Stefany Berenice Carreon Reyes
Expediente 743/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 743/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/07/2019
Partes del expediente
- Stefany Berenice Carreon Reyes
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, veintitrés de julio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio de cuenta enviado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, por medio del cual remite testimonio de resolución emitida en el conflicto competencial 10/2019 de su índice. Acúsese el recibo correspondiente. Ahora bien, el Tribunal de Alzada oficiante en sesión de veintisiete de junio del año en curso, resolvió el conflicto competencial 10/2019 en el que determinó: "PRIMERO. Existe conflicto competencial para conocer del juicio de amparo promovido por **********. SEGUNDO. El Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán es legalmente competente por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo promovida por ***********; en consecuencia, remítase al referido juzgador las constancias que conforman el expediente junto con copia certificada de la presente resolución. Asimismo, remítase un tanto más de dicha copia al diverso órgano jurisdiccional contendiente, para los efectos legales procedentes." Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico y dado que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese este cuaderno de antecedentes como asunto total y definitivamente concluido, previa verificación de la correcta integración electrónica con la totalidad de las constancias que integran el expediente judicial, consideradas como tales únicamente las promociones y actuaciones judiciales. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I. 1o.A.E.6 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, mayo 2014, Tomo III, página 1994, cuyo rubro y texto son: "EXPEDIENTE JUDICIAL. CONSTANCIAS QUE LO INTEGRAN. De la interpretación correlacionada de los artículos 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles; punto segundo, fracción XX, del Acuerdo General Conjunto Número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, y artículo 12, incisos d) y e), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de los órganos mencionados y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, el expediente judicial es el conjunto ordenado o recopilación de documentos en los que constan los actos procesales, es el legajo donde deben coleccionarse o compilarse promociones, documentos adjuntos -específicamente, los base de la acción-, tales como poderes y, de manera especial, acuerdos, actuaciones y resoluciones, en la medida que acreditan lo actuado por las partes y el tribunal, cuyo contenido se guarda como memoria o testimonio en el propio órgano. En otras palabras, es el registro histórico del proceso. Por otra parte, existen evidencias o pruebas que se presentan por las partes ante tribunales para apoyar o dar crédito a sus manifestaciones, elementos que temporalmente se relacionan o asocian con el expediente judicial y deben estar disponibles para consulta de juzgadores, secretarios, partes y auxiliares, como son los peritos o testigos, durante la secuela judicial. Algunas de las evidencias presentadas en autos, si es que resultan relevantes y esenciales para probar la decisión, pueden ser citadas o incluso guardarse testimonio de ellas, lo que acontece con ciertas copias, fotografías, esquemas u otros supuestos generados mediante alguna otra tecnología, que razonablemente puedan ser agregadas al expediente. Sin embargo, concluida la instancia y recursos, se devuelven a las partes o autoridades responsables las pruebas exhibidas, por lo que nunca llegan a convertirse en parte del expediente judicial. En este orden de ideas, las constancias que integran el expediente judicial son exclusivamente las promociones y actuaciones judiciales." Por otra parte, conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diciembre de dos mil doce, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en los puntos Segundo, fracción XX y Vigésimo, fracción I, del mencionado Acuerdo General Conjunto, pues se trata de un cuaderno de antecedentes formado con motivo de incompetencia, por tanto, procédase a su destrucción una vez que haya transcurrido el plazo de seis meses a que se refiere el primer párrafo del punto Vigésimo del Acuerdo General invocado. Finalmente, atento lo ordenado en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del referido acuerdo, háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente de que se trate. Notifíquese; y por medio de oficio al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito.
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Ciudad de México, a dieciocho de junio de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de quince días otorgado mediante acuerdo de veintiuno de mayo de dos mil diecinueve (folios 30 a 34), para que la parte quejosa ampliara su demanda de amparo de conformidad con los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo. En consecuencia, se tiene por precluido su derecho para hacerlo y se atenderá a la literalidad del capítulo respectivo de su escrito de demanda. Finalmente, visto lo de cuenta; y considerando la circunstancia de que por oficio número SEADS/759/2019, de doce de junio de dos mil diecinueve, firmado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se comunica la decisión del propio Pleno del Consejo, en la que se determina la readscripción del Juez de Distrito Abel Méndez Corona, a este Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región con residencia en la Ciudad de México, a partir del dieciséis de junio del año en curso; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes dicha determinación para los efectos legales conducentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 104/2010, definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Julio de 2010, foja 312, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO.". Notifíquese.
