Soyla Belman Centeno

Expediente 305/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
305/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
21/04/2021

Partes del expediente

  • Soyla Belman Centeno

Actuaciones

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veintiuno de abril de dos mil veintiuno. I. Causa estado. Vista la cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra la determinación por la que se desechó su demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. II. Archivo y destino del expediente. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el artículo 21 del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Notifíquese.

  2. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, cinco de abril de dos mil veintiuno. 1. Recepción y demanda. Téngase por recibida la demanda suscrita por. , por propio derecho, contra actos del Juez Noveno de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro. 2. Creación del expediente. Fórmese expediente físico y electrónico, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en el libro de gobierno correspondiente de este juzgado, bajo el número 305/2021. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquéllas que, por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. 3. Improcedencia de la demanda de amparo. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se advierte en la especie una causa manifiesta e indudable de improcedencia de la demanda, lo que impone a desechar la misma, como se explica enseguida. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del citado precepto, se advierte, que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a. LXXI/2002, precisó que por "manifiesta", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda, por lo claro y evidente que es. Asimismo, que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexaron a esas promociones. De manera que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Que de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su actualización, la demanda no debía ser desechada, pues se estaría privando a la parte quejosa de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debía admitirse a trámite a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. La citada tesis, es de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO.".1 3.1. Precisión del acto reclamado. En la especie, de una lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados, esencialmente, se hacen consistir en los siguientes: a)Auto de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, emitido en los autos del juicio ordinario civil sobre divorcio, pérdida de patria potestad y alimentos .en el que, en lo que interesa, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo ., el Juez Noveno de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro, fijó las trece horas del cinco de marzo del año en curso, para una plática con los menores de iniciales..., la cual, señaló, deberá llevarse a cabo bajo los lineamientos que establece el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes. b) Acuerdo de cinco de marzo de dos mil veintiuno, mediante el cual, en el que, ante el incumplimiento por la aquí quejosa., en presentar a los menores de iniciales.., para una plática con el Juez Noveno de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro, le hizo efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído, por lo que le impuso una multa equivalente a treinta veces la medida y actualización vigente; y, señaló las catorce horas del diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, 1 Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Julio de 2002, Registro Núm. 186605. para que tuviera verificativo la plática con los citados infantes. c) Acuerdo de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, mediante el cual señaló nueva fecha y hora para que tenga verificativo una plática entre los menores de iniciales. ., y el Juez Noveno de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro, a saber, las catorce horas del treinta de marzo del año en curso; y se apercibió a la aquí quejosa, que de no presentar a los citados infantes, se le impondría una multa equivalente a sesenta veces la medida y actualización vigente. 3.2. Desechamiento -acto precisado en el inciso a)- Respecto de dicho acto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; (.)" De una interpretación sistemática y lógica de dicho precepto legal, es indudable que el amparo es improcedente respecto de un acto dictado en estricto acatamiento a otro amparo, pues en ese supuesto el acto es dictado en ejecución estricta de un amparo, sin libertad de decisión, lo cual no sucede cuando en un primer amparo se otorga en parte plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, pues en contra de la determinación que dicta con facultad de decisión, es innegable que resulta procedente un nuevo amparo, porque aún no ha sido materia de control constitucional, pues en el primer amparo, ni siquiera se conocía la forma en que resolvería la autoridad responsable al habérsele dado a ese efecto total libertad de decisión, lo que en la especie, no aconteció. Es aplicable a lo anterior, la tesis 1a. LXVI/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a página 576, Libro 43, Junio de 2017, Tomo I, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2014643, que dice: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN DIRIGIDOS A COMBATIRLA. Los procesos de garantías constitucionales se rigen por el principio de cosa juzgada que conduce a impedir que lo resuelto en definitiva en un juicio de amparo pueda ser objeto de nuevo análisis y decisión en otro juicio de la misma clase, pues uno de los presupuestos procesales radica en que la materia de decisión subsista, lo cual no acontece cuando tal materia ya ha quedado resuelta en un procedimiento judicial previo. Este principio se refleja en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, donde se determina expresamente que el juicio constitucional es improcedente contra las resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. La aplicación de este enunciado legal en sus términos, sólo tiene lugar en los casos en que el fallo reclamado se encuentre dictado en su totalidad en cumplimiento de una sentencia de amparo, caso en el cual debe desecharse la demanda, si tal situación se advierte al proveer sobre la admisión, o bien, decretar el sobreseimiento en la resolución terminal. Sin embargo, cuando el fallo reclamado contiene una parte de consideraciones emitidas en cumplimiento a una ejecutoria de amparo y otra fundada en las propias atribuciones de la autoridad responsable, la primera porción no es susceptible de estudio en el nuevo juicio de amparo, por constituir cosa juzgada, y la porción restante sí puede ser analizada, razón por la cual no procede desechar la demanda ni decretar el sobreseimiento, pero sí declarar inoperantes los argumentos dirigidos a confrontar la parte de la resolución reclamada que ya fue juzgada por la jurisdicción constitucional". También resulta aplicable a lo anterior, la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a página 44, Volumen 151-156, Cuarta Parte, Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, registro 240602, del rubro y texto siguientes: "AMPARO PARA EFECTOS, ESTRECHA VINCULACIÓN ENTRE LA SENTENCIA QUE CONCEDIO EL, Y LA DICTADA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN ACATAMIENTO DE LA PRIMERA. SOBRESEIMIENTO DEL AMPARO. Cuando existe estrecha vinculación entre la sentencia