Stephan Porias Noriega
Expediente 129/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 129/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 31/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Stephan Porias Noriega
Actuaciones
- Principal
México, Ciudad de México, a treinta y uno demayo de dos mil veintitrés. Agréguese para que obre como corresponda el oficio del Juzgado Sexagésimo Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México, mediante el cual acusa recibo de las constancias que se indican en el oficio que se acuerda, y que fueran remitidas en cumplimiento a lo ordenado en autos. Notifíquese por lista a las partes, con excepción de las autoridades responsables.
- Principal
México, Ciudad de México, a veintidós de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, así como la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la resolución que concluyó este juicio, en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2 de la ley antes citada, se declara que HA QUEDADO FIRME el auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de garantías promovido por **** Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. De igual manera, se hace del conocimiento de las partes que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, ya que no cumple con los lineamientos expresados en el Capítulo Quinto del último párrafo del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En este sentido, también se comunica a las partes que conforme a lo señalado en el Capítulo Octavo, artículo 21, inciso a) del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado durante el plazo de tres años, ya que después de ese lapso se procederá a la destrucción de las constancias que integran el presente expediente. De igual manera, se ordena devolver a las autoridades responsables, las constancias que remitieron al momento de rendir su informe justificado, requiriendo para que a la brevedad posible, se sirvan remitir el acuse de recibo correspondiente. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y remítase el expediente de que se trata como concluido al ARCHIVO de este órgano jurisdiccional para su resguardo en la remesa correspondiente al treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Por otra parte, atento a la certificación que antecede, de la que se desprende que el promovente exhibió documentos originales, notifíquese personalmente el presente proveído, asimismo hágasele de su conocimiento que tiene el plazo de noventa días para recoger tales documentos, apercibida de que, en caso de no hacerlo, será destruido por el Centro de Documentación y Análisis. De conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo y al Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se hace constar que el presente cuaderno concuerda fielmente con el expediente electrónico que se encuentra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese por oficio a las autoridades responsables, personalmente a la quejosa y por lista a las demás partes.
- Principal
México, Ciudad de México, a veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio de cuenta del Juzgado Sexagésimo Cuarto de lo Civil de la Civil de México, en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado que le fue requerido. Con sustento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad oficiante las documentales que acompaña a su informe justificado, las cuales se desahogan en este acto en virtud de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas el día que tenga verificativo la audiencia constitucional. Ténganse por agregadas como parte de actuaciones las constancias remitidas por la responsable y con la finalidad de tener un mejor manejo de las mismas, se ordena formar un cuaderno más por cuerda separada, identificado como tomo I. Ahora bien, atendiendo a que el estudio de las causas de improcedencia del juicio de amparo, constituyen una cuestión de orden público y examen oficioso por el juzgador constitucional, en cualquier etapa del juicio, atento a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley de Amparo, con relación al artículo 17 constitucional, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Por su parte, el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo establece: "El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". Del precepto transcrito, se desprende que podrá decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo, siempre y cuando durante su tramitación apareciere o sobreviniese alguna causal de improcedencia de las que contempla el artículo 61 de la Ley de Amparo, pronunciamiento que puede hacerse en cualquier etapa del juicio, aún antes de celebrar la audiencia a que se refieren los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 124 de la Ley de Amparo, con la condición de que la causa de improcedencia que se invoque se actualice de una forma indudable y manifiesta y, que además, no pueda ser desvirtuada con ningún elemento probatorio que pudiera ofrecer la parte quejosa. Se cita la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, página 386, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Ahora bien, cabe precisar que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, consiste en el extravió del juicio ordinario civil, expediente *****/2017, promovido por ***** contra ******, del índice del Juzgado Sexagésimo Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO Ahora bien, una vez analizadas las constancias relacionadas en párrafos que anteceden, en contraste con el acto reclamado en esta instancia, se corrobora que, respecto al extravío del expediente de origen, el juez responsable informó que ya fue localizado tal asunto, del que remite copias certificadas, por lo que han cesado los efectos del acto reclamado, por lo que SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 61 FRACCIÓN XVII, DE LA LEY DE AMPARO, que establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica; atento a las siguientes consideraciones. De conformidad con el precitado artículo 61 fracción XVII de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, se produce, cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que posteriormente se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En el presente caso se actualiza el supuesto señalado y ha ocurrido un cambio de situación jurídica, lo que imposibilita entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, sin variar el nuevo estado procesal del juicio, por lo que de la correcta intelección que se hace a la fracción XVII del artículo 61, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Carta Magna, se permite establecer, que existe cambio de la situación jurídica y por ende el juicio constitucional resulta improcedente, motivando el sobreseimiento del mismo. En relación con este tema, se emitió la tesis número 2a.CXI/96, visible en la página 219, Tomo IV Diciembre de 1996, Segunda Sala, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que reza: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerase consumadas irreparables las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueve resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". En ese sentido, como el acto reclamado consiste en extravió del juicio ordinario civil, expediente contra María Guadalupe Rivas Fonseca, del índice del Juzgado Sexagésimo Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México, y el juez responsable informó a este órgano jurisdiccional que ya localizó dicho expediente, del que remitió copias certificadas; como consecuencia de lo anterior ha surgido un cambio de situación jurídica generada por la autoridad responsable, al tener devuelta en el juzgado originario dicho expediente natural, ello origina que el acto reclamado haya cesado en sus efectos; surtiéndose a si la causal de improcedencia de conformidad con la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable en lo conducente la Tesis V.5o.1 K de la Novena Época, Materia Común, con número de registro 176744, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Noviembre de 2005 a página 845 la cual dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. PARA VERIFICAR SI SE ACTUALIZA ESE MOTIVO DE IMPROCEDENCIA, NO SE REQUIERE ANALIZAR LA LEGALIDAD DEL DIVERSO ACTO QUE LO REVOCA O SUSTITUYE PROCESALMENTE, SINO ÚNICAMENTE DETERMINAR SI LOS EFECTOS QUE PRODUCE ORIGINAN O NO LA CITADA CAUSAL. La fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Por consiguiente, atendiendo a la naturaleza y finalidad de dicho motivo de improcedencia, el aspecto que debe tomarse en consideración para determinar si se actualiza o no, es precisamente la trascendencia de la nueva actuación de la autoridad que revoca, sustituye o inhabilita los efectos jurídicos del acto combatido, a fin de dilucidar si efectivamente se destruye en forma total la afectación que se podría generar al quejoso; empero, para determinar ese extremo, no es dable analizar si esa nueva actividad administrativa, se encuentra debidamente fundada y motivada, pues a la postre sería irrelevante dilucidar esa cuestión ya que no es la que sustenta la improcedencia del juicio, que se apoya en el hecho de que no hay una materia específica en la que pudiera recaer la sentencia protectora y la consecuente ociosidad de atender las cuestiones planteadas, además de que no se trata de un acto de molestia que deba cumplir los requisitos de legalidad de fundamentación y motivación, pues no se dirige a afectar la esfera jurídica del quejoso, sino que es el medio a través del cual se le comunica que el diverso acto que impugnó ha dejado de surtir plenamente efectos legales; ello, sumado al hecho de que estimar que puede efectuarse ese estudio, implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado, incluso en forma oficiosa, lo que quebrantaría el principio de instancia de parte agraviada e implicaría que el fallo respectivo se tornara incongruente, al verificar cuestiones ajenas a la materia del juicio y, además, llevaría a que se resolvieran aspectos de fondo que técnicamente no pueden abordarse si debe decretarse el sobreseimiento en el juicio." DETERMINACIÓN Por lo expuesto, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, lo anterior hágase del conocimiento a las partes para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, se deja sin efectos la audiencia constitucional señala para el VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRES, A LAS NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable, personalmente a la parte quejosa y por lista al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción.
