Stephanie Guadalupe Canto López

Expediente 308/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 13 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
308/2023
Año
2023
Actuaciones
13
Última actuación
11/05/2023

Partes del expediente

  • Stephanie Guadalupe Canto López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Visto para resolver el juicio de amparo 308/2023-VI-B, promovido por ********************por propio derecho y en representación de su hijo menor de edad ********************, en contra del acto que reclama del Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, y otra autoridad; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el uno de marzo de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, turnado el mismo día a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció la referida parte quejosa solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que reclamó del Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, en su carácter de ordenadora; y del Secretario de Seguridad Pública, como ejecutora, ambos con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de ocho de marzo de dos mil veintitrés, previo cumplimiento de prevención, se admitió a trámite la demanda de que se trata, se solicitó a la autoridad responsable su respectivo informe justificado; se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada; se dio la intervención legal que compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERA. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 60 de la Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que los actos reclamados los hizo consistir la parte quejosa en: El acuerdo de veintiséis de febrero de dos mil veintitrés, dictado en autos del juicio ********************, en el que se decretó su arresto por el término de veinticuatro horas. TERCERO. Certeza del acto reclamado. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables. Lo anterior, pues en primer término, así lo señaló expresamente el Secretario de Seguridad Pública al rendir su informe justificado, por conducto de su Director Jurídico (promoción 4133). Ahora bien, por lo que hace al Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, aunque lo admitió al rendir su informe justificado (promoción 4961), de las constancias procesales que adjuntó se desprende lo contrario; es decir, se desvirtúa tal aseveración respecto de la certeza de dicho acto, como se expondrá seguidamente. Apoya lo anterior la tesis siguiente: "SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE AUN CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ADMITA LA VERACIDAD DEL MISMO AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La circunstancia de que la autoridad responsable, al rendir su informe con justificación, manifieste que es cierto el acto que se reclama, no impide decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, si de las constancias procesales se desprende lo contrario, es decir, que se desvirtúa la aseveración de la autoridad designada como responsable, respecto de la certeza del acto que se le atribuye. En consecuencia, de acuerdo con la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio en tal hipótesis." (Época: Novena Época, Registro: 198320, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Julio de 1997, Materia(s): Común, Tesis: VII.1o.C.4 K, Página: 433) En efecto, de las constancias que remitió la Juez responsable, a las cuales se les confiere valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como del diverso oficio que remitió en alcance a su informe justificado (promoción 5835), se advierte que no existe determinación alguna que hubiere pronunciado el veintiséis de febrero del año en curso, en los términos señalados por la impetrante del amparo. Sin que pase desapercibido el diverso proveído de veintidós de febrero de dos mil veintitrés, al que hizo referencia la autoridad responsable al rendir su informe justificado y del cual remitió copia certificada, pues de su contenido se advierte, en lo que interesa: ".en mérito de que no se ha dado debido cumplimiento a dicho régimen de convivencia provisional dictado por esta autoridad, comisiónese nuevamente al actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, a fin de que el sábado inmediato a la notificación del presente auto, a las quince horas, se constituya en el domicilio de ********************, en compañía de ********************, a fin de dar fe de la entrega del menor de edad [.] y el domingo inmediato siguiente a las diecinueve horas para efectos de recepción del referido menor al domicilio donde vive y habita, lo anterior a fin de que tenga verificativo el régimen de vistas fijado.; apercibiendo a ********************, que de impedir de cualquier modo la convivencia del menor aquí inmerso, dejar de cumplir por cualquier motivo con el régimen de convivencia fijada en este asunto o generar cualquier acción u omisión que afecte el desarrollo normal del menor involucrado, se le impondrá como medida de apremio un diferente arresto por veinticuatro horas.". De la transcripción anterior se advierte que la autoridad responsable dictó las medidas correspondientes a fin de que se diera cumplimiento al régimen de convivencia provisional decretado en autos del juicio de origen, apercibiendo a la aquí impetrante del amparo que de no acatar lo determinado en dicho proveído, se le impondría la medida de apremio ahí señalada. Esto es, se reitera, contrario a lo señalado por la parte quejosa, la Juez responsable en forma alguna ordenó que se ejecutara un arresto por veinticuatro horas, sino que únicamente apercibió a la quejosa que ante un eventual incumplimiento a lo determinado en el proveído de mérito, podría ordenarse en su contra dicha orden de captura. Lo anterior, conlleva a que este órgano de control no pueda realizar el análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado por ser inexistente como ya se vio; de ahí que, con apoyo en lo dispuesto en el invocado numeral 63, fracción V, de la citada ley de la materia, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio. Cobran aplicación al caso particular por analogía, la jurisprudencia número 10, consultable en la página 12, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registro 917,544, así como el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, que este Juzgador comparte, consultable en la página 254, Octava Época, Tomo XIII-Enero del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 213793, que en su orden indican: "AMPARO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja"; y "JUICIO DE AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías." Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud del motivo de sobreseimiento que se actualizó. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número 509, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, registro 394,465, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Tampoco es obstáculo a la anterior determinación, que no se hubiera dado vista a la parte quejosa a fin de que estuviese en aptitud de ampliar su demanda de amparo respecto al proveído de veintidós de febrero de dos mil veintitrés, dictado en autos del juicio de origen al que se ha hecho referencia en párrafos precedentes. Ello, pues de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 6° de la Ley de Amparo, el juicio de amparo deviene improcedente contra dicho acto, considerando que tal determinación no causa un agravio real a la parte quejosa, toda vez que, en los términos en que fue pronunciado por la responsable, por el momento no causa un perjuicio a su esfera jurídica. Pues si el apercibimiento carece de ejecución, no existirá acto de molestia a la impetrante del amparo, porque lo contenido en ese auto no implicará cambio alguno en su esfera jurídica. Luego, será en su caso, cuando la responsable se pronuncie sobre el resultado de dicho apercibimiento, ante un eventual incumplimiento, cuando pudiera afectarse la esfera jurídica de la parte quejosa y entonces sí podrá ser combatida previo agotamiento de los recursos ordinarios, pues de momento, se insiste, sólo se trata de una prevención que no tiene efectos hacia el exterior, es decir, el apercibimiento por sí mismo no afecta de inmediato la esfera jurídica de la parte promovente. Apoya lo expuesto, la tesis sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, localizable en la página 1207, Tomo XXXIII, Junio de 2011, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de registro 161918, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL ACUERDO QUE CONTIENE EL REQUERIMIENTO AL ACTOR PARA RATIFICAR SU ESCRITO DE DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN, CON EL APERCIBIMIENTO DE CONTINUAR EL PROCEDIMIENTO EN CASO DE NO COMPARECER, POR SER UN ACTO QUE NO AFECTA EL INTERÉS JURÍDICO DE LAS PARTES. El artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que en el juicio de amparo la afectación al interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones, es decir, el perjuicio debe ser real, concreto y actual. De este modo, un apercibimiento no puede estimarse como sinónimo de perjuicio, en tanto no se haga efectivo, pues la consecuencia establecida con motivo de esa medida de apremio puede ejecutarse o no, ya que ello depende de la conducta asumida por la parte requerida. En este contexto, el requerimiento dirigido al actor para que se presente a ratificar su escrito de desistimiento de la acción, con apercibimiento de continuar con el procedimiento en caso de no comparecer, es un acto que no genera un agravio concreto y actual que afecte el interés jurídico de las partes, en particular, de la demandada, toda vez que la prevención relativa está supeditada a la voluntad del actor y no a una imposibilidad jurídica o material que no pueda cumplimentar la parte demandada. Consecuentemente, contra el proveído que contenga el requerimiento al actor para ratificar su escrito de desistimiento de la acción, con apercibimiento de continuar el procedimiento en caso de no comparecer es improcedente el juicio de garantías, de conformidad con la fracción V del invocado numeral en correlación con el diverso 74, fracción III, del citado ordenamiento legal, lo que conduce a sobreseer en el juicio de amparo. Asimismo, por las razones que la informan, la jurisprudencia siguiente: "MEDIDAS DE APREMIO. EL REQUERIMIENTO, CON APERCIBIMIENTO GENÉRICO DE IMPONERLAS, ES ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY RECLAMADA, QUE NO AFECTA EL INTERÉS JURÍDICO PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. Si en el juicio de amparo se reclama la inconstitucionalidad de una disposición que establece medidas de apremio de que el juzgador puede hacer uso para que se cumplan sus determinaciones, y de la resolución que se señala como acto de aplicación se advierte que sólo contiene un requerimiento en el que de manera genérica y no específica se indica que, de no darse cumplimiento a lo ordenado en el proveído respectivo, se hará uso de las medidas de apremio a que se refiere la norma reclamada, de ello se deduce que no se ha actualizado, en perjuicio del requerido, alguna de las hipótesis previstas por el precepto legal, por lo que ninguna afectación ocasiona a su interés jurídico y, en tales condiciones, al operar la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en términos del artículo 74, fracción III, del propio ordenamiento legal. (Novena Época Registro: 197898 Instancia: Segunda Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VI, Agosto de 1997 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 36/97 Página: 156). También, por las razones que la contienen, la jurisprudencia: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará." Cobra aplicación al caso, la siguiente jurisprudencia: (Séptima Época Registro: 232192 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 199-204, Primera Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 135). CUARTO. Oposición a la publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que, a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. QUINTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SEXTO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y considerado, con apoyo también en los artículos del 73, 74, 75, 124 y demás relativos de la citada Ley de Amparo, se RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************por propio derecho y en representación de su hijo menor de edad ********************, en contra de los actos reclamados al Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado y Secretario de Seguridad Pública, ambos con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en la consideración tercera de la misma. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la consideración cuarta de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración quinta de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese y regístrese.

