Stephania Guadalupe Chávez Salinas
Expediente 920/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 920/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 12/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Stephania Guadalupe Chávez Salinas
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, párrafo primero, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que se hubiere recurrido el auto de dos de junio de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Stephania Guadalupe Chávez Salinas; por ende, con fundamento en los artículos 354, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el mismo causó estado. Finalmente, infórmese a las partes que en sesión ordinaria celebrada el veinte de octubre de dos mil veintiuno, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó la primera adscripción de la Jueza Flor Verenisse Gómez Peinado a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, en lugar de la Jueza María Guadalupe Contreras Jurado, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; lo anterior a fin de que, de ser el caso, estén en posibilidad de promover recusación.
- Principal
Agréguese el oficio JAR/623/21 de la Junta Arbitral para los Trabajadores al Servicio del Estado, residente de esta ciudad, y anexo, sin que haya lugar a proveer respecto a su contenido, toda vez que el trece de marzo de dos mil diecinueve, causó ejecutoria la sentencia sobreseída en el presente juicio de amparo, por lo cual no ha lugar decretar el cumplimiento. En cuanto al legajo que se remitió a este Juzgado con la promoción que nos ocupa, por no ser necesaria su retención, devuélvase a su origen.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que en esta fecha se encuentra señalada la audiencia incidental; sin embargo, existe imposibilidad jurídica para celebrarla ya que las autoridades responsables 1) Directora Médica de la Unidad del ISSSTE Hospital General Presidente Lázaro Cárdenas del Rio, 2) Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad, no han rendido sus respectivos informes previos, ni obra en autos acuse de recibo de los oficios por medio de los cuales se les solicitó. Para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia incidental señalada para esta fecha, y en su lugar, se fijan las NUEVE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por *************, contra los actos atribuidos a la autoridad responsable Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. Por tanto, fórmese el expediente relativo, bajo el número 920/2021-III, que le correspondió en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora, una vez analizado íntegramente el escrito de demanda, se considera que debe desecharse por motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. El citado dispositivo legal textualmente establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano." En el anterior precepto se hace referencia al concepto "improcedencia" que significa falta de oportunidad, de fundamento, de derecho; desde el punto de vista técnico-procesal, es un impedimento para que la acción de amparo alcance su objetivo, pues ésta consiste en un derecho procesal que tiene por objeto que los órganos competentes del Poder Judicial de la Federación, seguidos los trámites establecidos en el amparo directo e indirecto, decidan sobre la pretensión litigiosa (la declaración de inconstitucional del acto reclamado y como consecuencia, la restitución en el goce del derecho fundamental violado en perjuicio del gobernado). De tal manera, de concederse la protección constitucional, en la sentencia respectiva se ordenará que el acto reclamado quede insubsistente y se restituya al quejoso en el goce del derecho fundamental trasgredido o se lleve a cabo conforme al procedimiento establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las leyes secundarias; empero, de existir una causa de improcedencia, el proceso concluye sin dirimir la controversia de fondo. A su vez, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha definido la improcedencia como la institución jurídico-procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión litigiosa planteada. Dicha figura jurídica es de orden público y debe decretarse de oficio, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, razón por la cual su análisis amerita un estudio preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, dependiendo del momento procesal en que se actualice. De ello se sigue, que el juzgador debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia, a fin de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que, eventualmente resultan improcedentes. Cabe destacar que por manifiesto se entiende "dar a conocer", poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de amparo; por indudable, se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. Al respecto, con apoyo en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor, es oportuno invocar la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, contenido en la página 1731, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo epígrafe y contexto son: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." En el caso en particular, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5, fracción II, de la Ley de Amparo, el cual se transcribe a continuación: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5.