Stalin Alexander Guaman Casillas
Expediente 1080/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1080/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Stalin Alexander Guaman Casillas
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio de cuenta remitido por el Secretario del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana y, en atención a su contenido, téngasele comunicando que aceptó la competencia planteada por este Juzgado en el juicio de amparo 1080/2023 del índice de este juzgado, el cual se radicó en ese órgano jurisdiccional con el número 1387/2023. De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 3° de la Ley de Amparo, se instruye a la oficial judicial "A" adscrita a este órgano jurisdiccional, para que realice la vinculación electrónica de este expediente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), al diverso juicio de amparo 1387/2023, de la estadística del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. No obstante lo anterior, se ordena remitir al juzgado oficiante las constancias que obran en el presente cuaderno de antecedentes para los efectos legales a que haya lugar. En ese tenor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente asunto como concluido. Así, en cumplimiento al párrafo primero del artículo 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, y con apoyo en lo establecido por el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, por Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace la indicación que el presente asunto es destruible, toda vez que, encuadra en la hipótesis de la fracción I, inciso a), del artículo 19, del citado Acuerdo General, al ser un cuaderno de antecedentes, se establece como fecha probable el trece de noviembre de dos mil veintiséis. Al efecto, como lo dispone el numeral 34, primer y segundo párrafos, del Acuerdo en comento, hágase la anotación correspondiente en la carátula del expediente y en el libro de gobierno. Notifíquese.FCG
- Principal
Boca del Río, Veracruz, diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Agréguense a los presentes autos, para que surtan los efectos legales procedentes, dos oficios y anexos, signados respectivamente por el Secretario de Acuerdos "B" adscrito al Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, y por la Directora General de Atención a Requerimientos Ministeriales y Judiciales, con sede en la Ciudad de México. Respecto del oficio remitido por el Secretario de Acuerdos "B" adscrito al Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, no se considera necesario emitir mayor pronunciamiento, toda vez que mediante proveído de trece de octubre del año en curso, se tuvo por recibido tal oficio (registro 18117) y se acordó lo conducente. Por otra parte, en relación al oficio de la Directora General de Atención a Requerimientos Ministeriales y Judiciales, con sede en Ciudad de México, dicha autoridad informa que no se adjuntó el diverso oficio 7723, por lo que en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, rexpídase dicho oficio, mediante oficio que al efecto se libre, para que se imponga de su contenido y pueda cumplir con lo requerido y esté en posibilidad de acusar de recibo el oficio en mención, vía telegráfica o al correo electrónico 3jdo7cto@correo.cjf.gob.mx, debiendo confirmar su recepción al número telefónico 22-99-23-67-00 extensión 1101. Asimismo, reitera las gestiones realizadas para cumplir con el requerimiento de uno de agosto del año en curso, en el cual se le solicitó para que proporcionara los datos peticionados por la autoridad fiscal para el cobro de la multa impuesta en los presentes autos. Notifíquese.RASG/ARGC*
- Principal
Boca del Río, Veracruz, trece de octubre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo presentada en línea por Sara María Vega Salas, en favor de Stalin Alexander Guamán Casillas, (quien dice es de nacionalidad ecuatoriana); fórmese expediente; regístrese en el libro de gobierno con el juicio 1080/2023, y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. SUSPENSIÓN DE PLANO De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la promovente señala como actos reclamados la detención, presentación y privación de la libertad del que el quejoso ha sido objeto, sin que haya cometido delito alguno y fuera de todo procedimiento administrativo, sin que se cumpla con las formalidades esenciales, ya que no fue llamado a juicio, ni emplazado, y sin la menor provocación o justificación ha sido privado de su libertad; deportación, expulsión o repatriación, el posible traslado a diversa Estación Migratoria de la que se encuentra; asimismo, señala como autoridades responsables al Representante del Instituto Nacional de Migración y al Titular y/o encargado responsable de la Estación Migratoria de Tijuana, Baja California, ambos con domicilio conocido en Boulevard Esmeralda sin número, Fraccionamiento