Suemy Patricia Sosa Barbudo

Expediente 794/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
794/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
13/05/2022

Partes del expediente

  • Suemy Patricia Sosa Barbudo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, trece de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan estos autos, se acuerda: agréguese a los mismos para los efectos legales correspondientes, el sobre de cuenta que contiene el oficio 13025/2022-V-B, dirigido al Secretario de Salud del Gobierno de México, con sede en la Ciudad de México, devuelto por el Servicio Postal Mexicano. Sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento, toda vez que por proveído de veintidós de abril del año en curso causó estado el auto por medio del cual se sobreseyó el presente juicio de amparo fuera de audiencia y se ordenó el archivo del mismo. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las nueve horas con nueve minutos del veintiocho de abril de dos mil veintidós, estando en audiencia pública el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria con quien actúa, autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo. Abierta la audiencia de ley, la Secretaria hace constar la inasistencia de las partes. Acto continuo, hace una relación de todas y cada una de las constancias que se encuentran integradas al juicio de amparo en que se actúa, y da cuenta con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, mismos que se pusieron a la vista con conocimiento de las partes. Seguidamente, el Juez acuerda: téngase por hecha la relación secretarial y por rendidos en tiempo y forma los aludidos informes justificados de las responsables. ABIERTO EL PERÍODO DE PRUEBAS, la Secretaria da cuenta al Juez con la prueba documental, presuncional e instrumental de actuaciones ofrecidas por la parte quejosa en su escrito de demanda; asimismo, con las constancias remitidas por la autoridad responsable con su informe justificado. A lo que el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas de referencia, mismas que quedan desahogadas por su propia y especial naturaleza. Con ello, se declara CERRADO ESTE PERÍODO. Por otra parte, ABIERTO EL PERÍODO DE ALEGATOS, la Secretaria da cuenta con las manifestaciones efectuadas por la parte quejosa en su escrito con número de registro 2451 y hace constar que las demás partes no hicieron uso de ese derecho. A lo que el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por formulados los alegatos de la parte quejosa, los cuales podrán ser tomados en consideración al resolverse el presente asunto. Con lo anterior, se declara CERRADO EL PERIODO DE ALEGATOS. Seguidamente, no habiendo diligencias por desahogar, ni pedimento de la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, el Juez declara visto el expediente y procede a dictar la siguiente resolución. VISTO, para resolver el juicio de amparo 2496/2021-V-A, promovido por ANTONINO ALMAZÁN ARTEAGA, en contra del acto que reclama del Delegado Estatal en Yucatán del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad y otras autoridades; R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado el día veintiocho de diciembre siguiente, compareció ANTONINO ALMAZÁN ARTEAGA, a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclamó del Delegado Estatal en Yucatán del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad, Director en Jefe y Director General de Registro y Control Documental ambos del Registro Agrario Nacional con sede en la Ciudad de México. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por acuerdo de veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, se admitió la demanda, la que quedó registrada con el número 2496/2021-V-A; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a las autoridades responsables sus correspondientes informes justificados; asimismo, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en la ciudad de Mérida, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 de la Ley de Amparo, 49 y 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Fijación de la litis constitucional. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, como de las constancias remitidas por la autoridad responsable con su informe justificado, se tiene que la parte quejosa reclama: - La omisión de resolver, en el ámbito de sus atribuciones, la solicitud de trámite 31190004743, relativa a la adopción del dominio pleno de la parcela 688 Z1 P1 / 3, ubicada en el ejido Progreso, municipio del mismo nombre, en el Estado de Yucatán y expedir el título correspondiente. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables Delegado Estatal del Registro Agrario Nacional en Yucatán, con sede en esta ciudad; así como al Director en Jefe y Director General de Registro y Control Documental ambos del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, no obstante lo hubiesen negado al rendir sus correspondientes informes justificados; ya que de su contenido se desprende que realizan manifestaciones que evidencian la certeza del acto. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, Tomo XIV-julio, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo y texto indica: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTO. Inexistencia de causas de improcedencia. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la ley de la materia, por lo que procede efectuar el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Al respecto, tiene aplicación la Jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. Resultan fundados los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, motivo por el cual deberá concedérsele la protección de la justicia federal que solicita. Para llegar a tal conclusión es menester establecer que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza que cualquier persona pueda acudir ante los tribunales y que éstos le administren justicia pronta y expedita, pues los conflictos que surjan entre los gobernados deben ser resueltos por un órgano del Estado facultado para ello, ante la prohibición de que los particulares se hagan justicia por sí mismos. Igualmente debe considerarse que la reserva de la ley en virtud de la cual el citado precepto constitucional señala que la justicia se administrará en los plazos y términos que fijen las leyes, no debe interpretarse en el sentido de que se otorga al legislador la facultad para reglamentar el derecho a la justicia de manera discrecional sino que, con esta reglamentación, debe perseguir la consecución de sus fines, los que no se logran si entre el ejercicio del derecho y su obtención se establecen trabas o etapas previas no previstas en el texto constitucional. Ahora bien, de los artículos 51, 52 y 81 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, se desprende que el procedimiento registral inicia con la solicitud de trámite que se presente en las Delegaciones o Centros de Atención y que, con el número de entrada progresivo, fecha y hora, tendrá efectos probatorios para establecer el orden de prelación. Asimismo, se establece que los registradores con base en la función de calificación, examinarán bajo su responsabilidad, cada uno de los documentos y actos jurídicos que en ellos consten, para determinar si los mismos reúnen los requisitos de forma y fondo exigidos por la normativa que los rija, a fin de garantizar el principio de legalidad, debiendo cerciorarse de que no se ha presentado con anterioridad documento alguno que contenga actos susceptibles de inscripción, que se opongan al que se solicita. De igual manera, señalan que la calificación puede ser positiva o negativa y deberá producirse en un plazo que no excederá de sesenta días naturales, contados a partir de la fecha de presentación de la documentación de que se trate; siendo positiva cuando resuelva autorizar la inscripción solicitada, y negativa cuando resuelva denegar el servicio registral. Por otra parte, disponen que el Registro expedirá, conforme a lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley, certificados parcelarios y de derechos sobre tierras de uso común, así como los títulos de propiedad de origen parcelario, de solar urbano, y el de colonias agrícolas o ganaderas que, conforme a las disposiciones aplicables, hayan adoptado el dominio pleno. En este orden de ideas, si de las constancias que obran en autos, se advierte que de la fecha de presentación ante la Oficialía de Partes de la Delegación en la entidad del Registro Agrario Nacional, de la correspondiente solicitud (veintinueve de mayo de dos mil diecinueve), a la fecha en que se promovió la demanda (veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno), ya había transcurrido más de dos años y seis meses, ello significa que ha excedido el término a que alude el numeral 52 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, sin que se pronuncie en relación a la solicitud 31190004743, así como la expedición y entrega del título de propiedad parcelario correspondiente. Por lo que es incuestionable que las citadas autoridades responsables, conculcan con tal proceder en perjuicio de la parte quejosa, su derecho consagrado en el artículo 17 Constitucional, pues incumplió con la función registral que le está encomendada, dentro del plazo de sesenta días naturales que prevé el aludido precepto legal. Por consiguiente, se CONCEDE la protección constitucional instada, para el efecto que las autoridades responsables Delegado Estatal en Yucatán del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad; así como el Director en Jefe y Director General de Control Documental ambos del Registro Agrario Nacional con sede en la Ciudad de México, realicen dentro del ámbito de sus funciones y atribuciones, las gestiones necesarias, a fin de que de inmediato se concluya el procedimiento relativo y en breve término, sea puesto a disposición el documento respectivo al promovente, de no existir inconveniente legal alguno debidamente justificado, caso en el cual, de actualizarse este último supuesto, bastará con que se determine por parte de la responsable dicho impedimento para tener por cumplida la sentencia, ya que la denegación de justicia materia de la litis se habrá dejado sin efectos y resarcido a la parte quejosa en el goce del derecho violado, al resolverse en forma definitiva el procedimiento administrativo de referencia, el cual en ningún momento dentro de los argumentos vertidos en esta ejecutoria se ha sostenido que se pronuncien en determinado sentido. SEXTO. Oposición a la publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R E S U E L V E PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ANTONINO ALMAZÁN ARTEAGA, en contra de los actos que reclamó del Delegado Estatal en Yucatán del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad; así como del Director en Jefe y Director General de Registro y Control Documental, ambos del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, por los motivos y para los efectos precisados en el considerando quinto de esta resolución. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    ELECTR.Mérida, Yucatán, veintidós de abril de dos mil veintidós Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia firmada el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia en cuyo primer resolutivo se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, es menester señalar que mediante proveído de once de abril del año en curso, se tuvo por recibido el oficio del Magistrado Instructor de la Primera Ponencia de la Sala Regional Peninsular, con sede en esta ciudad, mediante el cual, refirió dar cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio constitucional. Sin embargo, como se ha visto, es en esta propia fecha en la que está adquiriendo firmeza la sentencia de amparo, por lo que es en este momento procesal en el que se debe dar cabal cumplimiento a la misma. En ese sentido, si lo proveído por la responsable aconteció cuando la resolución de que se trata no había causado ejecutoria, y por tanto, no era vinculatoria, deberá dejar insubsistentes dichas actuaciones, para todos los efectos legales conducentes. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis VI.2o.P.12 K (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo III, Materia(s): Común, Página: 2575 y Registro: 2018471, que dice: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. SI NO HA CAUSADO EJECUTORIA Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE DICTA UNA RESOLUCIÓN PARA DARLE CUMPLIMIENTO, ÉSTA DEBE DEJARSE INSUBSISTENTE. El artículo 192 de la Ley de Amparo establece el procedimiento de cumplimiento de las sentencias en amparo indirecto, y señala que será "cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo" a partir de que el órgano jurisdiccional requerirá a la responsable el cumplimiento del fallo, por lo que no hay duda de que el legislador introdujo la condicionante de que dicho requerimiento estaría precedido de la declaratoria de firmeza, pues si ello no fuera relevante, el texto de la norma sería distinto. Lo anterior tiene sentido en la medida en que considerar válido el hecho de que las responsables pudieran acatar el fallo en cualquier momento posterior a su emisión, equivaldría a privar de un derecho legalmente otorgado a las partes y dejarlas en estado de indefensión, al no permitírseles ser escuchadas a través del recurso correspondiente. Por ende, si la sentencia de la que emana el medio de impugnación que se resuelve, causa ejecutoria únicamente por la correspondiente declaración judicial, y ésta sólo puede darse una vez que se resuelva el recurso respectivo, sólo a partir de ese momento puede exigirse su cumplimiento y, concomitantemente, atenderse al cumplimiento que dé la autoridad responsable. Así, mientras no exista ese pronunciamiento, no deja de ser una resolución que, si bien define una litis, no tiene fuerza legal, esto es, no ha alcanzado el valor de cosa juzgada, por estar sujeta a la resolución del recurso que se interpuso en su contra, debido a que aún se halla en situación de expectativa, y hasta que no cause ejecutoria, no es ni imperativa ni obligatoria para las partes, por lo que el cumplimiento anticipado no puede considerarse legal, porque hacerlo implicaría reconocer valor a una resolución emitida en vía de cumplimiento a una sentencia no vinculatoria y, a la par, dejar a la voluntad de la autoridad responsable la procedencia del medio de impugnación ordinario; por tanto, si la autoridad responsable dictó una resolución para cumplir una sentencia de amparo indirecto que no ha causado ejecutoria, ésta debe dejarse insubsistente". En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevéngase a la autoridad responsable Magistrado Instructor de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, para que cumpla cabalmente con la ejecutoria de mérito, restituyendo a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales violados, como lo dispone el artículo 77, fracción I del propio ordenamiento legal, lo que deberá informar a este Juzgado dentro del plazo de tres días. Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, dentro del plazo concedido, se le impondrá una multa de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, con cero centavos, moneda nacional), equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, ocho de abril de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta que antecede, se acuerda: agréguese el escrito presentado por la vía electrónica, mediante el uso de la FIREL de ********************, Director General Jurídico de lo Contencioso del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB), con sede en la Ciudad de México, mediante el cual, en representación de dicho Instituto responsable, interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el catorce de febrero de dos mil veintidós. En consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, córrase traslado a la parte quejosa, así como a la agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado, con la entrega de una copia simple del escrito de agravios. Una vez hecho lo anterior, envíese vía interconexión el aludido recurso, así como las constancias digitalizadas que conforman el presente juicio en que se actúa, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, en turno, del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, para lo que esa Superioridad estime procedente resolver al respecto. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la parte quejosa, así como a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Rosa Margarita Alcocer Díaz, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe.

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