- Son partes en el juicio de amparo: .II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". Del análisis sistemático de los preceptos transcritos se advierte que la procedencia del juicio de amparo exige que en éste se impugnen actos que provengan de autoridad, entendiéndose por tal aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, pero no sólo que actúe con ese carácter, sino que en forma individualizada, por medio de facultades decisorias y con base en disposiciones legales o de hecho, imponga obligaciones, modifique las existentes o limite los derechos de los particulares, es decir, que trastoque los derechos humanos de éstos. En este punto, cabe destacar que la disposición en estudio no establece una definición clara de lo que debe entenderse por autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, ya que sólo se refiere que es quien dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, esto es, únicamente se mencionan las formas en que la autoridad puede llevar a cabo aquellos actos de los entes u órganos del Estado que pueden ser materia de estudio en el juicio de garantías, pero no especifica las cualidades que debe reunir una autoridad para ser considerada como tal, exclusivamente para efectos de la procedencia del sumario constitucional. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado diversos criterios a fin de dilucidar ese concepto para efectos del juicio de amparo, en términos de la legislación de amparo abrogada, los cuales se invocan por analogía. Al respecto, debe decirse que de acuerdo con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en interpretación del artículo 11 de la legislación de amparo abrogada, "autoridad responsable" para efectos del juicio de amparo, es la que con fundamento en una ley de orden público ejerce un poder jurídico que de manera unilateral, por sí y ante sí, crea, modifica o extingue situaciones jurídicas concretas en perjuicio de los gobernados, según se corrobora del contenido de la tesis PXXVII/97 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, página ciento dieciocho, con rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." De lo anterior se tiene que además de los actos que puede llevar a cabo una autoridad según el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo (dictar, ordenar, ejecutar o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria), de acuerdo con la definición que sobre el particular se expone en el criterio citado del Máximo Tribunal de la Nación, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, pero que indefectiblemente inciden en la esfera de los particulares considerados como tales. Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó las notas distintivas que debe revestir un órgano o ente para ser considerado como autoridad para efectos del juicio de amparo, en términos de la jurisprudencia 2a./J.164/2011, visible en la página mil ochenta y nueve del tomo XXXIV, septiembre de dos mil once, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, del contenido literal siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Así, del criterio invocado se colige que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de "supra a subordinación" con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Ahora, como relaciones jurídicas que derivan de la actuación del Estado y sus órganos, existen las siguientes: Las relaciones de coordinación, que son los vínculos que se entablan por una diversidad de causas, entre dos o más personas físicas o morales, en su calidad de gobernados, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas en la ley, de tal modo que ambas están en el mismo nivel; de ahí que exista una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación son las que surgen entre los órganos de autoridad, por una parte y el gobernado, que obedecen al actuar de los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado; entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución y los tratados internacionales establecen una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad, sin necesidad de acudir a los tribunales, porque con base en disposiciones legales o de hecho, impone obligaciones, modifica las existentes o limita los derechos de los particulares. Dicho de otro modo, en esas relaciones la autoridad desempeña frente al particular los actos propiamente dichos, que tienen como características la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad. Tales actos son unilaterales porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; son imperativos en virtud de que se imponen aun en contra de la voluntad del gobernado, y son coercitivos dado que si no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública. Lo anterior significa que el calificativo del acto de autoridad involucra a un órgano del Estado constituido por una persona o por un cuerpo colegiado, quien ejecuta ciertos actos en ejercicio del poder de imperio, actos que modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión, con la ejecución de esa decisión, o bien por ambas. En el caso, con el fin de evidenciar la actualización de la causa de improcedencia apuntada, se reitera que el acto reclamado por la quejosa al Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, es