La Esmeralda, código postal 22640, Tijuana, Baja California. Ahora, la suspensión de oficio y de plano obedece a la necesidad de tutelar derechos fundamentales de especial relevancia, de ataques que consumarían irreparablemente la violación en perjuicio del directo quejoso, haciendo imposible su restitución a través del juicio de amparo, como son los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, entre los que se encuentra el tormento de cualquier tipo, el cual se refiere a aquellos actos y omisiones que afectan gravemente a la dignidad e integridad personales (como pueden ser los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes). En ese orden, con apoyo en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano a Stalin Alexander Guamán Casillas (quien dice es de nacionalidad ecuatoriana); para que de inmediato cese cualquier acto de incomunicación, de privación de la libertad fuera de procedimiento, actos de tortura y golpes, intimidación o cualquier acto que afecte la vida, la salud o cualquier otro de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, las autoridades responsables deberán hacerle saber a la parte quejosa el derecho que tiene a comunicarse con quien estime conveniente. Por ende, en cuanto a la privación de la libertad fuera de procedimiento, se concede la medida cautelar para el efecto de que la autoridad que lo tenga a su disposición lo ponga en inmediata libertad. De igual manera, se concede la medida cautelar, para que, mientras el directo quejoso esté alojado en alguna estancia migratoria se le garanticen los derechos previstos en el artículo 109 de la Ley de Migración. Ello, con el único fin de salvaguardar los derechos humanos del directo quejoso, y dado que en el presente asunto se trata de persona extranjera, su detención no es un acto restrictivo de libertad con efecto de una sanción de carácter punitivo, sino un acto de naturaleza administrativa regulada por la Ley de Migración que persigue el control, la regulación del ingreso y la permanencia de personas extranjeras dentro del territorio nacional, de ahí que de conformidad con el artículo 106 del citado ordenamiento en ninguna circunstancia se podrá establecer como estaciones migratorias los centros de encarcelamiento, o reclusión. Asimismo, no se pierde de vista que la finalidad del alojamiento temporal de los extranjeros que no acreditan su situación migratoria es con la intención de regularizar su estancia en el país o la asistencia para su retorno; por lo que su detención no implica la comisión de alguna conducta antijurídica, pues de ser así, la autoridad jurisdiccional se encuentra obligada a dar a conocer la filiación del extranjero que se está sujeto a providencias precautorias o medidas cautelares, o bien que cuente con una orden de presentación, aprehensión o vinculación a proceso en el momento en que se dicten, informando del delito del que sean presuntos responsables, lo cual se encuentra previsto en los artículos 99, 100 y 103 de la Ley de Migración. También, para el caso de que el directo quejoso se encuentre a disposición de algún Agente del Ministerio Público por cumplimiento de orden de detención, salvo el caso de la detención por caso urgente, se concede la presente medida para el efecto de que dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis horas, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, sea puesto en inmediata libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente; en el entendido que cuando se encuentre a disposición del Ministerio Público por haber sido detenido en flagrancia o caso urgente, dicho plazo contará a partir de que sea puestos a disposición; en cualquier caso distinto de los anteriores y en la detención por caso urgente, en los que el Ministerio Público restrinja la libertad de la parte quejosa, para el efecto de que sea puesta en inmediata libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente. Si la privación de la libertad se relaciona con algún procedimiento del orden penal iniciado en su contra o que no deba ser privado de dicha libertad, por no ser un ilícito de los considerados como de prisión preventiva oficiosa en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales; con fundamento en el artículo 163 de la Ley de Amparo, quedará a disposición de este órgano jurisdiccional, únicamente por lo que se refiere a su libertad personal, pero a disposición de la autoridad que debe juzgarlo, para la continuación del procedimiento respectivo. En el caso de órdenes o medidas de protección impuestas en cualquiera de las etapas de un procedimiento penal, se estará a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 128 de la legislación en comento, el cual contempla que no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona, la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. Por tanto, la suspensión no puede tener por