Suci Esmeralda Gómez Carranza

Expediente 1651/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 13 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1651/2019
Año
2019
Actuaciones
13
Última actuación
27/06/2022

Partes del expediente

  • Suci Esmeralda Gómez Carranza
  • Suci Esmeralda Gómez Carranza y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintisiete de junio de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos y la certificación secretarial de cuenta, se desprende que la parte quejosa y tercero interesado no realizaron manifestación alguna respecto del cumplimiento dado por la responsable; por tanto, este órgano de control constitucional se pronuncia con relación a dicho cumplimiento, por ser de orden público y análisis oficioso. Señalado lo anterior, el que aquí resuelve considera necesario realizar un análisis bajo los lineamientos que se expondrán en apartados subsecuentes. I. Efectos de la sentencia de amparo. De las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte que mediante sentencia de veintiocho de febrero de dos mil veinte; se concedió la protección constitucional a la parte quejosa, para efecto de que el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero: "Emita el acuerdo completo a los escritos de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho y tres de julio de dos mil diecinueve, en los que solicitó, haber efectivos los apercibimientos decretados en autos de veintidós de noviembre de dos mil diecisiete y catorce de diciembre de dos mil dieciocho, autorizar el embargo propiedad del demandado, para garantizar al pago del laudo. Así como emplear mecanismos para logar el cumplimiento del mismo, requerir al demandado pida una ampliación del presupuesto para hacer el pago del laudo o en su caso hacer efectiva la responsabilidad política a que hace mención el artículo 146 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Guerrero, requerir el cumplimiento del laudo y apercibir con multas que prevé el artículo 95 de la Ley 51, aplicando la multa máxima de 500 días de salario mínimo. Finalmente, en caso de incumplimiento al cubrir la indemnización y finiquito fincar la responsabilidad política, así como proveer ante el Congreso del Estado de Guerrero, sobre la revocación del mandato del Presidente Municipal y Síndico Procurador demandados, y finalmente dar vista al Ministerio Público por la posible comisión de los delito de obstrucción a la impartición de justicia y los que resulten del Código Penal del estado de Guerrero." El diecisiete de mayo de dos mil veintidós, se declaró ejecutoriada la sentencia emitida en autos, y se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. II. Trámites de la responsable. La Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, por oficio 4160/2022 de veinte de mayo de dos mil veintidós remitió copia autorizada del auto de la misma fecha, emitido en el juicio laboral 735/2012, en el que acordó en su totalidad los escritos presentados por la parte actora los días dieciséis de octubre de dos mil dieciocho y tres de julio de dos mil diecinueve. III. Vista y notificaciones. Mediante proveído de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesada con el oficio antes descrito para que en el término de tres días manifestaran lo que a sus intereses legales convinieran, apercibidas que de no hacer manifestación alguna respecto del cumplimiento dado a la sentencia dictada en este asunto, este Juzgado acordaría lo que en derecho procediera. Tal acuerdo, se notificó a la parte quejosa el veinticinco de mayo de dos mil veintidós y al tercero interesado se giró el oficio 13224/2022. IV. Verificación del cumplimiento. La autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, toda vez que, en proveído veinte de mayo de dos mil veintidós acordó en su totalidad los escritos de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho y tres de julio de dos mil diecinueve como se expondrá en los párrafos siguientes: Respecto de su petición de hacer efectivos los apercibimientos decretados en autos de veintidós de noviembre de dos mil diecisiete y catorce de diciembre de dos mil dieciocho, le precisó que se estuviera a lo acordado en los diversos actos que se han emitido, respecto a dichos requerimientos; y respecto de autorizar el embargo propiedad del demandado para garantizar el pago, le acordó no favorable su petición toda vez que la Ley 51 del Estado en ninguna de sus partes establece como medida el embargo de bienes propiedad del demandado para el pago del laudo y el artículo 186 de la Constitucional Local tiene establecida una prohibición sobre dicho embargo. Luego, respecto de su petición de emplear los mecanismos necesarios para lograr el cumplimiento del mismo, requerir al demandado pida una ampliación del presupuesto para hacer el pago del laudo o en su caso hacer efectiva la responsabilidad política a que hace mención el artículo 146 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Guerrero, requerir el cumplimiento del laudo y apercibir con multas que prevé el artículo 95 de la Ley 51, aplicando la multa máxima de 500 días de salario mínimo; acordó lo siguiente: que la ampliación del presupuesto es una de las acciones que debe implementar el ayuntamiento actuando en pleno, que es una determinación que el propio ayuntamiento debe tomar, que si bien dicho tribunal tiene la obligación de requerirlo y apercibirlo; sin embargo las acciones que emprenda el demandado para lograr el cumplimiento del laudo, son decisiones particulares, y respecto a la medida máxima de multa, señaló que aplica de manera paulatina el incremento a a las multas, es decir inicio con multa de 200 días y así sucesivamente ira incrementando hasta llegar a la máxima de 500 días, como lo establece el artículo 95 de la Ley invocada. Por otra parte, respecto a su petición de que en caso de incumplimiento de la parte demandada se cubra la indemnización y finiquito, resaltó que en auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno se señaló fecha para la reinstalación de la parte actora, por lo que no existe pronunciamiento respecto a una indemnización sobre finar responsabilidad política, toda vez que no tiene establecida dicha medida de apremio la Ley 51 del Estado, por lo que resulta improcedente su petición. Finalmente, respecto a proveer ante el Congreso del Estado sobre la revocación de mandato del Presidente municipal Síndico Procurador, así