la negativa de otorgarle un puesto laboral para el cual compitió, por el que se le solicitó que redujera su masa corporal cincuenta kilogramos, al ser necesario para desempeñar las funciones propias del puesto. Desde esa perspectiva, es evidente que el actos que debate la inconforme está relacionado directamente con la negativa de otorgarle un puesto de trabajo dentro de los agremiados del sindicato señalado como responsable al establecer; sin embargo, se desprende que los actos impugnados por esta vía constitucional están reguladas por los propios estatutos de la organización sindical, lo que revela que los actos aquí reclamados atañen al ámbito de la vida sindical interna de ese gremio laboral. En consecuencia, no se está ante una manifestación unilateral de la voluntad de una autoridad que crea, modifique o extinga derechos, ya que se trata de actos emitidos por un órgano de representación cuyo objeto es proteger a sus agremiados y resolver las posibles controversias que en su interior se susciten, además de que a este le asiste un carácter de persona moral de derecho privado, cuya trascendencia se ve reflejada en el interior de sus integrantes. Para mayor claridad de lo aseverado, en nuestra Carta Magna, específicamente en el numeral 123, Apartado A, fracción XVI, se reconoce el derecho a los obreros y empresarios para coaligarse en defensa de sus intereses, dispositivo constitucional que dice: "Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo: [.] XVI. Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etc." A su vez, en el artículo 25 del Código Civil Federal, se dispone lo siguiente: "Artículo 25.- Son personas morales: I. La Nación, los Estados y los Municipios; II. Las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la ley; III. Las sociedades civiles o mercantiles; IV. Los sindicatos, las asociaciones profesionales y las demás a que se refiere la fracción XVI del artículo 123 de la Constitución Federal; V. Las sociedades cooperativas y mutualistas; VI. Las asociaciones distintas de las enumeradas que se propongan fines políticos, científicos, artísticos, de recreo o cualquiera otro fin lícito, siempre que no fueren desconocidas por la ley. VII. Las personas morales extranjeras de naturaleza privada, en los términos del artículo 2736." Además, como se ha referido con anterioridad, los sindicatos nacen de la necesidad de protección y mejoramiento de derechos de quienes se ven inmiscuidos en relaciones laborales; para esto, la creación, funcionamiento, registro y facultades de los entes sindicales se regularon por los artículos 356, 357, 359, 371, 377, 378 y 381 de la Ley Federal del Trabajo, que establecen lo siguiente: "CAPITULO II Sindicatos, federaciones y confederaciones Artículo 356.- Sindicato es la asociación de trabajadores o patrones, constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. Artículo 357.- Los trabajadores y los patrones tienen el derecho de constituir sindicatos, sin necesidad de autorización previa. Cualquier injerencia indebida será sancionada en los términos que disponga la Ley. [.] Artículo 359.- Los sindicatos tienen derecho a redactar sus estatutos y reglamentos, elegir libremente a sus representantes, organizar su administración y sus actividades y formular su programa de acción. [.] Artículo 371. Los estatutos de los sindicatos contendrán: I. Denominación que le distinga de los demás; II. Domicilio; III. Objeto; IV. Duración. Faltando esta disposición se entenderá constituido el sindicato por tiempo indeterminado; V. Condiciones de admisión de miembros; VI. Obligaciones y derechos de los asociados; VII. Motivos y procedimientos de expulsión y correcciones disciplinarias. En los casos de expulsión se observarán las normas siguientes: a) La asamblea de trabajadores se reunirá para el solo efecto de conocer de la expulsión. b) Cuando se trate de sindicatos integrados por secciones, el procedimiento de expulsión se llevará a cabo ante la asamblea de la sección correspondiente, pero el acuerdo de expulsión deberá someterse a la decisión de los trabajadores de cada una de las secciones que integren el sindicato. c) El trabajador afectado será oído en defensa, de conformidad con las disposiciones contenidas en los estatutos. d) La asamblea conocerá de las pruebas que sirvan de base al procedimiento y de las que ofrezca el afectado. e) Los trabajadores no podrán hacerse representar ni emitir su voto por escrito. f) La expulsión deberá ser aprobada por mayoría de las dos terceras partes del total de los miembros del sindicato. g) La expulsión sólo podrá decretarse por los casos expresamente consignados en los estatutos, debidamente comprobados y exactamente aplicables al caso; VIII. Forma de convocar a asamblea, época de celebración de las ordinarias y quórum requerido para sesionar. En el caso de que la directiva no convoque oportunamente a las asambleas previstas en los estatutos, los trabajadores que representen el treinta y tres por ciento del total de los miembros del sindicato o de la sección, por lo menos, podrán solicitar de la directiva que convoque a la asamblea, y si no lo hace dentro de un término de diez días, podrán los solicitantes hacer la convocatoria, en cuyo caso, para que la asamblea pueda sesionar y adoptar resoluciones, se requiere