Subsecretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán
Expediente 170/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 170/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 13/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Subsecretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán
- Fernando Augusto Valdés Alvarado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Mérida, Yucatán, trece de marzo de dos mil diecinueve. Atento a lo informado por la Secretaría en la cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión contra auto de quince de febrero de dos mil diecinueve, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo, se declara que aquel acuerdo HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, aun cuando en estos autos se sobreseyó por desistimiento en el presente juicio de amparo, toda vez que por acuerdo de ocho de febrero de dos mil diecinueve, por lo que respecta a los actos que consistieron en la detención, malos tratos e incomunicación que se adujo sufría el aquí directo quejoso, se concedió de oficio la suspensión de plano, para que cesaran de inmediato dichos actos, en consecuencia, este asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción III del artículo vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, por lo que de acuerdo a las instrucciones de las nuevas disposiciones relacionadas con la destrucción depuración y transferencia de expedientes, aplicables a partir del martes veintinueve de enero de dos mil trece, en relación al punto número uno, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la observación de que el presente expediente es susceptible de depuración, pero debiendo conservarse únicamente el acuerdo relativo al otorgamiento de la suspensión de plano. En consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que el mismo carece de relevancia. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, quince de febrero de dos mil diecinueve. Vista la razón de cuenta que antecede y toda vez que del contenido del acta secretarial de esta propia fecha, de la que se aprecia que el directo quejoso Fernando Augusto Valdés Alvarado, compareció voluntariamente a fin de ratificar el escrito presentado el ocho de febrero del año en curso, en el que se desiste de la prosecución del presente juicio de amparo 170/2019, por así convenir a sus intereses y con todas las consecuencias legales que ello implica; por tanto, con apoyo en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, SE SOBRESEE en el presente juicio. En virtud de lo anterior, déjese sin efectos la audiencia constitucional señalada para las once horas con diez minutos del siete de marzo de dos mil diecinueve. Apoya la anterior determinación, por similitud de razón, la jurisprudencia 2ª/J. 33/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el tomo XI, del mes de abril del año dos mil, página 147, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, cuyo rubro y texto es el siguiente: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia."
- Principal
Mérida, Yucatán, catorce de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese a estos autos para que obre como corresponda, el informe justificado rendido por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, autoridad responsable, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, póngase el referido informe, a la vista de las partes, para el ejercicio de sus derechos si así lo estimaren pertinente. Ahora bien, toda vez que del informe de cuenta se desprende que la detención reclamada por el directo quejoso Fernando Augusto Valdés Alvarado, derivó de una sanción administrativa consistente en un arresto de veinticuatro horas, que le fue impuesto el siete de febrero de dos mil diecinueve, por el Director Jurídico de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Yucatán. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo, se requiere al quejoso Fernando Augusto Valdés Alvarado, para que dentro del término legal establecido en el artículo 17 de la ley de amparo, manifieste por escrito si señala como acto reclamado la sanción administrativa consistente en un arresto de veinticuatro horas, que le fue impuesto el siete de febrero del año en curso, por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán y como autoridad responsable al nombrado Director, con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna al respecto dentro del término concedido para ello, el presente asunto se resolverá únicamente por lo que respecta a los actos reclamados y autoridades señalados inicialmente en su demanda. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J. 112/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, Tomo XVIII, Diciembre de 2003, Novena Época, Materia Común visible a página 93 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA. De la interpretación teleológica del primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo se advierte que el legislador estableció una facultad discrecional en favor del Juez de Distrito para ordenar que se realice personalmente una notificación; sin embargo, la notificación que se ordene durante la sustanciación del juicio de garantías únicamente procederá cuando se trate de determinaciones de importancia y trascendencia para la correcta integración de la litis constitucional, cuyo objetivo principal será no dejar en estado de indefensión a alguna de las partes, en tanto que todo rigorismo técnico estará subordinado a la observancia del fin supremo de impartir justicia, sobre todo en materia de juicios de amparo que, a diferencia de los del orden común, antes de los intereses recíprocos de las partes o de rigorismos procesales que obstaculicen el acceso a la defensa de los derechos constitucionales está la tutela de las garantías fundamentales del gobernado. En congruencia con lo antes expuesto, cuando al rendirse el informe justificado el Juez de Distrito advierta la participación de autoridades no señaladas como responsables por el quejoso, deberá notificarle personalmente el contenido de dicho informe, e igualmente prevenirlo para que aclare o amplíe su demanda, pues de lo contrario incurrirá en violación a las normas del procedimiento, la que en todo caso será corregida por el tribunal revisor al ordenar su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada. Notifíquese y personalmente al quejoso. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.
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AVSO ...Mérida, Yucatán, catorce de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese a estos autos para que obre como corresponda, el informe justificado rendido por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, autoridad responsable, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, póngase el referido informe, a la vista de las partes, para el ejercicio de sus derechos si así lo estimaren pertinente. Ahora bien, toda vez que del informe de cuenta se desprende que la detención reclamada por el directo quejoso Fernando Augusto Valdés Alvarado, derivó de una sanción administrativa consistente en un arresto de veinticuatro horas, que le fue impuesto el siete de febrero de dos mil diecinueve, por el Director Jurídico de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Yucatán. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo, se requiere al quejoso Fernando Augusto Valdés Alvarado, para que dentro del término legal establecido en el artículo 17 de la ley de amparo, manifieste por escrito si señala como acto reclamado la sanción administrativa consistente en un arresto de veinticuatro horas, que le fue impuesto el siete de febrero del año en curso, por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán y como autoridad responsable al nombrado Director, con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna al respecto dentro del término concedido para ello, el presente asunto se resolverá únicamente por lo que respecta a los actos reclamados y autoridades señalados inicialmente en su demanda. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J. 112/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, Tomo XVIII, Diciembre de 2003, Novena Época, Materia Común visible a página 93 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA. De la interpretación teleológica del primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo se advierte que el legislador estableció una facultad discrecional en favor del Juez de Distrito para ordenar que se realice personalmente una notificación; sin embargo, la notificación que se ordene durante la sustanciación del juicio de garantías únicamente procederá cuando se trate de determinaciones de importancia y trascendencia para la correcta integración de la litis constitucional, cuyo objetivo principal será no dejar en estado de indefensión a alguna de las partes, en tanto que todo rigorismo técnico estará subordinado a la observancia del fin supremo de impartir justicia, sobre todo en materia de juicios de amparo que, a diferencia de los del orden común, antes de los intereses recíprocos de las partes o de rigorismos procesales que obstaculicen el acceso a la defensa de los derechos constitucionales está la tutela de las garantías fundamentales del gobernado. En congruencia con lo antes expuesto, cuando al rendirse el informe justificado el Juez de Distrito advierta la participación de autoridades no señaladas como responsables por el quejoso, deberá notificarle personalmente el contenido de dicho informe, e igualmente prevenirlo para que aclare o amplíe su demanda, pues de lo contrario incurrirá en violación a las normas del procedimiento, la que en todo caso será corregida por el tribunal revisor al ordenar su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada. Notifíquese y personalmente al quejoso. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/201
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