Suelem Elizabeth Ortega Valenzuela

Expediente 854/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
854/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
10/11/2023

Partes del expediente

  • Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Ciudad de México
  • Suelem Elizabeth Ortega Valenzuela

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase recibido y agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio 10862/2023 remitido vía interconexión y firmado electrónicamente por el Actuario Judicial del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosegundo Circuito, con sede en Culiacán, a través del cual hace del conocimiento que dicho órgano colegiado admitió a trámite el conflicto competencial suscitado entre este juzgado federal y el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa, con asiento en Culiacán, para conocer de la demanda de amparo indirecto promovida por ******************** y otros.

  2. Principal

    Téngase recibido el oficio 38434, signado autógrafamente por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, a través del cual informa que el titular de dicho órgano jurisdiccional no aceptó la competencia declinada por este juzgado, al aducir que la resolución reclamada no requiere a ejecución material y por ende es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. No obstante, quien esto provee reitera la determinación judicial dictada el tres de octubre del año en curso, en el sentido de que este órgano jurisdiccional carece de competencia para conocer del presente juicio en razón de territorio, toda vez que la ejecución material de la resolución combatida, tiene lugar en el domicilio que ocupa el ********************, con sede en Culiacán, Sinaloa y, por tanto, es competente para conocer de la demanda de amparo el Juez de Distrito en el Estado de Sinaloa, que ejerza jurisdicción sobre dicha localidad. De igual manera, quien esto provee reitera la determinación judicial dictada el tres de octubre del presente año, en el sentido de que este órgano jurisdiccional carecer de competencia legal para conocer de la presente demanda en razón del territorio, por las siguientes razones: Los artículos 107, fracción VII, Constitucional y 37 de la Ley de Amparo, que en materia de competencia por razón de territorio, establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Ahora bien, del contenido de los citados preceptos se desprenden tres hipótesis en torno a la competencia territorial de los jueces de Distrito, respecto del conocimiento de un juicio de amparo, las que para una mejor comprensión se detallan a continuación: La primera, dispone que cuando conforme a las prescripciones de la ley de la materia sean competentes los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. Lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión, por su índole, requiere de ejecución. La segunda, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz a la primera, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un Distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro; entonces, cualquiera de los jueces federales de esas jurisdicciones ante el que se presente la demanda, esto es, el que haya prevenido en el conocimiento del asunto, será el competente para conocer de la demanda de amparo. En el tercer supuesto, se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Las reglas descritas permiten determinar a qué juez de Distrito le corresponde la competencia para conocer de un determinado asunto, atendiendo al hecho de que el acto requiera o no una ejecución material, lo que se traduce en competencia territorial, pero en atención a los efectos de ejecución material del acto reclamado o la inejecución material del mismo. Así, para determinar la competencia en el asunto sometido a escrutinio constitucional de este juzgado de Distrito, hay que atender tres aspectos: Primero, verificar si el acto reclamado tiene o no ejecución material. Segundo, de ser afirmativo lo anterior, el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Tercero, si el acto no requiere ejecución material, atender al lugar donde se haya presentado la demanda. En la especie, del contenido integral de la demanda de amparo a estudio se advierte que los promoventes reclaman lo siguiente: La resolución dictada el veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, dentro del expediente administrativo ********************, integrado con motivo de la solicitud consistente en la reparación integral del daño solicitada por acciones realizadas por violaciones a los derechos humanos, cometidos por autoridades federales (personal médico adscrito al Hospital General