que concurran las dos terceras partes del total de los miembros del sindicato o de la sección. Las resoluciones deberán adoptarse por el cincuenta y uno por ciento del total de los miembros del sindicato o de la sección, por lo menos; IX. Procedimiento para la elección de la directiva y número de miembros, salvaguardando el libre ejercicio del voto con las modalidades que acuerde la asamblea general; de votación indirecta y secreta o votación directa y secreta; X. Período de duración de la directiva; XI. Normas para la administración, adquisición y disposición de los bienes, patrimonio del sindicato; XII. Forma de pago y monto de las cuotas sindicales; XIII. Época de presentación de cuentas y sanciones a sus directivos en caso de incumplimiento. Para tales efectos, se deberán establecer instancias y procedimientos internos que aseguren la resolución de controversias entre los agremiados, con motivo de la gestión de los fondos sindicales. XIV. Normas para la liquidación del patrimonio sindical; y XV. Las demás normas que apruebe la asamblea. [.] Artículo 377.- Son obligaciones de los sindicatos: I. Proporcionar los informes que les soliciten las autoridades del trabajo, siempre que se refieran exclusivamente a su actuación como sindicatos; II. Comunicar a la autoridad ante la que estén registrados, dentro de un término de diez días, los cambios de su directiva y las modificaciones de los estatutos, acompañando por duplicado copia autorizada de las actas respectivas; y III. Informar a la misma autoridad cada tres meses, por lo menos, de las altas y bajas de sus miembros. Las obligaciones a que se refiere este artículo podrán ser cumplidas a través de medios electrónicos, en los términos que determinen las autoridades correspondientes. Artículo 378.- Queda prohibido a los sindicatos: I. Intervenir en asuntos religiosos; y II. Ejercer la profesión de comerciantes con ánimo de lucro. [.] Artículo 381.- Los sindicatos pueden formar federaciones y confederaciones, las que se regirán por las disposiciones de este capítulo, en lo que sean aplicables." De los dispositivos transcritos se advierte que un Sindicato tiene conferidas diversas facultades, en cuyo ejercicio puede crear, reconocer, modificar o extinguir algún derecho, asimismo goza de autonomía sindical, lo que le permite establecer sus propias instancias y procedimientos internos que aseguren la resolución de controversias entre los agremiados, aunado a que tiene conferida por la ley diversas facultades; sin embargo, ello no significa que deba considerárseles como una autoridad laboral, ya que su carácter de órgano representativo y de ejecución son respecto del Sindicato y hacia su interior, respectivamente, de manera que se trata de cuestiones entre particulares sin imperio ni coerción. De modo que los actos reclamados no implican una imposición o subordinación nacida de un poder de mando, sino que derivan, como ya se dijo, de disposiciones internas del ente jurídico cuyos efectos no trascienden a la esfera jurídica de la promovente, en virtud de que los mismos tiene vigencia al interior de ente sindical en una relación de coordinación con sus las personas que lo integran; asimismo, no es posible que le sean afectados los actos emitidos por el sindicato señalado como autoridad responsable, ya que no existe vínculo jurídico alguno entre éste y la promovente, pues de la lectura integral de la demanda de garantías se desprende que la impetrante de garantías aún no forma parte de los agremiados que representa la asociación. Es decir, los actos emitidos por el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana se realizan en el marco de una relación de coordinación, la cual, como ya se dijo, se entabla entre el trabajador y el sindicato al que pertenece, por lo que actúa en un mismo plano, es decir, en igualdad de condiciones, por ello, en todo caso las partes involucradas deben acudir a los tribunales laborales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, encontrándose ambas en el mismo nivel, existiendo bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación, máxime que la promovente no es parte del ente sindical cuya actuación se combate. Además, para que un acto pueda ser considerado como "de autoridad" para efectos del juicio de amparo, es necesario que la actuación del ente emisor esté determinada por la ley, y que la propia legislación le otorgue un poder de imperio capaz de crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones del gobernado. Sin embargo, es evidente que en este caso esa nota distintiva no se configura, ya que la actividad sindical se rige por los estatutos de la coalición de trabajadores que sólo tienen impacto al interior del sindicato, pero no tiene las características de generalidad y abstracción que caracterizan a las normas de observancia general. Máxime que, como se anticipó, los conflictos entre los agremiados a un sindicato y su dirigencia o entre los agremiados entre sí, deben dirimirse ante el tribunal laboral competente y no en una vía constitucional extraordinaria como el juicio de amparo. A lo anterior resulta aplicable la tesis aislada I.14o.T.20 L (10a.), con número de registro digital 2019686, sustentada por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son los siguientes: "SINDICATO PATRONAL. EL