Sotero Raymundo Vega Hernández
Expediente 655/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 655/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/07/2021
Partes del expediente
- Sotero Raymundo Vega Hernández
- Sotero Raymundo Vega Hernández y Otros.
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio y anexos de cuenta. Recepción de ejecutoria Acúsese recibo al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, de: 1. los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, 2. copia del testimonio de la ejecutoria de diez de junio de dos mil veintiuno, pronunciada en el amparo en revisión 23/2021, recibida en este órgano jurisdiccional el ocho de julio de la presente anualidad. Comuníquese a las partes la llegada de los autos originales del juicio en que se actúa y la resolución dictada por la superioridad, en los siguientes términos: "PRIMERO. En la materia de la revisión se CONFIRMA la sentencia dictada el ocho de octubre de dos mil veinte, por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en el juicio de amparo 655/2020. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por... por derecho propio, contra los artículos 143 BIS, 143 SEPTIES y 143 OCTIES, de la Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable del Estado de Puebla y su publicación." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Archivo de asunto Ahora bien, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales", publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido; toda vez que en el presente sumario constitucional se dictó sentencia definitiva. Valoración Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3°, fracción XVIII del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Asimismo, que mediante sentencia de ocho de octubre de dos mil veinte, se sobreseyó en el presente juicio biinstancial, resolución que fue confirmada por la Superioridad; en consecuencia, se considera que es susceptible de destrucción, de conformidad con los criterios de valoración a que aluden los citados numerales 12 y 14; en virtud que encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a) del referido Acuerdo General. Glósese el original del incidente de suspensión. Guárdese por separado el duplicado del incidente de suspensión. Destrúyase el original del incidente de suspensión, una vez transcurridos tres años, toda vez que se negó la medida cautelar definitiva y no existe denuncia de violación a la suspensión, exceso o defecto con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a) del citado Acuerdo General. Destrúyase el duplicado del incidente de suspensión transcurrido seis meses siguientes a su archivo, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo General. Además, se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado; esto es, no versó sobre delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto, así como la destrucción del cuaderno original del incidente de suspensión. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Firma del expediente De conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta determinación se firmará electrónicamente. Notifíquese.
- Principal
TRIBUNAL COLEGIADO RADICA REVISIÓN Téngase al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito informando que registró el recurso de revisión interpuesto en autos, con el número 23/2021 y lo admitió a trámite, estando en espera de lo que determine. Notifíquese.
- Principal
Agréguese el escrito de cuenta, signado por Gustavo Araujo Jiménez, en su carácter de autorizado en términos amplios de la parte quejosa; visto su contenido, se provee: SE PROMUEVE RECURSO DE REVISIÓN. Téngase por interpuesto el medio de defensa promovido contra la sentencia dictada en autos, en términos de los artículos 81 fracción I inciso e), 86 de la Ley de Amparo. Distribúyanse entre las partes las copias del escrito de agravios en términos de los artículos 89 de la invocada Ley. Remítase al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en turno, los autos originales de este juicio, así como el escrito de agravios con evidencia criptográfica, por haber sido recibido vía electrónica a través del portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído. Fórmese el expedientillo correspondiente. NOTIFÍQUESE.