Regional número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Culiacán, Sinaloa), en agravio de su hijo recién nacido fallecido identificado con la clave victimal VRN61, acreditada y reconocida dentro de la recomendación ********************, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en fecha veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho. Asimismo, señaló como autoridades responsables las que continuación se transcriben: AUTORIDADES RESPONSABLES: -COMISIONADO DE LA COMISÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS, CIUDAD DE MÉXICO. -CÓMITE INTERDICIPLINARIO EVALUADOR (CIE) DE LA CEAV, CIUDAD DE MÉXICO. -TITULAR DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTREGRAL EN SINALOA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS, CULIACÁN, SINALOA. Ante tal circunstancia, los actos reclamados son de aquellos de los que tienen ejecución material; razón por la cual, se estima que la demanda planteada actualiza la primera hipótesis a que se contrae el artículo 37 de la Ley de Amparo, y por tanto, la competencia para conocer del juicio de amparo debe establecerse tomando en consideración la jurisdicción en donde habrán de tener ejecución los actos reclamados, es decir, aquél en donde la parte quejosa habrá de resentir materialmente la ejecución de los actos reclamados y sus efectos. Se expone tal aserto, en virtud de que, en la resolución combatida, esto es, la dictada el veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, dentro del expediente administrativo ********************, la Comisionada Ejecutiva de Atención a Víctimas, residente en la Ciudad de México, decretó la reparación integral del daño en favor de los aquí quejosos, por haberse acreditado la violación a los derechos humanos, por incumplimiento del Estado con la obligación de disponibilidad, accesibilidad y calidad en el otorgamiento del servicio médico proporcionado en el ********************, con sede en Culiacán, Sinaloa, en agravio de su hijo recién nacido fallecido identificado con la clave victimal VRN61, acreditada y reconocida dentro de la recomendación ********************, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho. Consecuentemente, la ejecución material de la resolución combatida, tiene lugar en el domicilio que ocupa el ********************, con sede en Culiacán, Sinaloa, que es donde habrá de presentarse la documentación requerida a fin de llevar a cabo el pago de las cantidades correspondientes a la reparación integral del daño, al resultarle el carácter de responsable dentro del procedimiento administrativo del que deriva la resolución reclamada, por lo que resulta competente para conocer del presente asunto el Juez de Distrito en el Estado de Sinaloa, que ejerza jurisdicción sobre dicha localidad, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo. Además, debe tomarse en consideración que los peticionarios radican en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, según se desprende de las documentales que acompañaron como medios de convicción, dentro de las cuales destaca su credencial para votar y comprobante de domicilio, a las cuales se les confiere valor indiciario conforme a lo previsto en los artículos 133, 188, 203 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, además de así haberlo manifestado en el libelo de demanda de cuenta. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia PC.XVI.A. J/23 A (10a.) emitida por el Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, visible en la página 1397 del tomo II, libro 63, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2019174, Décima Época, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADA LA QUEJA POR DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO DE NULIDAD QUE CONDENÓ AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO A CUANTIFICAR LA PENSIÓN CON LOS INCREMENTOS RESPECTIVOS. CORRESPONDE AL JUEZ EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO." De ahí que se insista en no aceptar la competencia para conocer de este sumario en los términos sostenidos en acuerdo de cinco de julio de dos mil veintitrés. Así, en razón de lo anteriormente expuesto, resulta procedente remitir electrónicamente las actuaciones originales del presente juicio de amparo, mediante oficio al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Culiacán, a efecto de que dicho superior resuelva lo conducente sobre el conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en dicha ciudad capital y este juzgado de distrito. Además, brinda apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y su Gaceta, de la Novena Época, Materia Común, Tomo II, página veintiséis, la cual se aplica en lo conducente y que textualmente dice: "COMPETENCIA EN AMPARO ENTRE TRIBUNALES UNITARIOS O JUECES DE DISTRITO. COMO DIRIMIR EL CONFLICTO POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO.- Conforme al artículo 37, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, son competentes los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer de los conflictos de competencia que se susciten en los juicios de amparo, ya sea entre Tribunales Unitarios de Circuito o entre jueces de Distrito, debiéndose añadir que si los contendientes tienen distinta especialidad por materia o pertenecen a distinta jurisdicción, conocerá el Tribunal Colegiado en turno que tenga la misma especialidad por materia del que previno, si son de la misma jurisdicción, o el Tribunal Colegiado en turno que tenga jurisdicción sobre el órgano que previno, si son de distinta jurisdicción, independientemente de la materia de especialización de los órganos judiciales, conforme al sistema expresamente señalado en la nueva ley, sin que pueda interpretarse que esa decisión corresponde a la Suprema Corte, pues es clara intención del legislador desahogarla de un gran número de conflictos de carácter secundario para que se dedique a su misión fundamental de ser guardián supremo del orden constitucional, independientemente de que el artículo 52, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo que otorga competencia a la Suprema Corte para resolver algunos conflictos competenciales quedó derogado por la disposición antes mencionada en los términos del artículo tercero transitorio de la Ley Orgánica citada." Así como, por identidad, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y su Gaceta, de la Novena Época, Materia Común, Tomo XXVIII, página doscientos setenta y cuatro, que a la letra dice: "CONTROVERSIAS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO POR RAZÓN DE TURNO. COMO CUESTIÓN LEGAL, ATAÑEN A LA COMPETENCIA Y SON SUSCEPTIBLES DE RESOLVERSE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 48 BIS DE LA LEY DE AMPARO.- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 66/2002, de rubro: "CONTROVERSIAS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO POR LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS QUE REGULAN EL TURNO DE ASUNTOS RELACIONADOS SEGÚN EL ACUERDO GENERAL 23/2002 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. NO GENERAN POR SÍ MISMAS UN CONFLICTO DE COMPETENCIA LEGAL.", sostuvo que un conflicto competencial se actualiza en la medida en que los órganos contendientes fijen su postura en razón de su atribución legal para conocer del asunto por razón de materia, grado, vía o territorio, pero no puede generarse por cuestiones de turno. No obstante, dicha jurisprudencia debe modificarse en virtud de que el Poder Judicial de la Federación ha presentado un crecimiento ordenado de los órganos jurisdiccionales, que ha permitido la existencia de varios Tribunales Colegiados de Circuito investidos de la misma competencia por grado, materia y territorio, por lo que el turno ha debido regularse conforme al artículo 81, fracción XXIV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, mediante disposiciones administrativas contenidas en los Acuerdos Generales del Consejo de la Judicatura Federal, como forma de distribución de la labor jurisdiccional entre los distintos tribunales que tienen igual circunscripción territorial y materia de competencia, cuya aplicación puede, en el ámbito jurisdiccional, originar conflictos competenciales. En consecuencia, el turno de los asuntos, como cuestión legal, atañe necesariamente a la competencia, de ahí que los conflictos que se susciten por esa razón son susceptibles de resolverse en términos del artículo 48 Bis de la Ley de Amparo." Con apoyo en el tercer párrafo del artículo 52 de la Ley de Amparo, lo antes acordado hágase del conocimiento de la juez oficiante para que exponga ante la superioridad lo que estime conveniente y, como lo solicita, acúsese el recibo correspondiente. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado Juan Antonio Gutiérrez Gaytán, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, asistido de la secretaria de juzgado, licenciada Miriam Suheid Flores Osuna, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Téngase recibido el correo electrónico enviado a través de la cuenta del Sistema Automatizado de Turno (SIAT) al que se acompaña la papeleta de turno al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, la demanda de amparo; en atención a su contenido, únicamente, se ordena agregar al sumario en que se actúa para que surta los efectos legales conducentes.

