Sotero Padrón Sánchez
Expediente 543/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 37 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 543/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 37
- Última actuación
- 04/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Sotero Padrón Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 37.
- Principal
Agréguese el oficio 081/2022, signado por el Juez Familiar del Tercer Distrito Judicial con residencia en Rioverde, San Luis Potosí, autorizado para conocer asuntos en Materia Civil y Penal recibidos en ese Juzgado hasta su conclusión en acatamiento al Acuerdo General Centésimo Décimo Séptimo del Consejo de la Judicatura, de diecinueve de abril de dos mil dieciséis, mediante el cual remite debidamente diligenciado el despacho 25/2022 de su índice, derivado del diverso 1/2022-V, orden 12/2022 de este Juzgado. Acúsese recibo. Del despacho de mérito se advierte que el dos de febrero del año en curso, el actuario adscrito al Juzgado Familiar del Tercer Distrito Judicial, notificó al quejoso Sotero Padrón Sánchez, la determinación de doce de enero de dos mil veintidós, emitida por este Juzgado.
- Principal
Agréguese a autos el oficio del Secretario de Acuerdos del Juzgado Familiar del Tercer Distrito Judicial del Estado, encargado del Despacho, por medio del cual informa que por acuerdo de trece de enero de dos mil veintidós, emitido en el expedientillo del proceso penal, deducido del incidente de libertad promovido por *, instruido en contra de * Y OTROS, por el delito de * Y OTROS, tuvo por recibidos los oficios 82/2022 y 83/2022 emitidos por este Juzgado de Distrito, no obstante, devuelve el segundo de ellos por estar dirigido al Agente del Ministerio Público de la adscripción. Tomando en cuenta que en los autos no obra la constancia de notificación del oficio 83/2022, dirigido a la autoridad tercera interesada AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA CAUSA DE ORIGEN 103/2011, DEL ÍNDICE DEL JUZGADO FAMILIAR DE RIOVERDE, SAN LUIS POTOSÍ, reexpídase dicho oficio y notifíquesele.
- Principal
Agréguese el oficio firmado por el Director del Centro Penitenciario Estatal de Rioverde, mediante el cual acompaña el escrito signado por el quejoso Sotero Padrón Sánchez. Contenido del escrito. Visto el contenido del escrito signado por el quejoso, por medio del cual solicita se requiera a las autoridades responsables el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, y se de vista el superior en términos de ley para la sustentación del incidente de inejecución. En atención a lo anterior, dígasele al promovente que no ha lugar a proveer, respecto a sus peticiones consistentes en requerir a las autoridades por el cumplimiento al fallo protector y dar trámite al incidente de inejecución de sentencia, toda vez que de la certificación de cuenta y del estado de autos, se advierte que el cuatro de enero del presente año, se declaró cumplida la sentencia de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XIII.PA.14 K (10a.), sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, publicada en la página 1498, Tomo II, Julio de 2018, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE SI ANTES DE INICIAR EL TRÁMITE RESPECTIVO, LA EJECUTORIA DE AMPARO SE DECLARÓ CUMPLIDA. Conforme al artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la materia de un incidente de inejecución de sentencia la constituyen el análisis y la determinación del incumplimiento de una ejecutoria de amparo y de la contumacia de las autoridades responsables para ello, es decir, tiene como finalidad determinar si existe o no incumplimiento de una ejecutoria de amparo, entendiéndose como tal, el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En este sentido, dicho incidente es improcedente, si antes de iniciar el trámite respectivo, la ejecutoria de amparo se declaró cumplida." Domicilio. Por otra parte, toda vez que del escrito se advierte que el quejoso señala como nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en el Centro Penitenciario Estatal en Rioverde, San Luis Potosí. Con fundamento en los artículos 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento despacho al Juez de Primera Instancia en turno de Rioverde, San Luis Potosí, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, se sirva notificar el presente acuerdo al quejoso Sotero Padrón Sánchez; asimismo, lo requiera para que en el plazo de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto, señalen domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo, las subsecuentes, notificaciones aún las de carácter personal, sin previo acuerdo, se les harán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, de conformidad con el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa en la forma indicada.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, se advierte que ya transcurrió el término concedido a las partes en proveído de trece de diciembre de dos mil veintiuno, para que se manifestaran respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, y sólo la parte quejosa hizo diversas manifestaciones respecto al cumplimiento de la sentencia pronunciada en este juicio de amparo, mismas que se acordaron mediante proveído de veintisiete de diciembre del año en curso. Efectivo apercibimiento. En tal virtud, este Juzgado Federal procede a resolver de oficio, si la referida ejecutoria se encuentra o no cumplida, de acuerdo con lo previsto en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo. Análisis del cumplimiento. En once de junio de dos mil veintiuno este Juzgado Federal resolvió el presente juicio de amparo y determinó conceder la protección de la Justicia Federal solicitada por Sotero Padrón Sánchez. Luego en proveído de ocho de julio de dos mil veintiuno, el citado quejoso Padrón Sánchez interpuso recurso de