que concedió el amparo para efectos y la dictada por la autoridad responsable en cumplimiento de aquélla, debe sobreseerse en el juicio de garantías de conformidad con lo dispuesto por la fracción II del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción III del artículo 74 del mismo cuerpo de leyes, pues el acto reclamado de la Sala responsable se dictó en cumplimiento de una sentencia de amparo, mediante la cual se le señalaron los lineamientos a seguir, en cuanto a la acción ejercitada, es decir, sin devolverle plena jurisdicción al respecto, y por lo tanto resulta improcedente la demanda de garantías". Ahora bien, de los autos del juicio de amparo., que constituye un hecho notorio para quien resuelve, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles y con la jurisprudencia 16/2018 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 10, libro 55, junio de dos mil dieciocho, tomo I, décima época, registro 2017123, titulada "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE).", se advierte que en dicho juicio de amparo, mediante sentencia dictada en audiencia constitucional de ocho de enero de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa para los siguientes efectos: "(.) SEXTO. Efectos de la concesión de amparo. En términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, corresponde al último considerativo de la sentencia precisar los efectos de la concesión del amparo, a saber: I) La Juez Noveno de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro, deje jurídicamente insubsistente el auto reclamado de trece de julio de dos mil veinte, única y exclusivamente en la parte en que, determinó improcedente la petición de la actora en el sentido de escuchar a los menores involucrados, y, establece un régimen de convivencias sin supervisión entre el padre y los menores quejosos; dentro del juicio ordinario civil.., de su índice; y II) En su lugar, dicte una nueva determinación, en la que, previamente a establecer un régimen de convivencias entre los menores quejosos y su progenitor, proceda a escuchar su opinión, tal como fue solicitado por su progenitora, siempre que, atendiendo a las consideraciones que informa esta sentencia, determine que ello no sea contrario a su interés superior; para lo cual deberá observar en todo momento, los lineamientos contenidos en el "Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren a niñas, niños y adolescentes", elaborado por la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. III) Hecho lo anterior, provea lo necesario para fijar un régimen de convivencias en términos de lo dispuesto en el artículo 208 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. (.)" Como se ve, con motivo de la concesión de amparo otorgada a la parte aquí quejosa, en el diverso juicio de amparo .del índice de este jugado, se ordenó al Juez Noveno de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro, dejara jurídicamente insubsistente el auto reclamado de trece de julio de dos mil veinte, y en su lugar, dicte una nueva determinación, en la que, previo a establecer un régimen de convivencias entre los menores quejosos y su progenitor, proceda a escuchar su opinión, para lo cual deberá observar en todo momento, los lineamientos contenidos en el "Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren a niñas, niños y adolescentes", elaborado por la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En cumplimiento a dicha ejecutoria de amparo, el dieciocho de febrero del año en curso, el Juez Noveno de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro, en lo que interesa, fijó las trece horas del cinco de marzo del año en curso, para una plática con los menores de iniciales.., la cual, señaló, deberá llevarse a cabo bajo los lineamientos que establece el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes, mismo que constituye el acto reclamado en el presente juicio. En ese contexto, es evidente que el acuerdo de dieciocho de febrero del año en curso, reclamado en el presente juicio, fue dictado en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el diverso amparo indirecto .del índice de este juzgado, en la que se concedió la protección constitucional a la aquí quejosa para los efectos precisados y que las violaciones que en esta vía reclama, serán materia de análisis en la etapa de cumplimiento de aquel. Lo que es así, pues en ese amparo se dieron los lineamientos precisos conforme a los cuales la autoridad responsable debía ordenar la plática con los menores de iniciales.., esto es, en observancia a los lineamientos contenidos en el "Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren a niñas, niños y adolescentes", elaborado por la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De ahí que lo aquí combatido por la parte quejosa, será materia de análisis en la etapa de ejecución del citado juicio constitucional, en el que la parte quejosa esta en aptitud de hacer valer sus derechos. Por lo que puede concluirse que el acto reclamado a través del presente juicio de amparo, precisado en el inciso a), entes citado, fue dictado en cumplimiento del diverso., del índice de este propio juzgado; y por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, de ahí que proceda desechar la demanda de amparo, en términos del artículo 113 ibídem. 3.3. Desechamiento -actos precisados en los incisos b) y c)- Respecto de dicho acto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." En el citado precepto, se encuentra inmerso el principio de definitividad del juicio de amparo, atento al cual se impone al quejoso la carga procesal de agotar previamente a su promoción, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, atendiendo a que el juicio de amparo se trata de un medio extraordinario de defensa, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales. En el caso, la parte promovente incumplió con tal carga, pues a pesar de contar con un medio de defensa previsto en la ley ordinaria con tal propósito, no lo hizo valer, previamente a la promoción del juicio de amparo. En efecto, en contra del acto del que se duele la parte quejosa es procedente el recurso de apelación previsto en los artículos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Querétaro, que a continuación se transcriben: "Artículo 728. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior revise las resoluciones dictadas por el inferior, pudiendo tener como resultado, la confirmación, revocación o modificación de ellas. Artículo 729. Pueden apelar: el litigante, si creyere haber recibido algún agravio; los terceros que hayan salido al juicio; y los demás interesados a quienes perjudique la resolución judicial. No puede apelar el que obtuvo todo lo que pidió; pero el vencedor que no obtuvo la restitución de frutos, la indemnización de daños y perjuicios o el pago de costas, podrá apelar también. Artículo 736. Las sentencias definitivas son apelables cuando recaigan en negocios cuyo valor exceda de trescientas veces el salario mínimo general diario vigente en la zona y en aquellos cuyo interés no sea susceptible de calcularse en dinero. En estos casos la apelación se admitirá en ambos efectos, salvo cuando la Ley expresamente determine que lo sea solo en efecto devolutivo. Las sentencias interlocutorias y los autos, sólo son apelables cuando lo sea la sentencia definitiva del juicio, debiendo los segundos tener fuerza de definitivos o disponerlo este Código. La apelación contra estas resoluciones procede sólo en el efecto devolutivo, salvo que exista en