efecto que dichas autoridades dejen de acatar lo mandatado por la norma, pues ésta, conforme el artículo 1° de la Ley de Migración, que es de orden público y de observancia general en toda la República, tiene por objeto regular lo relativo al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo, en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, de contribución al desarrollo nacional, así como de preservación de la soberanía y de la seguridad nacionales. Es necesario hacer notar que el cumplimiento de la suspensión decretada en el presente proveído, es de orden público y por ende debe velarse que se acate de conformidad con lo previsto en el Título Quinto de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 24, 126 y 158 del mismo ordenamiento; preceptos que establecen que la medida cautelar debe ser cumplida de inmediato, cuando la naturaleza del acto, así lo permita, circunstancia por la cual la autoridad o autoridades responsables, como se dijo, de inmediato deben cumplir esta determinación con el objeto de restituir a la parte quejosa en el goce de los derechos humanos violentados. De igual manera, se deberá girar oficio a las autoridades ejecutoras o a la autoridad a donde el directo quejoso esté privado de su libertad o haya sido trasladado para que se notifique la suspensión concedida, o en su caso, a la autoridad que en ese momento lo represente o sustituya en sus funciones. Por otro lado, respecto del acto reclamado consistente en la orden de deportación, expulsión, retorno asistido y/o la orden de salida del país con fines de obligar al directo quejoso a abandonar territorio nacional por parte de las autoridades responsables; con fundamento en los artículos 15 y 126, párrafo primero y 160 de la Ley de Amparo, se concede de plano la suspensión de los actos reclamados, para el efecto de que no se ejecuten y el quejoso Stalin Alexander Guamán Casillas (quien dice es de nacionalidad ecuatoriana); quede en el lugar donde se encuentre, a disposición del órgano jurisdiccional de amparo, sólo en lo que se refiere a su libertad personal... Bajo ese contexto, con fundamento en el artículo 68 de la Ley de Migración, se precisa que la presentación de la parte quejosa en caso de encontrarse en situación migratoria irregular, no podrá exceder de 36 horas contadas a partir de su puesta a disposición y una vez cumplidas no podrá ser retenido. En el entendido, que las autoridades migratorias deberán actuar con la debida diligencia para prevenir violaciones a los derechos humanos de la persona detenida (alojado) en la estación migratoria de referencia con motivo del procedimiento migratorio, cuidar que sea tratado con respeto a la dignidad inherente al ser humano, proporcionarle condiciones dignas de detención como evitar el hacinamiento, garantizarle el derecho a la alimentación, a la salud y propiciar actividades de recreación. En la inteligencia, que la suspensión de plano otorgada no implica que el directo quejoso deambule o transite de manera libre por el territorio nacional, sino únicamente es para efecto de que, en su caso, se le permita realizar el trámite respectivo a su situación migratoria ante las autoridades migratorias con sede en la ciudad de Tijuana, Baja California, en libertad...las autoridades responsables deberán tomar las medidas necesarias y realizar los trámites conducentes para salvaguardar su integridad física y la vida del directo quejoso, lo que incluye primigeniamente conocer cuál es el estado de salud, por lo que quedan bajo su más estricta responsabilidad las medidas que tome en acatamiento de la medida cautelar. Se precisa que la presente medida cautelar no implica suspender la tramitación del procedimiento administrativo inherente a la situación migratoria del directo quejoso, toda vez que dicho procedimiento resulta una cuestión de orden público e interés social; solo tiene por objeto que la autoridad migratoria responsable mantenga las cosas en el estado en que se encuentran y, por ende, que se abstenga de trasladar al quejoso a otro lugar u obligarlo a abandonar materialmente el territorio nacional. En mérito de lo expuesto, hágase del conocimiento de las autoridades responsables esta medida suspensional, para que bajo su más estricta responsabilidad la acaten inmediatamente, entiéndase que el cumplimiento de la suspensión decretada en el presente proveído es de orden público y debe velarse que se acate de conformidad con lo previsto en el Título Quinto de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 24, 126 y 158 del mismo ordenamiento; preceptos que establecen que la medida cautelar debe ser cumplida de inmediato, cuando la naturaleza del acto, así lo permita, circunstancia por la cual las autoridades responsables, como se dijo, de inmediato deben cumplir esta determinación. Se precisa a la responsable que la Ley de Migración señala, como primer principio