Sugeidy Guadalupe Fuentes Rosado
Expediente 1426/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 6 actuaciones registradas, la última del 24 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1426/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 24/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · Yucatán
Partes del expediente
- Sugeidy Guadalupe Fuentes Rosado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. QUEDA FIRME SENTENCIA. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierten que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, en relación con el 81, fracción l, inciso e), de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo haber causado perjuicio la resolución constitucional dictada en este juicio de amparo, la hubiera recurrido. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que la expresada resolución que SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. CRITERIO DE VALORACIÓN. A fin de determinar el criterio de valoración aplicable al presente juicio de amparo, se atenderá lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, tal y como se expondrá a continuación: EXPEDIENTE PRINCIPAL. Es destruible, pues se sobreseyó en el presente juicio; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los tres años a que se refiere el artículo 20, fracción I. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Es destruible conforme el artículo 20, fracción III, toda vez que se negó la suspensión definitiva respecto de todos los actos reclamados, lo que podrá hacerse una vez transcurridos tres años. SELLO DE VALORACIÓN. Conforme a lo anterior, en términos del artículo 34 del acuerdo antes referido, la leyenda relativa a la valoración del expediente deberá constar mediante sello en la carátula del expediente. NOTIFÍQUESE.
- Principal
(...) V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 1426/2023 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por ********************, contra el acto que reclamaron del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, con residencia en esta ciudad. (...) QUINTO. Causas de improcedencia La improcedencia es un concepto que se relaciona con la falta de oportunidad, fundamento o derecho de un acto jurídico, o bien, con la falta de pertinencia, admisibilidad u oportunidad de un acto o pretensión. En cumplimiento a lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, este Órgano de Control Constitucional considera que en el presente juicio de amparo se actualiza la causa de improcedencia atinente a la cesación de efectos del acto reclamado. En efecto, la cesación de efectos es una causa de improcedencia que tiene su asidero en los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, de acuerdo a los cuales, tratándose de actos positivos, el juicio de amparo será improcedente cuando la autoridad responsable revoque el acto reclamado en el juicio de amparo mediante una resolución posterior, de tal manera que la situación jurídica del quejoso sea igual a aquella que tenía antes de la emisión de ese acto, como si hubiese obtenido la protección constitucional; mientras que en caso de omisiones, surgirá la causa de improcedencia al momento en que la autoridad responsable cumple con la obligación de actuar que le impone la ley. De ahí que, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, para estimar que el acto ha cesado sus efectos, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma incondicional. Lo anterior es así, porque al cesar los efectos del acto de autoridad reclamado, las cosas deben volver al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada como lo dispone el invocado artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, ya que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por la concesión de la protección de la Justicia Federal. Por otra parte, respecto a los actos de carácter negativo, como las omisiones, sus efectos deben considerarse que han cesado cuando las responsables actúan en el sentido de respetar el derecho de que se trate y cumplen lo que la misma exige, verbigracia el derecho de petición y acceso efectivo a la administración de justicia, previstos en los artículos 8º y 17 de la Constitución respectivamente. Apoya lo considerado, la jurisprudencia 2a./J. 9/98 de rubro y texto siguiente: (.) Establecidas esas premisas, se considera actualizada la referida causa de improcedencia, ya que la parte quejosa indicó como acto reclamado a la autoridad responsable, la omisión de acordar respecto de la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes en autos del juicio reclamatorio laboral ***, de las cuales la autoridad responsable se reservó a proveer en la audiencia de pruebas, alegatos y resolución celebrada el dieciocho de abril del presente año; sin embargo, de las constancias allegadas por la responsable se obtiene que posterior a la presentación de la demanda de amparo (uno de junio del año en curso), esto es, el quince de junio del año en curso, la responsable acordó el escrito de la aquí quejosa, el cual se notificó a las partes el diecinueve y veinte de junio de dos mil veintitrés. En ese sentido, se advierte que han cesado los efectos de la dilación procesal que constituyó el acto reclamado, ya que la responsable se ha pronunciado respecto la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio de origen, con lo cual desapareció la posible afectación al derecho humano de pronta impartición de justicia. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, debe sobreseerse en el juicio de amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es del tenor siguiente: (.) Al decretarse el sobreseimiento en este juicio constitucional, no procede analizar los conceptos de violación alegados por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda. Lo anterior, encuentra sustento en el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en la tesis de jurisprudencia número II.3o. J/58, consultable en la página 57, Tomo 70, Octubre de 1993, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." La presente resolución se emite a pesar de que no haya transcurrido el plazo de ocho días que otorga el artículo 117 de la Ley Amparo a las partes, para imponerse del contenido del informe con justificación rendido por la responsable; pues en el caso existe una causa de improcedencia manifiesta e indudable, sin que exista prueba en contrario que pueda desvirtuar tal improcedencia. Por lo antes expuesto y fundado, con fundamento en los artículos 63, 74 y 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, contra el acto que reclamaron del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, con residencia en esta ciudad; por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por el Consejero Jurídico, en su carácter de representante del Gobernador del Estado de Yucatán, con el que interpone recurso de revisión en contra de la sentencia firmada el nueve de junio de dos mil veintitrés por el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz, al cual adjunta su diverso escrito de expresión de agravios. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, entréguese copia del citado oficio de revisión y de expresión de agravios a partes restantes. Una vez que esté debidamente integrado y notificado, remítase el el referido oficio de expresión de agravios y la copia que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimocuarto Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, para lo que esa Superioridad estime procedente acordar. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