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Ciudad de México, catorce de junio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio signado por el Administrador de Cobro Persuasivo y Garantías "1" del Servicio de la Administración Tributaria, a través del cual informa que respecto del requerimiento formulado en autos, a efecto de hacer efectiva la multa impuesta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, remitió a la Titular de la Administración Desconcentrada de Recaudación del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) "4" de dicha dependencia, el original del oficio 77243/2019, girado por este órgano jurisdiccional, para que proceda a hacer efectiva la sanción pecuniaria referida. De lo anterior se toma conocimiento. Información a la autoridad hacendaria Por otra parte, por el momento no se solicita a la Titular de la Administración Desconcentrada de Recaudación del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) "4" del Servicio de Administración Tributaria, que informe a este juzgado las gestiones que está realizando para hacer efectiva la medida de apremio impuesta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en la resolución interlocutoria de quince de abril de dos mil diecinueve, toda vez que la citada autoridad interpuso recurso de revisión en contra de esa resolución, impugnando precisamente la imposición de la multa, medio de defensa que le correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien lo registró con el número RA-214/2019. Por tanto, una vez que la superioridad resuelva el citado medio de impugnación, se proveerá lo conducente en relación a la multa de referencia. Lo anterior, hágase del conocimiento de la Titular de la Administración Desconcentrada de Recaudación del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) "4" del Servicio de Administración Tributaria, para los efectos legales conducentes. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Por lista Autoridades responsables Por lista Titular de la Administración Desconcentrada de Recaudación del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) "4" del Servicio de Administración Tributaria Por oficio Tercero interesado No existe Ministerio Público Federal Por lista
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Ciudad de México, treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve. Registro Visto el oficio número 10379/2019 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia al cual anexa los autos originales del juicio de amparo 531/2019 de su índice, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por ***********, por su propio derecho, fórmense el expediente físico y electrónico de amparo, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo e instrúyase al secretario de acuerdos que deberá dar fe en lo sucesivo de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. Asimismo, anótese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con los siguientes datos: REGISTRO OCC EXPEDIENTE NNEUN PARTE QUEJOSA 013297/2019 743/2019 25037047 ********** Autorizados en términos amplios, para oír y recibir notificaciones, así como para la utilización de medios electrónicos en la consulta del expediente De conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen como autorizados en términos amplios de la parte quejosa al siguiente profesionista: Profesionista **********. Dicha autorización se entiende para efectos de llevar a cabo todos los actos en juicio que correspondan a la parte quejosa, consistentes en interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas e, incluso, desistirse de ellas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte necesario para la defensa de los derechos del autorizante, sin incluir aquéllos que impliquen disposición del derecho en litigio y los reservados a la persona del interesado, como lo es la facultad para desistirse del juicio de amparo y sus recursos. De igual manera, conforme a la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes para que se impongan de las actuaciones de este expediente con la utilización de medios electrónicos. Autoridades responsables y actos reclamados Previamente a proveer sobre la demanda, debe destacarse que es criterio reiterado del Alto Tribunal que la demanda de amparo es un todo, por lo que su estudio integral no debe limitarse únicamente al escrito de demanda, sino que debe comprender los documentos y anexos que se acompañan. En ese sentido, es obligación de los juzgadores de amparo analizar e interpretar la demanda respectiva en su integridad, atendiendo a lo que en ella se pretende desde el punto de vista material y no únicamente formal; por lo que dicha tarea incluye el análisis del ocurso inicial y de sus anexos. Establecido lo anterior, del análisis integral de la demanda de amparo y documentos anexos, así como del escrito aclaratorio se tiene como autoridades responsables y acto reclamado, el siguiente: Autoridades responsables Actos reclamados 1. Auditor Especial del Gasto Federalizado, adscrito a la Auditoria Superior de la Federación. 