ST JEAN FRENET y Otros.

Expediente 995/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 9 actuaciones registradas, la última del 23 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
995/2020
Año
2020
Actuaciones
9
Última actuación
23/04/2021

Partes del expediente

  • ST JEAN FRENET y Otros.
  • St Jean Frenet

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Oficio *** firmado por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. Del cual se advierte que mediante proveído de quince de abril del presente año, dicho juzgado aceptó competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por***, formándose al efecto el expediente ***; asimismo, acusa recibo de los autos del juicio de amparo *** del índice de este juzgado. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se establece que este expediente es susceptible de destrucción -una vez transcurran tres años- pues se trata de un asunto en el que se determinó carecer de competencia; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo dispone el Capítulo Décimo Tercero, artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, se advierte lo siguiente, de la lectura integral de la demanda, la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: La orden de retorno asistido y/o deportación. La privación ilegal de la libertad, mediante la orden de confinamiento, aseguramiento, alojamiento y/o detención por más de treinta y seis horas en la estación migratoria. Ahora bien, de las constancias que obran en autos, se advierte que el quejoso ***, está sujeto a un procedimiento administrativo radicado con el número ***, sustanciado ante el Instituto Nacional de Migración, Oficina de Representación en Puebla. Actos que se fijan en razón de las manifestaciones vertidas por la parte quejosa en su escrito de demanda, así como de los anexos que obran, de las cuales, se advierte que el quejoso se encuentra sujeto a un procedimiento administrativo migratorio para resolver su estancia migratoria; luego, esto genera que el promovente esté alojado en la estación migratoria, mientras se resuelve su procedimiento. Asimismo, de las actuaciones adjuntas por el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el estado de Puebla, se advierte que en proveído de once de marzo del dos mil veinte, decretó la suspensión de plano a favor del quejoso, respecto de la orden de retorno asistido o deportación, a efecto de que no se ejecute la misma. Y respecto a los actos reclamados consistentes en la orden de confinamiento, aseguramiento, alojamiento o detención, ordenó aperturar el incidente respectivo. Ahora, quien provee estima que carece de competencia por razón de la materia, para conocer del presente asunto, ello con fundamento en los artículos 51 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, lo cuales establecen lo siguiente ***. En efecto, de conformidad con el marco normativo en cita, se desprende que la competencia de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal, se surte en los siguientes casos: Contra resoluciones judiciales del orden penal, lo que implica que el acto debe ser materialmente jurisdiccional y que la autoridad debe ser específicamente judicial. Contra actos que afecten la libertad personal independientemente de la naturaleza de las autoridades que emitan el acto reclamado, si éste tiene como consecuencia la afectación de la libertad personal del quejoso, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o medidas de apremio impuestas fuera del procedimiento penal. Contra actos consistentes en resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas a los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismo tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito. Contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal. Contra el incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por su parte, la competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa se surte para conocer -entre otros- de los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, excepto los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 (de los procedimientos de extradición, salvo lo dispuesto en los tratados internacionales) y III del diverso 51 de la misma ley (de los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo). En ese contexto, de la lectura integral de la demanda, así como de las constancias que integran el presente sumario, se precisa que los actos reclamados señalados son propios de la materia administrativa, sobre los cuales no puede conocer este juzgado federal especializado en amparo penal. Lo anterior, dado que los actos reclamados en la presente instancia constitucional son de naturaleza formal y materialmente administrativa, ya que no se ubica en algunos de los supuestos de la fracción I, del artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, porque dichos actos, fueron dictados por autoridades administrativas, dentro de un procedimiento de la misma naturaleza; además que, no constituye una resolución judicial del orden penal. En efecto, un acto se califica como formalmente administrativo cuando emana de cualquier autoridad administrativa con independencia de su índole intrínseca. Asimismo, se considera materialmente administrativo cuando su emisión proviene de cualquier órgano dependiente del poder ejecutivo, en ejercicio de sus funciones o atribuciones públicas o por cualquier entidad paraestatal; caracterizándose, por su concreción, su individualidad y su particularidad. Cabe también señalar que el contenido que representa un acto administrativo es múltiple y variado, y su finalidad no estriba en dirimir ninguna controversia, ni resolver ningún conflicto jurídico, ni solucionar ninguna cuestión contenciosa; sino que cuando a través de él se aplica la norma jurídica que le sirve de sustento legal, no persigue ninguno de los objetivos aludidos, pues éstos sólo son inherentes a un acto jurisdiccional. De ahí, que al acto administrativo se le haya considerado como la declaración de voluntad de un órgano de la administración pública, que es de naturaleza reglada o discrecional y, susceptible de crear con eficacia particular o general, obligaciones, facultades, o situaciones jurídicas de naturaleza administrativa. Es por ello, que al advertir que los actos que se reclaman emanan del procedimiento administrativo al cual se encuentra sujeto el quejoso, el cual surge por parte de una autoridad administrativa (aspecto formal). Luego, se trata de actos de naturaleza eminentemente administrativa, pues tienden a preservar la organización, el control y el orden que debe prevalecer respecto a los extranjeros que se internan al país; el cual, resulta ser, ajeno totalmente a la existencia de alguna medida tendiente a privarlo de su libertad. Por tanto, a este Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el estado de Puebla no le corresponde el conocimiento del asunto, por razón de materia, debiendo remitirse los presentes autos, al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales en San Andrés Cholula, en turno. Dado que la estancia del quejoso en el Instituto Nacional de Migración obedece a su alojamiento derivado de un procedimiento administrativo migratorio a efecto de determinar su estancia en el país, y no en calidad de detenido, o bien, que exista una orden de deportación. Es por tal motivo que, este órgano federal carece de competencia legal respecto de los actos con apariencia de restricción de la libertad; pues, aunque materialmente afectan al quejoso, ello no es una cuestión arbitraria, sino en el contexto de un procedimiento administrativo que regula una cuestión migratoria y no punitiva. Similar criterio sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al resolver el conflicto competencial 14/2020. En consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional, señalada para las trece horas de esta data, lo cual hágase del conocimiento de las partes. Por lo anterior, de conformidad con lo que establecen los artículos 17 Constitucional y 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir las constancias remitidas por el Juez oficiante, previa la formación del cuaderno de antecedentes respectivo, a la Oficina de Correspondencia Común respectiva para que por su conducto remita el presente juicio al Juez de Distrito en Turno, previo antecedente que se deje en este juzgado, solicitando acuse de recibo.