revisión, y mediante ejecutoria de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, pronunciada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, confirmó la sentencia recurrida y se solicitó el cumplimiento de la misma a la autoridad responsable. En acatamiento a lo anterior, el Juez Familiar del Tercer Distrito Judicial del Estado con sede en Rioverde, San Luis Potosí, mediante oficio 307/2021, acompañó copia certificada de la resolución dictada en cumplimiento a la ejecutoria de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, en el proceso 103/2011 de su índice. Con lo anterior, mediante proveído de trece de diciembre de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes para que en el plazo de tres días manifestaran lo que a su derecho conviniera, sin que a la fecha hayan manifestado algo al respecto. Ahora bien, procede analizar si con dichas actuaciones se da cabal cumplimiento a la sentencia de amparo. Efectos del fallo protector. Como se indicó, en la ejecutoria de amparo se concedió a la parte quejosa el amparo solicitado para los efectos de que el Juez Familiar del Tercer Distrito Judicial del Estado con sede en Rioverde, San Luis Potosí: ".a) Deje insubsistente la determinación de quince de abril de dos mil veinte, pronunciada en proceso penal 103/2011 y sus acumulados. b) Hecho lo cual, dicte otra resolución en la que, con libertad de jurisdicción, resuelva el incidente de libertad planteado por Sotero Padrón Sánchez, atendiendo lo destacado en el cuerpo de la presente resolución." Asimismo, en la sentencia se estableció lo siguiente: ".Al emitir la resolución reclamada, la responsable determinó que el incidentista solicitaba su libertad a efecto de continuar el proceso bajo una medida cautelar distinta a la prisión preventiva, en virtud de que había permanecido privado de su libertad por más de nueve años y ocho meses. En razón a ello, estableció que el artículo 20, apartado B, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece un término máximo de duración de prisión preventiva, pero ello se actualiza en aquellos casos en los que no se hace valer un derecho de defensa, situación que no acontecía en ese supuesto, pues al momento en que se decretó la detención judicial del inculpado, seis de julio de dos mil diez, éste ofertó diversos medios de convicción en uso al derecho de defensa. Además, que el veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, ya se le había dictado sentencia condenatoria por los delitos de homicidio simple intencional, homicidio tentado, robo calificado, secuestro exprés, robo calificado y asociación delictuosa, dentro de los proceso penal 103/2011 y sus acumulados, pero al no estar conforme con esa resolución definitiva, el mismo inculpado interpuso recurso de apelación y posterior a ello el juicio de amparo 896/2017-II, por lo que el once de diciembre de dos mil diecinueve, la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, revocó la sentencia condenatoria y, ordenó la reposición del procedimiento. Por tanto, ese juzgado el dieciocho de febrero de dos mil veinte, en cumplimiento a la reposición del procedimiento ordenada, ordenó la realización de exámenes psicológicos médicos a Sotero Padrón Sánchez, de conformidad con el protocolo de Estambul, por lo que, a la data en que se emitía esa interlocutoria, aún se encontraba dando cumplimiento a la misma. Con ello, estableció que la reposición de procedimiento se debió al ejercicio de derecho defensa efectuado por el propio inculpado, ya que derivó de la promoción del juicio de amparo 896/2017-II, por ende, resultaba improcedente la solicitud de Sotero Padrón Sánchez, ya que sí se justificaba la prolongación de su detención, por la complejidad del caso, la actividad procesal del interesado, la conducta de la autoridad judicial y de otras que han tenido que intervenir en el proceso. Asimismo, estableció que no constituía un obstáculo la manifestación del promovente relacionada con el contenido del artículo 7.5 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana relacionada con el concepto de plazo razonable en prisión preventiva, en tanto que el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecía una restricción al goce de esa libertad, en tanto que a al inculpado se le dictó auto de formal prisión por la probable comisión de los delitos de homicidio simple intencional, secuestro en la modalidad de exprés, entre otros, por lo que ese derecho liberatorio se encontraba restringido, pues aun cuando se había prolongado por más de dos años, era improcedente ordenar el cese de aquella e imponer una distinta, resultando aplicable la tesis del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito de rubro PRISIÓN PREVENTIVA. TRATÁNDOSE DE LOS DELITOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SECUESTRO, ES IMPROCEDENTE ORDENAR SU CESE Y LA IMPOSICIÓN DE UNA MEDIDA CAUTELAR DISTINTA, AUN CUANDO SU DURACIÓN EXCEDIERA DEL PLAZO DE DOS AÑOS, SIN QUE SE HAYA EMITIDO LA SENTENCIA DEFINITIVA CORRESPONDIENTE. Ahora bien, como puede apreciarse, la responsable omitió pronunciarse de manera motivada respecto la justificación de prolongación de la prisión preventiva de la que sufre el quejoso, en cuanto a la complejidad del asunto y, la conducta de la autoridad judicial y de otras que participen en el juicio, elementos del plazo razonable de la prisión preventiva establecidos por Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se afirma lo anterior, ya que únicamente cumplió con señalar la actividad procesal del interesado, narrando la forma en que actuó éste ejerciendo su derecho de defensa, justificando con ello la improcedencia de la cuestión incidental que le fue planteada. Pero omitió establecer de manera pormenorizada los restantes elementos establecidos por la Primera Sala del Máximo Tribunal relacionados con el plazo