1) La fiscalización superior de la Cuenta Pública 2014, practicada por la Auditoría Superior de la Federación al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, mediante la auditoría número *********** de tipo "Financiera y de Cumplimiento", denominada "Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación", cuyo objetivo fue Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado, a través del Programa en 2014. 2) El Pliego de Observaciones número *********** de fecha dieciséis de Mayo de dos mil diecisiete, por un monto de $**********, notificado al Ingeniero ***********, Gobernador del Estado, mediante el oficio ********** fechado el diecisiete de Mayo del dos mil diecisiete. 3) El dictamen Técnico número ***********, de fecha dieciocho de Febrero de dos mil diecinueve, donde se determinó la no solventación del pliego de observaciones y el daño causado al Estado en su Hacienda Pública Federal por la cantidad de $************, más intereses que se hubieren generado desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación; pero de la revisión a los estados de cuenta bancaria receptoras de los recursos del Programa de Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación, se constató que no se ejercieron y aplicaron recursos por $************por lo que el monto de la irregularidad es de $*********** 4) La declaratoria de no solventación del citado pliego de observaciones, en su calidad de Directora de Administración de Fondos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán en los períodos comprendidos de quince de julio al treinta y uno de octubre de dos mil catorce y del veinte de enero de dos mil quince al dieciocho de abril de dos mil dieciséis. 2.- Director General de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios, adscrito a la Auditoria Superior de la Federación. 3.- Director General de Seguimiento "B", adscrito a la Auditoria Superior de la Federación. 4.- Director de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios "B", adscrito a la Auditoria Superior de la Federación. Incompetencia por territorio En primer término, debe hacerse referencia al artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto anterior se desprenden tres reglas de competencia de los jueces de distrito en función de la posible ejecución del acto reclamado, a saber: Si el acto reclamado conlleva ejecución, esto es, debe ejecutarse, se está ejecutando, o bien, se haya ejecutado, es juez competente el que ejerza jurisdicción dentro de los límites del lugar de dicha ejecución. Si el acto reclamado conlleva ejecución y ésta tiene lugar en diferentes distritos, o bien, comenzó a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro, será juez competente aquél ante quien se presente la demanda de amparo; y, Si el acto reclamado no conlleva ejecución material, será juez competente aquél ante quien se presente la demanda. En ese sentido, debe decirse que mediante Acuerdo CCNO/9/2019 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al turno de nuevos asuntos a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa y en Materia civil, todos en la Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de febrero de dos mil diecinueve, se asignó a este juzgado auxiliar la competencia para conocer y resolver de los juicios de amparo cuyo conocimiento corresponde a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, conforme al número y cualidad de juicios especificados en el propio acuerdo Sobre el particular, el considerando quinto y los artículos 1, 2, 3 y 4 de dicho Acuerdo prevén: "QUINTO. Los Juzgados Primero y Segundo de Distrito Auxiliares de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, tienen una doble función; como auxiliares apoyando en el dictado de sentencias a los Juzgados de Distrito de número; y como órganos jurisdiccionales ordinarios, tramitando y resolviendo asuntos de competencia específica que les ha sido asignada por el Consejo de la Judicatura Federal, motivo por el cual, cuentan con una plantilla de personal amplia. En ese sentido, los referidos órganos jurisdiccionales, apoyarán a los Juzgados de Distrito en Materia Civil y en Materia Administrativa, en la Ciudad de México, que cuentan con mayor número de asuntos en trámite, recibiendo un número determinado de nuevos asuntos que tramitarán y resolverán, además de dictar todas las providencias posteriores hasta su archivo definitivo; y ACUERDO Artículo 1. La Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil con residencia en la Ciudad de México, recibirá los asuntos de nuevo ingreso, y a partir del once de febrero de dos mil diecinueve, turnará por día los primeros ocho juicios de amparo al Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, de manera indefinida y hasta que la Comisión de Creación de Nuevos Órganos determine lo contrario, con el objeto de que los tramite y resuelva. Artículo 2. La Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa con residencia en la Ciudad de México, recibirá los asuntos de nuevo ingreso, y a partir del once de febrero de dos mil diecinueve, turnará por día los primeros ocho juicios de amparo al Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, de manera indefinida y hasta que la Comisión de Creación de Nuevos Órganos determine lo contrario, con el objeto de que los tramite y resuelva. Artículo 3. Los nuevos asuntos que se presenten en las Oficinas de Correspondencia Común aludidas, a través del sistema computarizado de recepción y distribución que se utiliza para esos efectos, serán turnados en términos de los artículos 1 y 2 del presente Acuerdo, con excepción de los asuntos relacionados en términos de lo previsto en el artículo 45, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, los cuales serán turnados al Juzgado de Distrito en la materia que corresponda y que cuente con los antecedentes. Artículo 4. Los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, tramitarán y resolverán los asuntos de que se trata, además dictarán todas las providencias posteriores hasta el archivo definitivo. [.]" De la transcripción anterior, se desprende la encomienda a este órgano auxiliar de apoyar a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el trámite y resolución de los juicios de amparo de su competencia, hasta su archivo definitivo. Para ello, a efecto de delimitar los asuntos que, por razón de territorio, son competencia de tales órganos, resulta indispensable hacer referencia al Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, modificado mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación el quince de diciembre de dos mil diecisiete. El mencionado Acuerdo, en la cuestión de interés, preceptúa: "PRIMERO. El territorio de la República se divide en treinta y dos circuitos, cuya circunscripción territorial es la siguiente: I. PRIMER CIRCUITO: Distrito Federal. [.] CUARTO. La jurisdicción territorial de los juzgados de Distrito es la siguiente: I. PRIMER CIRCUITO: Los juzgados de Distrito con residencia en el Distrito Federal ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de aquél. Los Juzgados Federales Penales Especializados en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones ejercerán jurisdicción territorial, en toda la República Mexicana. De los artículos transcritos, se desprende que el territorio nacional se divide en treinta y dos circuitos, correspondiendo al entonces Distrito Federal -ahora Ciudad de México- el Primer Circuito. Asimismo, se advierte que los jueces de distrito con residencia en la Ciudad de México ejercerán jurisdicción dentro de los límites comprendidos en dicho territorio. En ese sentido, de la intelección de dichos preceptos, así como de las reglas de competencia establecidas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, se afirma que los jueces de distrito con residencia en la Ciudad de México son competentes, por razón de territorio, para conocer y resolver los asuntos en los que la ejecución del acto reclamado tenga un punto de conexión dentro de la Ciudad de México, ya sea porque en dicho territorio deba ejecutarse, se esté ejecutando, se haya ejecutado o haya comenzado a ejecutarse. Asimismo, siguiendo el referido numeral 37 de la Ley de Amparo, si el acto reclamado no conlleva ejecución material alguna, serán competentes los jueces de distrito ante los que se presenta la demanda de amparo respectiva. Asimismo, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 145/2015 (10ª) de la Segunda Sala, para determinar la competencia de los órganos de amparo es necesario atender a la naturaleza del acto reclamado y de las autoridades responsables, toda vez que este criterio es el que tomó en cuenta el legislador al delimitar la competencia de los juzgadores federales en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. No se acepta la competencia planteada. Precisado lo anterior, este juzgado de distrito no acepta la competencia planteada para conocer de la demanda de que se trata, toda vez que no comparte las consideraciones expuestas en proveído de veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, por el cual el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo, atento a las siguientes consideraciones: El juzgado de origen declinó competencia para conocer del escrito, por estimar que los actos reclamados son consecuencia del procedimiento administrativo **********, considerando que dicho procedimiento bajo su interpretación, la quejosa lo señaló como acto destacado, por lo que los actos aquí reclamados son consecuencia de éste, los que tuvieron ejecución, la cual se agotó al momento de su realización a cargo de la Auditoria Superior de la Federación, quien tiene sede en la Ciudad de México. Ahora bien, este juzgado de distrito no comparte el criterio del juzgado declinante en virtud de que de las constancias de autos se advierte, concretamente de la demanda, su anexo y del escrito de desahogo de prevención, que los actos que reclama la parte quejosa en esta instancia constitucional consisten en: 1) La fiscalización superior de la Cuenta Pública 2014, practicada por la Auditoría Superior de la Federación al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, mediante la auditoría número 1104 de tipo "Financiera y de Cumplimiento", denominada "Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación", cuyo objetivo fue Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado, a través del Programa en 2014. 