STEVEN TAMAYO MORITZ y Otros.

Expediente 477/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 26 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
477/2020
Año
2020
Actuaciones
26
Última actuación
09/06/2021

Partes del expediente

  • STEVEN TAMAYO MORITZ y Otros.
  • Steven Tamayo Moritz
  • ANTONIO JOSBAN ARIZA VELAZQUEZ (REPRESENTANTE) y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos se advierte que a esta fecha ha trascurrido el plazo otorgado a las partes para que manifestaran lo que a su derecho importara en relación con las actuaciones realizadas por la autoridad responsable en cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio, de lo que se advierte que la parte quejosa ha hecho uso de ese derecho, de lo cual este juzgado toma conocimiento; empero, el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y por tanto, corresponde a este juzgado federal pronunciarse al respecto. De la sentencia dictada en este juicio se advierte que se concedió el amparo solicitado para el efecto de que el Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, realizara lo siguiente: "I. Deje insubsistentes la resolución en la que califica de legal la detención, el auto de vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva necesaria dictadas en la audiencia de veintiséis de julio de dos mil veinte, y ordene la reposición del procedimiento desde el inicio de la audiencia. II. Señale fecha para el desahogo de la audiencia inicial, para lo cual deberá informar al quejoso que, al considerar que existe incapacidad técnica del defensor particular designado, lo previene para que designe otro, y en caso de omitir hacerlo o manifestar su deseo de continuar con el nombrado, designará uno público para colaborar en su defensa. III. En caso de que el defensor particular Antonio Josaban Ariza Velázquez, no pueda continuar con la defensa y el impetrante se encuentre imposibilitado para designar defensor particular o no lo haga, nombre al de oficio, conforme al procedimiento establecido en la legislación procesal penal, lo cual tendrá que efectuar con la oportunidad debida para garantizar el derecho de defensa del imputado. IV. En la data señalada para la celebración de la audiencia, identifique a las partes y corroborada la calidad de licenciado en derecho o abogado de la persona nombrada, desahogue desde el comienzo de la audiencia inicial y continué con el desarrollo de las etapas procesales, donde deberá resolver con libertad de jurisdicción cada una de las solicitudes formuladas por el fiscal y el debate planteado por las partes." La sentencia de mérito fue recurrida por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Flagrancia del Cuartel Metropolitano de Seguridad Pública C5 de la Fiscalía Secuestro y Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Proceso, Marisa Lisbeth Domínguez López, a través del recurso de revisión del que conocieron los Integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, bajo el toca R- 13/2021, quienes por ejecutoria de quince de abril del año en curso determinaron confirmar y conceder el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En cumplimiento a la ejecutoria de mérito, el responsable, dentro de la causa penal 197/2020/CHOLULA, mediante proveído de treinta de abril de dos mil veintiuno realizó lo siguiente: I.- Dejó insubsistente las resoluciones en las que se calificó de lega la detención, el auto de vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva necesaria dictadas en la audiencia de veintiséis de julio de dos mil veinte, dentro de la carpeta judicial administrativa 197/2020/CHOLULA. II.- Señaló las ocho horas del día cuatro de mayo del año en curso, para que tuviera verificativo la audiencia inicial. Así mismo, informó al aquí directo quejoso que existía incapacidad técnica por parte de su defensor particular Antonio Josaban Ariza Velázquez, para representarlo en la controversia de materia penal que forma parte de la litis; por lo cual lo previno para que designara nuevo defensor o, en su caso, manifestara si era su deseo continuar con la representación del nombrado, en cuyo caso se le designaría el de oficio para colaborar con su defensa. De igual forma, le hizo saber que de no realizar manifestación alguna dentro del plazo concedido se designaría al defensor público. III. En auto de uno de mayo de dos mil veintiuno, se tuvo al quejoso reiterando la designación de Antonio Josaban Ariza Velázquez como su defensor, por lo cual en diverso de tres siguiente designó al defensor público, quien aceptó y protestó el cargo conferido en esa misma data. IV. En la fecha señalada para celebrar la audiencia inicial, el quejoso designó como sus defensores particulares a Antonio Josaban Ariza Velázquez y Cuitlahuac Guillermo Beristain Zúñiga, sin revocar el nombramiento del primero, por lo cual no se dio intervención al defensor público. V. Una vez verificada la calidad de licenciados en derecho de las personas nombradas y aceptado el cargo conferido, se desahogó la audiencia, en la que se calificó de legal la detención; se formuló imputación; se reservó su derecho de declarar; y se solicitó su vinculación a proceso. Así mismo, se acogió al plazo de ciento cuarenta y cuatro horas para resolver sobre su situación jurídica; por lo que se señaló el siete de mayo de dos mil veintiuno para la continuación de la audiencia. Finalmente, se impuso prisión preventiva necesaria por el tiempo que dure el procedimiento, la que no podría exceder del plazo de dos años. VI. El seis de mayo de dos mil veintiuno se desahogó audiencia de control judicial previo solicitada por la defensa del imputado, pero al advertir deficiencia técnica, preguntó al inconforme si era su deseo continuar con sus defensores, quien reiteró su designación, por lo que la juez de control nombró al defensor público para que coadyuvara con los designados por el quejoso. VII. El siete de mayo de dos mil veintiuno tuvo verificativo la continuación de la audiencia, en la que compareció el defensor particular Cuitlahuac Guillermo Beristain Zúñiga, quien estuvo asistido del defensor público, en la que se decretó auto de vinculación a proceso al aquí quejoso Steven Tamayo Moritz, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de Contra