- Incidental
Vistos, para resolver, los autos del incidente de suspensión 1426/2023, promovido por********************, contra actos del Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, con residencia en esta ciudad. (...) CUARTO. Análisis de la procedencia de la suspensión definitiva. Estudio de la suspensión definitiva. En principio, cabe referir que la suspensión en el juicio de amparo constituye una medida cautelar especial, su objeto principal es mantener la materia del juicio, evitar daños irreparables a las partes, y en algunos casos, restituir provisionalmente al quejoso en el goce del derecho que alega se vulneró con el acto de autoridad. Su fuente constitucional es el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyos principios son desarrollados por la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el caso, los requisitos que deben analizarse para determinar la procedencia de la medida cautelar son los siguientes: 1. Que expresamente la solicite el quejoso; 2. Que haya certidumbre sobre la existencia del acto cuya suspensión se solicita; 3. Que el acto reclamado sea susceptible de suspensión; 4. No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, conforme al artículo 129 de la Ley de Amparo; 5. Llevarse a cabo un análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho, y 6. Cumplidos los requisitos precisados, el órgano jurisdiccional podrá conceder la suspensión sujetándola, en su caso, al otorgamiento de la garantía prevista en el artículo 132 de la ley citada. Es aplicable la jurisprudencia, de P./J. 19/2020 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto: "SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. LA ACREDITACIÓN DE DAÑOS Y/O PERJUICIOS DE DIFÍCIL REPARACIÓN CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO NO ES UN REQUISITO PARA QUE SE OTORGUE CUANDO EL QUEJOSO ALEGA TENER INTERÉS JURÍDICO" Siguiendo esa metodología, se estudiará si en el caso se reúnen los mencionados requisitos para conceder la suspensión a la parte quejosa. Expresamente la solicite el quejoso. Este requisito se encuentra colmado. En efecto, de las constancias que integran este sumario incidental, se advierte que********************, pidió la protección constitucional, respecto de los actos reclamados al Secretario de Seguridad Pública de Estado, con residencia en esta ciudad. Existencia del acto cuya suspensión se solicita. Por lo que hace al segundo de los requisitos anteriormente precisados, de igual forma se cumple, toda vez que se advierte la existencia de los actos cuya suspensión se solicita, como quedó demostrado en el considerando tercero. Que el acto reclamado sea susceptible de suspensión. El artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal dispone que para conceder la suspensión se deberá tomar en cuenta la naturaleza del acto reclamado y sus consecuencias, de lo que se deriva la obligación de verificar si el acto es susceptible de suspenderse. Para lo anterior, debe tomarse en cuenta la clasificación que de los actos reclamados elaborado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (actos consumados, negativos, futuros e inciertos, etcétera) así como la determinación sobre si resultan susceptibles de admitir suspensión. En el presente asunto, el acto reclamado, consistente en la omisión de acordar el escrito de la parte quejosa, no es susceptible de suspenderse porque no constituye un acto de ejecución irreparable. En efecto, si bien la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la naturaleza omisiva de los actos reclamados no es relevante para determinar automáticamente la improcedencia de la medida cautelar, lo cierto es que se advierte que el acto reclamado no se trata de una omisión de ejecución irreparable que amerite una tutela anticipada como lo dispone el artículo 147 de la Ley de Amparo. En efecto, los efectos restitutorios a que hace alusión el indicado numeral permiten que la persona alcance transitoriamente un beneficio que puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo. En el caso particular, el suscrito considera que no es procedente la suspensión definitiva solicitada, pues se reclama la transgresión al derecho de la impartición de justicia, por lo que de concederse la suspensión, los efectos harán nugatorios una eventual concesión del amparo. En efecto, si con motivo de la medida cautelar se ordenara a la autoridad responsable que acuerde respecto de la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes en autos del juicio reclamatorio laboral ********************, ello extinguiría los efectos del acto reclamado y restituiría en forma permanente el derecho transgredido, lo que desnaturalizaría el juicio de amparo, dejando sin materia el mismo. Además, a través de su informe justificado, la responsable podrá exponer las razones y fundamentos que permitan al juzgador de la sentencia definitiva emitir un fallo conforme al artículo 17 constitucional, lo cual no es materia de la suspensión. Máxime que la omisión reclamada no tiene como consecuencia directa la transgresión de un derecho subjetivos delos enmarcados en la Constitución Federal o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis PC.IV.A.1 K (10a.) sustentada por el Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 80, Noviembre de 2020, Tomo II, visible a página 1843, del rubro y texto siguientes: (.) Por lo expuesto y considerado, con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo, se establece el siguiente punto resolutivo y este Juez, R E S U E L V E: ÚNICO. SE NIEGA a********************, la suspensión definitiva que solicitó respecto del acto reclamado a la autoridad responsable Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en el último considerando de esta interlocutoria. NOTIFÍQUESE.
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