Stephany Lozada Salas
Expediente 1130/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1130/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 12/12/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Stephany Lozada Salas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Visto el estado procesal de autos, se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, por el motivo asentado en la certificación de cuenta; en consecuencia, se difiere y se fijan las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DOCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, para su verificativo. Lo anterior, porque el secretario encargado del despacho, licenciado ..., actúa con fundamento en el segundo párrafo del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, esto es, únicamente con facultades para proveer cuestiones de mero trámite o urgentes; luego, la celebración de la audiencia señalada para el día de hoy no podría calificarse como un acto con las características apuntadas, dada su naturaleza y trascendencia en el proceso constitucional. Al respecto se cita la tesis I.7o.C.63 K, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, de octubre de 2010, novena época, en materia común, cuyo rubro y texto son: "SECRETARIO DEL JUZGADO DE DISTRITO ENCARGADO DEL DESPACHO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 43 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SIN AUTORIZACIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. CARECE DE FACULTADES PARA PROVEER SOBRE EL ESCRITO DE OFRECIMIENTO DE PRUEBAS. Doctrinariamente se ha considerado que un acuerdo de mero trámite es aquel que no implica un pronunciamiento de derecho con relación a las cuestiones planteadas, esto es, decisiones que no establecen o definen una situación particular de las partes dentro del procedimiento o que reconozcan a favor de ellas un derecho, ya sea procesal o sustantivo. Ahora bien, la persona que suple al Juez de Distrito en sus funciones de conformidad con el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación tiene limitadas sus atribuciones para únicamente practicar diligencias urgentes y dictar providencias de mero trámite; en este sentido debe concluirse que el secretario encargado del despacho no está facultado para resolver sobre el escrito de ofrecimiento de pruebas, en virtud de que no se trata de una diligencia de carácter urgente y tampoco de una providencia de mero trámite puesto que tal acuerdo contiene una posición que decide la situación procesal planteada y trasciende al resultado del fallo; además, de acuerdo con los artículos 151 y 155 de la Ley de Amparo, es en la audiencia constitucional donde debe proveerse sobre la admisión y, en su caso desahogo de las pruebas; acto que el secretario encargado del despacho en términos del artículo 43 de la ley orgánica invocada no puede llevar a cabo, si no cuenta con la correspondiente autorización del Consejo de la Judicatura Federal. Hipótesis diferente a lo que acontece respecto a los alegatos cuya determinación sí es de mero trámite." En diverso aspecto, de la certificación de cuenta se advierte que feneció el plazo concedido al juez responsable para rendir su informe justificado, sin que diera cumplimiento; en consecuencia, se le requiere para que en el plazo de tres días, legalmente computado, allegue las copias certificadas de las constancias que le fueron requeridas en el auto admisorio, pues como se dijo en dicha actuación, son necesarias para resolver. Lo anterior, subsistiendo el apercibimiento con el que se le conminó. Considerando que esta determinación no contiene requerimiento con apercibimiento o petición para la Sala responsable, ni actualiza algún supuesto del artículo 26 de la Ley de Amparo, no es necesario enviarles oficio, y con fundamento en la fracción III del citado numeral, se ordena notificarles por lista este auto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala del Alto Tribunal, Décima Época, Materias(s): Común, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." NOTIFÍQUESE.
- Incidental
Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo 1130/2023, promovido por ****; contra actos de la Primera Sala y Juez Décimo Cuarto, ambos de lo Familiar de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. ACTO RECLAMADO. El acto reclamado es la resolución de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés dictada en el toca ... por la Primera Sala Familiar de la Ciudad de México, que revocó la interlocutoria de trece de junio anterior, emitida en el juicio sucesorio intestamentario ****, del índice del Juzgado Décimo Cuarto de la misma especialidad y residencia; y en su lugar, aprobó el inventario y avaluó formulado por ****. SEGUNDO. TRÁMITE DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En su oportunidad se admitió a trámite la demanda de amparo, se negó la suspensión provisional, las autoridades responsables rindieron sus informes previos, finalmente, la audiencia incidental se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. CERTEZA DE LOS ACTOS. Las autoridades responsables aceptaron la existencia de los actos reclamados. SEGUNDO. INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN DE AMPARO. La quejosa manifiesta bajo protesta de decir verdad que es parte en el juicio de origen, por lo que acredita su interés para efectos de la suspensión de amparo. TERCERO. NEGACIÓN DE LA MEDIDA SUSPENSIONAL. Tratándose de la procedencia de la concesión de la medida cautelar de amparo, el artículo 128 de la Ley de la materia impone al Juez de Distrito analizar: I. Que la medida suspensional sea solicitada por el quejoso; y II. Que con su concesión no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Apoya lo anterior la tesis número II.1o.A.23 K, aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Abril de 2005, página 1515, Novena Época, Materia Común, Registro 178594, cuyo rubro y texto dicen: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. ALCANCE