- Principal
V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 655/2020, promovido por...; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, remitido por razón de turno a este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, promovido por..., por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se indican: AUTORIDADES RESPONSABLES: 1. CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA, de quien se reclama: La expedición del decreto de reformas a la Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable del Estado de Puebla, particularmente por lo que hace al artículo 143 bis, 143 septies y 143 octies publicado en el periódico oficial con fecha 12 de marzo de 2020. 2. C. RESPONSABLE DEL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA, de quien se reclama: La publicación en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el día 12 de marzo de 2020 del decreto de reformas a la Ley para la Protección al Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable del Estado de Puebla, particularmente por lo que hace a los artículos antes citados. ACTOS RECLAMADOS. a La expedición de la Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable del Estado de Puebla, particularmente por lo que hace a los artículos 143 bis, 143 septies y 143 Octies, de la Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable del Estado de Puebla. b La publicación en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el día 12 de marzo de 2020 del decreto de reformas a la Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable del Estado de Puebla particularmente por lo que hace a los artículos 143 bis, 143 septies y 143 octies fojas 2 y 3. SEGUNDO. La parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 14, 16, 21 y 22 constitucionales. TERCERO. Previa prevención, se radicó y registró la demanda de amparo como 655/2020, se admitió en sus términos; se dio a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, la intervención legal que le compete, quien no formuló pedimento; se solicitó de las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, se fijó día y hora para la audiencia que tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA Este Juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII Constitucionales, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo y, 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; lo anterior, pues se reclaman actos emitidos por autoridades con residencia en el territorio sobre el que se ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO Es necesario precisar los actos reclamados que se desprenden a plenitud del estudio íntegro de la demanda y sus anexos, pues constituye un todo, con la finalidad de fijar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal, acorde con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, así como con la tesis..., con el rubro siguiente: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. Así, del análisis integral de la demanda y de las constancias allegadas al presente juicio, se advierte que el quejoso, reclama: Los artículos 143 bis, 143 septies y 143 octies del decreto del Congreso del Estado de Puebla, publicado el doce de marzo de dos mil veinte, por el cual se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Protección del Medio Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable del Estado de Puebla. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. El Director del Periódico Oficial del Estado de Puebla por conducto del Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado fojas 78 a 80. El Congreso del Estado de Puebla, omitió rendir su informe justificado, a pesar de estar debidamente notificado el dos de septiembre de dos mil veinte, según se advierte de autos. Por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen por presuntivamente ciertos los actos que en esta vía se les reclaman; además que al existir la publicación de las normas combatidas en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, por tanto, su existencia no es materia de prueba en el presente juicio. Al respecto, es aplicable por analogía la jurisprudencia..., que dice: PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 62, de la Ley de Amparo, se analizan las causales de improcedencia invocadas por las partes. En el caso, el Director del Periódico Oficial del Estado, a través del Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación argumentó que el juicio deviene improcedente respecto del acto reclamado consistente en la publicación del Decreto de reformas de la Ley para la Protección al Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable del Estado de Puebla, particularmente los artículos 143 bis, 143 septies y 143 octies, que se le atribuye, debido a que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo dispuesto en el diverso 108, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que dicho acto no fue impugnado por vicios propios. Los artículos 61, fracción XXIII, y 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, respectivamente, señalan: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: ... II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: ... III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; El numeral transcrito en primer término establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos, diversos a los contemplados en las demás fracciones que lo conforman, en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo; por otra parte, de conformidad con la fracción III del segundo numeral citado, el refrendo del decreto promulgatorio de una ley o la publicación de ésta, serán reclamables en amparo únicamente cuando se les atribuyan vicios propios. Luego entonces, tomando en consideración que en el presente asunto se reclamó entre otros, la publicación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley para la Protección al Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado el doce de marzo de dos mil veinte, sin que se impugne por vicios propios, el juicio de amparo resulta improcedente respecto de dicho acto; en consecuencia, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio por cuanto al acto en mención, en virtud de que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracción IIl, ambos de la ley de la materia. De igual forma, de oficio se advierte que en el caso, tocante a la expedición del decreto a través del cual se reforman los artículos 143 bis, 143 septies y 143 octies de la Ley para la Protección al Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable del Estado, publicado el doce de marzo de dos mil veinte, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo. A efecto de evidenciar lo anterior, es pertinente señalar que la Constitución precisa lo siguiente: Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Asimismo, el artículo 61, fracción XII, última parte, de la Ley de Amparo, dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:... XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; De los preceptos legales transcritos se desprende, por una parte, que el juicio de amparo es improcedente en contra de actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en términos de lo establecido en la fracción I, del artículo 5 de Ley de Amparo; y por otra hace referencia en su parte final, que el juicio constitucional también es improcedente contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Así, para que el juicio de amparo sea procedente, es menester que sea promovido por la persona que se vea agraviada con el acto que se combate, esto es, aquella que aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica. Asimismo, es preciso puntualizar que la diferencia existente de las leyes o disposiciones generales desde el punto de vista de sus efectos, de individualización condicionada o incondicionada, en leyes heteroaplicativas y autoaplicativas, deriva del momento en que cada una de ellas causa un perjuicio a su destinatario y, por consiguiente, determina el momento oportuno para promover el juicio de amparo. Las normas autoaplicativas sí afectan a los particulares desde que cobran vigencia, pues tienen una aplicación que no se encuentra sujeta a condición alguna y tienen como rasgos distintivos los siguientes: 1 Se caracterizan por contener disposiciones que vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia y, por ende, admiten la procedencia de la vía constitucional desde que entran en vigor, pues desde ese momento crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho, dado que las obligaciones derivadas de éstas surgen o nacen con independencia de la actualización de condición alguna. 2 Pueden reclamarse en dos distintos momentos: el primero, dentro del plazo de treinta días computado a partir del día en que entran en vigor, según lo previsto en la fracción I del artículo 17 de la Ley de Amparo vigente; y, el segundo, dentro de los quince días respectivos, como prescribe dicho precepto en su párrafo primero. Por su parte, las leyes heteroaplicativas no producen sus efectos en la esfera jurídica del particular por el sólo hecho de entrar en vigor, sino que requieren de un acto posterior que las concrete, es decir, que las individualice, y son aquellas que: 1 Se distinguen porque obligan al gobernado al cumplimiento de obligaciones de hacer o no hacer, mediante la actualización de un perjuicio que surge con un acto de su aplicación. 2 Pueden reclamarse sólo en una oportunidad a través del juicio de amparo indirecto, dentro del plazo de quince días siguientes al de su primer acto de aplicación. Esto es, sólo puede cuestionarse su constitucionalidad ante la actualización de su primera aplicación concreta, explícita o implícita en perjuicio del gobernado, y no así con motivo de sus ulteriores aplicaciones. Como se ve, la individualización de la norma es el principio que distingue su naturaleza jurídica, pues tal razón constituye un elemento de referencia objetivo porque permite conocer si los efectos de la disposición legal combatida suceden en forma incondicionada o no. Es aplicable la Jurisprudencia 348, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 4034, Tomo II, del Apéndice 1917- Septiembre 2011, de rubro y texto: LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN, cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada. De esta forma se tiene que cuando la individualización es incondicionada, las obligaciones contenidas en la norma general son inevitables desde que entran en vigor, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de la vigencia