Stella Yolanda Inda Prado

Expediente 1435/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1435/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
13/01/2022

Partes del expediente

  • Stella Yolanda Inda Prado

Actuaciones

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TRECE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguese en autos para que surta sus efectos legales procedentes, el ocurso de cuenta signado por la quejosa MA. BALDOMERA HARO SERRANO por medio del cual solicita se autorice en términos amplios a HIATA TEREIRA ALEGRÍA PEÑA DURÓN, sin revocar los nombramientos realizados con antelación en el presente juicio; sin embargo dígasele a la ocursante que se le tendrá únicamente como autorizada en términos restringidos de conformidad al artículo 12 segundo párrafo de la Ley de Amparo, toda vez que no tiene inscrita cédula alguna en el Registro y Consulta de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, que la faculte para ejercer la profesión de Abogada o Licenciada en Derecho. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese en autos para que surta sus efectos legales procedentes, el ocurso de cuenta firmado por la peticionaria de amparo STELLA YOLANDA INDA PRADO, mediante el cual desahoga la prevención efectuada por auto de catorce de diciembre de dos mil veintiuno. Ahora, del análisis de la demanda de amparo y aclaración de la misma la cual quedó registrada en el Libro de Gobierno bajo el número 1435/2021, este Juzgado de Distrito advierte que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En efecto, este Juzgado Federal de oficio advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII en relación con el precepto 107, fracción IV, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:(.) "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo se pedirá ante el juez de Distrito: (...) "IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. "Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. "En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior". De la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, en lo que interesa, se obtiene que en relación a los actos dictados fuera de juicio o después de concluidos el amparo es procedente, tratándose del procedimiento de ejecución de sentencia o del procedimiento de remate, únicamente contra la última resolución, siendo ésta, en la primera hipótesis, la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente, y en la segunda hipótesis, la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados; en cuyos casos se harán valer las violaciones cometidas durante esas etapas que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución relativa. Cabe indicar que, como excepción a la regla general que contiene la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, cuando haya actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural y que no constituyan la última resolución, se puede aplicar por analogía la fracción V1 del mismo numeral, para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto; ello, sin que dicha aplicación permita la procedencia del amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución por violaciones procesales relevantes. En efecto, dado la amplitud de la prerrogativa contenida en la fracción V citada, en el sentido de que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debe estimarse que esta disposición da pauta a la interpretación de lo dispuesto en la fracción IV también descrita, no a la inversa, de modo tal que aun tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existe la posibilidad de impugnarlos por las partes, pero exclusivamente cuando: 1) el acto infrinja directamente derechos sustantivos y 2) los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no hayan sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar, con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. En síntesis, un acto dictado en ejecución de sentencia puede reclamarse a través del amparo indirecto, de acuerdo con lo siguiente: a) Que se interponga contra la última resolución dictada en el procedimiento correspondiente (regla general), y; b) Cuando el acto reclamado dictado en ejecución de sentencia y que no constituye la última resolución, vulnere derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada y que no tengan como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural (regla de excepción). Apoya el anterior criterio, la jurisprudencia P./J. 108/2010 que emitió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, tomo XXXIII, enero de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y contenido dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto". Lo anterior es así, porque los mencionados párrafos segundo y tercero de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, se apoyan en el principio de economía procesal, que pretende evitar la proliferación o cadena interminable de juicios de amparo con motivo de diversas actuaciones suscitadas en el procedimiento de ejecución; esto es, el legislador de amparo pretende evitar que las partes contendientes en un procedimiento de ejecución puedan intentar el juicio de amparo tantas veces como violaciones se cometan en dicho procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la conclusión definitiva del procedimiento respectivo; así, el propio legislador pretende que continúe la ejecución de la sentencia del juicio sin mayores dilaciones y que el afectado con las posibles violaciones que se cometan durante el mismo, al impugnar la última resolución dictada, pueda hacer valer tantas violaciones al procedimiento como estime que se le hubieren cometido. En el caso concreto, del escrito integral de demanda y su aclaración se advierte que la quejosa Stella Yolanda Inda Prado es parte demandada en el juicio especial hipotecario 140/2014 del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, el cual se encuentra en etapa de ejecución, pues del punto primero de antecedentes del escrito inicial de demanda se advierte que el dieciocho de noviembre de dos mil veinte se declaró firme la interlocutoria dictada dentro del incidente de liquidación de la sentencia dictada en ese expediente que condenó a la citada quejosa al pago de los conceptos de suerte principal, intereses vencidos y gastos y costas derivados del contrato de reconocimiento de adeudo con garantía hipotecaria celebrado entre dicha amparista y Rudolfo Mendoza, como parte deudora, y David Salvador Tapia Moncada, como parte acreedora. Dentro de ese periodo de ejecución el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno a las dieciséis horas tuvo verificativo la celebración de la audiencia de remate en primera almoneda en la cual se adjudicó de manera provisional el inmueble materia de litis en el citado juicio especial hipotecario 140/2014 a favor del acreedor David Salvador Tapia Moncada; determinación que constituye el acto reclamado en este asunto. De esta manera se