Steve Andre Carrera Fernandez
Expediente 360/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 360/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Steve Andre Carrera Fernandez
Actuaciones
- Principal
Nezahualcóyotl, Estado de México, a diecisiete de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos, de los que se advierte que la parte promovente no interpuso recurso de queja en contra del auto mediante el cual se desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22, 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO...de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido...NOTIFÍQUESE; Y VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA...
- Principal
Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por... contra actos del Juez Familiar del Distrito Judicial de Chalco, Estado de México. Anotaciones Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno el juicio de amparo 360-2023, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este juzgado federal. Además, con fundamento en los artículos 3° de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena formar el expediente electrónico correspondiente, que deberá conformarse con las mismas actuaciones que el expediente impreso. Ahora, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de garantías, es menester establecer que en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Después de analizar el acto reclamado, este órgano jurisdiccional considera que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 la Ley de Amparo, pues se estima que antes de acudir a la acción constitucional el quejoso debió agotar el medio de defensa ordinario que tenía a su alcance. Tal precepto determina lo siguiente: 61. El juicio de amparo es improcedente: --- XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. --- Se exceptúa de lo anterior: --- a Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; --- b Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; --- c Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. --- d Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. --- Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. El artículo 61, en su fracción XVIII, contempla el principio de definitividad, según el cual el quejoso tiene la carga procesal de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la legislación reguladora del acto reclamado, que pueden conducir a la revocación, modificación o anulación de éste. Dicho principio descansa en la consideración que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, que procede contra actos definitivos e implica que el gobernado debe acudir a las instancias impugnativas establecidas en la norma que rige el acto, antes de solicitar la protección de la justicia federal, salvo los casos de excepción previstos en la ley, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. En conclusión, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado de agotar, previamente a promover el juicio de amparo, los recursos o medios de defensa ordinarios tendentes a revocar, modificar o anular el acto reclamado. En el caso a estudio, la parte quejosa reclama: El acuerdo emitido el diez de marzo de dos mil veintitrés, dentro del incidente de pensiones alimenticias vencidas planteado en el expediente 1516-2018 del índice del juzgado responsable, en el que se desecha el incidente de nulidad de notificación que promovió. Por tanto, es indudable que dicho acto es susceptible de ser impugnado a través del recurso de revocación en términos del artículo 5.74 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, que señala: 5.74. Los autos y decretos dictados fuera de audiencia serán revocables conforme a las reglas generales. Ese orden, de acuerdo a lo que establece el artículo en comento, la parte promovente debe seguir las reglas establecidas en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, e interponer con sus requisitos y formalidades el recurso de revocación, el cual resulta procedente respecto del acto reclamado en la presente demanda de amparo. De ahí, que el hoy solicitante del amparo debió agotar el recurso de revocación, ya que con la imposición de ese medio de defensa puede obtener la modificación o confirmación del acto reclamado, y al no haber agotado ese medio de defensa, antes de acudir al juicio de garantías, se concluye que el acto reclamado carece de definitividad, actualizándose, por tanto la causa de improcedencia previa en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se indica que no se está en alguna de las hipótesis de excepción del principio de definitividad, a saber, peligro de privación a la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; tampoco es una orden de aprehensión o reaprehensión, providencia precautoria, medida cautelar restrictiva de la libertad, auto que niegue la libertad provisional bajo caución, entre otros; máxime que el acto reclamado no afecta la libertad personal y menos aún fue emitido fuera de procedimiento. Además, la procedencia del recurso o medio de defensa no se sujeta a interpretación adicional o bien el fundamento legal no es suficiente para determinarla, que es en el caso en que la parte quejosa quedara en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo, por tal motivo, es evidente que el acto que se combate no se exceptúa de acatar el principio de definitividad. Por tanto, si la parte impetrante no agotó el medio de defensa ordinario consistente en el recurso de revocación, es evidente que inobservó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, lo que conduce a que se actualice por esa circunstancia la causa de improcedencia contenida en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, y por tal motivo, procede desechar de plano la demanda. Domicilio para oír y recibir notificaciones En términos de lo dispuesto en los artículos 26, fracción IV, 30, fracción II, 31, fracciones II y III, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta y las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le practicarán vía electrónica, en el entendido de que el promovente queda obligada a ingresar al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de la ley de la materia, en un plazo máximo de dos días a partir de que este juzgado la envíe; de no hacerlo así se tendrá por hecha la notificación. De igual forma, con fundamento en el Acuerdo referido y el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta del presente expediente vía electrónica al usuario de nombre..., por lo que se encomienda al encargado del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes SISE y al encargado de la actuaría de este órgano jurisdiccional, para que realicen las gestiones necesarias para su digitalización y cumplan con lo acordado en este proveído. Por otra parte, se tiene por autorizados en términos del dispositivo 12 del cuerpo leyes antes invocado, con todas las facultades que el mismo confiere, a los profesionistas que se mencionan siempre y cuando se encuentre registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Téngase por señalados los correos electrónicos y el número de teléfono que se proporcionan, como diversos medios de contacto en caso de así requerirse. Habilitación para practicar notificaciones y uso de medios electrónicos Con el objeto de evitar dilaciones en el trámite de esta instancia constitucional, con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilita al actuario adscrito para que las notificaciones que surjan en este juicio de amparo, sean practicadas incluso en horas y días inhábiles, previa constancia que asiente para que quede justificado el motivo de esa actuación. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe previa razón asentada como soporte, por medio de la lista que se fija en los estrados de este Tribunal Federal; en la inteligencia que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. En ese orden, para mayor seguridad de las partes en el presente juicio de amparo, se faculta al fedatario de la adscripción para que en el desempeño de las formalidades procesales que se le encomienden, haga uso de cualquier aparato electrónico, como lo son cámaras, grabadoras y lectores ópticos, ello con fundamento en la circular 12-2009, del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. Reproducción de constancias De igual manera, se autoriza a las partes la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Protección de Datos Personales y Transparencia Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx, respectivamente. En ese sentido, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta del expediente electrónico, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Apercibimiento para las partes que intervendrán Se hace saber a las partes que intervienen en este juicio de amparo que el artículo 261 de la Ley de Amparo, contempla una pena de prisión de dos a seis años y multa de treinta a trescientas veces el equivalente al valor de la unidad de medida de actualización, cuando incurran en alguna de las siguientes conductas: 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: --- I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y --- II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos. También se hace de conocimiento a las autoridades responsables que el artículo 262 de la Ley de Amparo establece una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientas veces el equivalente al valor de la unidad de medida de actualización, en términos del artículo 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo: 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: --- I. Al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad; --- II. Sin motivo justificado revoque o deje sin efecto el acto que se le reclama con el propósito de que se sobresea en el amparo, sólo para insistir con posterioridad en la emisión del mismo; --- III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; --- IV. En los casos de suspensión admita, por notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente; y --- V. Fuera de los casos señalados en las fracciones anteriores, se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo.
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