Stephanie Itzel Reyes Valencia
Expediente 1044/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1044/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Stephanie Itzel Reyes Valencia
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos el oficio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, por medio del cual acusa recibo, e informa se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto contra el auto que desechó la demanda de amparo en este juicio de amparo, el cual quedó radicado con el número ********************, de su índice. De lo cual, se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de octubre de dos mil veintitrés. Recepción de la demanda. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se recibe la demanda de amparo indirecto promovida por Stephanie Itzel Reyes Valencia, por su propio derecho, contra actos del Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Oaxaca. En consecuencia, regístrese bajo el número 1044/2023 en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y, fórmese el expediente electrónico e impreso. Desechamiento. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la misma es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el Juez de Distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es; de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo la tesis aislada 2a. LXXI/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, con registro 186605, Materia Común, publicada en la página 448 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (Julio de 2002), que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada.." Ahora, el artículo 62 de la legislación de la materia, determina que las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Así, el precepto transcrito faculta al órgano constitucional a desechar la demanda de amparo cuando advierta oficiosamente una causa manifiesta e indudable de improcedencia; lo que sucede en el particular, toda vez que en el caso se considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, con relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.)" Ahora bien, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Al respecto, conviene tener en consideración que el derecho sustantivo, consiste en el conjunto de normas jurídicas que establecen los derechos y obligaciones de las personas; por su parte, el derecho adjetivo regula el ejercicio de esos derechos y obligaciones, mediante el establecimiento de instrumentos que permiten poner en actividad al órgano jurisdiccional. Si se analiza el desenvolvimiento de la relación jurídica procesal es factible observar que las partes la incentivan mediante una serie de actos jurídicos que están regulados por un conjunto de normas que posibilitan y hacen efectivo el que se resuelvan sus pretensiones. En ese sentido, cuando se alega infracción a normas procedimentales, en realidad lo que se está cuestionado no es la inobservancia de un derecho, sino el del instrumento o instrumentos que se tienen para lograr la obtención de una sentencia favorable en la que no necesariamente tendrán trascendencia y, por ende, carecen de afectación material en la esfera jurídica de la quejosa. Así las cosas, el juicio de amparo indirecto procede, de conformidad con el artículo 107 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, contra actos cuyos efectos sean de imposible reparación. En este punto cabe resaltar que la Ley de Amparo, es específica al señalar qué debe entenderse por actos cuyos efectos sean de imposible reparación. En efecto, la Ley de Amparo, en su artículo 107 establece en dos de sus fracciones, precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de imposible reparación. La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Ese precepto de la ley de la materia, ofrece también precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos con efectos de imposible reparación, al establecer que se entienden como tales los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por su parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, determinó en igual sentido que por actos de imposible reparación deben entenderse aquellos que producen una afectación material a derechos sustantivos, ya sea que éstos se encuentren reconocidos en la Constitución General de la República o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, y precisó que sus consecuencias impiden en forma actual el ejercicio del derecho involucrado, por lo que con su dictado no sólo se producen lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva. Asimismo, para delimitar esa irreparabilidad, estableció dos condiciones: i) Se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente; y ii) Esos derechos revistan la calidad de sustantivos, expresión que resulta antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento. Bajo esa óptica, para que los actos sean calificados como irreparables necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos. Es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho (como pudiera ser, la vida, la libertad, las propiedades o posesiones, entre otros), y no únicamente que produzcan una lesión de naturaleza formal o adjetiva cuya actualización dependa de que lleguen o no a trascender al resultado del fallo definitivo. De este modo, la procedencia del amparo indirecto se actualiza excepcionalmente contra algún acto dictado dentro del juicio o procedimiento ordinario, como el de apelación, en el caso de que su ejecución afecte materialmente derechos sustantivos, de manera directa e inmediata, de modo tal que dicha afectación no podría repararse aún mediante la obtención de una sentencia favorable en el proceso o juicio de origen y, en sentido contrario, no procede cuando únicamente afecte derechos adjetivos, instrumentales o procesales. Tal afectación material debe ser directa e inmediata y no mediata, esto es, no debe ser secundaria o futura, ni requerir de un acto posterior, porque entonces el que causa la ejecución de imposible reparación es el acto que los produce y no su antecedente. Ahora bien, en el caso, la parte quejosa reclama la resolución de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés emitida por el Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Oaxaca, en la cual se calificó como infundado el recurso de revocación interpuesto contra el acuerdo de veintiuno de agosto de ese año que dictó dentro del juicio ejecutivo mercantil 1482/2022- VI, en el que desechó la excepción de falta de personalidad de la parte actora, planteada en la contestación a la demanda por la aquí quejosa. Tal resolución reclamada no tiene efectos de imposible reparación, porque no afecta materialmente derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal ni en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte, en razón de que no produce una afectación que impida en forma actual el ejercicio de un derecho ni lesiona algún bien jurídico cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas aplicables. Antes bien, las consecuencias de la ejecución del acto reclamado a la luz de las formalidades esenciales