Subsecretario de Seguridad Publica Estatal Penitenciaria En Mexicali
Expediente 1155/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1155/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 29/10/2019
Partes del expediente
- Jorge Luis Lopez Gonzalez
- Subsecretario de Seguridad Publica Estatal Penitenciaria En Mexicali
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintinueve de octubre de dos mil diecinueve. Constancia actuarial. Vista la constancia actuarial de cuenta, de la que se advierte que el quejoso se desiste del juicio de amparo en el que se actúa. No presentada. En ese tenor, tomando en cuenta que a la fecha no se ha admitido la demanda de amparo, y considerando la existencia de voluntad expresa del promovente de tener por concluido el presente asunto; por tanto, con apoyo en el penúltimo párrafo, del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo. Se deja sin efectos la prevención formulada. En razón de lo anterior, se hace del conocimiento del promovente que se deja sin efectos el requerimiento de dos de octubre de dos mil diecinueve. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Tijuana, Baja California, veinticinco de octubre de dos mil diecinueve. Escrito de desistimiento. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta presentado por la Defensora Pública Federal que patrocina al quejoso; en atención a su contenido, téngansele informando que al entrevistarse con el promovente de amparo Jorge Luis López González le manifestó que no es su deseo continuar con el trámite del presente juicio de amparo. Por tanto, túrnense los autos a cualquiera de los actuarios de la adscripción, a fin de que requieran al quejoso de referencia para que al momento de la notificación del presente proveído, manifieste si es su deseo desistirse de este controvertido constitucional, apercibido que de no hacerlo así, se continuará el trámite del presente asunto. Apoya a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 119/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época, Tomo XXIV, Agosto de 2006, página: 295, que a la letra dice: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando "se tenga por desistido al agraviado en términos de ley", para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio". Y, la diversa jurisprudencia 2a./J. 82/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 32, Julio 2016, Tomo I, página 462, con número de registro 2012059, que a continuación se transcribe: "DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN DE AMPARO. SUS CONSECUENCIAS. El desistimiento de la acción de amparo consiste en la declaración de voluntad del quejoso de no proseguir con el juicio, el cual, debidamente ratificado, conlleva emitir una resolución con la que finaliza la instancia de amparo, independientemente de la etapa en que se encuentre (desde el inicio del juicio hasta antes de que cause ejecutoria la sentencia que se dicte) y sin necesidad de examinar los conceptos de violación o, en su caso, los agravios." Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Tijuana, Baja California, dieciséis de octubre de dos mil diecinueve. Designa Defensor Público Federal. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio suscrito por el Titular de la Delegación Tijuana, Baja California del Instituto Federal de Defensoría Pública, mediante el cual, designa a la licenciada Oralia Valenzuela Miranda Defensora Pública Federal adscrita a esa Delegación, a fin de que brinde el servicio de defensa y asesoría al quejoso Jorge Luis López González. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 1o. y 14 Constitucionales, y en términos de los artículos 1o., 2o., 4o., fracción I y 6o., fracciones I a IV, de la Ley Federal de Defensoría Pública, resulta procedente dar vista con la totalidad de las actuaciones que conforman el presente juicio de amparo, a la Defensora Pública Federal señalada en el párrafo que antecede, para que vigile la representación legal de los intereses del quejoso en el presente asunto, debiendo emprender las acciones conducentes para evitar dejar al directamente agraviado en estado de indefensión, pese a que las mismas deban ser examinadas de oficio por el juzgador de amparo, al tratarse de una cuestión de orden público. Lo anterior, acorde a los lineamientos previstos en los artículos 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, instituido en el Estado Mexicano a través del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia XXIV.2o. J/2 (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 41, Abril de 2017, Tomo II, Décima Época, página: 1616 "PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD, PROVISIONAL O DEFINITIVAMENTE. ATENTO A QUE CONFORMA UN GRUPO VULNERABLE POR SU CONDICIÓN DE INTERNO, SI PROMUEVE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y DE SU DEMANDA NO SE ADVIERTE QUE HAYA SEÑALADO UN ABOGADO QUE LA REPRESENTE, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ASIGNARLE UN DEFENSOR PÚBLICO PARA QUE LA ASESORE ADECUADAMENTE Y SE POTENCIALICE SU DERECHO HUMANO A UNA DEFENSA ADECUADA, YA QUE OMITIRLO ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO HA DE PRIVILEGIARSE EL EXAMEN DE LA DECISIÓN DE FONDO, AL TRAER CONSIGO MAYOR BENEFICIO AL QUEJOSO. El recurso efectivo fue instituido en una disposición internacional desde la aprobación del artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el ámbito interamericano también se estableció como derecho humano en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Acorde con esa regulación, el recurso efectivo tiene una naturaleza dual, en tanto que constituye un instrumento (aspecto procesal o formal) para lograr que se examine, de fondo, la