  3. Principal

    Con fundamento en los artículos 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, se reciben y agregan: Escrito signado por el quejoso ***. Mediante el cual solicita la devolución de la garantía que aduce haber exhibido en este asunto por la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos); acuérdese lo conducente en el incidente de suspensión derivado de este juicio de amparo.

  4. Principal

    Vistos los autos se advierte que con motivo de la contingencia sanitaria derivada del virus COVID-19, se interrumpió el trámite regular del presente asunto del 1 al 17 de febrero de 2021 en términos de las Circulares SECNO/8/2021 y SECNO/9/2021 emitidas por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura. Por tanto, con fundamento en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, aprobado el veintiocho de julio de dos mil veinte, con vigencia a partir del tres de agosto de este mismo año, que establece los lineamientos bajo los cuales deben reanudarse los juicios; así como en los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que amplían la vigencia del primero; y la Circular SECNO/10/2021, en su fracción II, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se reactiva el trámite en este expediente. En razón de lo anterior, en virtud de que se advierte que está señalada para el día de hoy la audiencia constitucional, se fija como nueva fecha y hora las TRECE HORAS DEL VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, y tomando en consideración que el artículo 26 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, establece la posibilidad de que aquella podrá tener verificativo a través de videoconferencia, se hace saber a las partes que en caso de que deseen que aquello acontezca de tal manera deberán formular la petición a este juzgado de Distrito a efecto de estar en posibilidad de acordar lo conducente. Lo anterior, en los términos previstos en el precepto 27 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, esto es, siempre y cuando esté debidamente justificado conforme a los supuestos ahí previstos y se cumplan, a criterio del suscrito, las condiciones para la utilización del citado medio de comunicación. Como lo establece el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, y tomando en consideración dicho fenómeno, a fin de salvaguardar la integridad física del público en general y del personal de este juzgado de Distrito, se invita a las partes a que: Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, proporcionen a este juzgado los datos necesarios para que este juicio se tramite bajo la modalidad "en línea", lo que lo hará aun mas ágil. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos, números de teléfonos celulares y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueda entablar comunicación no procesal.

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