contrario disposición expresa de la ley." De los preceptos legales antes transcritos, podemos concluir que el objetivo del recurso de apelación consiste en modificar, revocar o bien confirmar una resolución que cause agravio al litigante. Asimismo, que el recurso de apelación procede contra las sentencias definitivas en aquellos casos que la cuantía no sea susceptible de calcularse en dinero; y para el caso de que se trate de un auto, será apelable cuando lo sea la sentencia definitiva del juicio y además tenga la fuerza de definitivo o bien así lo disponga el código. Los anteriores supuestos normativos se estiman actualizados para concluir que la quejosa estaba obligada agotar el citado medio de impugnación, previo a la instauración del juicio de amparo, al tener como efecto modificar, revocar o nulificar los actos reclamados consistentes en los proveídos de cinco y diecinueve de marzo del año en curso, dictados en los autos del juicio ordinario civil sobre divorcio, pérdida de patria potestad y alimentos., del índice del Juzgado Noveno de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro, mediante los cuales: 1. Ante el incumplimiento por la aquí quejosa. , en presentar a los menores de iniciales .., para una plática con el Juez Noveno de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro, le hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de dieciocho de febrero del año en curso, por lo que le impuso una multa equivalente a treinta veces la medida y actualización vigente; y, se señalaron las catorce horas del diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, para que tuviera verificativo la plática con los citados infantes. 2. Se señaló nueva fecha y hora para que tenga verificativo una plática entre los menores de iniciales. ., y el Juez Noveno de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro, a saber, las catorce horas del treinta de marzo del año en curso; y se apercibió a la aquí quejosa, que de no presentar a los citados infantes, se le impondría una multa equivalente a sesenta veces la medida y actualización vigente. Respecto de los cuales, la parte quejosa reclama la imposición de una multa, por lo que ve al primero de los acuerdos citados, y el apercibimiento de multa, por lo que ve al segundo de ellos; los cuales se encuentran comprendidos en el supuesto hipotético que prevé el numeral 736 del Código Adjetivo Civil del Estado, toda vez que al admitir apelación la sentencia definitiva que se llegue a dictar en el juicio de origen, el interés en el asunto no es susceptible de calcularse en dinero y, al tener el carácter de definitivo los actos reclamados, en razón de que no puede ser reparado en la sentencia definitiva, si se toma en consideración que la resolución de fondo de tal procedimiento, no será objeto de estudio la multa impuesta a la quejosa el cinco de marzo del año en curso y el apercibimiento de multa con que se le conminó el diecinueve del mes y año indicados. Tampoco obsta para exigir el cumplimiento a ese requisito de procedencia del amparo, el que se combata transgresión a derechos sustantivos (imposición de una multa) ni que el juicio verse sobre los derechos de menores de edad, porque aún bajo ese supuesto, queda obligado a acatar el principio de definitividad, dado que las multas se impusieron al promovente y no a un menor de edad, además, en conformidad con las tesis de jurisprudencia obligatorias, por disposición del artículo 217 de la Ley de Amparo, al no oponerse a sus disposiciones vigentes que dicen: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo."2 "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo.3 2 SJF, Décima Época, Tesis: 1a./J. 44/2012 (10a.), Libro X, Julio de 2012, Tomo 1, Materia(s): Común, Página: 729 Registro: 2001155. 3 SJF, Décima Época, Tesis: Jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.) Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I Materia(s): Común Página: 350 Registro: 2005039 Ahora bien, cabe precisar que el único supuesto en que se materializaría la excepción al principio de definitividad, acontece cuando cualquiera de las partes alegue un riesgo para los menores involucrados, en caso de ejecutarse los actos reclamados, lo que no acontece en la especie, ya que no se alega, ni se advierte, que la ejecución de dicho autos (cinco y diecinueve de marzo de dos mil veintiuno) conlleve un perjuicio a los menores involucrados, toda vez que la multa impuesta el cinco de marzo del año en curso, y el apercibimiento de multa decretado el diecinueve del mes y año indicados, se encuentran dirigidos únicamente a la quejosa., y no a los infantes involucrados, y si bien dichas cargas, son con motivo de la omisión en que ha incurrido aquella en presentar a los menores a una plática con el Juez Noveno de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro, como se dijo, tal circunstancia (plática con los menores) se emitió en cumplimiento a la ejecutoria de amparo., del índice de este propio juzgado. Plática con los infantes, que se ordenó, previo a establecer un régimen de convivencias entre éstos y su progenitor, en observancia a los lineamientos contenidos en el "Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren a niñas, niños y adolescentes", elaborado por la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, privilegiando precisamente el interés de los menores, lo que incluso fue solicitado por la aquí quejosa; de ahí que, como se dijo, si la plática con los menores fue en cumplimiento a la ejecutoria de amparo indicada y la multa y apercibimiento de multa, se encuentran encaminadas únicamente a la parte quejosa, los actos reclamados en los incisos b) y c), antes precisados, no contraen un perjuicio a los infantes afectos. Resulta aplicable, por las razones que contiene, la jurisprudencia 1a./J. 77/2013 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 990, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, registro 2004677, que indica: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO. En términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y, particularmente, otorgar una protección especial a los derechos de la infancia por las circunstancias de vulnerabilidad en que se hallan. Por lo anterior, y en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la propia Constitución y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se sigue que se actualiza una excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto en aquellos casos en los que esté involucrado un menor de edad, cuando, de acuerdo con la legislación aplicable al caso, el recurso ordinario que deba agotarse no admita suspensión y cualquiera de las partes alegue un riesgo para el menor en caso de ejecutarse la resolución impugnada, pues en ese supuesto el recurso es inadecuado o ineficaz para alejarlo de la situación de vulnerabilidad en que pueda encontrarse. Lo anterior es así, pues el principio de definitividad supone la existencia de recursos idóneos, efectivos, oportunos y aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes cometidas en el acto o resolución impugnada." Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 Ibídem, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, respecto de los actos reclamados precisados en los incisos b) y c). Así, al haberse actualizado las causales de improcedencia indicadas, se hace innecesario analizar si opera o no alguna diversa, pues en nada variaría el sentido de la presente sentencia. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 54/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 414, del Tomo VIII, Agosto de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 195744, que indica: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." Sin que con la anterior determinación se produzca alguna violación a la parte quejosa, pues el hecho de que en el orden jurídico interno se prevean requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades de amparo analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes, no constituye, en sí mismo, una violación a los derechos de audiencia, debido proceso y acceso a la justicia. Sirve de sustento a lo anterior, la Jurisprudencia 22/2014, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 325, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, Décima Época, Registro 2005917, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." Así como la diversa Jurisprudencia 10/2014, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 487, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, Décima Época, Registro 2005717, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." 4. Información vía telefónica y correo electrónico. Considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, se hace del conocimiento de las partes que únicamente a fin de obtener información y comunicaciones no procesales respecto de los juicios que lleven ante este órgano jurisdiccional, se pone a su disposición el número telefónico 442 235 7000, extensión 2501, así como el correo electrónico 5jdo22ctoajf@correo.cjf.gob.mx; en el entendido de que, solo de estimarse necesario, se conservará y certificará el registro de la comunicación correspondiente, para ser incorporadas al expediente respectivo. 5. Atención presencial. En caso que, de manera excepcional e indispensable, las partes requieran acudir presencialmente a este órgano jurisdiccional, deberán hacerlo a través del modelo de atención presencial basado en citas contenido en el Acuerdo General 21/2020, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. En el entendido que, deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento; acudir puntualmente a sus citas y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia; y que, el incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. 6. Recepción de promociones. Se hace del conocimiento que la mecánica de habilitación de buzones judiciales en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado y de la Oficialía de Partes Común, para la recepción de promociones presentadas físicamente, así como de las promociones presentadas electrónicamente, es la siguiente: Recepción de promociones a través de la Oficialía de Partes Común (OPC), instalada fuera de las instalaciones de este juzgado. 09:00 a 14:00 horas y de las 15:00 a 19:00 horas. Recepción de promociones de término mediante su depósito en los buzones judiciales colocados en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado (OCC) siguiendo las reglas para su uso (artículos 10 y 11 del Acuerdo General 21/2020) 14:01 a 20:00 horas. Recepción de promociones únicamente de término a través del Secretario de guardia, entendidas como aquellas que el día en que se pretenda su presentación, sea el último para desahogar una prevención o requerimiento, que se haya decretado bajo algún apercibimiento, siguiendo las reglas para su uso (artículos 12 del Acuerdo General 21/2020) 20:01 a 00:00 horas. Recepción de promociones vía electrónica 24 horas Así mismo, se informa que, de conformidad con la fracción VII del artículo 12 del Acuerdo General 21/2020,4 las promociones presentadas a través de la Oficialía de Partes Común y de los buzones judiciales colocados en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado, serán ingresadas materialmente a este Juzgado el día hábil siguiente, con independencia de la hora de su presentación. En ese sentido, tratándose de promociones dirigidas a audiencias o diligencias de la propia fecha de su presentación, no podrán ser remitidas de inmediato a este órgano jurisdiccional, atento a la mecánica prevista en el Acuerdo General 21/2020 y Circular 14/2020; lo que deberán tomar en consideración para los efectos que estimen conducentes; sin perjuicio de que las promociones presentadas vía electrónica, no tienen tal restricción. 7. Domicilio y autorizados. Como solicita la parte quejosa, con fundamento en el artículo 305 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, tiene como domicilio procesal el que indica en su escrito de demanda; y, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, téngase como autorizados para oír y recibir notificaciones a las personas que refiere, por así solicitarlo. 8. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario de esta adscripción para 4 "Artículo 12. Oficialías de partes comunes (en adelante "OPC"). En cada edificio sede de órganos jurisdiccionales se habilitarán OPC para la recepción de promociones presentadas físicamente, las cuales se colocarán en los espacios que las respectivas administraciones de los edificios señalen, previa opinión de la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, atendiendo a su accesibilidad para el público en general y a la necesidad de evitar que quienes acuden a presentar promociones y carecen de una cita, transiten hacia áreas cerradas en las que podrían generar mayor concentración de personas. Operarán con las siguientes reglas: [.] VII. Al concluir el turno de la OPC, deberá acudir una persona por cada uno de los órganos jurisdiccionales atendidos por la misma, a recoger las promociones correspondientes. [.]." que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. 9. Publicación de lista de acuerdos y contacto con las partes. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo; y, adicionalmente, se remitirán a la administración del edificio, para que se coloquen en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita, sin perjuicio de que puedan consultar el expediente electrónico a través de los usuarios autorizados. No obstante lo anterior, en términos de lo dispuesto en los numerales 22 y 28 del citado acuerdo general, se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y/o propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Asimismo, se requiere a las partes (incluidas las autoridades responsables) para que proporcionen un número de teléfono móvil, a fin de que, en caso de ser necesario, se entable comunicación por parte del personal de este órgano jurisdiccional. 10. Uso de medios electrónicos. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. 11. Transparencia y acceso a la información pública. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, igualmente conforme a lo dispuesto en los artículos 1 a 5, 30, 32 y 33 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información pública en el Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, relativo a la elaboración de versiones públicas de los expedientes judiciales. Se adiciona a lo anterior, el desahogo de audiencias, sesiones o diligencias judiciales que cuenten con intervinientes presenciales en sede judicial y en sedes virtuales, así como las denominadas videoconferencias, en las que se garantizarán la protección de los datos personales de las partes, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en las que la Dirección General de Tecnologías de la Información del propio Consejo, deberá generar las soluciones tecnológicas necesarias para evitar la grabación y eventual diseminación no autorizada del material videograbado, a partir de los lineamientos generados por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, tal y como se proveyó en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos. 12. Captura de la determinación. Por último, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA, POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AVISO DE 6/4/2021, QUE CONTIENE LA RESOLUCIÓN DE 5/4/2021, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: " Santiago de Querétaro, Querétaro, cinco de abril de dos mil veintiuno. 