Y VALORACIÓN DE LOS CONCEPTOS "INTERÉS SOCIAL" Y "ORDEN PÚBLICO", PARA EFECTOS DE SU CONCESIÓN. El vocablo "interés" implica nociones como bien, beneficio, utilidad, valor de algo, importancia, conveniencia y trascendencia. Cuando se ubica en el ámbito social, debe tratarse de un beneficio, utilidad, valor, importancia, conveniencia o trascendencia o bien para la comunidad o sociedad. Asimismo, el vocablo "orden" hace referencia a la idea de un mandato que debe ser obedecido. En el contexto de lo público, es decir, de orden público, puede entenderse como un deber de los gobernados de no alterar la organización del cuerpo social. Tales nociones, en materia de suspensión del acto reclamado, deben plantearse en función de elementos objetivos mínimos que reflejen preocupaciones fundamentales y trascendentes para la sociedad, como las establecidas en el artículo 124 de la Ley de Amparo (funcionamiento de centros de vicio, comercio de drogas, continuación de delitos, alza de precios de artículos de primera necesidad, peligro de epidemias graves, entre otras). Por tanto, para distinguir si una disposición es de orden público y si afecta al interés social -nociones que, por cierto, guardan un estrecho vínculo entre sí- debe atenderse a su finalidad directa e inmediata en relación con la colectividad." En este sentido, si bien en la Ley de Amparo no existe disposición alguna que establezca que la suspensión es improcedente en los juicios sucesorios; el artículo 138 de la misma impone la obligación de realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social, para resolver respecto de la suspensión. En el caso concreto, únicamente se cumple el primer requisito, en tanto que la medida es solicitada expresamente por la parte impetrante de amparo. Sin embargo, no se satisface el segundo requisito, toda vez que la suspensión del acto reclamado sí causa perjuicio al interés social y contraviene disposiciones de orden público, ello atento a los razonamientos que a continuación se exponen. Concepto de Interés Social. El vocablo interés implica nociones como bien, beneficio, utilidad, valor de algo, importancia, conveniencia y trascendencia. Cuando se ubica en el ámbito social, debe tratarse de un beneficio, utilidad, valor, importancia, conveniencia o trascendencia o bien para la comunidad o sociedad. Concepto de Orden Público. El vocablo orden hace referencia a la idea de un mandato que debe ser obedecido. En el contexto de lo público, es decir, de orden público, puede entenderse como un deber de los gobernados de no alterar la organización del cuerpo social. Por tanto, para distinguir si una disposición es de orden público y si afecta al interés social -nociones que guardan un estrecho vínculo entre sí- debe atenderse a su finalidad directa e inmediata en relación con la colectividad. Apoya lo anterior la tesis número II.1o.A.23 K, aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Abril de 2005, página 1515, Novena Época, Materia Común, Registro 178594, cuyo rubro y texto dicen: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. ALCANCE Y VALORACIÓN DE LOS CONCEPTOS "INTERÉS SOCIAL" Y "ORDEN PÚBLICO", PARA EFECTOS DE SU CONCESIÓN. El vocablo "interés" implica nociones como bien, beneficio, utilidad, valor de algo, importancia, conveniencia y trascendencia. Cuando se ubica en el ámbito social, debe tratarse de un beneficio, utilidad, valor, importancia, conveniencia o trascendencia o bien para la comunidad o sociedad. Asimismo, el vocablo "orden" hace referencia a la idea de un mandato que debe ser obedecido. En el contexto de lo público, es decir, de orden público, puede entenderse como un deber de los gobernados de no alterar la organización del cuerpo social. Tales nociones, en materia de suspensión del acto reclamado, deben plantearse en función de elementos objetivos mínimos que reflejen preocupaciones fundamentales y trascendentes para la sociedad, como las establecidas en el artículo 124 de la Ley de Amparo (funcionamiento de centros de vicio, comercio de drogas, continuación de delitos, alza de precios de artículos de primera necesidad, peligro de epidemias graves, entre otras). Por tanto, para distinguir si una disposición es de orden público y si afecta al interés social -nociones que, por cierto, guardan un estrecho vínculo entre sí- debe atenderse a su finalidad directa e inmediata en relación con la colectividad." En el particular, de suspender el acto reclamado, implícitamente tendría como consecuencia la paralización del juicio sucesorio de origen, con lo que se contravendrían disposiciones de orden público, ya que la materia del reclamo es la sentencia en segunda instancia que ordenó la remoción del cargo de albacea, lo que conlleva cuestiones inherentes a la administración de la masa hereditaria y la eventual rendición de cuentas. De tal suerte que la medida cautelar no puede concederse, precisamente porque implicaría ordenar que no se ejecutara una sentencia cuyos efectos impulsan el curso natural del proceso sucesorio y la consecución de sus fines, que es que en su momento, cada heredero reciba lo que en derecho le corresponda. En efecto, el procedimiento judicial es de orden público, por lo que es inconducente conceder la suspensión que tienda a detenerlo, como ocurriría si la sucesión quedara sin representante legal y con ello se paralizaría llevar a cabo los trámites inherentes a la culminación del procedimiento natural. Orienta lo anterior, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, abril de 1996, página 330 Novena Época, registro XIX.2o.9.C, de rubro y texto: "ALBACEA.RENDICIÓN DE CUENTAS DEL. La obligación que tiene el albacea de rendir cuentas, no es susceptible de suspenderse porque se entorpecería el procedimiento del juicio sucesorio, que es de interés público y porque el rendir cuentas no le causa ningún perjuicio." Así, de concederse la suspensión solicitada se interrumpiría el proceso