como dar vista al Ministerio Público sobre la posible comisión de los delito de obstrucción a la impartición de justicia le acordó que dicho tribunal no tiene facultades para llevar a cabo dichas acciones y que es una facultad unilateral de todo ciudadano que considera afectados sus derechos políticos y de la segunda, corresponde al ciudadano en particular de considerar que se ha cometido algún delito, para acudir ante el Congreso del Estado a interponer la revocación de mandato en contra de quien considere o apersonarse ante el ministerio público a hacer valer la denuncia correspondiente, dejando a salvo sus derechos para hacerlos valer en la instancia que corresponde; colmando con ello, los efectos precisados en la sentencia de diecinueve de abril de dos mil veintidós. V. Conclusión. En virtud de lo expuesto en apartados precedentes, se DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE MÉRITO, sin existir exceso o defecto en el cumplimiento; consecuentemente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto. No pasa desapercibido que no obra la constancia de notificación del oficio 13224/2022, dirigido al tercero interesado Ayuntamiento Municipal Constitucional de Atlixtac, Guerrero, mediante el cual se dio vista con el cumplimiento dado por la responsable, sin embargo, no le causa perjuicio la presente determinación. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 18, fracción I, inciso b), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DEPURABLE, toda vez que se concedió la protección de la justicia federal. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario José Francisco Herrera García, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, remite copia autorizada del auto de veinte de mayo del año en curso emitido en el expediente laboral 735/2012, en cumplimiento a la ejecutoria emitida en autos. En tales circunstancias, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes quejosa y tercera interesada por el término de tres días, contados a partir al en que les surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, corriéndoles traslado con copia de las constancias que acreditan el cumplimiento al fallo protector; en la inteligencia de que transcurrido dicho plazo, con el desahogo de la vista o sin él, este juzgado de amparo se pronunciará sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa y por oficio al tercero interesado. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jesús Humberto Muñoz Escoto, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubieran recurrido la sentencia de veintiocho de febrero de dos mil veinte; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, en términos del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que AMPARA Y PROTEGE ha causado EJECUTORIA; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la actual Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero; para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, remita copias certificadas que denoten el cumplimiento de la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, que la obligan a: "Emita el acuerdo completo a los escritos de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho y tres de julio de dos mil diecinueve, en los que solicitó, haber efectivos los apercibimientos decretados en autos de veintidós de noviembre de dos mil diecisiete y catorce de diciembre de dos mil dieciocho, autorizar el embargo propiedad del demandado, para garantizar al pago del laudo. Así como emplear mecanismos para logar el cumplimiento del mismo, requerir al demandado pida una ampliación del presupuesto para hacer el pago del laudo o en su caso hacer efectiva la responsabilidad política a que hace mención el artículo 146 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Guerrero, requerir el cumplimiento del laudo y apercibir con multas que prevé el artículo 95 de la Ley 51, aplicando la multa máxima de 500 días de salario mínimo. Finalmente, en caso de incumplimiento al cubrir la indemnización y finiquito fincar la responsabilidad política, así como proveer ante el Congreso del Estado de Guerrero, sobre la revocación del mandato del Presidente Municipal y Síndico Procurador demandados, y finalmente dar vista al Ministerio Público por la posible comisión de los delito de obstrucción a la impartición de justicia y los que resulten del Código Penal del estado de Guerrero." Hecho lo anterior, de inmediato deberá informar a este juzgado y, remitir las constancias correspondientes, sin necesidad de un ulterior requerimiento. Conforme a lo anterior, se apercibe a Miriam Cortés Cisneros, en su carácter de Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, que de no dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 238, 258 y 192, de la Ley de Amparo, que asciende a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional), y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10ª), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto y rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. (Décima Época. Registro: 2007918. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I. Materia(s): Común Tesis: P./J. 54/2014 (10a.) Página: 19) Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aun en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jesús Humberto Muñoz Escoto, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, once de mayo de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta signado por por la Jueza Mixto de Paz del Municipio de ********************, Guerrero, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el despacho ********************origen********************, de nuestro índice ordenado en auto de seis de abril de dos mil veintidós a efecto de notificar la sentencia de veintiocho de febrero de dos mil veinte al tercero interesado Ayuntamiento Municipal Constitucional de ********************, Guerrero; por tanto dese de baja del libro de comunicaciones oficiales. Ahora, de las constancias que remite la autoridad oficiante se advierte que la sentencia emitida en autos fue debidamente notificada el veintinueve de abril de dos mil veintidós; por tanto una vez que transcurra el termino previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo acuérdese lo que en derecho corresponde. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jesús Humberto Muñoz Escoto, que autoriza y da fe.

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