1. Recepción y demanda. Téngase por recibida la demanda, contra actos del Juez Noveno de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro. 2. Creación del expediente. Fórmese expediente físico y electrónico, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en el libro de gobierno correspondiente de este juzgado, bajo el número 305/2021. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquéllas que, por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. 3. Improcedencia de la demanda de amparo. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se advierte en la especie una causa manifiesta e indudable de improcedencia de la demanda, lo que impone a desechar la misma, como se explica enseguida. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del citado precepto, se advierte, que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a. LXXI/2002, precisó que por "manifiesta", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda, por lo claro y evidente que es. Asimismo, que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexaron a esas promociones. De manera que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Que de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su actualización, la demanda no debía ser desechada, pues se estaría privando a la parte quejosa de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debía admitirse a trámite a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. La citada tesis, es de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO.".1 3.1. Precisión del acto reclamado. En la especie, de una lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados, esencialmente, se hacen consistir en los siguientes: a)Auto de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, emitido en los autos del juicio ordinario civil sobre divorcio, pérdida de patria potestad y alimentos .en el que, en lo que interesa, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo ., el Juez Noveno de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro, fijó las trece horas del cinco de marzo del año en curso, para una plática con los menores de iniciales..., la cual, señaló, deberá llevarse a cabo bajo los lineamientos que establece el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes. b) Acuerdo de cinco de marzo de dos mil veintiuno, mediante el cual, en el que, ante el incumplimiento por la aquí quejosa., en presentar a los menores de iniciales.., para una plática con el Juez Noveno de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro, le hizo efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído, por lo que le impuso una multa equivalente a treinta veces la medida y actualización vigente; y, señaló las catorce horas del diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, 1 Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Julio de 2002, Registro Núm. 186605. para que tuviera verificativo la plática con los citados infantes. c) Acuerdo de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, mediante el cual señaló nueva fecha y hora para que tenga verificativo una plática entre los menores de iniciales, y el Juez Noveno de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro, a saber, las catorce horas del treinta de marzo del año en curso; y se apercibió a la aquí quejosa, que de no presentar a los citados infantes, se le impondría una multa equivalente a sesenta veces la medida y actualización vigente. 3.2. Desechamiento -acto precisado en el inciso a)- Respecto de dicho acto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; (.)" De una interpretación sistemática y lógica de dicho precepto legal, es indudable que el amparo es improcedente respecto de un acto dictado en estricto acatamiento a otro amparo, pues en ese supuesto el acto es dictado en ejecución estricta de un amparo, sin libertad de decisión, lo cual no sucede cuando en un primer amparo se otorga en parte plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, pues en contra de la determinación que dicta con facultad de decisión, es innegable que resulta procedente un nuevo amparo, porque aún no ha sido materia de control constitucional, pues en el primer amparo, ni siquiera se conocía la forma en que resolvería la autoridad responsable al habérsele dado a ese efecto total libertad de decisión, lo que en la especie, no aconteció. Es aplicable a lo anterior, la tesis 1a. LXVI/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a página 576, Libro 43, Junio de 2017, Tomo I, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2014643, que dice: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN DIRIGIDOS A COMBATIRLA. Los procesos de garantías constitucionales se rigen por el principio de cosa juzgada que conduce a impedir que lo resuelto en definitiva en un juicio de amparo pueda ser objeto de nuevo análisis y decisión en otro juicio de la misma clase, pues uno de los presupuestos procesales radica en que la materia de decisión subsista, lo cual no acontece cuando tal materia ya ha quedado resuelta en un procedimiento judicial previo. Este principio se refleja en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, donde se determina expresamente que el juicio constitucional es improcedente contra las resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. La aplicación de este enunciado legal en sus términos, sólo tiene lugar en los casos en que el fallo reclamado se encuentre dictado en su totalidad en cumplimiento de una sentencia de amparo, caso en el cual debe desecharse la demanda, si tal situación se advierte al proveer sobre la admisión, o bien, decretar el sobreseimiento en la resolución terminal. Sin embargo, cuando el fallo reclamado contiene una parte de consideraciones emitidas en cumplimiento a una ejecutoria de amparo y otra fundada en las propias atribuciones de la autoridad responsable, la primera porción no es susceptible de estudio en el nuevo juicio de amparo, por constituir cosa juzgada, y la porción restante sí puede ser analizada, razón por la cual no procede desechar la demanda ni decretar el sobreseimiento, pero sí declarar inoperantes los argumentos dirigidos a confrontar la parte de la resolución reclamada que ya fue juzgada por la jurisdicción constitucional". También resulta aplicable a lo anterior, la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a página 44, Volumen 151-156, Cuarta Parte, Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, registro 240602, del rubro y texto siguientes: "AMPARO PARA EFECTOS, ESTRECHA VINCULACIÓN ENTRE LA SENTENCIA QUE CONCEDIO EL, Y LA DICTADA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN ACATAMIENTO DE LA PRIMERA. SOBRESEIMIENTO DEL AMPARO. Cuando existe estrecha vinculación entre la sentencia que concedió el amparo para efectos y la dictada por la autoridad responsable en cumplimiento de aquélla, debe sobreseerse en el juicio de garantías de conformidad con lo dispuesto por la fracción II del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción III del artículo 74 del mismo cuerpo de