razonable de esa medida cautelar de prisión, es decir, la complejidad del asunto y, la conducta de la autoridad judicial y de otras que participen en el juicio. Luego, el debido pronunciamiento sobre dichos elementos era necesario, en tanto que la autoridad responsable estaba obligada al momento de emitir su resolución, a ocuparse de dichas cuestiones pormenorizadas, no únicamente emitir una contestación dogmática y genérica, tal como lo hizo. Se afirma lo anterior, dado que no basta la que el Juez Familiar del Tercer Distrito Judicial del Rioverde, San Luis Potosí decretó la improcedencia de la solicitud de Sotero Padrón Sánchez, refiriendo que sí se justificaba la prolongación de su detención, por la complejidad del caso, la actividad procesal del interesado, la conducta de la autoridad judicial y de otras que han tenido que intervenir en el proceso, pues se insiste, no motivó dichos elementos, con excepción del segundo -actividad procesal del interesado-. De esta forma, la resolución reclamada violó el principio de legalidad que debe observarse en el dictado de las resoluciones pronunciadas en los juicios penales, en términos del artículo 16 de la Carta Magna, pues el Juez Familiar del Tercer Distrito Judicial del Rioverde, San Luis Potosí, estaba obligado a resolver el incidente de libertad motivadamente atendiendo la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y, la conducta de la autoridad judicial y de otras que participen en el juicio. Ello a fin de que el procesado estuviera en aptitud de conocer el motivo por el cual aún no se le dictaba sentencia, por lo cual debió la responsable desglosar los elementos rectores del plazo razonable de la prisión preventiva indicados con anterioridad." Acciones realizadas para cumplir sentencia A efecto de dar cumplimiento a la sentencia de amparo, el Juez Familiar del Tercer Distrito Judicial del Estado con sede en Rioverde, San Luis Potosí, mediante oficio 307/2021 de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, acompañó copia certificada de la resolución dictada en cumplimiento a la ejecutoria, en el proceso 103/2011, de la que se advierte que dejó insubsistente la determinación de quince de abril de dos mil veinte, dictada en el citado proceso, y dictó otra resolución en la que resolvió el incidente de libertad promovido por el procesado Sotero Padrón Sánchez interpuesto en el procedimiento natural, atendiendo lo destacado en el cuerpo de la presente resolución, esto es, resolvió motivadamente atendiendo la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y, la conducta de la autoridad judicial y de otras que participen en el juicio de origen. Análisis comparativo de las referidas resoluciones. Ahora bien, en un análisis comparativo de los efectos que fueron impresos en la sentencia de amparo y la determinación de la autoridad responsable en la cual da cumplimiento a ella, se advierte que se satisfizo los principios constitucionales destacados en la primera, en tanto que el Juez Familiar del Tercer Distrito Judicial del Estado con sede en Rioverde, San Luis Potosí, dejó insubsistente la determinación de quince de abril de dos mil veinte dictada en el toca 103/2011, y dictó otra resolución en la que resolvió el incidente de libertad promovido por el procesado Sotero Padrón Sánchez interpuesto en el procedimiento natural, con libertad de jurisdicción, atendiendo los lineamientos destacados en la sentencia amparatoria, esto es, resolvió motivadamente atendiendo la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y, la conducta de la autoridad judicial y de otras que participen en el juicio de origen. Declara cumplido fallo protector. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 196, segundo párrafo, de la ley de la materia, se declara cumplida la ejecutoria de amparo sin excesos ni defectos; háganse las anotaciones correspondientes en el rubro de observaciones del Libro Uno de Gobierno del Índice de este juzgado. Argumentos de la parte quejosa. No obsta a lo resuelto, el que en sus argumentos contenidos en escrito de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, la parte quejosa haya manifestado que no estaba de acuerdo con el cumplimiento de la autoridad responsable, pues sus aseveraciones se refieren a cuestiones ajenas a la sentencia de amparo en la cual sólo se analizaron cuestiones de forma, relativas a la fundamentación y motivación del acto reclamado. Por tanto, si los motivos de descenso del quejoso versan sobre aspectos ajenos a los efectos impresos en la ejecutoria de amparo, pues combaten la legalidad de la resolución dictada en cumplimiento, no pueden analizarse en esta resolución dado que el pronunciamiento sobre el cumplimiento debe hacerse liso y llano a fin de no prejuzgar sobre los motivos de fondo, que fueron abordados por la responsable con plenitud de jurisdicción. Notificación Comuníquese a las partes la determinación que antecede para los efectos del artículo 201, fracción I, en relación con el 202, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así mismo, de autos se advierte que, las partes no exhibieron documentos que deban devolverse en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte. Depuración. Con fundamento en el inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General antes citado, toda vez que el siete de junio de dos mil veintiuno, se concedió la protección de la Justicia Federal solicitada y que dicha determinación se ha cumplido, el presente expediente es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, toda vez que este asunto no es de relevancia documental como lo dispone en numeral 15 del citado acuerdo Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15, último párrafo, del citado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese personalmente.
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