de la política migratoria, el respeto irrestricto a todos los derechos humanos de las personas migrantes, nacionales y extranjeras, con especial atención a los grupos en situación de vulnerabilidad. Atento a lo anterior, tratándose de actos que constriñen a las autoridades a un "hacer", éstas deben de informar en el término preestablecido, las providencias que dicten para dar estricto cumplimiento de la medida suspensional, o en su caso, manifestar la imposibilidad fáctica o jurídica que tengan para hacerlo. INFORME DE SUSPENSIÓN DE PLANO. Hágase lo anterior del conocimiento de las responsables para que lo acaten bajo su más estricta responsabilidad, quienes, además dentro del término de veinticuatro horas, deberán comunicar a este Juzgado el cumplimiento a dicha medida cautelar, lo que podrá hacer enviando su informe al correo electrónico oficial 3jdo7cto@correo.cjf.gob.mx, debiendo confirmar su recepción al número (229) 9236720 extensión 1101. Dicho requerimiento conlleva el apercibimiento que de no hacerlo, o de no informar el impedimento que tengan para ello, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y su actualización, de conformidad con los preceptos 158, 237, fracción I, 238 y 259, fracción II, de la Ley de Amparo, la cual hoy equivale a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), pues la unidad de medida equivale a $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional); y se informará al Servicio de Administración Tributaria... Asimismo, se enfatiza a las autoridades responsables, que el incumplimiento a una suspensión de plano actualiza el supuesto previsto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (.) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; (.)" Y en ese caso, se otorgaría vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, por la probable comisión de un delito, con fundamento en el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De igual manera, se deberá girar oficio a las autoridades ejecutoras o a las autoridades a donde el directo quejoso esté privado de su libertad o haya sido trasladado para que se notifique la suspensión concedida, o en su caso, a la autoridad que en ese momento lo represente o sustituya en sus funciones. INCOMPETENCIA De la demanda de amparo origen del presente juicio, se advierte que el directo quejoso abordo un vuelo nacional de la Ciudad de México, con destino a la Ciudad de Tijuana, Baja California, en donde fue intervenido por agentes adscritos a la Representación Local del Instituto Nacional de Migración residente en la aludida Ciudad, por lo que fue detenido y posteriormente trasladado a la Estación Migratoria de Tijuana, Baja California. Asimismo, de dicha demanda de amparo se advierte que de manera medular el directo quejoso señala como acto reclamado su detención, así como su alojamiento en la Estación Migratoria localizada en dicha ciudad, lo cual es dable afirmar dado que señaló como acto reclamado el que se encuentra detenido, retenido, bajo custodia, encarcelado o como las responsables quieran denominar su condición legal en la citada estación migratoria... en el caso particular, se advierte que en la demanda de amparo que dio origen a este asunto, como se indicó, los actos reclamados se constriñen en su detención y su alojamiento en la Estación Migratoria localizada en Tijuana, Baja California, por lo que cierto es que la detención del directo quejoso se continúa ejecutando en Tijuana, Baja California, lugar en donde éste se encuentra alojado. Por tanto, debe decirse que los actos reclamados en este expediente, tienen efectos positivos, los cuales se están ejecutando en la ciudad de Tijuana, Baja California, por lo que resulta incuestionable que los actos reclamados en la demanda tienen ejecución material en dicha ciudad, pues fue ahí en donde se llevó a cabo su detención y se está ejecutando su alojamiento en la Estación Migratoria localizada en dicha ciudad, por lo que corresponde conocer de la demanda al Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en esa circunscripción territorial, conforme con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Con independencia de lo expuesto, es importante destacar que ni la detención ni el lugar en donde se lleva a cabo su alojamiento, se verifica dentro de la jurisdicción de este juzgado. En ese contexto, resulta claro que el Juez de Distrito competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo lo es cualquiera de los Jueces de Distrito en el Estado de Baja California, en turno, con residencia en Tijuana, toda vez que, como se estableció en líneas precedentes, los actos reclamados tuvieron ejecución material en esa ciudad. Notifíquese, vía electrónica al promovente y vía exhorto a las autoridades responsables, mediante los oficios anexos a la comunicación oficial correspondiente.
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