Sotero Zavala Zamudio

Expediente 269/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
269/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
12/04/2019

Partes del expediente

  • Sotero Zavala Zamudio

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, de la cual se advierte que no se interpuso el recurso de QUEJA previsto por el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Nueva Ley de Amparo, en contra del auto de uno de abril de dos mil dienueve, en el que SE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en relación con su numeral 2°, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por tanto, ARCHÍVESE el presente juicio de amparo, por tratarse de un asunto concluido, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de la Materia. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Por otra parte, toda vez que en el presente juicio de amparo se desechó de plano la demanda de amparo solicitada, éste expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse archivado. En último orden, respecto de las copias del escrito de demanda, al resultar innecesario su agregado al sumario en que se actúa, procédase a su destrucción.

  2. Principal

    Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, por su propio derecho, contra el acto que reclama del Presidente, Secretario General y Actuario de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad de Celaya Guanajuato; que estima violatorio de los derechos que se encuentran consagrados en los artículos 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivamente, bajo el número 269/2019-I.1, anótese su ingreso en el libro de control de este Juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias referentes para la integración del expediente electrónico, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado Federal. Ahora bien, una vez analizada la demanda promovida, de conformidad con lo que establece el artículo 113 de la Ley de Amparo, se obtiene que la misma resulta improcedente, por lo que procede desecharla. El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra dice: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Por su parte, los diversos numerales 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción V, esta última aplicada a contrario sensu, del ordenamiento legal invocado son del tenor siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De la demanda de amparo, se desprende que la parte promovente, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto que hizo consistir en esencia en la determinación de doce de marzo de dos mil diecinueve, a través de la cual admitió a trámite la prueba de inspección ofertada por la parte actora en los autos del Expediente Laboral 3276/2018/L1/CD/IND, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guanajuato con sede en Celaya; a desahogarse a cargo del demandado aquí promovente, en determinado domicilio de Moroleón, Guanajuato. Como antecedentes del acto reclamado se desprende que ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guanajuato con sede en Celaya, Guanajuato, se tramita el Expediente Laboral 3276/2018/L1/CD/IND, promovido por ***, contra el ahora promovente, en el que le reclamo el pago de diversas prestaciones derivadas de una relación laboral preexistete; procedimiento que se admitió a trámite y el doce de marzo de dos mil diecinueve, se admitió y ordenó la diligenciación de una prueba de inspección a cargo del demandado. Admisión y orden de trámite de dicha prueba que constituye el acto materia del reclamo Constitucional en la demanda de amparo que se analiza. Fijado lo anterior, es menester señalar que en el caso, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia que resulta del artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción V, esta última aplicada a contario sensu, ambos de la Ley de Amparo; toda vez que la determinación de doce de marzo de dos mil diecinueve, emitida por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guanajuato con sede en Celaya, en el Expediente Laboral 3276/2018/L1/CD/IND, que admite y ordena el desahogo de una prueba de inspección a cargo del demandado, no es de aquellos actos que la Ley considera como de imposible reparación, por no afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Ello es así, porque por acto de imposible reparación, debe entenderse aquel cuyas consecuencias sean susceptibles de afectar derechos personales, reales o del estado civil de las personas, así como que sus efectos sean ciertos, inmediatos e independientes de cualquier otro evento y que no puedan ser modificados por actuación posterior alguna. Empero, cuando se reclaman en amparo indirecto, actos dictados o realizados dentro de un procedimiento, resulta indispensable que los daños causados por estos actos no tengan reparación alguna para el gobernado, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, mismos que se encuentran tutelados en nuestro Texto Constitucional a través de las llamadas garantías individuales; en tanto que, los derechos adjetivos son aquellos que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal; pero que por su propia naturaleza, no causan afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Por tanto, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo y como consecuencia de ello, cuando se esté en el primero de los casos mencionados (cuando se trate de violación que atente contra los derechos fundamentales del gobernado), procederá el amparo indirecto; y cuando se esté en el segundo de los supuestos (derechos adjetivos o comúnmente llamados procesales), no procederá el amparo biinstancial por tratarse de un acto que no conlleva una imposible reparación, al no afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Dicho de otro modo, la ejecución irreparable se presenta para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, cuando se afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos del gobernado; por consecuencia, si el acto que se reclama no atenta contra tales derechos sustantivos, sino contra derechos adjetivos o procesales, ello se traduce en que la promoción del amparo biinstancial sea improcedente. Expuesto lo anterior, la demanda de amparo promovida por ***, por su propio derecho ES IMPROCEDENTE porque la determinación de doce de marzo de dos mil diecinueve, emitida por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guanajuato con sede en Celaya, en el Expediente Laboral 3276/2018/L1/CD/IND, que admite y ordena el desahogo de una prueba de inspección a cargo del demandado; no es de aquellos actos que la ley clasifique como de los que vulneran los derechos humanos del solicitante del amparo, por no estar en presencia de actos dentro de juicio que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En la especie, el acto reclamado no implica una violación de imposible reparación porque no afecta por sí solo y en forma inmediata los derechos fundamentales del solicitante del amparo; esto es, la determinación que se reclama a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, es un acto que en todo caso solo produce efectos de carácter intraprocesal; ello, atento a que con tal resolución no se le priva de continuar con el trámite del procedimiento de origen, no se le excluye de la relación jurídico procesal ni tampoco se tiene por concluido ese procedimiento. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1989, Materia(s) Común, página 291, del tenor literal siguiente: EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. Por todo ello, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que resulta del artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción V, esta última aplicada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por Sotero Zavala Zamudio, por su propio derecho, con fundamento en el diverso numeral 113 del citado ordenamiento legal. Sobre el tema, es aplicable, en lo esencial, la Jurisprudencia de la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Quinta Época del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Página 273, que dice: PRUEBAS. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE LAS DESECHA. El amparo indirecto es improcedente contra el auto que desecha una prueba, dado que se trata de una violación del procedimiento, comprendida en la fracción III del artículo 159 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, que debe reclamarse al interponerse el amparo contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio, previa la preparación legal necesaria, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 161 de la misma ley. En la inteligencia de que las Tesis invocadas son aplicables de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente a aquel en que fue publicada en el citado medio de difusión oficial nacional; en razón de que no se oponen a los postulados establecidos en la mencionada Ley. En otro orden, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, téngase por autorizados en amplios términos a los licenciados ***, vez que su cédula profesional se encuentra inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito que lo autoriza a ejercer la profesión de abogado; y por no cumplir con dicho requisito, téngase por autorizado únicamente para recibir notificaciones de carácter personal e imponerse de los autos a la diversa profesionista ***; y para estos últimos efectos a ***, por así señalarlo expresamente el promovente del amparo. Tomando en consideración que el promovente señala los estrados para recibir notificaciones personales, siendo que éstos no constituyen un domicilio propiamente dicho (hasta en tanto se haga señalamiento al respecto como lo indica el artículo 27 fracción I , de Ley de Amparo) la notificación de este auto y las subsecuentes que tengan ese carácter, practíquense por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, conforme a las reglas que al efecto establece el diverso numeral 29, de la Ley citada. En observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias; esto último con fundamento el artículo 21 tercer párrafo de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece.

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