cuestión efectivamente planteada (aspecto sustantivo), fin último de dicha garantía. En el Estado Mexicano, el juicio de amparo goza de esa categoría, según se ha definido en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.) y 2a./J. 12/2016 (10a.), de títulos y subtítulos: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL." y "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL JUICIO DE AMPARO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS DE EFICACIA E IDONEIDAD A LA LUZ DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.", respectivamente, para precisar, por regla general, lo concerniente a la vulneración o no de derechos humanos. Proceso de amparo donde deben respetarse las formalidades esenciales del procedimiento, tuteladas por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde está inmersa la de otorgar al quejoso la oportunidad de ejercer una adecuada defensa. Desde esta perspectiva, cuando una persona privada de la libertad personal (de forma provisional -sujeta a proceso- o definitiva -sentenciada-), acude al juicio de amparo indirecto y de su demanda no se advierte que haya señalado un abogado que la represente, atento a que conforma un grupo vulnerable, puesto que la calidad de interno en un centro de reclusión significa que está impedido para enfrentar, al menos directamente, las etapas que se suscitan en el juicio constitucional, con fundamento en los artículos 1, 2, 4, fracción I y 6o., fracciones I a IV, de la Ley Federal de Defensoría Pública, desde que inicia el juicio, el Juez de Distrito debe designarle un defensor público para que la asesore, ya que acorde con lo establecido por este Tribunal Colegiado de Circuito en la tesis de jurisprudencia XXIV.2o. J/1 (10a.), de título y subtítulo: "FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA PENAL, AUN CUANDO DICHO ACTO RECLAMADO PROVENGA DE UNA AUTORIDAD FORMALMENTE ADMINISTRATIVA (PENITENCIARIA) Y CON INDEPENDENCIA DE QUE EL INTERNO TENGA LA CALIDAD DE PROCESADO O SENTENCIADO.", todos los actos que tienen injerencia en personas privadas de la libertad personal quedan comprendidos en la materia penal, pese a que provengan de una autoridad formalmente administrativa (penitenciaria). Luego, con esa designación, se potencializa su eficacia de derecho humano a una defensa adecuada, mediante un recurso efectivo, por lo que omitir dicho nombramiento actualiza una violación a las leyes del procedimiento que amerita su reposición, y debe ser advertido por el Tribunal Colegiado de Circuito al resolver el recurso de revisión, sin tomar en cuenta la parte que lo interponga, por tratarse, la designación, de una formalidad esencial que debe ser llevada a cabo dentro del procedimiento por el juzgador de amparo. Ello, con excepción de que, deba privilegiarse el estudio del fondo del asunto por encima de dicha transgresión procedimental, por representar un mayor beneficio jurídico para el quejoso". En consecuencia, túrnense los autos a cualquiera de los Actuarios de la adscripción, a fin de que se sirvan notificar en forma personal el contenido del presente proveído a la licenciada Oralia Valenzuela Miranda, quien puede ser localizada en el domicilio que para tal efecto el funcionario de referencia proporciona en su oficio de cuenta. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Tijuana, Baja California, once de octubre de dos mil diecinueve. Designación de defensor. Vista la certificación secretarial de cuenta de la que se advierte que transcurrió el término de tres días otorgado al quejoso mediante proveído de dos de octubre pasado para que nombrara un defensor que represente, sin que a la fecha lo hubiere hecho. En consecuencia, toda vez que el agraviado se encuentra privado de la libertad y que de autos no se aprecia que haya designado a alguien que lo patrocine en este juicio, a fin de salvaguardar sus derechos y no dejar al peticionario del amparo en estado de indefensión, con fundamento en el artículo 30, fracción IV, in fine, de las Nuevas Bases Generales de Organización y Funcionamiento del Instituto Federal de Defensoría Pública, en relación con lo dispuesto en el diverso numeral 15, fracción VI, de la Ley Federal de Defensoría Pública, gírese oficio al Titular de la Delegación Baja California del Instituto Federal de Defensoría Pública, con sede en esta ciudad, anexando copia simple de la demanda, con la finalidad que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, asigne al quejoso un defensor público, a fin de que adquiera una representación jurídica capacitada para enfrentar las diversas situaciones que se le presenten en el juicio, en razón a las condiciones restrictivas de libertad en las que se encuentra. Se invoca como apoyo la tesis de Jurisprudencia XXIV.2o. J/2 (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, publicada en la página 1616, Libro 41, Abril de 2017, tomo II de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro electrónico 2014075, de rubro siguiente: "PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD, PROVISIONAL O DEFINITIVAMENTE. ATENTO A QUE CONFORMA UN GRUPO VULNERABLE POR SU CONDICIÓN DE INTERNO, SI PROMUEVE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y DE SU DEMANDA NO SE ADVIERTE QUE HAYA SEÑALADO UN ABOGADO QUE LA REPRESENTE, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ASIGNARLE UN DEFENSOR PÚBLICO PARA QUE LA ASESORE ADECUADAMENTE Y SE POTENCIALICE SU DERECHO HUMANO A UNA DEFENSA ADECUADA, YA QUE OMITIRLO ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO HA DE PRIVILEGIARSE EL EXAMEN DE LA DECISIÓN DE FONDO, AL TRAER CONSIGO MAYOR BENEFICIO AL QUEJOSO.". Notifíquese en términos de ley.
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