  2. Incidental

    Mérida, Yucatán diez de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos incidentales, de donde se desprende que el término de cinco días concedidos a la parte quejosa en interlocutoria de quince de marzo del año en curso, a fin de que exhibiera la garantía fijada para que continuara surtiendo sus efectos la suspensión definitiva concedida, cuya notificación se realizó el dieciséis siguiente, sin que lo hubiera hecho. En consecuencia, al no haber dado la parte quejosa cumplimiento al requisito señalado; DEBE DECIRSE QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES QUEDAN FACULTADAS PARA EJECUTAR LOS ACTOS RECLAMADOS. Por tanto, para los efectos legales a que haya lugar, hágase lo anterior del conocimiento del Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, en su carácter de ordenadora, y Secretario de Seguridad Pública, como ejecutora, ambos con sede en esta ciudad. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciocho de abril de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, agréguese a estos autos para los efectos legales correspondientes, el oficio remitido por la Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, Turno Matutino, con sede en esta ciudad, mediante el cual, da cumplimiento al requerimiento realizado en acuerdo de diez de abril de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónense en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase.Así lo acordó y firma el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con la Licenciada Jennifer Pérez González, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que la parte quejosa señaló como acto reclamado en el presente juicio constitucional: El acuerdo de veintiséis de febrero de dos mil veintitrés, dictado en autos del juicio 81/2021, en el que se decretó su arresto por el término de veinticuatro horas. Ahora bien, la autoridad responsable Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, Turno Matutino, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado, manifestó que mediante proveído de veintidós de febrero del año en curso, entre otras cosas, ordenó que tuviera verificativo el régimen de visitas establecido en el juicio de origen, apercibiendo a la aquí quejosa Stephanie Guadalupe Canto López, que de impedir de cualquier modo la convivencia del menor involucrado en dicho procedimiento con su progenitor, se le impondría como medida de apremio un arresto por veinticuatro horas. Sin embargo, dicha responsable fue completamente omisa en pronunciarse respecto a la existencia del acto reclamado por la parte quejosa, esto es, el acuerdo de veintiséis de febrero del año en curso. En ese sentido, prevéngase a la autoridad responsable Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, Turno Matutino, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días hábiles siguientes a la fecha de notificación del presente proveído, rectifique o ratifique su informe justificado en cuanto al acto que se le reclama, debiendo señalar expresamente si existe el acuerdo de veintiséis de febrero de dos mil veintitrés, en el que se ordenó el arresto de la parte quejosa por veinticuatro horas; para lo cual deberá remitir copia certificada de las constancias con las que acredite su dicho. Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $10,374.00 (diez mil trecientos setenta y cuatro mil pesos, con cero centavos, moneda nacional), conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Amparo, y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En virtud de lo anterior, no es factible llevar a cabo la audiencia constitucional que fue fijada para tener verificativo el día de hoy, razón por la cual, se impone su diferimiento y se señalan las ONCE HORAS CON VEINTISÉIS MINUTOS DEL ONCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia del presente juicio. Notifíquese y cúmplase.

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