2) El Pliego de Observaciones número *********** de fecha dieciséis de Mayo de dos mil diecisiete, por un monto de $**********, notificado al Ingeniero Silvano Aureoles Conejo, Gobernador del Estado, mediante el oficio ************fechado el diecisiete de Mayo del dos mil diecisiete. 3) El dictamen Técnico número ***********, de fecha dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, donde se determinó la no solventación del pliego de observaciones y el daño causado al Estado en su Hacienda Pública Federal por la cantidad de $***********, más intereses que se hubieren generado desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación; pero de la revisión a los estados de cuenta bancaria receptoras de los recursos del Programa de Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación, se constató que no se ejercieron y aplicaron recursos por $************ por lo que el monto de la irregularidad es de $************. 4) La declaratoria de no solventación del citado pliego de observaciones, en su calidad de Directora de Administración de Fondos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán en los períodos comprendidos de quince de julio al treinta y uno de octubre de dos mil catorce y del veinte de enero de dos mil quince al dieciocho de abril de dos mil dieciséis. De dichos actos debe conocer el Juzgado de Distrito ante el que se presentó la demanda de amparo, a prevención, esto es, el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, toda vez que, si bien el juzgado declinante, en la interpretación que realizó al momento de analizar la demanda, señaló que la quejosa reclama como acto destacado el procedimiento administrativo ***********, para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias, por lo que los actos señalados como reclamados en el capítulo respectivo derivan de dicho procedimiento administrativo. Sin embargo, este juzgador no comparte lo anterior, en virtud de que, como se desprende del acuerdo de catorce de mayo de dos mil diecinueve, mediante el cual se previno a la quejosa para que precisara si el acto reclamado destacado era el emplazamiento que le fue practicado en el procedimiento administrativo *********** y en vía de consecuencia los actos que precisó en el apartado respectivo de la demanda. Así mediante escrito presentado el veintidós de mayo del año en curso, la promovente expresamente manifestó que: "No preciso el emplazamiento que me fue realizado en el procedimiento resarcitorio como el acto reclamado, sino que lo menciono y cito el comunicado inherente a la presunta Notificación, como al efecto resulta el oficio **********(.)". Y, mediante proveído de veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, el órgano jurisdiccional del conocimiento, preciso que: "en el presente asunto no se reclama el emplazamiento que le fue realizado al procedimiento resarcitorio ************ y únicamente exhibió la cédula respectiva para acreditar la fecha en que le fueron notificados los actos reclamados, ya que a su decir, en dicho citatorio se encuentran inmersos en su integridad los actos que combate." De ahí que, los actos reclamados en esta instancia constitucional son únicamente los que se enuncian en el capítulo respectivo y que han sido precisados con antelación, a los cuales se le atribuyen vicios propios de manera separada, como se desprende del capítulo de conceptos de violación, sin prejuzgar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad y/o legalidad o ilegalidad de dichos actos y las consecuencias materiales, esto es, la aplicación de los recursos federales de que se trata se aplicaron en dicha entidad federativa- Estado de Michoacán-. Bajo este tenor, las consecuencias materiales de los actos reclamados lo son en el lugar en el que se resintió su ejecución, por lo que, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se verificaron éstos; puesto como ya se dijo, la parte quejosa reclama la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2014, practicada por la Auditoría Superior de la Federación al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, mediante la auditoría número 1104 de tipo "Financiera y de Cumplimiento", el Pliego de Observaciones número ************ de fecha dieciséis de Mayo de dos mil diecisiete, el dictamen Técnico número **********, de fecha dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, donde se determinó la no solventación del pliego de observaciones y el daño causado al Estado en su Hacienda Pública Federal y la declaratoria