leyes, pues el acto reclamado de la Sala responsable se dictó en cumplimiento de una sentencia de amparo, mediante la cual se le señalaron los lineamientos a seguir, en cuanto a la acción ejercitada, es decir, sin devolverle plena jurisdicción al respecto, y por lo tanto resulta improcedente la demanda de garantías". Ahora bien, de los autos del juicio de amparo., que constituye un hecho notorio para quien resuelve, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles y con la jurisprudencia 16/2018 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 10, libro 55, junio de dos mil dieciocho, tomo I, décima época, registro 2017123, titulada "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE).", se advierte que en dicho juicio de amparo, mediante sentencia dictada en audiencia constitucional de ocho de enero de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa para los siguientes efectos: "(.) SEXTO. Efectos de la concesión de amparo. En términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, corresponde al último considerativo de la sentencia precisar los efectos de la concesión del amparo, a saber: I) La Juez Noveno de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro, deje jurídicamente insubsistente el auto reclamado de trece de julio de dos mil veinte, única y exclusivamente en la parte en que, determinó improcedente la petición de la actora en el sentido de escuchar a los menores involucrados, y, establece un régimen de convivencias sin supervisión entre el padre y los menores quejosos; dentro del juicio ordinario civil.., de su índice; y II) En su lugar, dicte una nueva determinación, en la que, previamente a establecer un régimen de convivencias entre los menores quejosos y su progenitor, proceda a escuchar su opinión, tal como fue solicitado por su progenitora, siempre que, atendiendo a las consideraciones que informa esta sentencia, determine que ello no sea contrario a su interés superior; para lo cual deberá observar en todo momento, los lineamientos contenidos en el "Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren a niñas, niños y adolescentes", elaborado por la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. III) Hecho lo anterior, provea lo necesario para fijar un régimen de convivencias en términos de lo dispuesto en el artículo 208 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. (.)" Como se ve, con motivo de la concesión de amparo otorgada a la parte aquí quejosa, en el diverso juicio de amparo .del índice de este jugado, se ordenó al Juez Noveno de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro, dejara jurídicamente insubsistente el auto reclamado de trece de julio de dos mil veinte, y en su lugar, dicte una nueva determinación, en la que, previo a establecer un régimen de convivencias entre los menores quejosos y su progenitor, proceda a escuchar su opinión, para lo cual deberá observar en todo momento, los lineamientos contenidos en el "Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren a niñas, niños y adolescentes", elaborado por la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En cumplimiento a dicha ejecutoria de amparo, el dieciocho de febrero del año en curso, el Juez Noveno de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro, en lo que interesa, fijó las trece horas del cinco de marzo del año en curso, para una plática con los menores de iniciales.., la cual, señaló, deberá llevarse a cabo bajo los lineamientos que establece el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes, mismo que constituye el acto reclamado en el presente juicio. En ese contexto, es evidente que el acuerdo de dieciocho de febrero del año en curso, reclamado en el presente juicio, fue dictado en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el diverso amparo indirecto del índice de este juzgado, en la que se concedió la protección constitucional a la aquí quejosa para los efectos precisados y que las violaciones que en esta vía reclama, serán materia de análisis en la etapa de cumplimiento de aquel. Lo que es así, pues en ese amparo se dieron los lineamientos precisos conforme a los cuales la autoridad responsable debía ordenar la plática con los menores de iniciales, esto es, en observancia a los lineamientos contenidos en el "Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren a niñas, niños y adolescentes", elaborado por la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De ahí que lo aquí combatido por la parte quejosa, será materia de análisis en la etapa de ejecución del citado juicio constitucional, en el que la parte quejosa esta en aptitud de hacer valer sus derechos. Por lo que puede concluirse que el acto reclamado a través del presente juicio de amparo, precisado en el inciso a), entes citado, fue dictado en cumplimiento del diverso., del índice de este propio juzgado; y por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, de ahí que proceda desechar la demanda de amparo, en términos del artículo 113 ibídem. 3.3. Desechamiento -actos precisados en los incisos b) y c)- Respecto de dicho acto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." En el citado precepto, se encuentra inmerso el principio de definitividad del juicio de amparo, atento al cual se impone al quejoso la carga procesal de agotar previamente a su promoción, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, atendiendo a que el juicio de amparo se trata de un medio extraordinario de defensa, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales. En el caso, la parte promovente incumplió con tal carga, pues a pesar de contar con un medio de defensa previsto en la ley ordinaria con tal propósito, no lo hizo valer, previamente a la promoción del juicio de amparo. En efecto, en contra del acto del que se duele la parte quejosa es procedente el recurso de apelación previsto en los artículos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Querétaro, que a continuación se transcriben: "Artículo 728. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior revise las resoluciones dictadas por el inferior, pudiendo tener como resultado, la confirmación, revocación o modificación de ellas. Artículo 729. Pueden apelar: el litigante, si creyere haber recibido algún agravio; los terceros que hayan salido al juicio; y los demás interesados a quienes perjudique la resolución judicial. No puede apelar el que obtuvo todo lo que pidió; pero el vencedor que no obtuvo la restitución de frutos, la indemnización de daños y perjuicios o el pago de costas, podrá apelar también. Artículo 736. Las sentencias definitivas son apelables cuando recaigan en negocios cuyo valor exceda de trescientas veces el salario mínimo general diario vigente en la zona y en aquellos cuyo interés no sea susceptible de calcularse en dinero. En estos casos la apelación se admitirá en ambos efectos, salvo cuando la Ley expresamente determine que lo sea solo en efecto devolutivo. Las sentencias interlocutorias y los autos, sólo son apelables cuando lo sea la sentencia definitiva del juicio, debiendo los segundos tener fuerza de definitivos o disponerlo este Código. La apelación contra estas resoluciones procede sólo en el efecto devolutivo, salvo que exista en contrario disposición expresa de la ley." De los preceptos legales antes transcritos, podemos concluir que el objetivo del recurso de apelación consiste en modificar, revocar o bien confirmar una resolución que cause agravio al litigante. Asimismo, que el recurso de apelación procede contra las sentencias definitivas