Ssspi Mexico Dg, Sociedad Civil

Expediente 1576/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 1 actuación registrada, la última del 26 de diciembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1576/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
26/12/2023

Partes del expediente

  • Ssspi Mexico Dg, Sociedad Civil

Actuaciones

  1. Principal

    Recepción de la demanda de amparo. Se tiene por recibida la demanda promovida por ******, a través de su apoderado ******, personalidad que acredita con la copia certificada del poder notarial adjuntado, contra actos de la Novena Sala Civil, Secretaria de Acuerdos adscrita a la misma y Juez Vigésimo Segundo de lo Civil, todos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Radicación. Fórmese expediente impreso y electrónico de conformidad con lo previsto en el numeral 3° de la Ley de Amparo y regístrese con el número 1576/2023-I. Desechamiento. De acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito está obligado a examinar la demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, si se toma como punto de partida, que lo manifiesto se da cuando dicha causa se advierte en forma patente y clara de la lectura del escrito relativo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al respecto, es aplicable la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 448, Tomo XVI, julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 186605, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Así, del análisis integral efectuado a la demanda de amparo y al ocurso aclaratorio se desprende que el quejoso señala como acto reclamado el siguiente: La sentencia de veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, emitida por la Novena Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que confirmó el auto de doce de octubre del mismo año, dictado por el Juez Vigésimo Segundo de lo Civil del tribunal aludido, en la providencias precautorias entabladas en contra de la hoy quejosa, expediente 192/2022, en el que: Se tuvo a su contraparte exhibiendo el acuse del escrito de demanda ante la oficialía correspondiente. Se tomó conocimiento que la demanda en cuestión se turnó al Juzgado Décimo Quinto en Materia Civil de Proceso Oral y de Tutela de Derechos Humanos de la Ciudad de México, asignándole el número 610/2023. Se le dio a la hoy quejosa, el plazo de tres días para que manifestara lo que a su derecho conviniera y, desahogada o no la vista concedida, se remitirían los autos al juzgado mencionado en el punto anterior, a fin de que se homologuen. En consecuencia, la suscrita juzgadora concluye que en este asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, a contrario sensu, de la ley de la materia, que establecen: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.)". De la interpretación de las disposiciones normativas reproducidas, se concluye que el amparo indirecto sólo procede contra actos en juicio que tengan efectos que sean de imposible reparación, es decir, aquellos que violentan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados y convenciones internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y que ya no pueden repararse de ninguna forma, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes de la quejosa, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera. Luego, conforme a los artículos transcritos, un acto con efectos de imposible reparación es aquél que vulnera de modo directo e inmediato los derechos fundamentales consagrados en la constitución y en los tratados internacionales. Así, no le reviste el carácter de irreparables mientras la transgresión no incida directamente en sus derechos sustantivos y exista la posibilidad legal que el agraviado obtenga algo favorable a sus pretensiones, ya que en este caso las secuelas provocadas por aquellas actuaciones desaparecen. Ciertamente, de acuerdo con el artículo 107 de la Ley de Amparo, ahora ya se define con precisión lo que debe entenderse por actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, al establecerse expresamente que son aquéllos que infringen materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados y convenciones internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por lo que ahora, el legislador no dejó a la interpretación del Poder Judicial de la Federación cuándo se produce una afectación irreparable, como sucedió antaño, sino fue taxativo al indicar el significado de tal cuestión jurídica. Conforme a lo expuesto, el acto combatido por su naturaleza no es irreparable, ya que constituye una actuación que no tiene efectos materiales sobre los derechos sustantivos tutelados en la constitución, en los tratados y convenciones internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por lo tanto, si lo combatido es la sentencia de veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, emitida por la Novena Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que confirmó el auto de doce de octubre del mismo año, dictado por el Juez Vigésimo Segundo de lo Civil del tribunal aludido, en el que esencialmente le otorgó el plazo de tres días a la hoy quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera y, desahogada dicha vista o no, se remitirían los autos al Juzgado Décimo Quinto en Materia Civil de Proceso Oral y de Tutela de Derechos Humanos de esta ciudad, a fin de que se homologaran con el expediente 610/2023, del índice de este último. Por tanto, es inconcuso que el acto reclamado no tiene efectos sean de imposible reparación, que transgredan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados y convenciones internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, amén de que esa decisión no priva a las partes del derecho de defensa, ni altera las cuestiones debatidas. Lo anterior es así, ya que si bien al decretarse las providencias precautorias solicitadas no se dio garantía de audiencia al presunto demandado ahora quejoso, lo cierto es que una vez que éste tuvo conocimiento de su ejecución, tuvo la oportunidad de combatir en sí misma dicha medida al ser este acto el que afecta su esfera jurídica; de ahí que si en el particular reclama la resolución de alzada que confirmó el auto del juez primigenio que ordenó darle vista para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto a la promoción del juicio ejecutivo mercantil oral y, desahogada dicha vista o no, se remitirían los autos al juzgado que ahora conoce del citado contradictorio, es innegable que no existe actuación del juez señalado en el presente amparo como responsable que le afecte de manera irreparable en las providencias precautorias mencionadas. Así, se insiste, el acto reclamado no cumple con el requisito de procedibilidad de la acción constitucional a que se contrae el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Carta Magna, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, a contrario sensu, de la Ley de Amparo. En efecto, tal disposición legal define en forma concreta que los actos de imposible reparación son aquellos que materialmente afectan los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados o convenciones internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, en otras palabras, excluyó la posibilidad de interpretar qué actos podrían ser considerados como de imposible reparación, limitándolo a los que transgredieran materialmente derechos sustantivos. Por ende, es evidente que lo atacado en cita no puede considerarse como acto que tenga efectos de imposible reparación, pues no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho sustantivo fundamental constitucional o convencionalmente tutelado. Así, no obstante que, como acontece en el presente caso, se aleguen violaciones al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el acto reclamado no puede considerarse como de ejecución irreparable. En consecuencia, el acto combatido no puede considerarse que tenga efectos de imposible reparación, pues no se cumple con el requisito de procedencia del amparo indirecto consistente en la transgresión a un derecho sustantivo. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a esos derechos de forma directa; sin embargo, ello por sí solo es insuficiente para considerar conducente esta instancia constitucional. En ese tenor, cuando en el juicio de amparo se aduce violación a los derechos sustantivos previstos en el artículos 17 constitucional, debe considerarse la naturaleza jurisdiccional del acto combatido, emitido conforme a la regulación procesal y sustantiva correspondientes, por lo que tales prerrogativas no se ven materialmente afectadas, como se deduce de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Al establecerse en dicha norma que el juicio de amparo indirecto procede contra actos cuyos efectos sean de imposible reparación, y que por éstos debe entenderse a los que perjudiquen materialmente derechos sustantivos tutelados en la Ley Fundamental, tratados o convenciones internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; ello implica que no cualquier consecuencia a estos derechos es apta o suficiente para justificar la procedencia del amparo. Por tanto, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues es requisito de procedibilidad del juicio de amparo indirecto que la afectación de esos derechos sea material y debe traducirse o reflejarse en una mutación o cambio en la esfera jurídica de la quejosa, lo que no acontece. Los razonamientos expuestos y el fundamento jurisprudencial aplicado ponen de relieve lo manifiesto de la causa de improcedencia invocada en el presente controvertido, la cual resulta indudable, habida cuenta que no obstante que se admitiera la demanda de amparo y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto en los artículos invocados y en el numeral 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Con apoyo en el numeral 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio el ubicado en ********************. Autorizados. Con base en la certificación de cuenta, se faculta en términos amplios del precepto 12 de la legislación invocada a ******************** y ********************, al contar con sus cédulas dadas de alta en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, y a las diversas personas que designa, únicamente para oír y recibir notificaciones y documentos, ello con base en la última parte del segundo párrafo del artículo aludido. Apoya lo anterior, el criterio sustentado por la tesis 2a. VIII/2020, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 4456, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro digital 2021840, que dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO". Medios electrónicos. De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizada la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, por persona previamente autorizada para ello; en el entendido de que el uso de dichas fotografías será responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. Digitalización. Con fundamento en los artículos 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, y 3º, fracción XII del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformados mediante el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena digitalizar cualquier documento que se reciba de manera física, para ser integrado al expediente electrónico con Firma Electrónica del personal que lleve a cabo esa actividad y que cuente con los permisos necesarios; de igual forma, se ordena integrar el expediente físico, en el cual únicamente deberán constar los documentos que se reciba de manera física, y aquellos que genere el personal del órgano jurisdiccional, para practicar las notificaciones que se ordenen a cabo en este procedimiento. Habilitacio´n de horas y di´as inha´biles. Con apoyo en el dispositivo 21, tercer pa´rrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza para que las notificaciones que se ordenen en forma personal en este expediente asi´ se practiquen. Transparencia. Ha´gase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la divulgacio´n de sus datos personales, en te´rminos de los arti´culos 6, 73, fracciones II y V, y 113, fraccio´n V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacio´n Pu´blica, y sobre todo atendiendo a lo previsto en el Ti´tulo Tercero de la Ley General de Proteccio´n de Datos Personales en Posesio´n de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federacio´n el veintise´is de enero de dos mil diecisiete, por lo que las partes debera´n manifestarlo expresamente siguiendo los lineamientos ahi´ sen~alados, en el entendido que la falta de oposicio´n conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se emitan se aplique sin supresio´n de datos, conforme a lo dispuesto en el numeral 21 de la u´ltima ley en cita. Transición al expediente electrónico. Se informa a las partes que a partir de este proveído se integrará únicamente el expediente electrónico, de conformidad con en el artículo 22 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. De conformidad con el Acuerdo General citado, se ordena digitalizar cualquier documento que se reciba de manera física, para ser integrado al expediente electrónico con Firma Electrónica del personal que lleve a cabo esa actividad y que cuente con los permisos necesarios; en el entendido que al expediente físico únicamente se deberán integrar los documentos que se reciban de manera física, y aquellos que genere el personal del órgano jurisdiccional, para practicar las notificaciones que se ordenen llevar a cabo en este procedimiento. Integración del expediente. De igual manera, conforme al acuerdo citado, hágase del conocimiento de las partes que únicamente las promociones que se reciban de manera física, serán digitalizadas e integradas al expediente electrónico con firma electrónica del personal que lleve a cabo esa actividad, no así las que se reciban de manera electrónica, las cuales ya se encuentran digitalizadas y firmadas por ese medio, debido a su naturaleza. Notifíquese personalmente a la quejosa. MESA* I

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