- Principal
México, Ciudad de México, a catorce de febrero de dos mil veintitrés. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA Téngase por recibido el escrito de demanda presentado el diez de febrero de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México y recibido el trece del mismo mes y año, por la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito. REGISTRO Fórmese expediente impreso y electrónico de conformidad con lo previsto en el artículo 3° de la Ley de Amparo y regístrese en el libro de Gobierno con el número 129/2023-IV, y con número de NEUN 32073398. ...FUNDAMENTO DE LA ADMISIÓN Y AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII de la Constitución Federal, 1, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 115, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se ADMITE dicha demanda promovida por *****, contra los actos que reclama del: Juzgado Sexagésimo Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin lugar a tramitar incidente de suspensión al no haberlo solicitado la parte quejosa. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS para que tenga verificativo la audiencia constitucional. A fin de evitar el contacto físico entre las partes y los operadores jurídicos, hágase del conocimiento de las partes que deberán presentar los alegatos y pruebas que consideren pertinentes antes del día y hora señalados para la audiencia constitucional, en el entendido que la audiencia se levantará sin la presencia de las partes, salvo que ofrecieran algún medio de prueba que amerite su desahogo y por ende la presencia de las partes ante el órgano jurisdiccional, en el entendido que pueden alegar en forma escrita. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO. Pídase el informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo en términos de lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo y hágasele de su conocimiento que de conformidad con lo previsto en el precepto citado, la falta de informe justificado hará presumir cierto el acto reclamado para el solo efecto de resolver en definitiva el juicio y atento a lo previsto en el artículo 260 fracción II, se les sancionará con una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, en caso de que omitan rendir su informe, lo cual se determinará el día y hora que tenga verificativo la audiencia constitucional. De igual forma, requiérase a la autoridad responsable para que las constancias con las que pretenda apoyar su informe las remitan en un plazo no mayor a diez días contados a partir de la notificación del presente proveído, atendiendo al principio de expedites, celeridad y prontitud en la impartición de justicia que establece el artículo 17 Constitucional. RECONOCIMIENTO DE TERCERO INTERESADO Sin lugar a tener con tal carácter a persona alguna, dada la naturaleza del acto reclamado. OBLIGACIÓN DE LAS PARTES Por otra parte, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley de Amparo, requiérase a las partes para que en el supuesto de que haya ocurrido alguna causa de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo hagan saber así a este Juzgado Federal, apercibido el tercero interesado que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con el artículo 251 de la Ley de Amparo. Se hace la precisión que los montos de los apercibimientos formulados, se fundamentan en términos de lo establecido en la Ley de Amparo y en el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución General, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, el cual modificó los artículos 26, 41 y 123 de la mencionada Carta Magna. INTERVENCIÓN MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO. Dese la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DEL PROMOVENTE En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo vigente y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, reconózcase como domicilio del promovente el que indica en su escrito de cuenta. Asimismo, se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a *****..., toda vez que sus cédulas profesionales se encuentran registradas en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, lo anterior de conformidad al Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, se tienen por autorizados a *****... y a las diversas personas que indica, en términos de la última parte del artículo 12, con relación al segundo párrafo del artículo 24, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que no tienen registrada sus cédulas profesionales en el referido Sistema de Profesionales del Derecho. SE EXHORTA A LAS PARTES CONTINUAR EL TRÁMITE DEL PRESENTE JUICIO VÍA ELECTRÓNICA Debido a la contingencia sanitaria provocada por el virus covid-19, de conformidad con lo previsto en los artículo 22, 28 y 29 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia Sanitaria, se exhorta a las partes a que continúe su tramitación vía electrónica, para lo cual deberán realizar el registro correspondiente en el Portal de Servicios en Línea, crear su usuario y proporcionarlo ante éste órgano jurisdiccional para acceder al expediente electrónico y notificarse por dicho medio. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Así también, se habilitan días y horas inhábiles para que se practiquen todas y cada una de las notificaciones que se ordenen en el presente expediente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo. ACUERDO DE TRANSPARENCIA Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, haciendo del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y IV y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información pública y sobre todo atendiendo a lo establecido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete y que entró en vigor al día siguiente de su publicación, por lo que las partes deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, bajo la perspectiva que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables, al Agente del Ministerio Público de la adscripción y por lista a la parte quejosa.
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