generador del acto reclamado, por lo que resulta improcedente conceder tal medida cautelar; lo anterior, debido a que la determinación combatida forma parte de un procedimiento sucesorio que se encuentra en trámite y es inconducente detenerlo, en razón de que es de orden público y de interés general. Por lo tanto, lo procedente es NEGAR LA MEDIDA SOLICITADA, al no cumplirse los requisitos del artículo 138 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la tesis del Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 68, sexta parte, página 78, Séptima Época, con registro 255424, que dice: "SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE DEL PROCEDIMIENTO. El artículo 124, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, prevé varios supuestos en que se causa perjuicio a la sociedad y se violan disposiciones del orden público, en los cuales no puede concederse la suspensión; pero esta enumeración legal casuística es enunciativa más no limitativa, y prueba de ello es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido criterios en varios casos específicos distintos de los señalados en el citado precepto legal, en los que declara improcedente la suspensión porque de otorgarse se afectaría el interés social o se violarían normas de orden público. Así las cosas, la jurisprudencia número 268, visible en la página 799 de la Cuarta Parte, Tercera Sala, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, establece que: "El procedimiento judicial es de orden público, por lo que es inconducente conceder la suspensión que tienda a detenerlo"; por tanto si de concederse la suspensión definitiva solicitada se interrumpiría el proceso generador de los actos reclamados, resulta improcedente conceder tal medida suspensional." Igualmente resulta aplicable, la tesis I. 8o. C. 69 C, aprobada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Septiembre de 1994, Página 444, Materia Civil, con número de registro 210664, de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO SUCESORIO, PROCEDE ÚNICAMENTE CUANDO SE SUBSTANCIA EN UN JUICIO LA IMPUGNACIÓN DE VALIDEZ DEL TESTAMENTO O A LA INCAPACIDAD LEGAL DE UN HEREDERO. Es cierto que de acuerdo con el artículo 137 bis, fracción X, inciso b), de la ley adjetiva civil local, la suspensión del proceso tiene lugar, entre otros supuestos, cuando es necesario esperar la resolución de una cuestión previa o conexa por el mismo juez o por otras autoridades; sin embargo no es ésta la hipótesis que regula la suspensión del procedimiento en los juicios sucesorios, sino la mencionada en el segundo párrafo del artículo 797 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Así, de acuerdo con lo dispuesto en dicho precepto legal, el único caso en el que procede la suspensión del procedimiento en un juicio sucesorio, es cuando se substancia en un juicio ordinario la impugnación de la validez del testamento o la capacidad legal de algún heredero, suspensión que es parcial, porque está limitada únicamente para el efecto de que no se emita la sentencia de adjudicación, por lo que ello implica que no opera la paralización del procedimiento respecto de todos los demás actos integrantes del juicio sucesorio." Así como, la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1625 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXV, Quinta Época, registro 354398, de rubro y texto siguientes: "ALBACEA, SUSPENSION CON MOTIVO DE REMOCION DE. Si se reclama el amparo la resolución judicial que remueve al quejoso, del cargo de albacea de una sucesión, es improcedente conceder la suspensión, porque no se ocasiona perjuicio alguno a la sucesión, ya que el nuevo albacea se hará cargo de los bienes de la herencia y de su administración, y en cuanto al perjuicio que en lo personal pudiera ocasionarle al quejoso la remoción de su puesto, que consistiría en la privación de sus honorarios, ese perjuicio no es irreparable, porque si obtiene la protección constitucional, le serán cubiertos los honorarios." Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además en lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se NIEGA la suspensión definitiva solicitada por ****; contra actos de la Primera Sala y Juez Décimo Cuarto, ambos de lo Familiar de la Ciudad de México, por los motivos precisados en esta resolución. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Visto el estado procesal de autos, se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, por el motivo asentado en la certificación de cuenta; en consecuencia, se difiere y se fijan las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Considerando que esta determinación no contiene requerimiento con apercibimiento o petición para las autoridades responsables, ni actualiza algún supuesto del artículo 26 de la Ley de Amparo, no es necesario enviarles oficio, y con fundamento en la fracción III del citado numeral, se ordena notificarles por lista este auto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala del Alto Tribunal, Décima Época, Materias(s): Común, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." NOTIFÍQUESE.
- Incidental
Agréguese el escrito del perito oficial ..., en atención a su contenido, gírese oficio recordatorio a la Dirección General de Programación, Presupuesto y Tesorería del Consejo de la Judicatura Federal, para que proceda a cubrir sus honorarios o informe en qué estado se encuentra dicho trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 17 del Acuerdo General Plenario que regula la integración de la lista de personas que pueden fungir como peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación, dado que a la fecha, no ha informado respecto al pago de honorarios del experto oficial, acorde a lo solicitado el uno de diciembre de dos mil veintidós, veintitrés de marzo, veintisiete de abril y veintiocho de junio, estas últimas datas del año en curso. NOTIFÍQUESE.
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