONSTITUCIONALIDAD O APLICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA, DESCONCENTRADA Y DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (AHORA CIUDAD DE MÉXICO). Uno de los requisitos indispensables para la procedencia del juicio de amparo es que se señalen a entes o funcionarios de los organismos públicos que actúen con las características de unilateralidad y coercitividad, de manera que si en el amparo indirecto se especifican a ciertos funcionarios como autoridades responsables, pero se deduce que en realidad tienen el carácter de patrón, es decir, que están vinculados con el quejoso por una relación de trabajo, el juicio de amparo indirecto es improcedente, y no es impedimento para considerarlo así, el hecho de que se reclame la inconstitucionalidad o aplicación de los Lineamientos de la Administración Pública Centralizada, Desconcentrada y Delegaciones del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), en atención a que son dos situaciones íntimamente relacionadas (autoridad responsable y acto reclamado), por lo que, al no ser autoridades para los efectos del juicio de amparo, no se actualiza el supuesto de admisión de la demanda, aun cuando se precise que se reclama la inconstitucionalidad de una ley u ordenamiento jurídico." Bajo ese contexto, por autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo debe entenderse, aquel ente de gobierno o particular facultado por una norma legal que puede emitir actos unilaterales a través de los cuales cree, omita, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos juridiciales, es decir, ejercer facultades de decisión reconocidas en la ley, por lo cual constituye una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, lo que se traduce en auténticos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la causa de imperio. Luego, si en el particular, la parte quejosa reclama: La falta de pago de su salario desde el mes de noviembre a la fecha. La falta de reconocimiento de sus derechos adquiridos como trabajadora, como son salario, aguinaldo, seguridad social, cuotas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado. La discriminación de que dice es objeto por falta de pago de su salario, por falta de recursos. Ahora bien, vistos los actos reclamados, no puede considerarse como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues a través de éstos, no se ejerce un poder público que afecte de manera unilateral la esfera jurídica de la justiciable, ya que no crea, modifica o extingue situaciones jurídicas. Por lo que, en el caso sólo se está ante la presencia de un conflicto laboral entre patrón (Presidente Municipal y el Tesorero, ambos del Municipio de Concordia, Sinaloa) y la servidora pública quejosa (trabajadora), relación laboral que se da en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, los actos reclamados quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia I.6º.T. J/28(10ª.), emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo número de registro es 2011343, del tenor literal siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación." Razón por la cual, la aquí promovente deberá substanciar un procedimiento ante el tribunal en materia laboral competente para que éste resuelva el conflicto laboral suscitado entre ella y el Presidente Municipal y el Tesorero, ambos del Municipio de Concordia, Sinaloa, tal como lo dispone el artículo 123, apartado B), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "Art. 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente u´til; al efecto, se promovera´n la creacio´n de empleos y la organizacio´n social de trabajo, conforme a la ley. El Congreso de la Unio´n, sin contravenir a las bases siguientes debera´ expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regira´n: A.- Entre los obreros, jornaleros, empleados dome´sticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo: (.) B.- Entre los Poderes de la Unio´n y sus trabajadores: (.)". Bajo ese contexto, se concluye que la falta de pago de su salario y diversas prestaciones laborales, constituyen una relación laboral sustentada en un contrato; actuación que demuestra un plano de igualdad así como la calidad de trabajadora de la quejosa y la de patrón del Presidente Municipal y el Tesorero, ambos del Municipio de Concordia, Sinaloa. Sin que pase desapercibido lo argumentado por la promovente del amparo, en el sentido de que ha sido objeto de discriminación, puesto que dicho acto lo refiere con relación a los actos que señala como reclamados correspondientes a la falta de pago de salario y diversas prestaciones de carácter laboral. Motivo por el cuál si como se patentizó, ni el Presidente Municipal y el Tesorero, ambos del Municipio de Concordia, Sinaloa, tienen el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo; es que se determine que, resulta notoria e indudable la improcedencia del presente juicio de amparo. Es aplicable por analogía, el precedente sustentado en la contradicción de tesis 56/2021 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dio origen a la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER LA NEGATIVA DEL EMPLEADOR A AUTORIZAR EL RESGUARDO DOMICILIARIO EN FAVOR DEL TRABAJADOR DE INSTITUCIONES DE SALUD PÚBLICA, COMO MEDIDA PREVENTIVA DE CONTAGIO DEL VIRUS SARS-CoV2. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron si el acto reclamado consistente en la negativa del empleador a autorizar el resguardo domiciliario como medida preventiva para evitar el contagio del virus SARS-CoV2, constituye o no un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la negativa del empleador a autorizar el resguardo domiciliario como medida preventiva para evitar el contagio del virus SARS-CoV2, en los casos en que el quejoso argumenta tratarse de un trabajador de una institución de salud pública, ubicado en una situación de vulnerabilidad, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Justificación: Si bien es cierto que la mencionada medida de resguardo constituye una de las prácticas que el Gobierno Federal instrumentó, dirigidas a los sectores público, social y privado a efecto de prevenir, mitigar y controlar el contagio derivado del virus SARS-CoV2, su naturaleza es laboral, en virtud de que se encuentra orientada a garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en sus centros de trabajo. Por tanto, la negativa del empleador a autorizar el resguardo domiciliario, como medida de prevención de contagio, carece del carácter de acto de autoridad en los términos previstos por los artículos 1o., fracción I, y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, en virtud de que constituye un acto generado a partir del vínculo jurídico que existe entre el empleador y el trabajador, es decir, se ubica dentro de una relación de coordinación, de modo que el patrón no actúa con facultades de imperio, sino como sujeto dentro de una relación de trabajo, por lo que su cumplimiento es exigible en los términos de la legislación laboral correspondiente." Por tanto, al actualizarse de manera notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículo 1º., fracción I y 5º., fracción II, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 del citado ordenamiento legal, lo que procede es desechar de plano la presente demanda de amparo. Cabe precisar que no pasa inadvertido para el suscrito que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado por el quejoso y con las pruebas que se anexan, y por ende no es la actuación procesal oportuna para determinar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; sin embargo, hay casos de excepción a dicha regla general, cuando existe jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter cuando actúa como patrón, para efectos de la procedencia del juicio de amparo; circunstancia que en la especie aconteció como se advierte de los precedentes referidos con antelación. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, en la tesis PC.III.L. J/5 L (10a), consultable a página 1224, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo II, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro digital: 2007580, del rubro y texto: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada, la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; ahora bien, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como podrían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando ello no se oponga a la legislación vigente, acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, en virtud de que sería suficiente aplicar el criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la ley citada, lo que debe ser incuestionable y de obvia constatación, para lograr certidumbre de que el caso de improcedencia no podría llegar a modificarse con los elementos que aportaran las partes al procedimiento." III. Quejoso. a) Autorizado. Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a José Antonio Valdés Valenzuela, en razón a que de la certificación de cuenta se advierte que su cédula profesional se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único para Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. b). Autorización de notificaciones y consulta de expediente electrónico. Como lo solicita el promovente, con fundamento en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se autoriza para recibir notificaciones y consultar expediente vía electrónica relativas al presente juicio de amparo con nombre de usuario "Valenzuela27". IV. Comunicación no procesal. Asimismo, se toma conocimiento de que el promovente proporciona el correo electrónico jesusvaldes_@hotmail.com, a fin de entablar comunicaciones no procesales, en términos del artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19. En consecuencia, se comisiona al Secretario actuante, para que realice la autorización respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de los usuarios mencionados. V. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. VI. Medida de mitigación de riesgos. En el entendido de que subsisten las medidas de mitigación del riesgo para el personal de este órgano jurisdiccional y de las partes, que en su caso, se hayan adoptado durante la contingencia, así como las medidas especiales de operatividad relativas a la habilitación actuarial de notificaciones por correo electrónico a las autoridades responsables y comunicación telefónica, siempre y cuando no depare perjuicios procesales. VII. Se exhorta a las partes a hacer uso del juicio en línea. Con fundamento en el artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que hagan uso del juicio en línea, por medio del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea), para presentar futuras promociones, acceder al expediente electrónico y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio; lo anterior previa solicitud de autorización que se trate. Asimismo, se conmina a las partes a que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones. VIII. Habilitación de comunicación telefónica a la actuaría. Además, en el caso de que se ordene una notificación personal, se autoriza a la actuaria que corresponda, para entablar comunicación a través de los medios de comunicación que tenga a su alcance [correo electrónico o vía telefónica], con el fin de coordinar la diligencia de notificación personal en un día y hora específico. Diligencia que se atenderá con las medidas sanitarias que prevalecen en el país, con motivo de la declaración de estado de emergencia por la epidemia originada por el virus causante del COVID-19. Lo anterior a fin de mitigar el riesgo al personal de este órgano jurisdiccional y de las partes y únicamente por el periodo que dure la citada contingencia. IX. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 68 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníquese a las partes que al hacerse pública la sentencia que se dicte en el presente asunto, se testará la información que de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita sea considerada como reservada o confidencial. Notifíquese en términos de Ley y dentro del plazo legal. Así lo acuerda y firma Isaí López Triana, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, ante Cesáreo Barba Pérez, secretario que autoriza y da fe.

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