creando, transformando o extinguiendo situaciones concretas de derecho, nacen con ella misma y no se requiere de la actualización de alguna condición. En el otro supuesto, esto es, de normas de individualización condicionada, los deberes de hacer o no hacer impuestos por el legislador necesitan la ejecución de un acto para situar al gobernado en la hipótesis legal, que bien puede provenir de la autoridad o del mismo particular y no surgen de manera automática con su sola entrada en vigor, sino que requieren un acto diverso que actualice el perjuicio, que puede ser de la autoridad, de un tercero o del propio quejoso. La distinción apuntada la determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número..., que a continuación se reproduce: LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento. En ese orden de ideas, se tiene entonces que la parte quejosa aduce que los artículos 143 bis, 143 septies y 143 octies de la Ley para la Protección del Ambiente Natural y el desarrollo Sustentable del Estado de Puebla publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla doce de marzo de dos mil veinte, reviste naturaleza de norma autoaplicativa, por virtud de que con su sola entrada en vigor le irroga un perjuicio en su esfera jurídica en general y a sus derechos fundamentales en particular, ya que afirma tener anuncios publicitarios con autorización para realizar dicha actividad, a la cual se refiere la ley reclamada y que al ser la titular de derechos respecto de varios anuncios su entrada en vigor le depara perjuicio. El Decreto de reforma a la norma cuestionada publicada en el Diario Oficial del Estado el doce de marzo de dos mil veinte, y que entró en vigor al día hábil siguiente a su publicación, es del contenido literal siguiente: Artículo 143 Bis. El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría prevendrá y controlará la contaminación visual en Vialidades de Jurisdicción Estatal, zonas adyacentes a las mismas y bienes inmuebles propiedad o al cuidado del Estado. Los Ayuntamientos prevendrán y controlarán la Contaminación Visual en los centros de población, Vialidades de Jurisdicción Municipal, sus Zonas Adyacentes, espacios públicos y bienes inmuebles propiedad o al cuidado del Municipio. La Secretaría y los Ayuntamientos en el ámbito de sus facultades, determinarán a través de lineamientos y reglamentos, respectivamente, las características y especificaciones que deban cumplir los anuncios, estructuras publicitarias y publicidad, en cuanto a sus dimensiones y espacio físico, densidad por zona, tipo, ubicación, alcance, luminosidad, requerimientos para su colocación o instalación, tiempo de permanencia y cantidad; así como los casos en que exista afectación al paisaje urbano. Artículo 143 Septies. Se encuentra prohibida la instalación de estructuras que sustenten anuncios o publicidad en áreas verdes urbanas, de jurisdicción estatal o municipal, así como a menos de 250 metros lineales y radiales de otra estructura instalada con el mismo fin. Para tal efecto, se entenderán por áreas verdes urbanas, los espacios públicos cubiertos por vegetación como árboles, arbustos, plantas florales, plantas rastreras, cactáceas, camellones, o inducida, cuyos excedentes de lluvia o riego pueden infiltrarse al suelo natural. Artículo 143 Octies. Cada uno de los espacios o estructuras en los que se coloque o soporte la publicidad deberán destinarse, al menos durante un mes al año, al fomento de: I. La protección, conservación y restauración del medio ambiente y el equilibrio ecológico; II. El respeto y protección de los derechos humanos, o III. La promoción del patrimonio natural y cultural, así como de las actividades, servicios y destinos turísticos del Estado. Para los efectos del presente artículo, la Secretaría y los Ayuntamientos establecerán los términos y calendarización correspondientes en las licencias, permisos o autorizaciones que emitan. Las disposiciones normativas transcritas prevén, en lo que interesa la competencia de diversas autoridades para prevenir y controlar la contaminación en los lugares que precisa. De igual forma, precisa que será a la Secretaría y los Ayuntamientos determinar lineamientos respecto de las características y especificaciones que deban cumplir los anuncios, estructuras publicitarias y publicidad. Señala diversas especificaciones que se deberán cumplir para la instalación de estructuras que sustenten anuncios o publicidad en determinadas áreas. De igual forma, se regula la obligación de que los espacios o estructuras en los que se coloque o soporte la publicidad, se destinen por determinado tiempo al fomento de los temas que se precisan, para lo cual se precisa que será la Secretaría y los Ayuntamientos quienes establecerán los términos y calendarización correspondientes en las licencias, permisos o autorizaciones que emitan. Así, en general se trata de lineamientos a observar respecto de espacios o estructuras de anuncios espectaculares o publicitarios. Ahora, para llevar a cabo, entre otras, la actividad de colocación de anuncios publicitarios, se requiere la expedición del permiso correspondiente, según lo dispuesto por los artículos 122 y 124 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Puebla. En el caso, es pertinente precisar