CONFLICTO PLANTEADO POR UNO DE SUS SOCIOS, DERIVADO DE LA ACCIÓN PREVISTA EN LOS ESTATUTOS QUE LA RIGEN ES DE NATURALEZA INDIVIDUAL, POR LO QUE DEBE DIRIMIRSE ANTE LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. Los estatutos de ese tipo de agrupaciones que conceden facultades a órganos internos -como la Comisión de Honor y Justicia-, para resolver las controversias que se susciten entre la agrupación y sus socios; para dictaminar sobre la destitución de su presidente cuando su conducta se aparte de aquéllos; para recibir e investigar denuncias y quejas respecto de cualquier violación a esa normativa y otorguen legitimación a los socios para denunciar a su presidente por posibles transgresiones a ella; permiten concluir que el conflicto planteado por uno de los socios en el que reclama la resolución desfavorable derivada de la acción prevista en los estatutos, es de naturaleza individual, por lo que debe dirimirse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, porque si bien los conflictos individuales, generalmente provienen de la relación laboral entre trabajadores y patrones; sin embargo, la acción ejercida emana de la normativa que legitima a los socios de una agrupación de patrones en lo individual para reclamar la resolución recaída a la denuncia instada, que por tratarse de una acción intentada por un miembro de la agrupación de patrones, debe dirimirse ante la autoridad laboral citada, en términos del artículo 604 de la Ley Federal del Trabajo." De manera que en contra de los actos reclamados en el presente juicio, no procede el juicio de derechos fundamentales, ya que no se trata de actos de autoridad para efectos del amparo. Se invoca en apoyo a lo anterior la tesis XVI.1o.T.34.L dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, publicada en la página 2524 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Décima Época, agosto de dos mil dieciséis, de rubro y texto siguientes: "COMITÉ ELECTORAL Y COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DEL SINDICATO DE PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUANAJUATO. NO SON AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. Aun cuando la Comisión de Honor y Justicia y el Comité Electoral, ambos del Sindicato de Personal Académico y Administrativo de la Universidad Autónoma de Guanajuato pueden tomar decisiones obligatorias para sus agremiados que pudieran afectar sus derechos, no son autoridades para efectos del amparo porque no actúan por mandato de una norma general, sino que proceden según las facultades que les conceden los estatutos de esa organización. En efecto, si bien de conformidad con el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, existe la posibilidad de promover el juicio de amparo en contra de particulares, para que éste sea procedente, es necesario que aquéllos realicen actos equivalentes a los de una autoridad, afecten derechos y que sus funciones estén determinadas por una norma general. En ese sentido, el artículo 107, fracción I, de la misma ley señala que, por normas generales, deben entenderse, entre otros, los tratados internacionales, leyes federales, las Constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, las leyes de los Estados y del Distrito Federal, reglamentos federales y locales, los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; todos esos ordenamientos tienen en común que emanan de los poderes públicos del Estado, de un proceso o acto de legislación; sin embargo, los estatutos de un sindicato no emanan de un poder público, por lo que no pueden considerarse normas generales, y no les da ese carácter el hecho de que los artículos 359 y 371 de la Ley Federal del Trabajo establezcan que esas organizaciones tienen derecho a redactar sus propios estatutos y los aspectos que deben regular, porque la norma general es la ley laboral que permite a los trabajadores formar sindicatos, de idéntica manera a lo que ocurre, por ejemplo, con la Ley General de Sociedades Mercantiles, que permite a los ciudadanos formar diversos tipos de sociedades o asociaciones como las anónimas o en comandita simple, con facultades para crear normas que regirán las relaciones entre los miembros. Las reglas instituidas para las relaciones internas de esas agrupaciones, creadas por sus propios integrantes, si bien son fuente de derechos y obligaciones exigibles frente a los tribunales, no caben en la categoría de normas generales, por no emanar de órganos del Estado. Por tanto, los actos de esas entidades sindicales o intersindicales son impugnables ante la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje para Asuntos Universitarios del Estado de Guanajuato, por posible infracción de sus normas convencionales, no en la vía de amparo." De igual forma, es orientadora la parte conducente de la tesis I.6o.T.24 L, dictada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, publicada en la foja 1992 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 2, agosto de dos mil doce, Décima Época, con número de registro 2001501, que prevé: "SINDICATOS. CUANDO SUS MIEMBROS CONSIDEREN AFECTADOS SUS DERECHOS EN LA ELECCIÓN O CAMBIO DE DIRECTIVA, ESTÁN LEGITIMADOS PARA CONTROVERTIRLOS EN LA VÍA JURISDICCIONAL. De la jurisprudencia P./J. 32/2011, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 