  4. Principal

    RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase recibida la demanda de amparo firmada autógrafamente por Suelem Elizabeth Ortega Valenzuela y Jorge Luis Ahumada Cabrera, por su propio derecho y en representación de su menor hija R.A.O., contra actos del Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), con sede en Ciudad de México, y otras autoridades, por violación a diversos preceptos constitucionales, el juez acuerda: SISTEMA ELECTRÓNICO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós, concluyó el esquema establecido en los acuerdos generales emitidos con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus COVID 19; e inicia la era de la E.Justicia o Justicia Digital; también, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los órganos jurisdiccionales deben garantizar la integridad del expediente electrónico, por lo que deja de tener validez el expediente físico para contener únicamente los documentos que se presenten por esta vía, lo que se deberá considerar para la integración o continuación del expediente en que se actúa, y de ser el caso en los incidentes que deriven del mismo; también destaca de la normativa anterior que se cuenta con un plazo de seis meses para que la Dirección de Gestión Judicial, en coordinación con las Tecnologías de la Información y Estrategia y Transformación Digital, realicen los ajustes correspondientes que garanticen la implementación del citado acuerdo, conforme a lo que disponen sus Tercero y Décimo Tercero transitorios. De igual forma, conforme a lo dispuesto en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se adopta como eje rector de este juzgado su actividad desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación conforme a las disposiciones de éste, en relación con el diverso 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. REGISTRO DE LA DEMANDA. Con fundamento en lo previsto en los artículos 3°, 20 y 21 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 22 del Acuerdo General 12/2020, previamente citado, fórmese expediente electrónico, y el correspondiente principal físico, regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); así también, radíquese con el número 854/2023. INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 21 al 26 Ter, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al Secretario o Secretaria encargada del asunto, para que dé fe de que el expediente electrónico se integre en los términos dispuestos en la normativa previamente indicada. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente al electrónico, así también, al personal de Oficialía de Partes por lo que a su intervención en dicha integración corresponde. INCOMPETENCIA POR TERRITORIO El suscrito estima carecer de competencia legal para conocer de la presente demanda en razón del territorio, por las siguientes razones: Los artículos 107, fracción VII, Constitucional y 37 de la Ley de Amparo, que en materia de competencia por razón de territorio, establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Ahora bien, del contenido de los citados preceptos se desprenden tres hipótesis en torno a la competencia territorial de los jueces de Distrito, respecto del conocimiento de un juicio de amparo, las que para una mejor comprensión se detallan a continuación: La primera, dispone que cuando conforme a las prescripciones de la ley de la materia sean competentes los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. Lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión, por su índole, requiere de ejecución. La segunda, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz a la primera, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un Distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro; entonces, cualquiera de los jueces federales de esas jurisdicciones ante el que se presente la demanda, esto es, el que haya prevenido en el conocimiento del asunto, será el competente para conocer de la demanda de amparo. En el tercer supuesto, se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Las reglas descritas permiten determinar a qué juez de Distrito le corresponde la competencia para conocer de un determinado asunto, atendiendo al hecho de que el acto requiera o no una ejecución material, lo que se traduce en competencia territorial, pero en atención a los efectos de ejecución material del acto reclamado o la inejecución material del mismo. Así, para determinar la competencia en el asunto sometido a escrutinio constitucional de este juzgado de Distrito, hay que atender tres aspectos: Primero, verificar si el acto reclamado tiene o no ejecución material. Segundo, de ser afirmativo lo anterior, el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Tercero, si el acto no requiere ejecución material, atender al lugar donde se haya presentado la demanda. En la especie, del contenido integral de la demanda de amparo a estudio se advierte que los promoventes reclaman lo siguiente: La resolución dictada el veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, dentro del expediente administrativo CEAV/CIE/0475/2019, integrado con motivo de la solicitud consistente en la reparación integral del daño solicitada por acciones realizadas por violaciones a los derechos humanos, cometidos por autoridades federales (personal médico adscrito al Hospital General Regional número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Culiacán, Sinaloa), en agravio de su hijo recién nacido fallecido identificado con la clave victimal VRN61, acreditada y reconocida dentro de la recomendación 61/2018, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en fecha veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho. Asimismo, señaló como autoridades responsables las que continuación se transcriben: AUTORIDADES RESPONSABLES: -COMISIONADO DE LA COMISÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS, CIUDAD DE MÉXICO. -CÓMITE INTERDICIPLINARIO EVALUADOR (CIE) DE LA CEAV, CIUDAD DE MÉXICO. -TITULAR DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTREGRAL EN SINALOA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS, CULIACÁN, SINALOA. Ante tal circunstancia, los actos reclamados son de aquellos de los que tienen ejecución material; razón por la cual, se estima que la demanda planteada actualiza la primera hipótesis a que se contrae el artículo 37 de la Ley de Amparo, y por tanto, la competencia para conocer del juicio de amparo debe establecerse tomando en consideración la jurisdicción en donde habrán de tener ejecución los actos reclamados, es decir, aquél en donde la parte quejosa habrá de resentir materialmente la ejecución de los actos reclamados y sus efectos. Se expone tal aserto, en virtud de que, en la resolución combatida, esto es, la dictada el veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, dentro del expediente administrativo CEAV/CIE/0475/2019, la Comisionada Ejecutiva de Atención a Víctimas, residente en la Ciudad de México, decretó la reparación integral del daño en favor de los aquí quejosos, por haberse acreditado la violación a los derechos humanos, por incumplimiento del Estado con la obligación de disponibilidad, accesibilidad y calidad en el otorgamiento del servicio médico proporcionado en el Hospital Regional Número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Culiacán, Sinaloa, en agravio de su hijo recién nacido fallecido identificado con la clave victimal VRN61, acreditada y reconocida dentro de la recomendación 61/2018, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho. Consecuentemente, la ejecución material de la resolución combatida, tiene lugar en el domicilio que ocupa el Hospital Regional Número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Culiacán, Sinaloa, que es donde habrá de presentarse la documentación requerida a fin de llevar a cabo el pago de las cantidades correspondientes a la reparación integral del daño, al resultarle el carácter de responsable dentro del procedimiento administrativo del que deriva la resolución reclamada, por lo que resulta competente para conocer del presente asunto el Juez de Distrito en el Estado de Sinaloa, que ejerza jurisdicción sobre dicha localidad, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo. Además, debe tomarse en consideración que los peticionarios radican en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, según se desprende de las documentales que acompañaron como medios de convicción, dentro de las cuales destaca su credencial para votar y comprobante de domicilio, a las cuales se les confiere valor indiciario conforme a lo previsto en los artículos 133, 188, 203 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, además de así haberlo manifestado en el libelo de demanda de cuenta. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia PC.XVI.A. J/23 A (10a.) emitida por el Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, visible en la página 1397 del tomo II, libro 63, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2019174, Décima Época, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADA LA QUEJA POR DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO DE NULIDAD QUE CONDENÓ AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO A CUANTIFICAR LA PENSIÓN CON LOS INCREMENTOS RESPECTIVOS. CORRESPONDE AL JUEZ EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO." En tales condiciones, de conformidad con el arábigo 48 de la ley de la materia, ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL SE DECLARA LEGALMENTE INCOMPETENTE para conocer del presente asunto promovido por Suelem Elizabeth Ortega Valenzuela y Jorge Luis Ahumada Cabrera, por su propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales R.A.O. En consecuencia, se ordena remitir el original, copias de la demanda de amparo que se provee y anexos, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en la Ciudad de Culiacán, para que realice el turno correspondiente, a fin de que el juzgado en turno determine si acepta o no el conocimiento del presente asunto, en términos del citado artículo 48 de la ley de la materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Con apoyo en el ordinal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Valle Plateado número 15025, fraccionamiento Valle Bonito, de esta ciudad, código postal 82136, Con apoyo en el ordinal 12 de la Ley de Amparo, se le tiene señalando como autorizado en los términos amplios al licenciado Erick Daniel Jarero López, quien tiene su cedula profesional 12326455, reconocida en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, y únicamente para oír y recibir notificaciones a María Isabel Salinas Valenzuela, por no contar con dicho requisito registrado en el sistema antes descrito. Por otro, como lo solicitan los promoventes, con fundamento en los artículo 3 de la Ley de Amparo, 55, 58 y 66 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del propio Consejo, se le autoriza para recibir notificaciones vía electrónica, con el usuario "CEDRICK80", así como la consulta vía internet del expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo; en consecuencia, se comisiona a la oficial judicial encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para que realicen las gestiones necesarias para tales efectos. Asimismo, se le tiene señalando el correo electrónico cedrick80@gmail.com, únicamente para comunicaciones no procesales. Lo anterior será aplicable para el expediente en que se actúa, así también para los diversos cuadernos incidentales que en su caso deriven del mismo. COMUNICACIONES NO PROCESALES. Con fundamento en lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre del dos mil veintidós, se exhorta a las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, ya sea vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio. AUTORIZACIÓN PARA LA FIRMA DE OFICIOS. Se autoriza al actuario a firmar los oficios que deriven de la tramitación de este asunto. NOTIFÍQUESE ELECTRONICAMENTE A LOS PROMOVENTES.

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