de no solventación del citado pliego de observaciones, en su calidad de Directora de Administración de Fondos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán. Como resultado de lo anterior, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y de las autoridades responsables, se considera que el conocimiento de este juicio corresponde al juzgado de distrito ante el que se presentó la demanda de amparo, esto es, el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, motivo por el cual, este juzgado federal no acepta la competencia planteada. Devolución de autos Por las razones expuestas como ya se dijo, este juzgado de distrito no acepta la competencia planteada para conocer y resolver este juicio de amparo. Por tanto se ordena devolver el expediente relativo al juicio de amparo 531/2019 así como las copias de traslado respectivas, al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, solicitándole que tenga a bien comunicar la determinación que tome al respecto, mediante el acuse de recibo de estilo correspondiente. A fin de acordar lo subsecuente, con copia de la demanda y copia autorizada de este proveído, se ordena formar el cuaderno de antecedentes respectivo. No pasa desapercibido para este juzgador que mediante Acuerdo General 20/2009 del Consejo de la Judicatura Federal se creó el Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, en el cual se dispuso que los órganos pertenecientes a dicho centro -como lo es este órgano auxiliar- tendrían jurisdicción en toda la república y competencia mixta. Sin embargo, esto no significa que este juzgado auxiliar no pueda declararse incompetente por razón de territorio, toda vez que en el propio Acuerdo se dispuso que la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal determinaría mediante acuerdo qué órganos jurisdiccionales serían apoyados por estos órganos auxiliares. En cumplimiento a ello, por Acuerdo CCNO/9/2019 la citada Comisión asignó a este juzgado federal la competencia para conocer y resolver los asuntos cuyo conocimiento corresponde a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México; con lo que se estableció una regla especial al Acuerdo General 20/2009 y se delimitó la competencia al auxilio del trámite y resolución de los amparos en materia administrativa en la Ciudad de México. Por ello, este juzgador considera que se encuentra en aptitud legal de analizar la competencia del juzgado auxiliado y, en caso, declararse legalmente incompetente, toda vez que la encomienda establecida en el multicitado Acuerdo CCNO/9/2019 fue dotar a este juzgado de distrito de competencia ordinaria para conocer y resolver los juicios de amparo que deben ser del conocimiento de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Al respecto, no pasa desapercibido para este juzgador la existencia de la jurisprudencia 1a./J. 115/2010 de la Primera Sala, así como de la diversa 2a./J. 107/2017 (10ª) de la Segunda Sala, las cuales, respectivamente, establecen: "ÓRGANOS AUXILIARES. DEBEN ANALIZAR LA COMPETENCIA AL DICTAR SENTENCIA. El órgano auxiliar facultado mediante acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para fallar asuntos en apoyo a otros juzgados de amparo debe analizar la competencia, ya que puede hacer todo lo que el tribunal de origen haría si estuviera resolviendo, en virtud de que el estudio de las cuestiones relacionadas con la competencia constituye uno de los presupuestos para el dictado de las sentencias, y la facultad para ello no puede disociarse de la de emitir el fallo." Jurisprudencia 1a./J. 115/2010, registro 163072) "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO AUXILIARES. NO PUEDEN DECLARARSE INCOMPETENTES POR RAZÓN DE LA MATERIA [ABANDONO DE LA TESIS 2a. XI/2012 (10a.) (*)]. Los Tribunales Colegiados de Circuito Auxiliares cuentan con competencia mixta para resolver los asuntos que les sean remitidos en cualquier materia y así lograr el objetivo de su creación, consistente en beneficiar al justiciable mediante la impartición de justicia pronta y expedita, conforme al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, a la vez, abatir el rezago en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. En ese sentido, cuando a un Tribunal Colegiado de Circuito Auxiliar se le remite un caso para resolverlo, es evidente que es competente para hacerlo, con independencia de si estima que el órgano jurisdiccional del que proviene es competente por materia o no, pues a diferencia de éste, el auxiliar no tiene limitada su competencia por materia, por lo que no puede declararse incompetente por esa razón." Jurisprudencia 2a./J. 107/2017 (10ª) (registro 2014865) Del análisis comparativo, se desprende una discrepancia entre las tesis sostenidas por la Primera y Segunda Salas del Alto Tribunal, toda vez que mientras aquélla impone obligación a los juzgadores auxiliares de analizar la competencia del juez auxiliado, dado que constituye un presupuesto procesal que no puede disociarse de las actuaciones que lleva