7, de rubro: "SINDICATOS. LA AUTORIDAD LABORAL ESTÁ FACULTADA PARA COTEJAR LAS ACTAS DE ASAMBLEA RELATIVAS A LA ELECCIÓN O CAMBIO DE DIRECTIVA, A FIN DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES QUE RIGIERON EL PROCEDIMIENTO CONFORME A SUS ESTATUTOS O, SUBSIDIARIAMENTE, A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 86/2000).", se advierte, en lo conducente, que quien considere afectados sus derechos por irregularidades en la elección o cambio de directiva de los sindicatos, puede controvertirlos por la vía jurisdiccional ante una Junta de Conciliación y Arbitraje. Ello, porque del análisis de la ejecutoria respectiva, se colige, que aunque no fue el objeto principal de la contradicción de tesis de mérito, lo cierto es que se estableció que para lograr la tutela de los derechos humanos de los agremiados de un sindicato, debe prevalecer el respeto a sus estatutos y que, en caso de que una elección se verifique sin que se cumplan los requisitos legales ahí previstos, quien considere que se afectan sus derechos podrá controvertir el acto respectivo en la vía jurisdiccional. En esas circunstancias, se concluye que los miembros de un sindicato que consideren afectados sus derechos por la elección o cambio de su directiva, están legitimados para acudir en la vía jurisdiccional a controvertir tal acto, toda vez que, estimar lo contrario, conllevaría a negarles el acceso a la impartición de justicia salvaguardada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no contar con un medio de defensa para poder impugnar esa designación." En las apuntadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I y 5, fracción II, con fundamento en el artículo 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo, se impone desechar de plano la demanda de amparo. Por otra parte, se advierte que la quejosa, no señalo domicilio para oír y recibir notificaciones y documentos. En mérito de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado Federal, este proveído, a la parte quejosa *************, que se publica en los estrados de este Juzgado de Distrito, así como las subsecuentes notificaciones. Tiene aplicación por analogía, la jurisprudencia 20/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 107/2007-PS, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Sexto, ambos en Materia Civil del Primer Circuito, de seis febrero de dos mil ocho, de la Novena Época, que a la letra dice: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. De la interpretación armónica de los artículos 27 a 34 de la Ley de Amparo, se advierte que hay resoluciones -como las que contienen prevenciones y requerimientos- cuya notificación debe practicarse personalmente, y que ante la imposibilidad de dicha práctica, ya sea porque no se señaló domicilio o porque no se esperó al notificador, la regla es que se notifiquen mediante lista. En ese sentido, si bien la Ley indicada no establece cómo debe actuar el órgano jurisdiccional ante la imposibilidad de notificar personalmente un auto en el que se previene a la parte quejosa en el domicilio que designó para oír y recibir notificaciones, cuando el actuario que se constituye en éste, no encuentra a quien debe notificar, ni a sus parientes, empleados domésticos o a alguna persona que viva ahí, debe entenderse que para llevar a cabo la diligencia, la notificación deberá realizarse por lista. Lo anterior, en virtud de que dicha eventualidad puede encuadrarse en los supuestos previstos en la Ley de Amparo, según los cuales, ante la imposibilidad de practicar la notificación personalmente, debe realizarse por lista, con lo cual el órgano jurisdiccional cumple con el cometido de hacer del conocimiento del quejoso la resolución emitida, utilizando las figuras preestablecidas en la Ley mencionada; esto en el entendido de que corresponde al titular del órgano jurisdiccional, a partir de la razón actuarial en la que conste que se llevaron a cabo todas las actuaciones posibles para efectuar la notificación personal, determinar que ello fue imposible y, en consecuencia, se ordenará válidamente que se practique por lista. Además, lo anterior es así porque si la Ley de Amparo prevé una solución al caso planteado, es inconcuso que resulta innecesario acudir a otra normatividad para resolverlo, de ahí que en la especie sea inaplicable supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles." Por otra parte autoriza para oír y recibir notificaciones a***************************************. Asimismo como lo solicita, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3o de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta del expediente electrónico en línea, para lo cual proporciona el usuario "*************", el cual obra debidamente registrado ante el sistema electrónico del Poder Judicial Federal. De igual manera, con sustento en el numeral 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, requiérase a las partes para que, en la medida de lo posible, transiten toda actuación derivada del presente líbelo constitucional al esquema de "juicio en línea". Además, requiérase a las partes para que proporcionen un número telefónico móvil y una cuenta de correo electrónico para establecer contacto, en los casos que se estimen necesarios.
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