la Salud, en su modalidad de posesión de metanfetaminas, con fines de suministro, ilícito previsto y sancionado por los artículos 473 fracciones V, VII y VIII, 474, 476 y 479 de la Ley General de Salud, en relación con los diversos 9 y 13, fracción II, del Código Penal Federal. Así como por el delito de portación de instrumento prohibido, ilícito previsto y sancionado por los artículos 179, fracción I y, 181, en relación con los numerales 13 y 21, fracción I, del Código Penal para el Estado de Puebla. Por su parte, en relación con los actos de tortura, la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada de Investigación del Delito de Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, comunicó que inició la carpeta de investigación número FGEP/CDI/FEDH/TORTURA-I/000375/2021, lo que justificó con las constancias conducentes. En ese sentido, se estima que la sentencia dictada en el presente juicio de amparo se encuentra cumplida, en atención a que los efectos para los cuales se concedió el amparo han sido satisfechos por la autoridad responsable; sin que en el caso se advierta exceso o defecto en su cumplimiento, pues no hizo más ni menos de lo que le correspondía hacer en cumplimiento al fallo. En consecuencia, se declara cumplida la ejecutoria de mérito y, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente y definitivamente concluido; hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Sin que pasen inadvertidas las manifestaciones del autorizado del quejoso contenidas en el ocurso remitido electrónicamente el veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, en el que refiere que la determinación de la juez responsable es ilegal, en virtud de que al dejar insubsistentes las determinaciones de control de detención, vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva justificada, no existía razón alguna para que el impetrante permaneciera recluido desde el treinta de abril de dos mil veintiuno, en que se emitió tal pronunciamiento, al cuatro de mayo siguiente, en que desahogó la audiencia inicial. El argumento es infundado, pues como lo refiere el promovente, en la ejecutoria de amparo no se ordenó la libertad del impetrante, mientras que las determinaciones en las que se ordenó dejar insubsistentes las resoluciones reclamadas, así como el fijar nueva fecha para el desahogo de la audiencia inicial, fueron parte de los lineamientos establecidos en el fallo protector, los que quedaron satisfechos por la juez responsable en los términos antes señalados. En relación con su manifestación de que la juez responsable omitió cumplir con la establecido en el considerando sexto de la sentencia, en la que se le indicó que a partir del debate planteado por las partes, debía verificar si de los datos aportados por el representante social se desprendían actos que pudieran ser obtenidos mediante tortura, en cuyo caso debía realizar la investigación correspondiente para ser excluido. Lo anterior, al señalar que en la audiencia se hizo referencia a una inspección realizada antes de la detención del quejoso, lo que evidencia los actos de tortura y la irregularidad en el proceso, por lo que la juez responsable no le dio cumplimiento a ese parte del fallo. El argumento es infundado, porque la cuestión a la que alude el inconforme, se refiere a un aspecto relacionado con la hora de elaboración del acta de inspección, lo cual se relaciona con la legalidad del acto de investigación referido, no así con la circunstancia de que ese acto de investigación hubiera sido obtenido por medio de tortura. Finalmente, respecto la designación del agente del Ministerio Público para investigar los actos de tortura, como se indicó en párrafos precedentes, la autoridad ministerial informó el inicio de la carpeta de investigación correspondiente. Toda vez que no se aperturaron cuadernos incidentales por no haberlo solicitado la parte quejosa no se hace pronunciamiento alguno del destino de éstos. DESTINO DEL EXPEDIENTE El presente expediente es depurable de conformidad con el numera 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, con vigencia a partir del día siguiente al de su publicación, según su artículo primero transitorio, porque se concedió la suspensión de oficio o de plano, pues dicha medida cautelar tiene efectos definitivos; por tanto, procede conservarse, durante un plazo de tres años, contados a partir de esta fecha y, una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación de la suspensión y, una vez hecho lo anterior, deberá transferirse dicho cuaderno original a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo general invocado y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincida en totalidad. Finalmente, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes. NOTIFÍQUESE, PERSONALMENTE AL QUEJOSO EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN, ASÍ COMO ELECTRÓNICAMENTE AL QUEJOSO Y AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A ESTE JUZGADO.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada de Investigación del Delito de Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, por medio del informa que se inició la carpeta de investigación número FGEP/CDI/FEDH/TORTURA-I/000375/201. En tales condiciones, y toda vez que con fecha diecisiete de mayo del año en curso, se tuvo a la JUEZA DE CONTROL DEL JUZGADO DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCION DE LA REGION JUDICIAL CENTROPONIENTE CON RESIDENCIA EN SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA (KARLA PATRICIA AMBROCIO VARGAS) dando cumplimiento al requerimiento de once de mayo del año en curso; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196, primer párrafo, de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con su contenido, así como con los diversos autos de tres, siete, diez, once y diecisiete de mayo del año en curso y con las promociones con registro 6598, 6730, 6860, 7007, 7118, 7167, 7232 y 7325 del índice de este órgano jurisdiccional para que en el plazo de tres días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del presente, manifiesten lo que a su interés convenga; lo anterior, en el entendido que transcurrido dicho plazo, con manifestación o sin ella, se resolverá lo que en derecho proceda.