que el quejoso a efecto de acreditar el derecho que le asiste para acudir a reclamar la norma, que como se vio, regula la actividad de colocación de espacios o anuncios publicitarios, debió evidenciar primeramente, que tiene la calidad de permisionario y, por ende, que la norma que reclama va dirigida a él y así, se ve afectado en su derecho con la emisión de la misma, al ser su destinatario. Sin embargo, es dable resaltar que el quejoso pretende acreditar su interés jurídico en el juicio, esto es, que es destinatario de la norma, con la copia certificada de a solicitud de refrendo dos mil veinte, de dos de junio de dos mil veinte, relativa al permiso..., correspondiente al expediente..., del anuncio ubicado en...; b Permiso de Autorización para instalar Anuncio en la Zona Adyacente de la Vialidad de Jurisdicción Estatal de quince de febrero de dos mil diecisiete; c Solicitud de refrendo dos mil veinte, de veintidós de mayo de dos mil veinte, relativa al permiso..., correspondiente al expediente..., del anuncio ubicado en...; d Permiso de Autorización para instalar anuncio en la Zona Adyacente de la Vialidad de Jurisdicción Estatal de uno de junio de dos mil diecisiete. Tales constancias merecen valor probatorio pleno conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2, al constituir un documento público. Sin embargo, con las probanzas referidas, la quejosa no acreditó ubicarse como destinataria de la norma tildada de inconstitucional, esto es, ser la titular de un permiso para la colocación de anuncios publicitarios o estructuras para los mismos. Esto es así, dado que si bien de dichos documentos se advierte que le fueron expedidos permisos con vigencia de cinco años computables del quince de febrero de dos mil diecisiete al catorce de febrero de dos mil veintidós, los mismos se encontraban condicionados para su vigencia a ser refrendados de acuerdo a la obligación tercera de los referidos permisos, la cual establece que el quejoso debió presentar dentro de los primeros treinta días naturales previos a que se cumpla cada anualidad, lo establecido en el artículo 14 del Reglamento de la Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable del Estado de Puebla, en materia de Prevención y Control de la Contaminación Visual, ante la Secretaria de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, para mantener la vigencia de sus citados Permisos. Sin embargo, el quejoso fue omiso en acreditar que se encontraba vigente su derecho, al no aportar prueba alguna que demostrara que le fueron autorizados los refrendos solicitados el veintidós de mayo y dos de junio, ambos de dos mil veinte, pues, como ya se dijo, su permiso estaba condicionado a tales circunstancias. En consecuencia, se llega a la convicción de que el quejoso no acredita titularidad alguna del derecho relativo a la instalación o colocación de anuncios publicitarios, de ahí que tales probanzas son insuficientes para evidenciar que es titular de los derechos que pretende defender. Por ende, es insuficiente para considerar demostrada fehacientemente la aludida afectación a sus intereses jurídicos en el juicio de amparo, puesto que debe actualizarse y justificarse la existencia de un verdadero agravio personal y directo, en virtud de la expedición de la ley que aluden, ya que la sola vigencia de las disposiciones reclamadas, de ningún modo patentiza ni involucra al promovente en una situación jurídica concreta, que se considerara lesiva o que perjudicase a sus intereses, ya que la promulgación de esas disposiciones de suyo no contienen la privación de algún derecho legalmente tutelado a favor del quejoso. Así, toda vez que corresponde a quien acude al juicio de amparo demostrar de manera fehaciente dicho interés jurídico, lo que en modo alguno implica que pueda inferirse de la aceptación que al respecto hagan las autoridades responsables, ni mucho menos releva a la parte quejosa de la obligación de demostrar que los dispositivos legales controvertidos afectan su interés jurídico, lo procedente es sobreseer en el juicio. Es aplicable, por las razones que la informan, la jurisprudencia con número de registro..., de rubro y texto: LEY AUTOAPLICATIVA, INTERES JURIDICO EN AMPARO CONTRA. Cuando se promueve amparo en contra de una ley alegando que su sola expedición causa perjuicio al quejoso, es necesario que éste pruebe, en la audiencia constitucional, que es sujeto de la norma y que sus disposiciones afectan su interés jurídico; pues no basta, para tenerlo por demostrado, el que en la demanda de amparo se hubiere declarado, bajo protesta de decir verdad, que se está dentro de los preceptos de la norma. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, conforme a la fracción V del artículo 63, en relación con el diverso 61, fracción XII de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de garantías promovido por..., por propio derecho, contra los actos y autoridades precisados en el resultando primero, en términos del considerando último de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.
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- Stefany Valencia Ceron701/2019
- Steffani Linares Chavez301/2022
- Stephanie Saucedo Silva293/2019
- Sthefany Ramírez Barrales1649/2018
- Suemmy Gaytán Fernández234/2018