a cabo en auxilio; la Segunda Sala, por su parte, sostiene que los órganos jurisdiccionales auxiliares no pueden declararse incompetentes por materia o territorio, en virtud de que no tienen limitada su competencia. De este modo, si bien conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia es obligatoria, entre otros órganos, para los jueces de amparo, lo cierto es que este juzgador advierte discrepancia entre tales criterios, los cuales son de la misma jerarquía e igualmente obligatorios. Lo anterior, aunado a que la disidencia de mérito ya fue denunciada a través la contradicción de tesis 230/2017 y se encuentra pendiente de resolución por el Tribunal Pleno. Por tanto, a la fecha no existe un criterio obligatorio que sea uniforme al respecto. Así las cosas, ante la discrepancia de jurisprudencias igualmente obligatorias, este juez de distrito se inclina por observar el criterio de la Primera Sala establecido en la jurisprudencia 1a./J. 115/2010, consistente en que los órganos auxiliares deben analizar la competencia del juez auxiliado y, de ser el caso, declararse legalmente incompetentes. Suspensión Toda vez que en este asunto no se reclama ningún acto de los establecidos en el artículo 15, en relación con el diverso 48, ambos de la Ley de Amparo, no ha lugar a pronunciarse sobre la suspensión de los actos reclamados. Habilitación de días y horas inhábiles Se habilitan días y horas inhábiles para que se practique cualquiera de las notificaciones que se ordenen en este expediente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo. Domicilio fuera de la jurisdicción Toda vez que el domicilio señalado por la parte quejosa se encuentra fuera de la jurisdicción de este órgano, con fundamento en el artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura, notifíquesele vía exhorto por conducto del Juzgado de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, en el siguiente domicilio: Domicilio ***********. Asimismo, requiérase a la parte quejosa, por conducto del fedatario de su adscripción al momento de la notificación, para que dentro del plazo de tres días, conforme al artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, si a su interés conviene señale domicilio en el lugar del juicio, apercibida que para el caso de no hacerlo, las siguientes notificaciones, aun las de carácter personal, se practicarán por lista, con apoyo en los numerales 26, fracción III, y 27, fracción II de la Ley de Amparo. Lo anterior, sin perjuicio de que la quejosa o su legítimo representante, de manera directa y no a través de autorizado, puedan solicitar que las notificaciones se le practiquen vía electrónica, siempre que hubieran obtenido la Firma Electrónica, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por otra parte, infórmese a la quejosa que podrá presentar cualquier medio de impugnación durante la tramitación del juicio, haciendo uso de la vía postal, electrónica o personalmente ante la oficina de correspondencia de este órgano judicial. Transparencia Se hace del conocimiento de la parte quejosa que tiene expedita la posibilidad para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a la publicación de sus datos personales, siempre que en esta última hipótesis lo informe de manera expresa, de conformidad con los artículos 31, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Jurisprudencia La jurisprudencia y las tesis aisladas que se empleen durante la tramitación del presente juicio de amparo, que hayan sido emitidas durante la Novena Época, son válidamente aplicables en términos del Transitorio Sexto de la Ley de Amparo, así como de la jurisprudencia 2a./J. 10/2016 (10ª), la cual establece: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA. La citada reforma que dio origen a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, no implica que la jurisprudencia emitida en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo abrogada, con anterioridad a aquélla, se torne obsoleta, por el contrario, sigue vigente y es obligatoria. No obsta a lo anterior, el hecho de que tomando como sustento el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 1o. constitucional, los órganos autorizados para integrar jurisprudencia puedan variar algunos de los criterios sostenidos tradicionalmente, atendiendo para ello a las particularidades de cada asunto." Jurisprudencia 2a./J. 10/2016, Registro 2010982. Domicilio del juzgado Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional auxiliar, así como la Oficina de Correspondencia Común a la que pertenece, se encuentran dentro del edificio sede del Poder Judicial de la Federación en San Lázaro, ubicado en Eduardo Molina número 2, acceso 9, nivel plaza, colonia Del Parque, Ciudad de México, Alcaldía Venustiano Carranza, código postal 15960. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Por exhorto Ministerio Público Federal Por lista Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia Por oficio
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