en aquellos casos que la cuantía no sea susceptible de calcularse en dinero; y para el caso de que se trate de un auto, será apelable cuando lo sea la sentencia definitiva del juicio y además tenga la fuerza de definitivo o bien así lo disponga el código. Los anteriores supuestos normativos se estiman actualizados para concluir que la quejosa estaba obligada agotar el citado medio de impugnación, previo a la instauración del juicio de amparo, al tener como efecto modificar, revocar o nulificar los actos reclamados consistentes en los proveídos de cinco y diecinueve de marzo del año en curso, dictados en los autos del juicio ordinario civil sobre divorcio, pérdida de patria potestad y alimentos., del índice del Juzgado Noveno de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro, mediante los cuales: 1. Ante el incumplimiento por la aquí quejosa. , en presentar a los menores de iniciales .., para una plática con el Juez Noveno de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro, le hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de dieciocho de febrero del año en curso, por lo que le impuso una multa equivalente a treinta veces la medida y actualización vigente; y, se señalaron las catorce horas del diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, para que tuviera verificativo la plática con los citados infantes. 2. Se señaló nueva fecha y hora para que tenga verificativo una plática entre los menores de iniciales. ., y el Juez Noveno de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro, a saber, las catorce horas del treinta de marzo del año en curso; y se apercibió a la aquí quejosa, que de no presentar a los citados infantes, se le impondría una multa equivalente a sesenta veces la medida y actualización vigente. Respecto de los cuales, la parte quejosa reclama la imposición de una multa, por lo que ve al primero de los acuerdos citados, y el apercibimiento de multa, por lo que ve al segundo de ellos; los cuales se encuentran comprendidos en el supuesto hipotético que prevé el numeral 736 del Código Adjetivo Civil del Estado, toda vez que al admitir apelación la sentencia definitiva que se llegue a dictar en el juicio de origen, el interés en el asunto no es susceptible de calcularse en dinero y, al tener el carácter de definitivo los actos reclamados, en razón de que no puede ser reparado en la sentencia definitiva, si se toma en consideración que la resolución de fondo de tal procedimiento, no será objeto de estudio la multa impuesta a la quejosa el cinco de marzo del año en curso y el apercibimiento de multa con que se le conminó el diecinueve del mes y año indicados. Tampoco obsta para exigir el cumplimiento a ese requisito de procedencia del amparo, el que se combata transgresión a derechos sustantivos (imposición de una multa) ni que el juicio verse sobre los derechos de menores de edad, porque aún bajo ese supuesto, queda obligado a acatar el principio de definitividad, dado que las multas se impusieron al promovente y no a un menor de edad, además, en conformidad con las tesis de jurisprudencia obligatorias, por disposición del artículo 217 de la Ley de Amparo, al no oponerse a sus disposiciones vigentes que dicen: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo."2 "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo.3 2 SJF, Décima Época, Tesis: 1a./J. 44/2012 (10a.), Libro X, Julio de 2012, Tomo 1, Materia(s): Común, Página: 729 Registro: 2001155. 3 SJF, Décima Época, Tesis: Jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.) Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I Materia(s): Común Página: 350 Registro: 2005039 Ahora bien, cabe precisar que el único supuesto en que se materializaría la excepción al principio de definitividad, acontece cuando cualquiera de las partes alegue un riesgo para los menores involucrados, en caso de ejecutarse los actos reclamados, lo que no acontece en la especie, ya que no se alega, ni se advierte, que la ejecución de dicho autos (cinco y diecinueve de marzo de dos mil veintiuno) conlleve un perjuicio a los menores involucrados, toda vez que la multa impuesta el cinco de marzo del año en curso, y el apercibimiento de multa decretado el diecinueve del mes y año indicados, se encuentran dirigidos únicamente a la quejosa., y no a los infantes involucrados, y si bien dichas cargas, son con motivo de la omisión en que ha incurrido aquella en presentar a los menores a una plática con el Juez Noveno de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro, como se dijo, tal circunstancia (plática con los menores) se emitió en cumplimiento a la ejecutoria de amparo., del índice de este propio juzgado. Plática con los infantes, que se ordenó, previo a establecer un régimen de convivencias entre éstos y su progenitor, en observancia a los lineamientos contenidos en el "Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren a niñas, niños y adolescentes", elaborado por la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, privilegiando precisamente el interés de los menores, lo que incluso fue solicitado por la aquí quejosa; de ahí que, como se dijo, si la plática con los menores fue en cumplimiento a la ejecutoria de amparo indicada y la multa y apercibimiento de multa, se encuentran encaminadas únicamente a la parte quejosa, los actos reclamados en los incisos b) y c), antes precisados, no contraen un perjuicio a los infantes afectos. Resulta aplicable, por las razones que contiene, la jurisprudencia 1a./J. 77/2013 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 990, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, registro 2004677, que indica: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO. En términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y, particularmente, otorgar una protección especial a los derechos de la infancia por las circunstancias de vulnerabilidad en que se hallan. Por lo anterior, y en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la propia Constitución y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se sigue que se actualiza una excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto en aquellos casos en los que esté involucrado un menor de edad, cuando, de acuerdo con la legislación aplicable al caso, el recurso ordinario que deba agotarse no admita suspensión y cualquiera de las partes alegue un riesgo para el menor en caso de ejecutarse la resolución impugnada, pues en ese supuesto el recurso es inadecuado o ineficaz para alejarlo de la situación de vulnerabilidad en que pueda encontrarse. Lo anterior es así, pues el principio de definitividad supone la existencia de recursos idóneos, efectivos, oportunos y aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes cometidas en el acto o resolución impugnada." Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 Ibídem, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, respecto de los actos reclamados precisados en los incisos b) y c). Así, al haberse actualizado las causales de improcedencia indicadas, se hace innecesario analizar si opera o no alguna diversa, pues en nada variaría el sentido de la presente sentencia. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 54/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 414, del Tomo VIII, Agosto de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 195744, que indica: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." Sin que con la anterior determinación se produzca alguna violación a la parte quejosa, pues el hecho de que en el orden jurídico interno se prevean requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades de amparo analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes, no constituye, en sí mismo, una violación a los derechos de audiencia, debido proceso y acceso a la justicia. Sirve de sustento a lo anterior, la Jurisprudencia 22/2014, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 325, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, Décima Época, Registro 2005917, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." Así como la diversa Jurisprudencia 10/2014, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 487, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, Décima Época, Registro 2005717, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." 4. Información vía telefónica y correo electrónico. Considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, se hace del conocimiento de las partes que únicamente a fin de obtener información y comunicaciones no procesales respecto de los juicios que lleven ante este órgano jurisdiccional, se pone a su disposición el número telefónico 442 235 7000, extensión 2501, así como el correo electrónico 5jdo22ctoajf@correo.cjf.gob.mx; en el entendido de que, solo de estimarse necesario, se conservará y certificará el registro de la comunicación correspondiente, para ser incorporadas al expediente respectivo. 5. Atención presencial. En caso que, de manera excepcional e indispensable, las partes requieran acudir presencialmente a este órgano jurisdiccional, deberán hacerlo a través del modelo de atención presencial basado en citas contenido en el Acuerdo General 21/2020, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. En el entendido que, deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento; acudir puntualmente a sus citas y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia; y que, el incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. 6. Recepción de promociones. Se hace del conocimiento que la mecánica de habilitación de buzones judiciales en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado y de la Oficialía de Partes Común, para la recepción de promociones presentadas físicamente, así como de las promociones presentadas electrónicamente, es la siguiente: Recepción de promociones a través de la Oficialía de Partes Común (OPC), instalada fuera de las instalaciones de este juzgado. 09:00 a 14:00 horas y de las 15:00 a 19:00 horas. Recepción de promociones de término mediante su depósito en los buzones judiciales colocados en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado (OCC) siguiendo las reglas para su uso (artículos 10 y 11 del Acuerdo General 21/2020) 14:01 a 20:00 horas. Recepción de promociones únicamente de término a través del Secretario de guardia, entendidas como aquellas que el día en que se pretenda su presentación, sea el último para desahogar una prevención o requerimiento, que se haya decretado bajo algún apercibimiento, siguiendo las reglas para su uso (artículos 12 del Acuerdo General 21/2020) 20:01 a 00:00 horas. Recepción de promociones vía electrónica 24 horas Así mismo, se informa que, de conformidad con la fracción VII del artículo 12 del Acuerdo General 21/2020,4 las promociones presentadas a través de la Oficialía de Partes Común y de los buzones judiciales colocados en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado, serán ingresadas materialmente a este Juzgado el día hábil siguiente, con independencia de la hora de su presentación. En ese sentido, tratándose de promociones dirigidas a audiencias o diligencias de la propia fecha de su presentación, no podrán ser remitidas de inmediato a este órgano jurisdiccional, atento a la mecánica prevista en el Acuerdo General 21/2020 y Circular 14/2020; lo que deberán tomar en consideración para los efectos que estimen conducentes; sin perjuicio de que las promociones presentadas vía electrónica, no tienen tal restricción. 7. Domicilio y autorizados. Como solicita la parte quejosa, con fundamento en el artículo 305 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, tiene como domicilio procesal el que indica en su escrito de demanda; y, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, téngase como autorizados para oír y recibir notificaciones a las personas que refiere, por así solicitarlo. 8. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario de esta adscripción para 4 "Artículo 12. Oficialías de partes comunes (en adelante "OPC"). En cada edificio sede de órganos jurisdiccionales se habilitarán OPC para la recepción de promociones presentadas físicamente, las cuales se colocarán en los espacios que las respectivas administraciones de los edificios señalen, previa opinión de la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, atendiendo a su accesibilidad para el público en general y a la necesidad de evitar que quienes acuden a presentar promociones y carecen de una cita, transiten hacia áreas cerradas en las que podrían generar mayor concentración de personas. Operarán con las siguientes reglas: [.] VII. Al concluir el turno de la OPC, deberá acudir una persona por cada uno de los órganos jurisdiccionales atendidos por la misma, a recoger las promociones correspondientes. [.]." que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. 9. Publicación de lista de acuerdos y contacto con las partes. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo; y, adicionalmente, se remitirán a la administración del edificio, para que se coloquen en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita, sin perjuicio de que puedan consultar el expediente electrónico a través de los usuarios autorizados. No obstante lo anterior, en términos de lo dispuesto en los numerales 22 y 28 del citado acuerdo general, se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y/o propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Asimismo, se requiere a las partes (incluidas las autoridades responsables) para que proporcionen un número de teléfono móvil, a fin de que, en caso de ser necesario, se entable comunicación por parte del personal de este órgano jurisdiccional. 10. Uso de medios electrónicos. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. 11. Transparencia y acceso a la información pública. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, igualmente conforme a lo dispuesto en los artículos 1 a 5, 30, 32 y 33 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información pública en el Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, relativo a la elaboración de versiones públicas de los expedientes judiciales. Se adiciona a lo anterior, el desahogo de audiencias, sesiones o diligencias judiciales que cuenten con intervinientes presenciales en sede judicial y en sedes virtuales, así como las denominadas videoconferencias, en las que se garantizarán la protección de los datos personales de las partes, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en las que la Dirección General de Tecnologías de la Información del propio Consejo, deberá generar las soluciones tecnológicas necesarias para evitar la grabación y eventual diseminación no autorizada del material videograbado, a partir de los lineamientos generados por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, tal y como se proveyó en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos. 12. Captura de la determinación. Por último, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.

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