Stephanie Castillo Bonilla
Expediente 789/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero. 9 actuaciones registradas, la última del 16 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 789/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 16/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Stephanie Castillo Bonilla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Acapulco, Guerrero, dieciséis de enero de dos mil diecinueve. Visto; se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere recurrido el proveído de veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, en el que se desechó la demanda de amparo planteada; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en el procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente expediente como definitivamente concluido. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido el veintiocho de septiembre de dos mil nueve, por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción I, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción. Por lo anterior, de conformidad con el artículo vigésimo cuarto del Acuerdo General antes referido, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, previa acta, relación que se elabore para la identificación del expediente, anotaciones correspondientes en los libros respectivos, copia digital de todas las constancias que integran el sumario depurado y registro electrónico asociado, procédase a la destrucción de los autos, y en su momento remítase una copia del acta mencionada a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Finalmente, en cumplimiento al tercer párrafo del artículo décimo primero del citado Acuerdo General, hágase saber a la parte quejosa el derecho que tiene para que dentro de un plazo de noventa días naturales contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca ante este órgano jurisdiccional, con la finalidad de recoger el documento original que allegó al presente juicio de amparo, con el apercibimiento que de no realizar lo indicado, se destruirá con los presentes autos, remitiendo copia del acta antes mencionada a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos a que haya lugar. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Ariadna Ivette Chávez Romero, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero, asistida de José María Pliego Moreno, secretario que da fe.
- Principal
AVISO. En cumplimiento al aviso dejado en su domicilio el diecisiete de enero de dos mil diecinueve, se notifica por medio de lista a la parte quejosa, el auto de dieciséis de enero actual, que establece: ...se declara que dicho auto ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente expediente como definitivamente concluido.
- Principal
AVISO. En cumplimiento al aviso dejado en su domicilio el dos de enero de dos mil diecinueve, se notifica por medio de lista a la parte quejosa, el auto de veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, que establece: ...se tiene por desahogado el requerimiento que se le formuló: Desechamiento de demanda...
- Principal
Acapulco, Guerrero; veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho. Visto; se tiene por recibido el escrito signado por la quejosa Stephanie Castillo Bonilla, a través del cual, desahoga la prevención formulada en proveído de diecisiete de diciembre del año en curso, y al efecto cumple en su escrito con la manifestación de protesta de decir verdad; asimismo, manifiesta que tuvo conocimiento del acto reclamado el día cinco de agosto de dos mil dieciocho. Por lo anterior, se tiene por desahogado el requerimiento que se le formuló: Desechamiento de demanda. Establecido lo anterior, del estudio integral de la demanda así como del desahogo de prevención se advierte que debe desecharse de plano, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo que dispone: ".El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano...". En ese orden, se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos (.)". Sobre ese tenor, conviene traer a colación los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, que refieren: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: (.) I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De los dispositivos antes transcritos se advierte con toda claridad, que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos en contra de los cuales no se promueva el amparo dentro del término de quince días, contados a partir del día siguiente a) al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto reclamado; b) al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; y, c) al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos; salvo cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. En consecuencia, cuando un gobernado sufre una afectación en su esfera jurídica motivada por un acto de autoridad susceptible de impugnarse vía juicio de amparo, debe indefectiblemente plantear su demanda dentro del término de quince días siguientes a cualquiera de las tres hipótesis que regula el citado precepto, luego, si no obstante tener conocimiento de la existencia de un acto afectatorio, deja transcurrir el plazo que para ejercitar la acción respectiva reconoce la Ley de Amparo, tal conducta, a criterio del legislador debe tomarse como manifestación tácita de conformidad con la mencionada actuación supuestamente lesiva de sus derechos. El caso que nos ocupa se reclama el desalojo de su domicilio particular, ejecutado el cinco de agosto del año en curso; y a su respecto, la parte quejosa, en su escrito de demanda, manifiesta lo siguiente: "[.] El ilegal desalojo sufrido por los elementos de la policía estatal acreditable, sufrido el día cinco de agosto del presente año, fuera de todo procedimiento legal privándome de entrar a mi domicilio particular, sin ninguna escrita, signada por alguna autoridad judicial o ministerial, sin que el suscrito haya cometido delito alguno mucho menos alguna infracción administrativa, de las ejecutoras señalo, el cumplimiento que está dando dicha ilegal orden de despojo [.]." Siendo, que en el escrito aclaratorio manifestó: "[.] que la suscrito tuve conocimiento del acto reclamado el día cinco de agosto del año 2018, [.]" Tales manifestaciones formuladas por la parte quejosa, en relación al conocimiento que tuvo respecto del acto reclamado, tiene el carácter de confesión, en términos del arábigo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, ya que fue hecha de manera espontánea y de un hecho propio, así también, se corrobora con el desahogo de la prevención de diecisiete de diciembre del año en curso, en donde manifiesta bajo protestad de decir verdad que tuvo conocimiento del acto reclamado el día cinco de agosto de dos mil dieciocho. De ahí que el término de quince días para instar el juicio de amparo transcurrió del seis al veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, descontándose los días once, doce, dieciocho y diecinueve de agosto, por corresponder a sábados y domingos; por lo que, es indudable que a la fecha de presentación de la demanda (dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho) ya había fenecido el plazo que otorgan los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo; y por ende, fue consentido tácitamente por la parte quejosa el acto reclamado. Sin que en el caso se actualice alguna de las hipótesis que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, para exceptuar a la impetrante del término de quince días a que se alude, dado que no se está en el caso de que se reclame una norma general autoaplicativa, mucho menos una sentencia definitiva en materia penal, el acto no tiene por efecto privar de derechos agrarios a algún núcleo de población, y tampoco implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En consecuencia, acorde a lo anteriormente vertido, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 17 y 61, fracción XIV, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Debe destacarse que la anterior determinación no desatiende ni deja de observar la documental que anexó la quejosa a su escrito inicial consistente en la carta de posesión emitida por la Comisaría Municipal de Puerto Marques, pues en el caso no es suficiente para aplicar la hipótesis prevista en el tercer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo, que dispone que en tratándose de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; pues en la especie no se ésta privando de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a algún núcleo de población ejidal o comunal; toda vez que del contenido de la carta de posesión de mérito, en ésta solo hacen constar quienes la expiden, miembros del Comisariado Ejidal ante referido, que el poseedor del bien inmueble que ahí se describe es Stephanie Castillo Bonilla, quien manifestó que es avecindado del citado ejido desde hace más de ocho años, ocupando un predio con las medidas y colindancias que ahí se precisan. Empero, nada dicen con relación al origen de la posesión que refieren ni su calidad, para poder determinar si se está ante un derecho de naturaleza agraria que vulnere al ejido, quien en su caso está en aptitud de emprender su defensa. Por tanto, se trata de un inmueble que pertenece a la propiedad privada, de tal suerte que el como ya se asentó, la quejosa no se ubica en el término de siete años para la promoción de la demanda de amparo. Finalmente, en atención a lo solicitado por la quejosa Stephanie Castillo Bonilla, relativa a la expedición de copias certificadas que refiere, no obstante que no se admitió la demanda a trámite, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, expídansele copias certificadas del presente proveído, previa razón de recibo que se deje en autos y como autorizados para recibirlas a los profesionistas que señala, en la inteligencia de que es a su costa la reproducción fotostática. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Ariadna Ivette Chávez Romero, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero, asistida de José María Pliego Moreno, secretario que da fe.
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