del juicio son procesales, porque no inciden en un derecho sustantivo, sino dentro del procedimiento legal e instrumental de origen, en particular porque lo que combate la parte quejosa es que se declarase infundado el recurso de revocación con el que intentó revertir la decisión del Juez de la causa en contra del auto de veintiuno de agosto de dos mil veintitrés; lo cual no genera, por sí mismo, una afectación material a algún derecho sustantivo del quejoso. En todo caso, sólo producen una lesión jurídica de carácter procedimental, la cual es reparable si el afectado obtiene una resolución favorable en el juicio de origen del que deriva el acto reclamado. De este modo, con el pronunciamiento de una sentencia favorable a los intereses del solicitante del amparo, resultaría subsanada cualquier violación contenida con la emisión del acto reclamado. Como corolario debe decirse que en caso de que la quejosa no llegue a obtener un fallo favorable en el juicio de origen, desde luego que está en aptitud de combatir el acto atacado a través del juicio de amparo directo que, en su caso, promueva contra tal resolución, en el que, sin duda, podrá ser materia de examen constitucional el vicio aducido en torno al acto reclamado en esta vía, en términos de los artículos 107, fracción III, inciso a), de la carta magna, 170, 171 y 172 de la Ley de Amparo. En consecuencia, como la Ley de Amparo, para la procedencia del amparo indirecto considera que los actos emitidos dentro de juicio que resultan ser de imposible reparación sólo son aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos, entonces no queda comprendido en esa connotación la resolución reclamada en la que se calificó como infundado el recurso de revocación interpuesto contra el acuerdo de veintiuno de agosto de dos mil veintitrés dentro del juicio ejecutivo mercantil 1482/2022- VI, en el que desechó la excepción de falta de personalidad de la parte actora, planteada en la contestación a la demanda por la aquí quejosa. Apoya la anterior conclusión la jurisprudencia 37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro: 2006589, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Página: 39. Materia(s): Común, Décima Época, con el rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." En ese sentido, la resolución reclamada no puede ser considerada como acto de imposible reparación, debido a que su actualización tiene como consecuencia una afectación a sus derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una resolución favorable. Por tanto, la autoridad debe continuar con el procedimiento y será hasta que se dicte la sentencia correspondiente y se impugne a través del juicio constitucional uniinstancial, en que podrá alegarse y demostrarse la existencia de tal violación al procedimiento que hubiera afectado al promovente en sus defensas y que la aludida violación hubiese trascendido al resultado del fallo. En efecto, los artículos 171 y 172 de la Ley de Amparo, se apoyan en el principio de economía procesal, pues con ello se pretende evitar la proliferación o una cadena interminable de juicios de amparo con motivo de diversas actuaciones procesales; es decir, el legislador de amparo ha pretendido evitar que las partes contendientes en un procedimiento seguido ante tribunales judiciales, laborales o administrativos puedan agotar el juicio de amparo tantas veces como violaciones se cometan en el procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la resolución del conflicto. De lo expuesto se advierte que la causa de improcedencia antes mencionada, es manifiesta e indudable, entendiéndose por lo primero lo que se da a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se apoya para que de forma contundente se determine la causa de improcedencia, que se actualiza y por lo segundo, aquello que es evidente, lo que no se puede poner en duda. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, en concordancia con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, 171 y 172 todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de que se trata. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este Órgano Jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Domicilio y Autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa el que señala en el proemio de su demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, toda vez que sí tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho y únicamente para oír y recibir notificaciones a ********************, por no contar con el registro respectivo. Así también, se tiene como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a las diversas personas mencionadas en la demanda de amparo, por así haberse solicitado expresamente. Consulta del expediente electrónico. Asimismo, se autoriza al usuario ********************, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, para consultar vía internet el expediente electrónico del expediente en que se actúa; en consecuencia, realícese la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para lo cual instrúyase al Oficial Judicial "A" adscrito a este órgano jurisdiccional (antes Analista Jurídico SISE). Correo electrónico y número telefónico. En relación con el número telefónico y correo electrónico que proporciona, con fundamento en el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General, se toma nota de éstos para entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará, y en su caso, de ser necesario, se incorporará. Medios Electrónicos. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías y/o utilización de cualquier medio digital que resulte apto para copiar el contenido de las actuaciones que integren este asunto, por no existir inconveniente al respecto, como está establecido en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En el entendido que queda bajo la absoluta responsabilidad de las partes y/o autorizados, la distribución y/o reproducción de dichas constancias por cualquier medio impreso y/o de comunicación y/o tecnológico y/o en las redes sociales, así como su uso y/o utilización de conformidad a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con las consecuencias legales que ello traiga aparejadas en los términos de las legislaciones aplicables. Transparencia. Con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar en este juicio, se testarán las palabras, frases, o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales. Gratuidad en el Servicio. Hágase saber a las partes que acorde con el artículo 17 de la Carta Magna, los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Notifíquese y personalmente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · 8,475 expedientes
- Sotero Castro Piza1126/2018
- Sotero Cruz Torres363/2018
- Sotero Pacheco Cruz522/2022
- Stephanie Cruz Carrizosa725/2017
- Stephanie Cruz Carrizosa378/2018
- Stephanie Cruz Carrizosa731/2017
- Stheven López González480/2019
- Susana Brosin Castillo y Otros.120/2019
- Susana Castillo Rosas850/2018
- Susana Conti Magaña1061/2019
- Susana Conti Magaña41/2020
- Susana Conti Magaña1062/2019