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha no obra constancia de notificación al Fiscal General del Estado de Puebla, como fue ordenado en la sentencia emitida en el presente asunto; en tales condiciones, en obvio de mayores dilaciones mediante oficio que al efecto se gire al Fiscal General del Estado de Puebla, con copia simple de la demanda de amparo, escrito aclaratorio, copia digitalizada de la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional y de la ejecutoria dictada por el Tribunal de Alzada, requiérasele para que dentro del término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, inicie la carpeta de investigación para determinar la existencia de tortura como delito, y proceda conforme a sus facultades con motivo de los hechos ahí denunciados, para que él y el agente del Ministerio Público que designe para investigar el delito de tortura, quedando vinculados a cumplir con la sentencia y ejecutoria emitidas en el presente asunto. Lo cual deberá hacer del conocimiento en dicha temporalidad a este órgano jurisdiccional. Con el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se les impondrá una multa por la cantidad de cien VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero Constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en términos del diverso numeral 258 de la Ley de la materia. ESCRITO DEL QUEJOSO Por otra parte, agréguese el escrito de ANTONIO JOSBAN ARIZA VELAZQUEZ, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo del quejoso, recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con la correspondiente firma electrónica, lo que se corrobora con lo asentado en la evidencia criptográfica - transacción. Por ende, el mismo tiene valor probatorio en términos de los artículos 3 y 5 del Acuerdo General 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada por el Poder Judicial Federal y al expediente electrónico, así como lo contemplado en el considerando séptimo y dispositivo 1, 2, 3, 7, 58 y 107 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil catorce; visto su contenido, téngasele realizando diversas manifestaciones con relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable ordenadora, las cuales serán tomadas en consideración al momento de dictar la resolución que determine si la ejecutoria está cumplida o no.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de la JUEZA DE CONTROL DEL JUZGADO DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCION DE LA REGION JUDICIAL CENTRO-PONIENTE CON RESIDENCIA EN SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA (KARLA PATRICIA AMBROCIO VARGAS) por el que da cumplimiento al requerimiento de once de mayo del año en curso, e informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196, primer párrafo, de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con su contenido, así como con los diversos autos de tres, siete, diez y once de mayo del año en curso y con las promociones con registro 6598, 6730, 6860, 7007, 7118, 7167, 7232 y 7325 del índice de este órgano jurisdiccional para que en el plazo de tres días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del presente, manifiesten lo que a su interés convenga; lo anterior, en el entendido que transcurrido dicho plazo, con manifestación o sin ella, se resolverá lo que en derecho proceda. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO EN SU LUGAR DE RECLUSIÓN; ASÍ COMO ELECTRÓNICAMENTE A LOS AUTORIZADOS DEL QUEJOSO Y AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO.

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