determina, sin lugar a dudas, que en la especie se actualiza la causal de improcedencia a que se ha hecho referencia, en virtud de que dicha determinación que adjudica de manera provisional el bien inmueble materia de la litis en el juicio natural no constituye la última determinación practicada en el procedimiento de ejecución, pues con el mismo el juez responsable busca que se lleve a cabo la ejecución de la sentencia, por lo que está encaminado a preparar tal objetivo; de ahí que el acto reclamado en la demanda de amparo que nos ocupa, como se dijo, se considera una actuación intermedia dictada dentro del periodo de ejecución de juicio que no puede combatirse a través del juicio constitucional, habida cuenta que para su legitimación sólo es procedente contra la última resolución dictada en ese período (ejecución de sentencia), entendiéndose por ésta, la que reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o en la que se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 57/2019 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 110, Libro 70, Septiembre de 2019, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo texto y rubro dicen: "ESCRITURACIÓN EN EL REMATE. LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA SU OTORGAMIENTO EN FORMA VOLUNTARIA. La interpretación gramatical, teleológica y funcional del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, lleva a concluir que en los procedimientos de remate, tratándose de la formalización de la venta judicial, la última resolución es aquella que en definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación en forma voluntaria. En la disposición apuntada, el legislador democrático dispuso que el juicio de amparo indirecto procede contra actos realizados fuera de juicio o después de concluido, no obstante, a fin de resguardar la operatividad del sistema del juicio de amparo y evitar dilaciones innecesarias en la ejecución de sentencias, estipuló que únicamente procederá contra la última resolución dictada en esa etapa. Lo anterior refleja una lógica en el requisito de procedibilidad del juicio de amparo indirecto que pretende dos objetivos, el primero, asegurar que no existirá ningún acto posterior a esa última resolución, por el cual se puedan modificar, revocar o cesar los efectos del acto reclamado en el juicio de amparo y, el segundo, evitar dilaciones y obstáculos innecesarios en la ejecución de sentencias emanadas de los procedimientos jurisdiccionales. Ahora, en lo que ve al procedimiento de remate y en el preciso tema de la formalización de la adjudicación, la norma es precisa al definir la última resolución como aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura. Al respecto, la definitividad a la que se refiere el precepto en cuestión deriva de la inimpugnabilidad del acto y no de la actuación material que, frente a esa determinación, pueden adoptar las partes. En ese tenor, la circunstancia de que la resolución que ordena el otorgamiento voluntario de la escritura, con apercibimiento de que el Juez lo hará en caso de rebeldía, apela a la voluntad de la persona a la que va dirigida la orden, pero la eficacia de lo ordenado no depende de la actitud que pueda adoptar el ejecutado, si se considera que la eventual contumacia de éste, solamente dará lugar a que dicha facultad de otorgar la escritura pase al juzgador, con lo que se consolida el derecho sustantivo de propiedad en favor del adjudicatario y, en tal virtud, no existe razón fundada para esperar a que se haga efectivo el apercibimiento a fin de acudir al juicio de amparo, pues con motivo de aquel requerimiento, el quejoso estará en aptitud de hacer valer las violaciones que, en su concepto, se hubieren presentado durante el procedimiento de remate, sin el riesgo de incurrir en prácticas dilatorias indeseables ni contravenir los objetivos perseguidos por el legislador, en el sentido de impedir la promoción desmesurada de juicios de amparo." Igualmente, es aplicable a lo considerado, la tesis 2a.VIII/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 230, Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, de rubro que dice: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS." Finalmente, es aplicable a lo considerado, la jurisprudencia VI.2o.C. J/6 (10ª), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1515, del Libro X, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, julio de dos mil doce, Décima Época, cuyo rubro es: "ACTOS INTERMEDIOS DICTADOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO SUSTANCIADO DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO, DIVERSO AL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA Y AL DE REMATE. DEBEN IMPUGNARSE EN EL AMPARO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE PONGA FIN A AQUÉL. "En consecuencia, resulta evidente la improcedencia de la demanda de amparo que nos ocupa, atento a que la única hipótesis en la que el amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia es procedente, es aquella en la que la parte quejosa promueve el juicio de amparo como tercero extraño a juicio, en términos del artículo 107, fracción VI, de la Ley de la Materia; supuesto legal que no se da en la especie, ya que como se advierte de los antecedentes del acto reclamado la parte quejosa no es tercera extraña al juicio de origen, ni a su procedimiento de ejecución, pues le asiste el carácter de parte demandada. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el precepto 107, fracción IV, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO, POR SU NOTORIA Y MANIFIESTA IMPROCEDENCIA, LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por STELLA YOLANDA INDA PRADO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA: TEPIC, NAYARIT, SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes escrito de cuenta, signado por César Santos Carrillo Arjona, perito en materia de contabilidad designado por este Juzgado dentro del juicio de amparo en que se actúa, a través del cual rinde el dictamen pericial que le fue encomendado; luego, requiérase al perito de referencia, a efecto de que dentro de los tres días siguientes al en que quede legalmente notificado del presente proveído, comparezca ante la presencia judicial a ratificar su dictamen. Bajo apercibimiento legal que en caso de no comparecer se le aplicará alguno de los medios de apremio que contempla el artículo 59, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2° de la misma. En la inteligencia de que para poder comparecer a este órgano jurisdiccional a efectuar la ratificación de su dicamen pericial, tendrá que agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea, específicamente en el micrositio "Agenda OJ", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3° del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid19. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE AL PERITO CÉSAR SANTOS CARRILLO ARJONA.

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